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La crisis política y el retroceso democrático

Frente a la crisis desatada por Jimmy Morales gran parte de los movimientos sociales, incluida una parte no dirigente del empresariado, han reaccionado exigiendo el respeto de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad.
El mérito estratégico, para quienes persiguen impunidad, se encuentra en haber sabido aprovechar las contradicciones multilaterales, el contexto de las relaciones internacionales y políticas de la región
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La crisis política y el retroceso democrático

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Historia completa Temas clave

Guatemala vive una crisis política desencadenada por una serie de acciones del presidente Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso de la República, la cúpula empresarial, la dirigencia del Ejército y otros sectores comprometidos con el orden vigente. El análisis se apega a un enfoque que integra las dimensiones político-institucional, económica, sociocultural, ambiental y global-local. Desde esta perspectiva el análisis persigue identificar algunas relaciones causales de la crisis democrática que tiene lugar en Guatemala y sus implicaciones en las aspiraciones de bienestar humano.

Redes-lateral

 

1. De la crisis de gobernabilidad a la profundización de la inestabilidad del sistema

La coyuntura de 2015 provocó un quiebre político y permitió exponer públicamente los elementos políticos y económicos críticos que imposibilitan la anhelada meta de la consolidación democrática, inconclusa desde 1985. A partir de ese quiebre la lucha contra la corrupción ha permitido confirmar, en el ámbito de la persecución penal, la tesis de un Estado cooptado por redes político-económicas ilegales que, como mutación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, son parte del crimen organizado que interactúa con el poder económico a partir de la intermediación de políticos corruptos.

La persecución penal iniciada con el caso La Línea, en 2015, permitió la desarticulación de la estructura criminal de mayor poder público, al defenestrar al presidente y la vicepresidenta (sus cabezas) mediante el funcionamiento de las instituciones de control constitucional. Para ello, ciertas circunstancias políticas resultaron apropiadas, fundamentalmente, el respaldo y movilización popular y la alineación momentánea de los actores de mayor peso político y social.

La extendida corrupción en todos los organismos del Estado, la impunidad judicial, los índices de inseguridad y un sistema penitenciario con déficit acumulados en todos los órdenes (derechos, infraestructura, corrupción, pérdida de control, entre otros) son solo algunas variables que permiten señalar el retraso del régimen político respecto de los estándares de una democracia. El pobre desempeño en esas materias, sumado a la indiferencia e incapacidad de los gobiernos[1] para tomar decisiones que mejoren los indicadores sociales, constituye una explicación parcial de la persistencia de fuerzas estructurales impulsoras de las continuas crisis de gobernabilidad.

Los eventos políticos de 2015 encontraron lugar en las acciones sinérgicas del Ministerio Público, una policía de carrera y una articulación de instituciones de seguridad para responder a los fenómenos de criminalidad. En contraposición, las pretensiones del presidente Jimmy Morales y sus aliados (tanto en el Congreso de la Republica[2], en la cúpula del sector empresarial[3] y en sectores oscuros del Ejército de Guatemala), por debilitar y anular a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), requerían condiciones de posibilidad[4] tales como la reducción de la capacidad operativa y de coordinación de las mismas instituciones de seguridad. El recambio de Fiscal General generó un momento propicio[5], que fue anticipado por el cambio de la cúpula policial, del Ministro de Gobernación y la designación de un Procurador General de la Nación ad hoc. El escenario 2018 es solo la expresión del plan Presidencial y sus aliados, orquestado para cumplir un objetivo inmediato (expulsar al Comisionado Iván Velásquez y parar el trabajo de la Cicig) y un objetivo de fondo (asegurarse impunidad y continuidad en el poder). La gran diferencia entre el episodio del non grato en 2017 y el boicot a la Cicig en 2018, es que el gobierno preparó efectivamente el contexto para neutralizar a los actores que frenaron la expulsión en 2017 y ha mostrado acciones que reflejan un franco retroceso democrático al desobedecer resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y no solo generar sino también liderar con su discurso un clima de criminalización de defensores de derechos humanos.

