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Sísifo en El Mezquital

Entre ellos regresaron “homeboys” brincados, captados, en ciudades estadounidenses que regresaron a rencontrarse con su país y con un caldo de cultivo adecuado para levantar el barrio.
“En esos años se empezó a matar más… Ellos mataron; la policía mató… También lo hicimos nosotros. Todo el mundo empezó a matarse más”, dice un vecino.
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Sísifo en El Mezquital

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Durante años, las pandillas han pululado por la gran “península” de El Mezquital, en la zona 12 capitalina. Un recorrido por las calles, callejones y barrancos de este asentamiento de cinco kilómetros cuadrados muestra cómo las pandillas mutaron hasta ser lo que son hoy, un sistema enraizado en la sociedad misma, y las razones por las que la estrategia territorial de disuasión y represión del Gobierno tiene aquí poco sentido. Y no sólo aquí. Y no sólo ahora.

Redes-lateral

El subteniente pega la espalda al muro. Levanta su puño en señal de alto. Gira la cabeza sobre la esquina, apenas para que sobresalga su ojo izquierdo y la punta del cañón de su fusil. “Esta es zona de peligro. Si hay disparos, tírese al suelo”, recomendó cuando bajaba del picop militar al final de la única calle que llega a La Isla, al lado de El Mezquital, en la zona 12 de Villanueva. Camina cerca del borde del barranco y observa hacia abajo. “Esto es un hoyo. Nos pueden ver de todos lados y somos blanco fácil del enemigo”, dice, hace una pausa y como si dijera un secreto susurra: “Un enemigo invisible”.

Un soldado cruza el pasaje a paso apurado. Se parapeta en la esquina de enfrente. Tiene la mirada fija en la nada. El cañón de su fusil apunta hacia unas gradas que serpentean bajando el barranco, a un callejón de apenas metro y medio de ancho en un asentamiento que llaman La Unión porque al final de él, al fondo del barranco, hay una tubería que hace de puente y cruza sobre un río de aguas servidas uniendo La Isla con El Mezquital.

“Aquí el enemigo puede ser cualquiera, es un enemigo invisible”, repite el subteniente. Mira de reojo. Señala con la boca a un grupo de niños reunidos en la esquina. “¿Los ve? Son ‘banderas’… Puras ‘banderitas’ solo esperando a que pasemos para informar por dónde vamos. ¿Qué hacemos? Pasamos frente a ellos, los saludamos o hasta les sacamos plática. No hay que demostrarles miedo. Hay que demostrar quién es la autoridad. Eso hacemos”.

Así, a ojos del ejército, el enemigo podría ser aquel joven de pantalones caídos, camisa pegada al torso y peinado parado con mucha gelatina. También aquella mujer de cabello entrecano, que mira por encima de los lentes y que se mantiene sentada sobre un banco blanco de plástico a la par de una tienda toda la tarde; o acaso aquel niño de zapatillas deportivas desgastadas, pantalones cortos, un teléfono celular de última generación entre sus manos y que fijó la mirada sobre el picop militar cuando este se abría paso entre la gente.

El subteniente ordena avanzar a su equipo. Es una columna de seis soldados del ejército. Cuatro pertenecen a la Reserva Militar, la unidad creada para apoyar las tareas de seguridad pública en 2000; uno de las Fuerzas de Mar; otro, el que apunta a la nada, de la brigada de Fuerzas Especiales Kaibil. Todos son parte de la Fuerza de Tarea Kaminal, el grupo combinado de policías y soldados que cubre El Mezquital y las colonias y asentamientos a su alrededor desde noviembre de 2012.

Cinco kilómetros cuadrados de territorio, más de medio millón de habitantes y nadie sabe decir quiénes son “ciudadanos decentes” y quiénes parte del “enemigo invisible”.

La historia del que no paga

Un placazo del Barrio 18 adorna una pared blanca en el asentamiento Todos por la Paz, a un lado de la Central de Mayoreo (Cenma), justo atrás de El Éxodo. Es el único grafitti en todo ese pasaje con suelos de tierra y casas apiñadas. Como parte de las operaciones de la Fuerza de Tarea Kaminal se borraron todas las pintas de pandillas. Esto no parece importar. De hecho, no importa, las pintas aparecen de nuevo. No importa, los habitantes del asentamiento saben que esos pasajes son territorio del Barrio 18. Ahí manda la clica Solo para Locos (SLP).

Meses antes de que entrara en funcionamiento la Fuerza de Tarea Kaminal, se hizo una “limpia” con operativos de allanamiento y captura de los principales líderes de las clicas de la zona. Se buscaba ejecutar diferentes órdenes de captura de casos ya investigados y recopilar información para otros casos en los que se tenían algunos indicios. La lógica era sencilla: dejar a las clicas sin sus cabecillas; instalar la Fuerza de Tarea Kaminal para contener nuevos brotes de violencia y lograr bajar la incidencia de homicidios en la zona. Después, entre las primeras “medidas sociales” que se tomaron fue el cubrir con pintura blanca los placazos de las pandillas. Así lo hicieron en el asentamiento Todos por la Paz.

