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La Fiscal que movió el árbol
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La Fiscal que movió el árbol

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Por primera vez una mujer fiscal fue electa para el cargo de Fiscal General. Y con ella por primera vez llegó alguien con la idea de perseguir y sentar ante los jueces a quienes son considerados criminales del conflicto armado y capos del narcotráfico.

De momento han cesado por lo menos 16 jefes de fiscalías en todo el país. La mayor purga en la historia reciente del MP. “Jamás se había visto”, dice Javier Monterroso, hasta mayo Secretario Privado del MP.

La Fiscal General, Claudia Paz y Paz, reunió a la mayoría de trabajadores del Ministerio Público en el vestíbulo del moderno edificio la fiscalía. Allí, ante todos, se paró y les dijo: “Vendrán cambios, muchos cambios”.

Era diciembre del 2010. Muchos se sorprendieron porque era el primer fiscal general que se paraba ante ellos cómo un líder y les hablaba de una forma enérgica. Antes, todos pasaron directo hacía su despacho y desde allí mandaron.

La nueva fiscal no mintió: llegaron cambios que ahora pueden notarse en la empatía o antipatía de trabajadores. En casos que jamás caminaron, en capturas de mini capos, en destituciones masivas en el MP que no salen a luz porque muchos de los que se fueron no objetaron. Sabían que era mejor salir del MP que ir directo a la cárcel.

“La fiscal movió el árbol. La frutas podridas cayeron pero también algunas muy buenas”, dice el  jefe de una fiscalía (así pidió que se cite). Aunque logró deshacerse de personas a quienes consideraba corruptas y también ineficientes, perdió a buenos fiscales, intermitentes, pero buenos.

La política laboral que emprendió Paz y Paz para destituir a todos aquellos que no eran funcionales o daban esa impresión llegó incluso al sindicato del Ministerio Público, donde las destituciones llegaron. Esto hizo que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) emitiera un comunicado solicitando que se respetaran los derechos de los sindicalistas. Aprovecharon el conflicto para recordarle que en sus meses de gestión no habían visto avances en las investigaciones de agresiones y crímenes contra sindicalistas.

La fiscal respondió casi de inmediato: con el tema del sindicato no hubo marcha atrás, los destituidos no pudieron regresar pero a cambio creó la Fiscalía especial de Delitos contra Sindicalistas y reorganizó la Fiscalía de Derechos Humanos. Lógico, si se piensa que toda su carrera se ha encauzado hacia su defensa.

Su currículo lo demuestra: abogada querellante en casos contra policías, contra el ejército, como investigadora, como perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). O asesora jurídica en la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado o la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Una vida entera dedicada a  asuntos relacionados con los derechos fundamentales de las personas.

No hay, no obstante, quien no la acuse de violar esos mismos principios, o los laborales, o los sindicales. Algunos empleados le imputan haber transgredido. El conflicto consiste en lo siguiente, en palabras de los enojados: la Fiscal pide que se abra un proceso para destituir a los trabajadores que considera que no están haciendo bien su trabajo. Cuando, en medio del proceso, los empleados intentan renunciar (la indemnización en el MP es más alta si dimiten que si les echan, al contrario de lo que sucede en el sector privado) el MP bloquea la dimisión, porque legalmente no es posible renunciar en medio del proceso de destitución. Los empleados entonces apelan la decisión y, como el consejo del Ministerio Público, el encargado de conocer los casos, no se ha conformado, nadie resuelve las apelaciones. En ese intervalo los empleados son trasladados hacía el interior, a lugares incómodos: Petén, Chiquimula, San Marcos. Pronto se resignan a su destino, retiran su apelación, y son destituidos. Con una indemnización menor.

De momento han cesado por lo menos 16 jefes de fiscalías en todo el país. La mayor purga en la historia reciente del MP. “Jamás se había visto”, dice Javier Monterroso, hasta mayo Secretario Privado del MP. “Algunos se fueron porque en 20 años no funcionaron, otro porque no soportaron la presión de obtener resultados y otros porque tenían vínculos con el crimen organizado”.

Una de las destituciones fue la del jefe de la fiscalía de narcoactividad, Leonel Ruiz. Después de su separación tuvieron lugar algunas de las capturas más notorias de los últimos tiempos. Tres supuestos capos del narcotráfico, de distinta antigüedad, celebridad y relevancia, no tardaron en caer en manos de las fuerzas públicas: Waldemar Lorenzana, Juan Ortiz y Byron Linares Cordón. Los tres solicitados por Estados Unidos por su supuesta vinculación al tráfico de drogas.

“No sé, lo único que le puedo decir es que por lo menos ahora del MP no hay fuga de información”. Monterroso, que ahora pretende una curul como diputado del El Frente Amplio de Izquierda, no tiene respuesta a la pregunta de si hay relación entre las capturas y la separación de Ruiz.