Para apreciar el retroceso institucional que constituyen las acciones que interrumpen el proceso de consolidación de las instituciones de seguridad ciudadana y la desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, es fundamental la contextualización de los hechos recientes con las posiciones de los actores de poder. La presente crisis tiene en su epicentro al presidente Morales y su familia, implicados en casos de corrupción, incluido el financiamiento electoral ilícito, que involucran también a altos dirigentes empresariales de Guatemala. En la crisis activada por las decisiones del mandatario, que violan el acuerdo de creación de la Cicig y desobedecen a la Corte de Constitucionalidad, se suma la anulación de entes de contrapeso institucional y de la manipulación de la ciudadanía a partir de mensajes nacionalistas distorsionados. Destaca: a) la utilización del Ejército, junto a elementos de la policía, para el anuncio presidencial, el pasado 31 de agosto, de la finalización del mandato de la Cicig; b) la manipulación de los valores religiosos en la movilización del 2 de septiembre, aprovechada como una narrativa de fuerza por el poder político o usado como excusa para limitar derechos de libre expresión de grupos musicales; c) el silencio cómplice del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, que alentó rápidamente la activa desobediencia del Ejecutivo a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre el ingreso del comisionado Iván Velásquez; y, d) la confusión que generan las complejas posiciones asumidas por el gobierno de Estados Unidos en las relaciones internacionales.

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En el Legislativo la extendida implicación, en casos de corrupción, de partidos políticos, diputados y exdiputados hace difícil identificar una bancada de oposición real, más bien, las prioridades de muchas de las dirigencias se han alineado a las del presidente: garantizar impunidad. Por ello aún la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, que trata de alejarse de las decisiones Presidenciales, se suma recurrentemente al coro de intentos por limitar las capacidades de sanción del Tribunal Supremo Electoral. Esto sin olvidar que dos diputados de ese partido fueron clave para que la Comisión Pesquisidora, en el caso de financiamiento contra el presidente, durmiera el proceso antes de recomendar no levantar el antejuicio. Por ello, la reforma del delito de financiamiento ilícito que beneficiara a todos los actores por igual necesitó de momentum, pero también de intereses conectados.

En casos extremos las necesidades personales de algunos políticos le han permitido al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido de gobierno, nutrir los apoyos para defenestrar a la Cicig y su comisionado, aun cuando esto signifique violar una ley ordinaria en materia de derechos humanos, como es el acuerdo de creación de la Comisión. La fragmentación política legislativa parece sostenerse, aunque los una su interés por los incentivos electorales y pecuniarios del lucro ilícito que significa la política con las reglas actuales. La prioridad legislativa gira en torno al interés de sostener, a toda costa, el orden vigente. Así, la agenda se centra en la eliminación de la prohibición del transfuguismo, en la conveniente reforma del delito de financiamiento electoral ilícito y en la aprobación de los mecanismos más provechosos que permitan una aceptación de cargos que conlleve a penas leves, en los casos que no pueda garantizarse impunidad.

A las sentencias condenatorias[6] en algunos de los casos de corrupción que activaron la indignación y al crisis en 2015, se suman las sentencias en los casos por el Genocidio Ixil, la desaparición del niño Molina Thiessen, la sentencia de Sepur Zarco, el inicio del debate por la masacre en Dos Erres como hitos que retan una dictadura de impunidad para el poder político y económico que condujeron el estado contrainsurgente, moldearon el régimen político de la transición democrática y cooptaron con privilegios y corrupción su funcionamiento.

La coyuntura política también confirma la tesis de cooptación del Estado, no como un proceso emergente sino como una condición estructural del régimen político. Esto porque la transición democrática desde 1985 ha garantizado un grado de pluralismo y competencia política, con elecciones libres, pero con actores con derecho a veto que se reservan dominios exclusivos e impiden el funcionamiento autónomo de las instituciones representativas. Los hechos vinculados que resultan en una muestra al respecto se aprecian en: a) los actores políticos anulando la posibilidad de una reforma al sector justicia que elimine la incidencia de actores no sujetos a responsabilidad política[7] en la elección de cortes; b) el bloqueo de una reforma al sistema electoral que facilite la organización política de nuevas expresiones; c) el sector agrícola y ganadero resistiéndose a la fiscalización tributaria; y, d) el poder económico resistiéndose a la implementación de controles al financiamiento de la política. La incidencia de los fenómenos de corrupción es únicamente una variable que se conecta con todas aquellas que condicionan el funcionamiento del gobierno en un régimen político. La elección del gobierno puede ser democrática pero el rumbo del país aún no puede ser determinado en contra de quienes defienden privilegios, aun cuando otro rumbo se hace indispensable en beneficio de la mayoría.