El picop de la Policía Nacional Civil (PNC) levanta el polvo por el callejón. Son las 3:00 de la tarde de un lunes cualquiera. En el vehículo van tres policías. Uno de ellos es el oficial al mando. Sus galones delatan que es oficial primero de la PNC. Minutos antes se presentó como el coordinador policial de la fuerza de tarea y dijo que conocía la zona al dedillo. “En aquel callejón vive el ranflero –el jefe de la clica- de la zona”, dice y señala un pasillo de menos de medio metro ancho que se pierde entre casas de lámina y cemento. “En estas casas, narcomenudeo…ventas de drogas”, dice señalando hacia el lado opuesto. ¿La pandilla sigue viva? Él responde con un “sí” seco. “Pero los homicidios han bajado”, añade. ¿Y el resto de delitos? “Los homicidios han bajado”, repite. ¿La incidencia de otros delitos no puede terminar en un homicidio? No responde y el picop cruza sobre la 23 avenida.

La 23 es una arteria de cuatro carriles separada por jardineras. Al final, se desvía obligatoriamente hacia La Isla. Justo a la mitad de la 23 está la 2ª calle, una vía de dos carriles que se interna en El Mezquital, pasa por La Esperanza y termina en Las Margaritas y El Búcaro. La 23 avenida y todos esos lugares los controla la 18 desde hace un par de años.

A ambos lados de la 23 avenida hay pequeñas abarroterías, depósitos de agua pura y gas propano, tiendas de ropa nueva y usada. Ahí, casi siempre hay un puesto de control de la Kaminal: dos policías y dos soldados en un picop de la PNC parqueado en el primer pasaje a mano derecha. Ahí, siempre hacen rondas unidades a pie. La presencia de las autoridades asegura que no haya homicidios, dice el oficial primero de la policía. Sonríe. Su presencia no evita que todos estos negocios tengan que pagar extorsión para seguir funcionado. También lo hacen los taxistas que se ubican cerca de la Central de Mayoreo y las señoras que venden en canasto. Esto no lo cuentan ellos. Ellos no hablan. Parte del trato con las clicas SPL de La Isla y Todos por la Paz, clicas del Barrio 18, es callar.

Lo mismo pasa con la gente que es extorsionada por las clicas Crazy Gangsters, Latin Family o Crazy Choplin en el resto de colonias y asentamientos. Todas ellas están en la mira de las autoridades, todas funcionan en la gran península de El Mezquital. Mientras son investigadas, a los vecinos les toca pagar y callar.

“La policía dice que no puede hacer nada”, dice. Ella tiene poco más de 40 años, el pelo rizado recogido con un gancho y mientras habla, unas llaves bailan nerviosas entre sus manos. Su asentamiento está en las fronteras naturales de El Mezquital, en las veras de un río de aguas servidas, en las laderas de una de las fallas geológicas que rodean la colonia. Suelo no apto para construir nada, diría un ingeniero civil. No importa. Llegó ahí hace más de una década desde San Marcos buscando un empleo, siguiendo los mismos pasos de su familia. Consiguió un trabajo, se enamoró, tuvo hijos, se hizo de un pedacito de tierra, le rompieron el corazón una y otra vez, construyó su casa poco a poco y ahora a ese cubo de lámina protegido por un candado lo llama hogar.

Hace tres semanas, a su hogar llegaron dos jóvenes. Le dijeron que tenía que pagar a la clica cinco mil quetzales. “Paga o se muere... Le llamaremos”, dijeron. Ella no dijo nada. Ni su número telefónico les dio, recuerda. Dos días después sonó su celular. Fue a la PNC una, dos, tres veces. No encontró soluciones. Vendió una pequeña porción de tierra de cultivo en San Marcos, lo que fue la herencia de su padre, la que sería la herencia de sus cuatro hijos y esperó el día pactado. “Fue el miércoles pasado. Me llamaron… Vinieron… Cinco mil quetzales… ¿Sabe lo que cuesta tener ese pisto? Mucho… Cuesta… Mucho, viera… Ya no tengo nada”, balbucea.

¿Por qué pagar? Porque hace dos años su hermano decidió que tres extorsiones y un préstamo para pagarlas eran más que suficiente. ¿Por qué pagar? Porque un día llegaron frente a la casa de su hermano, en La Isla, y le vaciaron el cargador entero de una pistola .9 milímetros. ¿Por qué pagar? Porque un año después su cuñado también se negó a hacerlo y lo golpearon hasta matarlo. ¿Por qué pagar? Por eso, porque sabe que quien no paga, se muere. “Aquí uno paga por vivir”, dice. Así funciona. ¿Por qué no irse? Porque dice que afuera de El Mezquital todo es igual.

La mara del Mezquital

“Al que no paga, lo matan”, dice una señora.

