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Un juicio por genocidio con jueces que deben partirse en dos
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Una niña sienta encima de un manifesto de denuncia en contra del difunto general Efraín Ríos Montt, pegado al suelo del Parque Central de Guatemala / Simone Dalmasso

Un juicio por genocidio con jueces que deben partirse en dos

La presidenta del Tribunal B reconoce que solo hay una solución: que el Consejo de la Carrera Judicial les nombre suplentes, para que ellos puedan dedicarse exclusivamente al juicio por genocidio.
De los 155 testigos, queda pendiente aproximadamente un tercio por declarar.
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Después de la muerte del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, las víctimas del conflicto armado interno exigen que el caso camine más rápido. El reclamo pega directo al Tribunal que conduce el debate y que solo destina un día a la semana para las audiencias. Sin embargo, los jueces señalan que no pueden acelerar la marcha. Están atrapados entre la mora judicial y la dificultad de estar asignados a dos tribunales al mismo tiempo.

El viernes 13 de abril, Gaspar Cobo, un indígena ixil oriundo de Nebaj, Quiché,  presentaba su testimonio en el juicio por genocidio, cuando le pidieron detener su declaración por 10 minutos. Ese fue el tiempo que se demoró la jueza vocal, Sara Yoc, para salir a dictar una sentencia al Tribunal D de Mayor Riesgo, que ella preside.

Yoc no podía evadir su responsabilidad de dictar la sentencia, y la audiencia por genocidio no podía continuar sin ella. A ese tipo de inconvenientes se enfrentan los tres jueces que dirigen este proceso penal.

De lunes a jueves, la jueza Yoc se encarga de todo lo que pasa en su tribunal, pero los viernes cambia de papel y se convierte en vocal del Tribunal B, a cargo del juicio por genocidio al pueblo ixil.

Yoc no es la única que debe partirse en dos cada semana. Jaime Delmar González, el otro vocal del Tribunal B, funge cuatro días a la semana como juez unipersonal y tiene que cumplir metas de por lo menos una sentencia semanal, adicionales a su trabajo como vocal del Tribunal Décimo Tercero. En esa sala se conoce, entre otros, el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad, en donde están implicados el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales.

María Eugenia Castellanos es la única de los tres que sí está designada a tiempo completo en el Tribunal B de Mayor Riesgo, pero trabaja junto a otros dos jueces que no tienen potestad en el proceso por genocidio.

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Después de la muerte de Ríos Montt, las víctimas del conflicto armado interno han solicitado que los jueces destinen más tiempo para las audiencias en el juicio contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar 1982-1983.

Sin embargo, esta no es una decisión que involucre solo a tres personas. Es un asunto en el que están implicados nueve jueces, distribuidos en tres tribunales diferentes, con su propia agenda de trabajo.

Castellanos, la presidenta del Tribunal B, reconoce que solo hay una solución: que el Consejo de la Carrera Judicial les nombre suplentes, para que ellos puedan dedicarse exclusivamente al juicio por genocidio. Pero el sistema de justicia carece de personal. “Dentro del proceso ordené que se agregara el informe que le pedí a Delmar (González), para ver si podíamos acelerar (las audiencias). Él me rindió informe el 23 de marzo y ahí está todo lo que él hace y su carga laboral”, señala Castellanos. La conclusión es que cada uno tiene trabajo acumulado y no pueden dedicar más tiempo al juicio.

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La tensión acumulada, luego de casi cinco años con pocos avances en este proceso (la repetición del juicio se ordenó en 2013), se hace cada vez más evidente. Las víctimas reclaman que Ríos Montt haya muerto sin escuchar una nueva sentencia. Y que cinco de los testigos hayan fallecido antes que él, sin ver el fruto de su lucha.