El sector privado organizado ha presentado por primera vez una inconstitucionalidad en contra de una ley de rango constitucional, mientras los partidos políticos han empezado a cuestionar la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para implementar las reformas aprobadas en 2016. La incomodidad de los actores en ejercicio del poder con los controles al financiamiento electoral que se implementarán en los próximos comicios es un elemento de la continuidad del sistema actual y por ende con central importancia coyuntural.

En un contexto de crisis de gobernabilidad, la desobediencia del presidente frente a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad expresada públicamente, nacional e internacionalmente, conlleva una crisis de inestabilidad del sistema político. La desobediencia ha sido acompañada, con muestras explicitas de respaldo, desde cámaras y gremiales empresariales. Todo, sin duda alguna, para preserva el orden actual que favorece la impunidad. Y por si eso no fuera suficiente, de cara a una renovación completa de los Organismos del Estado en 2019, los detentadores de poder empiezan a cuestionar (política y jurídicamente) partes fundamentales del único elemento de la democracia que presenta indicadores de consolidación: la confianza en los resultados de comicios libres.

En fin, las acciones contra la Cicig y la desobediencia a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deben leerse como expresiones de resistencia de un sistema de impunidad frente a la justicia que minan las aspiraciones democráticas. Sin duda esta crisis, muestra las dos caras de una misma moneda. Por un lado, los actores con veto político quienes, alcanzados por la lucha contra la corrupción, encausan a un presidente implicado personalmente para que impida el avance de la lucha contra la impunidad, aun cuando eso signifique minar la democracia y retroceder en la consolidación de un sistema de derechos humanos. El presidente, por su lado, consolida su complicidad con los actores empresariales con veto a fin de garantizarse impunidad. Esa es su meta, no otra.

2. La sociedad frente a la crisis

Frente a la crisis develada en algunas facetas desde 2015, el apoyo social en las circunstancias coyunturales, relacionadas con la lucha contra la corrupción, está vinculado a los anhelos por cambiar los elementos estructurales y sistémicos que impiden la consecución de los fines virtuosos del Estado. La crisis desatada en 2017 por el intento de expulsión del comisionado Iván Velásquez activó cierto interés por discutir la reforma política electoral con miras a incidir en condiciones más competitivas e inclusivas para la incorporación de nuevos actores, abonando así, al cambio político mediante las elecciones de 2019. La negativa del Congreso de la República a discutir reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral o de aprobar reformas que ponen en riesgo el control de los actores con poder, ha mantenido cerrada esa oportunidad.

El apoyo ciudadano a la lucha contra la corrupción se corresponde al malestar con indicadores de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año 2014 que muestran que el 59.3 % de la población vive en pobreza, mientras el 23.4 % subsiste en pobreza extrema. La peor parte de esa radiográfica son los efectos sobre el 79.2 % de la población indígena, que vive en esas condiciones. En gran medida la pobreza también es una condición etaria, pues afecta al 68.2 % de los menores de edad y al 70.2 % de los menores de 10 años. Las realidades que delinean estos datos explican, sin duda, el origen de los episodios críticos que han llevado a la detención por las autoridades migratorias de Estados Unidos de 42,757 adultos y más de 20,000 menores guatemaltecos en el último año, en su intento por migrar a ese país[8]. La caravana de migrantes provenientes de Honduras ha permitido que la opinión pública en la ciudad perciba de forma directa, a través del éxodo masivo de centroamericanos, el abrumador caos que entrañan los indicadores socioeconómicos.

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Las expresiones ciudadanas de rechazo contra el gobierno se han desarrollado en medio del uso mecanismos de espionaje[9] (2014-2015) y el seguimiento de la interacción de líderes de opinión y usuarios de redes sociales, así como un incremento en las campañas de desprestigio sobre voces contrarias al gobierno de parte de movimientos y organizaciones para-gubernamentales.