La señora vive en uno de los asentamientos que rodean El Mezquital. Su casa mide 12 metros cuadrados, tiene paredes y techo de lámina, piso de cemento y un candado Yale en la puerta que sirve para proteger sus pertenencias: tres camas, dos mesas, una cocineta de gas y una refrigeradora roída por óxido. Trabaja en una fábrica cercana, gana el salario mínimo; tiene cuatro hijos que dependen de ella; la palabra “esposo” o “compañero” no tienen cabida en su definición de familia; y las pandillas siempre han sido sus vecinos.

¿Cuándo entró la pandilla a la zona? Nadie sabe decirlo. Algunos creen que las pandillas estuvieron desde siempre. Eran “mareros” y llegaron con cada una de las oleadas de habitantes que inundaron El Mezquital desde su creación en los años ochenta. Década y media después, la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y el Barrio 18 se repartirían los territorios.

El Mezquital tuvo un parto difícil. Pretendía ser un modelo de conjuntos habitacionales de vivienda mínima para los damnificados del terremoto de la ciudad de Guatemala del 4 de febrero de 1976. Eran casas de 35 metros cuadrados y un solo ambiente construidas en un terreno que medía poco más del doble. En los planos del Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), toda la colonia tendría 1,640 lotes con áreas verdes y canchas deportivas; se financió con un fidecomiso otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ochocientas familias, provenientes de las zonas 3 y 5, se ganaron los primeros lotes en un sorteo realizado por el Banvi y tomaron posesión de sus terrenos en el primer trimestre de 1982.

Durante los siguientes 18 meses, más de mil familias intentaron ubicarse en los terrenos aledaños a El Mezquital en diferentes momentos. Cada intento fue repelido a fuego por la policía y el ejército. Los desalojos compartieron espacios en las noticias junto a la convulsionada situación política del país. La primera gran victoria de los “invasores” se fraguó el 17 de marzo de 1984, cuando 1,550 familias invadieron las zonas verdes de la colonia y dieron origen al primer asentamiento formal de la zona: El Éxodo.

Al terminar 1984, el modelo de vivienda mínima había fracasado. Miles de casas de lámina, madera y cartón habían dado forma a nuevos asentamientos -Monte de los Olivos, El Esfuerzo, Tres Banderas y La Esperanza- y cerca de cinco mil familias, más de 25 mil personas, habitaban una zona de 35 hectáreas. Siete personas por cada metro cuadrado en un área rodeada de barrancos y carente de servicios públicos.

Para entonces, ya había maras en El Mezquital. Eran Las Cobras, La Cuarta, Los Monges, Los Títeres, Los Fantasmas, Los Charcos, La Décima. A su lado, en La Esperanza estaban Los Picas y Los Cocheros, entre otros. Se habían integrado con gente que fue parte de los Breakers (BKS), la Mara 33 y la Mara Five, que tomarían relevancia en 1985. Tenían como grandes enemigos a las pandillas VL1 y VL2, quienes dominaban las colonias Villalobos I y II, en la única entrada de El Mezquital. Sus peleas eran eminentemente territoriales y la gente se gastaba entre combates uno a uno y batallas de baile.

En algún momento de la historia de El Mezquital, las trifulcas entre pandillas de las diferentes zonas mutó de las peleas de puño a la utilización de navajas y cadenas, y finalmente a la armas de fuego. Para finales de los años ochenta, la colonia y sus asentamientos se habían ganado un espacio casi permanente en las páginas de crónica roja por los heridos de sus enfrentamientos o los asaltos a camionetas que circulaban por la zona.

A mediados de los años noventa se había sumado más presión poblacional y una nueva mutación en las pandillas de la zona. La población creció con la construcción de las colonias El Búcaro y Las Margaritas, así como el surgimiento de nuevos asentamientos, como La Cuchilla, la 8 de Marzo, Unidos por la Paz y la 17 de diciembre. Para 1995, había cerca 11 mil familias y más de 65 mil habitantes. Muchas más si se sumaban las colonias Villalobos I, II y III, y los asentamientos en sus alrededores.

No solo cambió la cantidad de gente. También cambiaron los pandilleros. De 1993 a 1998, Estados Unidos deportó 15,175 personas a Guatemala. De ellos, 3,748 tenían antecedentes delictivos. Entre ellos regresaron “homeboys” brincados, captados, en ciudades estadounidenses que regresaron a rencontrarse con su país y con un caldo de cultivo adecuado para levantar el barrio. El Mezquital fue uno de esos puntos. Para finales de 1998, la MS-13 y el Barrio 18 absorbieron las maras locales.

La MS-13, por ejemplo, se apoderó de las Maras de la Tercera y la Cuarta avenidas. Cuentan que el mismo Juan Ixcol Escobar, hermano de David Ixcol Escobar, alias “El Soldado”, fue el encargado de ir a brincar a los primeros de la zona. “El Soldado” era el ranflero de la Clica Coronados Locos, el bando de “las letras”, de la Salvatrucha, y mandaban con fusiles AK-47 y ametralladoras Uzi del otro lado del barranco, en Ciudad del Sol, Villanueva.

