El encuentro se habría programado para este viernes en la sede de la ONU, en la ciudad de Nueva York. En esta, Morales requeriría del jefe del organismo internacional la remoción del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.
Con lo que el mandatario no contaba era con que su intención se conocería incluso antes de que viajara. Una nota en el muro de José Rubén Zamora en el libro de las caras (Facebook) alertó sobre la conspiración. En cuestión de pocas horas, las redes sociales en Guatemala e incluso fuera del país dieron cuenta de una actividad febril por expresar rechazo a la pretensión presidencial, carente de justificación.
Lejos de desmentir la información, las acciones oficiales terminaron por confirmar la noticia, de tal suerte que la popularidad presidencial, ya de por sí en caída libre, alcanzó los niveles más bajos desde su instalación. Jimmy Morales ha querido utilizar su posición como presidente y la ha puesto al servicio de los intereses más oscuros: los mismos que han intentado impedir el avance de los procesos impulsados por la Cicig en contra de exfuncionarios, empresarios y políticos comprometidos en acciones de corrupción y de robo de recursos estatales.
De esa manera, sin lugar a dudas, el presidente ha dado paso a una iniciativa impopular, ya que intenta respaldar a quienes defienden el sistema de impunidad y corrupción, construido desde hace décadas y que la mayoría de esta sociedad quiere transformar. Es por ello que el respaldo social a la Cicig no es casual. Y se produce precisamente cuando la entidad internacional, en coordinación con el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob), identifica, desmantela y procesa bandas dedicadas al saqueo de los recursos nacionales.
Y en la concertación de intereses entre el gobernante, que se vuelve instrumento de la impunidad, y los grupos de poder afectados se producen hechos que no resultan aislados. Más bien parecen configurar el contexto deseado para mover la maquinaria que derive en la salida de Iván Velásquez. La masacre en el hospital Roosevelt, el traslado de fondos del Mingob al Ministerio de la Defensa, la intención de atribuirle facultades policiales al Ejército, la pretensión de reducirle espacios a la sociedad civil con reformas a la Ley de Oenegés y la idea de aprobar una supuesta ley antimaras que impone restricciones al ejercicio de derechos ciudadanos son algunos de los elementos que marcan un contexto enrarecido.
Si las informaciones de prensa se confirman, resultaría que el presidente Jimmy Morales se ha prestado al juego perverso de la impunidad, debido a que puede salir señalado por financiamiento electoral ilícito. Y esta circunstancia, sumada a la persecución penal en contra de su hijo y de su hermano, lo lleva a manejar conflicto de intereses entre su deber como gobernante y su miedo a la justicia. Ubicado en el poder, todo indica que pretende utilizarlo con fines espurios, y no en función de las necesidades nacionales. Ello explicaría por qué, ante lo que indicó la fiscal general Thelma Aldana, de que la salida de Iván Velásquez significaría su renuncia, el Gobierno indicó, en un acto de prepotencia, que eso era un chantaje.
Dicha respuesta puede indicar una confianza absoluta de parte del gobernante en que su propósito de descabezar a la Cicig será alcanzado. Sin duda, confía en el respaldo económico, político y logístico que le proveen los grupos interesados en mantener impunidad y que se han visto afectados, particularmente con el desmantelamiento de las bandas corruptas en la construcción.
No cabe duda de que estamos en medio de una nueva ola de crisis. Hemos pasado años viendo cómo se desmantela el Estado, cómo se desvanecen los magros recursos obtenidos luego de las gigantescas acciones de evasión, cómo crece la violencia contra la sociedad y cómo el poder se utiliza para penalizar la protesta social. Vivimos la caída de un gobierno que respiraba corrupción y quizá estamos a las puertas de otra poda en la política y en el Gobierno ante el rechazo social a la pretensión de forzar la salida del comisionado Velásquez. ¿Cuánto más resistirá el sistema?
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