Frente a la crisis desatada por Jimmy Morales gran parte de los movimientos sociales, incluida una parte no dirigente del empresariado, han reaccionado exigiendo el respeto de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Las reacciones sociales, aun considerando el sostenido desencanto de la población con la democracia[10], demuestran que la defensa frente a la arbitrariedad y el rechazo a la corrupción se corresponden con los anhelos de permitir: a) mantener gobiernos sometidos al imperio de la ley; b) evitar la imposición de un régimen arbitrario o injusto; y c) lograr la participación de la población en los asuntos de mayor relevancia.

Sin embargo, la coyuntura también ha ocultado el contraste entre la movilización del desencanto en las áreas urbanas frente a las expresiones de persecución sufridas en el ámbito rural. Pocos avances se han demostrado en la investigación de casos por el asesinato de defensores de territorios[11], como el asesinato de Juana Ramírez Santiago, integrante de la Red de Mujeres Ixiles en Nebaj, El Quiche, el pasado septiembre.

La coyuntura augura brotes de confrontación de cara al proceso electoral. En las dinámicas municipales y distritales, los incentivos alrededor de las reglas del transfuguismo y los nuevos plazos para la postulación de candidatos han hecho que las expresiones de organización territorial, que persiguen mejores cuotas de participación política local, sufran la violencia de quienes ostentan el poder y temen perderlo.

Toda visión prospectiva que persiga, a la luz de la coyuntura, mejorar los aspectos de la vida democrática en el país está condicionada a la calidad de los mecanismos de organización y participación ciudadana en la conducción de políticas públicas y la planificación del desarrollo. El fortalecimiento de una ciudadanía crítica no puede pasar por alto la necesidad de sostener los procesos de cambio en esquemas de participación y gobernanza. La creación de adecuados mecanismos de participación ciudadana y procesos que persigan gobernanza, local y nacional, tienen la potencialidad de abrir espacios que permitan abordar las determinantes estructurales del desarrollo en Guatemala e imprimirle a la vida democrática procesos de rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder.

3. El frágil desempeño económico

El modelo exportador de la economía nacional se encuentra estancado desde hace años. El valor de las exportaciones prácticamente no ha variado en los últimos cinco años, con crecimiento muy bajo y una leve contracción sufrida entre 2012 y 2013, debido al comportamiento de la economía de Estados Unidos. La economía nacional no ha logrado vincularse a la recuperación de los indicadores económicos de Estados Unidos desde entonces. El año con mejores cifras de exportación hacia Estados Unidos, principal destino de las ventas, fue 2011 y desde entonces el volumen de exportaciones no se ha recuperado.

A diferencia de las exportaciones, las remesas familiares enviadas por la población migrante, se han convertido en el mayor aporte de divisas para la economía guatemalteca, con un incremento exponencial desde 2003. Las remesas han cumplido la función de oxigenar las frágiles condiciones de vida de las familias guatemaltecas. Las remesas familiares han pasado de 2,992 millones de dólares en 2005 a más de 8,190 millones de dólares en 2017. Para 2018 se proyecta puedan ingresar más de 9,000 millones de dólares.

Las muestras de desaceleración económica golpean principalmente a las familias más vulnerables, en un país que ha aumentado sus niveles de pobreza de 56.1 % a 59.3 %, entre 2010 y 2014. Los indicadores macroeconómicos, que se han sostenido con el consumo, también han sido afectados por las exiguas capacidades del gobierno en la ejecución del gasto público.

Los brotes de inestabilidad política y la falta de gobernabilidad se suman a precarios indicadores económicos y constituyen riesgos de tormenta perfecta frente a los efectos de sequías, condiciones desfavorables para la generación de empleo, pérdida de cosechas y migraciones. Si bien los mismos riesgos podrían acelerar en el mediano plazo condiciones para la reforma del sistema político, las condiciones del subsistema político institucional constituyen más bien una amenaza a riesgos de mayor concentración de poder. La diferencia con las crisis políticas de las últimas dos décadas es que ninguna coincidió con prolongados indicadores negativos en el ámbito económico.

En la coyuntura, las condiciones económicas bajo la sombra de una histórica estabilidad en el equilibrio descendente se mantienen en desaceleración con una institucionalidad muy débil y la carga tributaria efectiva más baja del continente.