El Barrio 18 entró por El Éxodo directo desde la cárcel. Nadie sabe decir quién fue el primero. Se cree que un marero de la zona, un ex BKS, se brincó con la 18 mientras estaba recluido; salió bendecido con “la palabra” de los jefes de la pandilla; y la orden de levantar el Barrio en su asentamiento, reclutando a los pandilleros de la zona para el bando de “los números”, la 18. De ahí se extendió a El Esfuerzo, donde “Los Cocheros” fueron los primeros en brincarse, y luego llegó a los asentamientos Tres Banderas y Los Olivos. Hoy, controlan casi toda la zona.

Así, ambas pandillas sumaron territorios propios en El Mezquital. La vieja guardia de mareros poco o nada pudo hacer para mantener la supremacía en la zona. Al final, desaparecieron. A los asaltos y las riñas se sumaron los asesinatos por levantar el barrio, un acto de honor en la pandilla, y la extorsión, la forma más fácil de obtener dinero.

El globo a punto de estallar

Desde que se construyó la primera casa en El Mezquital, toda esa península fue zona de experimentos. Se quiso experimentar llevando a damnificados de la zona 3 y zona 5 a la periferia de la ciudad. Se trataba de una “urbanización de vivienda mínima modelo”. La necesidad de la población, el contexto histórico –los años entre los golpes de Estado y la gran migración interna hacia la ciudad de Guatemala– y la desidia del Estado la convirtió en un experimento fallido.

Se experimentó con programas sociales de educación y salud pública, con proyectos privados antidrogas y de capacitación en oficios técnicos para jóvenes, con programas pagados por instituciones internacionales para mejorar infraestructura. Y aunque todos ellos mejoraron de alguna manera las condiciones de vida de sus habitantes, El Mezquital y las colonias y asentamientos a su alrededor siguieron siendo una zona roja de ciudad de Guatemala. Por eso también se experimentó con programas de seguridad pública. Y también se falló en ello.

Desde el 2000, los planes de seguridad del Estado siempre se enfocaron en exterminar la pandilla. Pero ésta había evolucionado con los años, adaptándose a su medio ambiente y sufriendo mutaciones acordes a cada plan especial que las autoridades de seguridad diseñaban. Con las pandillas de El Mezquital fracasaron las gestiones de la Comisaría Modelo de Villa Nueva, implementadas en 2004; la presencia del destacamento militar del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana, ubicado en El Búcaro a finales de 2005; y, la criminalización de jóvenes bajo la sombrilla jurídica de la “asociación ilícita” producto del “Plan Escoba”, introducido en la gestión del presidente Óscar Berger en 2006.

Hoy, el experimento en Mezquital es la Fuerza de Tarea Kaminal.

“Los homicidios se han reducido”, dice el oficial primero de la policía, afuera de la sede de la PNC de la FT al final de la 8a avenida de El Mezquital.

Lo repite el subteniente del ejército, mientras acepta fumarse un cigarro frente al destacamento militar de El Búcaro, en la frontera de la península.

Ambos hacen cuentas con las manos del primer trimestre del año.

“Tres homicidios”, dice el primero.

“Cuatro muertos”, el segundo.

¿En toda la zona?

“Sí”, responden.

Los datos del Ministerio de Gobernación: siete.

“Nosotros estamos para ayudar a la gente, estamos aquí para prevenir la delincuencia”, dice un soldado, se compone su boina y sonríe. ¿Prevenir? Sí. Se llama prevención por disuasión: a mayor cantidad de elementos de seguridad en una zona, las posibilidades de que se realice un hecho delincuencial disminuye. Y sí ocurre uno, la posibilidad de que las autoridades brinden una respuesta más rápida también es mayor.

Según personeros del Ministerio de Gobernación, las Fuerzas de Tarea territoriales eran una segunda etapa del trabajo que se inició con las Fuerzas de Tarea por delito, inauguradas por el presidente Otto Pérez Molina en enero de 2012 y que eran el punto central de la estrategia de seguridad pública de su gobierno. Las segundas se concentraban en los delitos y confiaban más en un trabajo de inteligencia para detener estructuras completas, determinar patrones e identificar cabecillas. Las territoriales deberían ser las fuerzas de contención en las zonas de mayor predominancia de crímenes contra la vida, que permitirían bajar la tasa de homicidios en la ciudad.

“¿Quién va a tratar de matar a alguien si tiene a un soldado o a un policía enfrente? ¿Quién?”, pregunta el subteniente.

Matar. Asesinar. La unidad para medir la incidencia criminal en El Mezquital es el homicidio. Se basa en la premisa de que es el peor crimen que se puede cometer contra una persona. Y las zonas en las que inicialmente se introdujeron las Fuerzas de Tarea territoriales tenían en común, según las apreciaciones del Mingob, ser las zonas de mayor incidencia de homicidios en Guatemala.