Cadena de obstáculos

En enero de 2015 el Tribunal B estaba integrado por las juezas Castellanos, Yoc y Jeannette Valdés. Ellas fueron designadas por la Corte Suprema de Justicia para conocer la repetición del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

En la primera audiencia las cosas se complicaron. La defensa de Ríos Montt recusó a Valdés porque su tesis de maestría trataba el tema de genocidio. La jueza quedó fuera y en su lugar fue nombrado González, como vocal, y Castellanos asumió la presidencia.

Sandra Sebastián

Los jueces estaban listos para conocer, pero de nuevo, otro tropiezo. El caso entró en un receso obligado porque Ríos Montt estaba incapacitado para enfrentar un nuevo juicio.

La defensa quería que se cancelara la persecución penal en contra del general retirado, exjefe de facto. Lo único que consiguieron fue que se realizara un juicio en ausencia del sindicado. Ríos Montt podía estar en su casa, mientras las víctimas llegaban a Tribunales a repetir su testimonio.

La situación se enredó porque esas audiencias no podían ser públicas. El Tribunal, con Castellanos, Yoc y González a cargo, decidió avanzar, con Rodríguez Sánchez como único acusado presencial, pero a puerta cerrada. La defensa y los querellantes de las víctimas se oponían a ese procedimiento.

Los recursos legales llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad, que tardó año y medio en confirmar la decisión de una Sala de Apelaciones que resolvía separar los juicios. En ese tiempo, el Tribunal programó audiencias en otros procesos.

Cuando la notificación de la CC llegó al Tribunal, en septiembre de 2017, Castellanos era la única que mantenía un puesto en esa sala judicial. Yoc y González tenían nuevas asignaciones. La agenda de audiencias de cada juez, ya estaba llena.

La Corte enfatizó que el proceso debía quedar “incólume”. Sin alteraciones. Por lo tanto, la integración del Tribunal debía ser la misma. Yoc y González ajustaron sus agendas en sus respectivas judicaturas, para dedicarse una vez por semana a este proceso. Tres horas y media para un juicio a puerta cerrada, y dos horas y media para el vespertino, contra Rodríguez Sánchez.

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Los jueces resienten el paso lento del trabajo. En diciembre desistieron de tomar vacaciones y sesionaron varios días. Este año fueron una semana a Nebaj, en donde escucharon a 29 testigos repetir sus relatos dos veces, una vez para el juicio contra Ríos Montt, y otra para el de Rodríguez Sánchez.

La mitad de ese trabajo quedó perdido. Los que declararon contra Ríos Montt quedaron burlados, porque el proceso en su contra se extinguió, por la muerte del acusado.

 “Nosotros habíamos dispuesto que se realizara solo un juicio para evitar la revictimización, porque era la misma prueba, y entonces los querellantes se opusieron”, se lamenta Castellanos.

Ahora, finalmente solo hay un juicio. Rodríguez Sánchez, que fue absuelto en el primer debate, se enfrenta en solitario a las acusaciones.

Las complejidades del sistema de justicia también intervienen para entorpecer el avance del debate. Castellanos aprovecha para decir que aunque tuvieran más tiempo para audiencias, se enfrentan a la carencia de salas. De momento, tienen asegurado el espacio en el nivel 15 de Tribunales todos los viernes. En esa sala conviven víctimas, familiares y amigos de acusados y acusadores, observadores de derechos humanos y periodistas. Desde hace semanas, el espacio de la sala se redujo porque fueron almacenados varios muebles de oficina.

Al ritmo de una audiencia semanal, ahora con jornada completa, de 8:30 a 3:30 de la tarde, el juicio podría abarcar más cada semana. El 13 de abril dio tiempo para la presentación de dos peritos y dos testigos.

El Ministerio Público y los querellantes propusieron 73 peritajes, de los cuales hace falta que se presenten 16. De los 155 testigos, queda pendiente aproximadamente un tercio por declarar. A diferencia de Ríos Montt, Rodríguez Sánchez no propuso declarantes. Aunque algunos se atreven a predecir cuándo podría terminar este juicio, no hay fecha precisa. Con suerte, quizá acabe todo en el tercer trimestre del año.

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