Pero la semana pasada, durante la cumbre de seguridad centroamericana, sucedió algo que la Fiscal puede tomar como un agradecimiento y respaldo quizá inesperado. En su visita al país, Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, se reunió en privado, por separado, con tres personas: dos presidentes de Gobierno, y ella.

El Ministerio Público subrayó el detalle en su página web: “Durante la breve pero sustantiva reunión Clinton reiteró su apoyo a Guatemala en la lucha contra las drogas, así como la satisfacción por las capturas importantes que se han hecho en el país, y a la vez manifestó su sentir positivo con el trabajo del MP y de la Fiscal General de Guatemala, por lo que reiteró su interés de continuar una larga y productiva cooperación en los siguientes años”.

El detalle no pasó desapercibido para un columnista que suele escribir sobre la política exterior estadounidense. Gustavo Berganza interpretó la visita como una deferencia hacia la Fiscal General y subrayó su simbolismo: “Esa fue la manera escogida por el gobierno de EE.UU. de expresar su apoyo a la doctora Paz y Paz. Algo muy necesario, porque para nadie es un secreto que en este clima preelectoral tan enrarecido, algunos de los avances realizados por el MP en investigaciones, capturas y encausamientos –en particular los que implican militares– han sido interpretados como movimientos ordenados desde la UNE para descarrilar la campaña del general Otto Pérez Molina”.

¿Agenda forzada?

Sin embargo, si se quiere buscar una agenda en el trabajo de Paz y Paz, no se encontrará ningún cambio de dirección en su vida tras su llegada al MP. Nacida en 1966, Paz y Paz es socia fundadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), donde conoció a Monterroso. Además también fundó la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).

Un pasado demasiado cargado como para dejar afuera el tema de derechos humanos. La Fiscalía de Derechos Humanos ha sido una de las que más apoyo ha recibido en los últimos meses. Junto a la delitos contra la vida, la Fiscalía especial que trabaja con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Al contrario de la Fiscalía contra la Corrupción que perdió dos agencias fiscales: una que fue designada para ver los casos por la Ley de Extinción de Dominio y otra para reforzar la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.

Están claros los intereses de Claudia Paz y Paz.

“Se entiende. Si es su especialidad los derechos humanos, será uno de sus intereses”, dice Aura Mancilla, de la Fiscalía de Derechos Humanos, y matiza “pero ella es fiscal de todo el Ministerio Público, tiene intereses en todos los casos”, añade.

Sin embargo, se ha puesto mayor atención a la Unidad de casos especiales del conflicto armado interno que solicitó la captura de Héctor Mario López, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (1982-1983). La primera captura de un acusado de genocidio y desaparición forzada.

Hace dos años esa unidad estaba conformada por el jefe de la unidad y un auxiliar. En la actualidad hay un jefe, cuatro fiscales y cada uno tiene cuatro auxiliares fiscales para trabajar.

“Falta personal y creo que llegará pero hay problemas ahora de financiamiento”, dijo Mancilla.

Paz dice que sus intereses han sido y serán todos los casos y subraya que la Fiscalía de Derechos Humanos es sólo una más de las que se han mejorado. “La Fiscalía de Delitos contra la Vida es la que más me preocupa, también fue reestructurada la de delitos patrimoniales”, dice la Fiscal General en una fugaz entrevista.

Pese a todo, algunos casos que fueron cercanos a Paz y Paz cuando era abogada litigante y que conocía bien han caminado de forma más rápida en los últimos meses.

Paz y Paz fue abogada querellante en el caso contra el ex alcalde de San Juan Cotzal, José Pérez Chen, capturado el pasado domingo después de seis meses de búsqueda y treinta operativos. Un caso que empezó a funcionar en enero cuando Paz y Paz ya era fiscal. Antes avanzó pero no a la misma velocidad. Pérez es acusado de haber incitado a la población para linchar en noviembre del 2009 a un policía que enfrentó al alcalde por haber detenido a su hijo por su supuesta apariencia de pandillero.

Además también fue perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la masacre de las Dos Erres. Esta cercanía a los casos ha hecho circular la sospecha de que si Otto Pérez Molina gana la Presidencia intentará defenestrar a la Fiscal, como lo han hecho los últimos dos mandatarios con las cabezas heredadas del MP.

En varios foros le han preguntado a Paz y Paz si es consciente de que su mandato puede durar poco. Su respuesta ayer fue firme: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico”, y agregó, antes de marcharse en un gran ajetreo: “Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

La Fiscal subió al vehículo oficial y partió hacia otros compromisos. Muchos árboles por mover, muchas frutas que desde abajo parecen podridas. El tiempo es corto.

 

 

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Si se quiere buscar una agenda en el trabajo de Paz y Paz, no se encontrará ningún cambio de dirección en sus convicciones tras su llegada al MP.