La Fuerza de Tarea Kaminal tiene 600 efectivos, entre policías y soldados, divididos en turnos de seis horas para asegurar la disuasión en la zona: 150 elementos por turno.

La presencia de la Fuerza de Tarea Kaminal, como pasa con la Fuerza de Tarea Maya implementada en septiembre en zona 18, hizo que los pandilleros se alejaran de los policías y soldados para continuar con sus acciones delictivas. Le llaman “efecto globo”: si éste se presiona por un lado, el aire contenido en él se desplaza y lo deforma. Si se aprieta mucho, explota. Con La Kaminal, se apretó en globo de El Mezquital. Los datos son halagadores: la zona 12 bajó de un promedio de 13 homicidios de los primeros tres trimestres de 2012 a cinco en promedio en los siguientes dos. Esto fue lo que anuncia como el gran logro el presidente Otto Pérez Molina cuando habla del éxito de las Fuerzas de Tarea territoriales.

Lo que no dice el primer mandatario es cómo la incidencia criminal se trasladó a otras zonas de la ciudad, primero, y luego a otros municipios. En el papel, la “contención dentro de las zonas” debía ser complementada con el trabajo diario de la PNC, tanto en el área “intervenida” como fuera de ella. Las investigaciones de otros delitos siguen a cargo de los policías de la subestación 14-32. Ésta tiene 40 hombres, divididos en tres turnos de 8 horas. 12 hombres por turno. Menos, si se cuentan los días de descanso y de permiso. Esta diferencia de personal y de recursos no se tuvo en cuenta.

“Se baja el número de homicidios pero la delincuencia se desborda hacia otras zonas aledañas, en las que el número de agentes en la calle es insuficiente”, dice Juan Pablo Ríos, asesor del ministro de Gobernación.

Los datos así lo demuestran. Por ejemplo, el Mingob registró seis homicidios en zona 11 durante el tercer trimestre de 2012. Tres meses después, el número de casos se había triplicado; y de enero a marzo de 2013, sus estadísticas daban cuenta de 19 homicidios en esa zona.

“Aquí los pandilleros se van a la calzada Aguilar Batres o al municipio de Villa Nueva… Hemos detectado que allá se van a hacer sus cosas y luego regresan aquí a dormir”, dice el subteniente.

La frontera de El Éxodo es un barranco que sirve de basurero. Si uno baja por él, en esta época del año, se encuentra con un llano yermo y con maleza seca, con senderos polvosos hechos a fuerza de pisadas y al fondo, sobre una colina, está Ciudad Real, y más allá el municipio de Villa Nueva. “Esos caminitos son los que utilizan los pandilleros para salir y entrar de la zona”, dice el jefe policial.

Según los datos del Mingob, los homicidios en Villa Nueva bajaron en los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, pasando de 24 homicidios en promedio mensual a 16 casos en ese trimestre. Fue una reducción del 33% de casos. En noviembre, cuando empezó a operar la Fuerza de Tarea en El Mezquital, los homicidios aumentaron en Villanueva a 25, en noviembre, y a 33, en diciembre. En el primer trimestre de 2013, la PNC registró 82 homicidios, por arriba de los 67 casos reportados en el mismo período el año anterior.

“Ya le digo, usted corta una cabeza y salen tres o cuatro”, dice un vecino de El Éxodo. “Ellos siguen haciendo lo que quieren. Quizás no aquí, pero hacen lo que quieren, cuando quieren y donde quieren”. Se tapa el rostro con la mano, como si cubriéndose nadie escuchará las palabras que ha dicho. En esos callejones manda la clica SPL. El ranflero de ese asentamiento fue capturado antes de que entrara la Kaminal a El Mezquital. ¿Cómo se llamaba? No importa demasiado: con ese título han pasado muchos por la zona. Pero nota que si los jefes son capturados, siguen haciendo “sus cosas” desde la cárcel. “Ahí tiene al Scrapy (Josué Otoniel Pérez Recinos) y el Littleman (Carlos Estuardo Boch)”.

Si los matan como hicieron con el Quince, dice, siempre aparece uno nuevo.

La leyenda de El Quince

“El fenómeno de la pandilla es difícil de entender si se piensa en ella solo como un grupo de delincuentes y no como un grupo de la población que vive en situaciones de marginalidad y abandono absoluto por parte del Estado”, dice un vecino que trabajó en programas de reinserción en la zona. “Las autoridades vieron criminales hasta en los que no los eran. Hubo una época en la que llegaba la policía a la cancha de baloncesto y a todos los que estaba jugando se los llevaban por asociaciones ilícitas. ¿Jugar era un delito? ¿Ser joven eran un delito? Sí, por lo visto era así. No saben el daño que hicieron”.

Todo eso era difícil de ver, toda vez que cada plan de seguridad logró reducir los delitos. Con números a la baja, se creyó que la pandilla estaba perdiendo fuerza. Pero no fue así. Al pasar de los meses, lo único que realmente hicieron los planes fue cambiar el funcionamiento de las pandillas y hacerlas más atractivas para los jóvenes. Los cambios más perceptibles fueron estéticos: se evitaron los tatuajes en partes visibles y se abandonaron las ropas holgadas que los delataban fácilmente.

En el interior de las pandillas se tomaron otras medidas: Atacar directamente a la policía –todavía en la subestación de la PNC se recuerda las veces que sufrieron ataques con ametralladoras y granadas–, endurecer las reglas con respecto a las agrupaciones rivales y a los “ladeados”, los traidores; y bajar “la tolerancia” para aquellos que no colaboraran con ellos, ya sea pagando extorsiones o haciendo “paros” a la clica. “En esos años se empezó a matar más… Ellos mataron; la policía mató… También lo hicimos nosotros. Todo el mundo empezó a matarse más”, dice un vecino. Y El Quince fue uno de esos muertos.

El Quince se llamaba Maynor Ismael Rodas Jacobo. No solo era ranflero de la SPL de El Éxodo. Era, junto a El Dreamer, Psico, El Skinny y El Galán, de “la manta” -el grupo de jefes- del Barrio 18 que controlaba desde la Villalobos hasta El Búcaro a mediados de los años 2000. Venía de una familia de linaje delincuencial en la zona gracias a la fama que había cosechado El Treinta, su hermano mayor.

El Treinta aguantó como 20 disparos la vez que lo quisieron capturar allá por 1989. Era ladrón, asesino, violador… Era malo”, resume un vecino de la zona.

Nadie recuerda la fecha exacta, pero muchos aseguran que cuando la policía judicial entró a El Éxodo a buscarlo hubo un enfrentamiento que duró horas, que mató a tres o cuatro policías, que se quedó sin balas y que fue acribillado sin piedad mientras escapaba por una barranca que va hacia Ciudad Real. “Más de 20 disparos le dieron… Ni así lo mataron”, afirma una señora. Dicen que una semana después, cojeando y apoyado con un bastón, subió pistola en mano a una camioneta a asaltar de nuevo. Una persona se opuso, creyendo que como estaba herido no le haría nada. Lo mató sin pensar. “Daba miedo encontrarse con él”.

“El Maynor mantuvo la fama de El Treinta. Cuando apenas era un güiro, ya era todo un delincuente”, dice una vecina. El Éxodo era su territorio. Tenía la piel morena, la voz ronca y pocas veces se le veía sonreír. Cuando lo hacía, era a carcajadas. Medía un poco más de 1.85 metros de altura y solía llevar una ametralladora Uzi al cinto, como si se tratar de una pistola cualquiera. Era capaz de levantar a una persona solo tomándola por el cuello y dejarla inconsciente a puros golpes o de entrar a la escuela con una escopeta calibre .12 a marcar a los alumnos que simpatizaban con los de “las letras”. “Si él te buscaba ya estabas muerto”, dice una persona que lo conoció.

De 2003 a 2005, Rodas Jacobo solía estar en las esquinas junto a Vinicio Renato Velásquez Ramírez, Juan Gerson Caníbal Toma, Estuardo López Chután y los hermanos Alejandro Esaú y Elio Rafael Bernardo Salazar. Todos estaban brincados en el Barrio 18. Pero El Quince era el jefe, el ranflero. Según las autoridades, su clica se dedicaba al narcomenudeo y las extorsiones; y a él, cuando apenas tenía 18 años, ya lo relacionaban con al menos una docena de homicidios en la península de El Mezquital.

Aun así, nunca se le pudo probar nada.

El Ministerio Público lo investigó por delitos de lesiones graves, robo agravado, portación ilegal de armas, posesión para el consumo, allanamiento y comercio, tráfico y almacenamiento de drogas. Ocho veces estuvo bajo investigación de diferentes fiscalías y, salvo por un par de meses que guardó prisión preventiva, nunca se logró que un juez le dictara una sentencia condenatoria. Solo dos veces llegó a un juzgado y en ambos casos fue absuelto. Cada vez que recuperaba su libertad, la policía regresaba a El Éxodo a detenerlo.

En marzo de 2005, durante el gobierno de Óscar Berger, la policía capturó por última vez a El Quince. Fue un operativo de más de una docena de policías con el rostro cubierto con pasamontañas. Eran cerca de las 10 de la mañana. Lo subieron engrilletado a la cama de un picop y lo llevaron a la subestación 14-32, sobre la 2ª Calle de El Mezquital. Menos de una hora después, sus homeboys vieron el picop con su ranflero subir de nuevo por la calle. “Supuestamente lo llevaban hacia la Comisaría 14, en la zona 7. A las 4 de la tarde, lo vemos bajar de nuevo… En dirección a El Búcaro, ya no lo volvimos a ver”, dice un excompañero de la clica SPL.

Tres horas después, por los callejos de El Éxodo se corrió la noticia que el cuerpo de El Quince apareció en un camino de terracería que llevaba del Búcaro a un río de aguas negras. “Bajó toda la banda a ver si era cierto... Ahí lo encontramos, amarrado de manos y pies, con un alambre retorcido en el cuello y un tiro de gracia”, recuerda. La misma policía abrió una investigación por el caso. Su hipótesis: pugnas con pandilleros rivales. Aunque después se investigó al jefe policial Héctor Castellanos Soto, exjefe de la Comisaría 14, por el hecho, nadie fue llevado a la justica por este asesinato.

El Quince no fue el único pandillero asesinado por grupos de exterminio, pero mostró que existía una lógica de acabar con los cabecillas de la pandilla como fuera, como si cortando a la cabeza se fuera a terminar con la pandilla misma.

-Justo esos fueron los años en que todo el mundo empezó a matarse más -repite un vecino.

-¿Todo el mundo?

Entrecruza los brazos, frunce el ceño y responde:

-Es que la gente se cansa de aguantar y que no se haga nada.

Él recuerda cuando los vecinos se encapucharon, llamaron a los medios de comunicación y los llevaron casa por casa de El Mezquital señalando donde vivían los pandilleros. Fue la misma época en que aparecieron siete jóvenes, cinco hombres y dos mujeres, asesinados en una cuneta de la carretera de La Comunidad, zona 10 de Mixco. Todos atados de manos y de pies, todos estrangulados con el garrote vil y con signos de haber sido torturados. “Eran de la mara 18, Mezquital, El Esfuerzo, La Esperanza, quienes extorsionaban solo de Q50 mil para arriba... Algunas cayeron en sus garras dando el dinero que solicitaron. Otros no fueron tontos y prefirieron ajusticiarlos”, se leía en una nota dejada juntos a sus cuerpos.

Pero hoy, como entonces, las muertes o captura de homeboys solo merecen reacomodos internos y nuevos ascensos; y en la zona sigue existiendo un caldo de cultivo perfecto para que la pandilla se haga de nuevos fieles y de familias completas. “Como en cinco años –de 2006 a 2011-, la banda reconoció a más de cien personas de clicas de ambas pandillas de El Mezquital asesinados que habían sido detenidos ilegalmente por grupos de gente armada y encapuchada o por la misma policía. Todos tenían signos de tortura, asfixia o tiro de gracia”, dice un expandillero y con orgullo suelta: “Pero el Barrio sigue vivo”.

Hace un mes, llegó el nuevo jefe de la SPL de El Éxodo. Le dicen el Ever. Tiene Ever la bendición de la rueda, los jefes de la pandilla en el Sector 11 del Centro preventivo de la zona 18, y la gente menciona su taca, su apodo dentro de la pandilla, con una mano cubriendo el rostro como si eso los protegiera de todo, de los rumores de ser “ladeados”, de aquel niño que tiene el celular en la mano que está en la esquina opuesta y no deja de mirarlo.

Represión, ¿la única opción?

Frente a la columna de soldados hay una pendiente llena de casas de distintos tipos. Abajo, junto al río de aguas negras, covachas de cartón y plástico; y mientras se asciende se encuentran casas de lámina o madera hasta llegar a las de cemento y de ladrillo, cerca de los pasajes o senderos que llevan a las “colonias” formales, que antes también fueron asentamientos en El Mezquital. Sería fácil pensar que aquellas gradas representan la escala social del asentamiento. “Nuestros cálculos son que aquí viven medio millón de personas, podrían ser más. Eso es lo difícil: controlar y vigilar a una minoría, pero protegerlos a todos”, dice el subteniente.

La columna de soldados toma control del puente de La Unión. Dos al frente, con los fusiles apuntando hacia arriba, hacia las gradas irregulares de cemento que suben por el barranco hacia el asentamiento La Independencia. Dos atrás, cuidando la retaguardia. El subteniente se detiene un momento, mira a su alrededor y lanza una pregunta:

-¿Cómo resolvemos el problema de la pandilla en una zona como esta, con tanta pobreza y donde es fácil comprar voluntades con tan solo regalar un celular?

La lógica del Barrio 18 y la MS13 ya no es la misma de cuando llegaron a El Mezquital, a mediados de los años noventa. Entonces eran “pandilleros” aislados; hoy son parte del tejido social.

En toda Guatemala, el Estado calcula que las maras alcanzan los 17 mil miembros, en su mayoría jóvenes, con predominio masculino. Pero comprender el fenómeno de las pandillas pasa por entender que es una estructura que toca tres niveles dentro de cada zona en las que actúan. El primero, los miembros de la pandilla misma, los homeboys. El segundo, “los Paros”, los jóvenes que buscan incorporarse a ella y que hacen algunos trabajos sin necesariamente estar “brincados”, iniciados por la pandilla. El tercero, el círculo familiar de pandilleros y los aspirantes, es el más complicado.

Miembros de la PNC y el Ministerio de Gobernación reconocen que en este lugar se encuentran familias completas que tienen diferentes grados de dependencia económica de los ingresos ilegales que genera cada clica. Un expandillero de la zona hace sus propios números. Su clica podía “ganar”, producto de extorsiones, cerca de Q50 mil en un mal mes. Al ranflero le quedaba un 20% y el resto se repartía entre sus homeboys, que proveían a sus familias, y servía también para mantener a las familias de los “caídos”, los integrantes muertos. Así, expertos en temas de seguridad pública afirman que fácilmente el dato de pandilleros y simpatizantes puede multiplicarse por cinco.

“Creo que vamos caminando y en un par de años el impacto del trabajo de las autoridades se va a sentir sensiblemente en la incidencia criminal de las pandillas. Ya sus áreas de incidencia están bien focalizadas”, dijo Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación en una entrevista a El Faro en junio de 2012. Según el funcionario, el gobierno se estaba centrando en desestructurar las condiciones que favorecen la operación de las pandillas y su formación. “Hay programas muy buenos que han dado resultados en otras áreas pandilleras, como por ejemplo El Mezquital. Ahí con poco se ha logrado levantar una organización de base muy importante, que ha restado en gran medida el accionar de las pandillas. Tal vez el fenómeno no pueda erradicarse en los próximos tres años, pero va a entrar en rangos de lo manejable”, explicaba. Cuatro meses después, la respuesta inmediata para El Mezquital fue la Fuerza de Tarea Kaminal, dejando en un segundo plano el trabajo con las organizaciones de base. Un plan eminentemente represivo.

Si entender a la pandilla es mucho más complejo ahora que hace 15 años, erradicarla lo es más y una lógica represiva no parece la más adecuada. “En materia de seguridad pública, no existe una sola experiencia de militarización de zonas geográficas determinadas en cualquier país del mundo que haya dado resultados positivos a largo plazo”, dice Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado. Para él, el punto central es que junto a la represión de los delitos, el Estado debe llenar los vacíos institucionales que permiten al crimen organizado funcionar en una zona, porque ha sido este el que suple ciertas necesidades de las comunidades.

Así, solo tomar medidas represivas no garantiza que una estructura criminal deje de funcionar en una zona determinada. Por ejemplo, si una familia depende económicamente de los ingresos de la pandilla, se debe procurar disponibilidad de trabajo e ingresos para sus habitantes. Si existe inseguridad, una mejor policía a nivel local; o si hay hacinamiento y falta de educación formal, mejores condiciones de vivienda y disponibilidad de escuelas e institutos vocacionales. Es un proceso que toma tiempo y, en teoría, está contemplado en los planes del gobierno, pero ha pasado a un segundo plano.

Y, mientras, del otro lado de la moneda, los planes represivos tampoco están resultando según lo esperado.

En toda Guatemala, los planes de seguridad pública de la primera década del siglo fallaron al no lograr contener la violencia. El fracaso quedó reflejado en las estadísticas: los homicidios en el país más que se duplicaron en diez años, pasando de 2,904 en 2000 a 6,498 en 2009, según datos del Central American Business Intelligence (CABI).

Hoy, en 2013, los planes siguen siendo represivos y las Fuerzas de Tarea territoriales no dejan de ser una herramienta más de ello. Aunque están bajo el mando legal de la PNC –no se puede hacer una detención a menos que sea en flagrancia, o un retén sin su presencia-, su lógica de funcionamiento es militar: movilización de gran cantidad de efectivos que generan disuasión. Una vez controlada la zona, se debe de reducir el personal al mínimo necesario, ubicándolo en puntos estratégicos, y es el momento en que entran en acción los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, entre otros, junto a la Municipalidad, con planes de prevención y mejoramiento de la infraestructura de zona.

“Lo primero ha funcionado”, aseguran las autoridades. ¿Lo segundo? “Se trabaja en ello y tomará más tiempo”, responden. Pero poco o nada pueden hacer frente a la principal crítica: Las fuerzas de tarea territoriales no pueden ser eternas. Se planearon con una duración de tres meses. Ahora, según los jefes militares de ambas, son de carácter indefinido.

¿Qué pasará cuando se retiren? Nadie sabe decirlo. Los jefes de las Fuerzas de Tarea territoriales lanzan malos augurios: “Cuando nos vayamos, las cosas volverán a estar igual o peor”. Ya lo vieron en febrero de este año, cuando se redujo el personal en las zonas para apoyar el plan Calzada Segura. Menos presencia, aumento de incidencia criminal.

-Los pandilleros no son tontos. Es como si aprendieran de lo que hacemos, como si fuéramos un paso atrás de ellos -se lamenta el subteniente. Observa a lo lejos una cancha de fútbol construida al borde de un barranco: -Ahí se reúnen a planificar hechos delictivos… Es un punto desde el que pueden controlar todos los ingresos y darse a la fuga si queremos hacer una intervención. Podemos poner una unidad en la cancha y no permitir que se reúnan… Igual, van a encontrar otro lugar. Como ve, no son tontos y nosotros no vamos estar siempre destacados acá y entonces, todo esto volverá a ser de ellos -dice y ordena a su columna avanzar. 

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