4. Ambiente natural: disputa y desequilibrio

Las reivindicaciones territoriales articuladas en los últimos años, frente al acaparamiento y afectación de las aguas superficiales, así como la debilidad institucional en el resguardo del territorio y ambiente natural como patrimonio de los pueblos, se mantienen en un estado de alerta. Las sentencias en los casos Oxec I y II, y el Mina San Rafael han postergado el funcionamiento de los proyectos que se instalaron sin agotar los debidos mecanismos de consulta. Sin embargo, no existe interés, visión política ni capacidad instalada real para la búsqueda de esquema de desarrollo que, a la par de la actividad económica, permita consolidar la gestión ambiental.

Existe una disputa permanente que ha requerido la intervención de la protección constitucional frente a la reiterada violación de procesos administrativos y de consulta para autorizar proyectos extractivos en diferentes territorios. Las sentencias de la Corte de Constitucional molestan a los inversionistas y a las instituciones públicas, que casi en contubernio, evitan subordinar decisiones de orden económico a la necesidad real de proteger ecosistemas frágiles, claves para la provisión de medios de vida de comunidades rurales, cada vez más escasos.

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Las deficiencias institucionales sumadas a la presión ejercida sobre los territorios con una visión extractiva profundizan un ambiente de conflictividad. La resistencia comunitaria de los vecinos de La Puya y el caso de la Mina El Escobal, dan cuenta de tal conflictividad, mientras que la institucionalidad publica hace gala de incapacidad y corrupción. El “Caso Redes” perseguido por el Ministerio Público y la Cicig es ilustrativo al respecto. Persigue hechos relacionados a empresas transnacionales dedicadas a la importación y distribución de combustibles que habrían pagado un intermediario para influenciar al expresidente de la República, su Secretario Privado, el exviceministro de Energía y Minas y el exsuperintendente de Administración Tributaria. La influencia del intermediario habría permitido modificar y reducir las garantías proporcionadas al Estado por esas empresas.

En la publicación Perfil ambiental de Guatemala 2010-2012. Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo, el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar, recuerda que prácticamente todos los indicadores que permiten evaluar el estado de los componentes ambientales (atmosfera, vegetación, suelo, agua) mantienen un ritmo sostenido de deterioro. Ello no solo resta opciones de sobrevivencia a comunidades que encuentran en el ambiente natural su última opción para satisfacer necesidades vitales, sino que se acentúa el nivel de riesgo a desastres frente a múltiples amenazas dentro de las que destacan las de orden climático.

La incapacidad institucional y el estancamiento en la discusión de proyectos normativos relacionados al ambiente natural son expresiones de una inercia que se resiste a fortalecer las capacidades y recursos institucionales para garantizar otro tipo de relaciones economía-ambiente.

5. Contexto internacional

En Centroamérica han detonado una serie de eventos que en el último año han mantenido a la región inmersa en distintas crisis, algunas de las cuales se han convertido en foco de atención internacional. Panamá es un país estable económicamente en cuyo entorno político se han desatado casos de investigación contra exfuncionarios, y que ha tenido conmociones por el flujo de refugiados venezolanos y el rechazo de parte de su sociedad a ello. En Costa Rica el clima post electoral la enfrenta a serios ajustes presupuestarios, disputas de orden fiscal y a una crisis humanitaria de nicaragüenses que huyen de la crisis de su país. El régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua ha respondido, en el último trimestre, con violencia y persecución a movimientos ciudadanos que se oponen a sus políticas. El estatus quo gubernamental en Honduras ha dado fuertes golpes a la autonomía de investigaciones contra la corrupción, después de estabilizar las condiciones políticas y el rechazo al fraude electoral consumado a finales de 2017.

El Salvador vive un proceso electoral atípico en su historia reciente, en medio de la condena del expresidente arenista Antonio Saca y nuevos casos de persecución penal contra el expresidente del FMLN, Mauricio Funes. Estados Unidos ha reaccionado a la decisión de El Salvador de romper relaciones con Taiwán e iniciarlas con China.

Estados Unidos ha endurecido las políticas migratorias, adoptando denigrantes procedimientos de separación de los menores de edad y sus padres, después de ser detenidos en la frontera. Las personas más afectadas han sido los migrantes centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las políticas, a pesar de no alcanzar sus anhelados disuasivos en contra de los migrantes, constituyen un foco de polarización que está tendiendo redito en los votantes conservadores que podrían garantizarle al presidente Donald Trump, y su partido, resultados positivos en las elecciones de inicios de noviembre. Las reacciones de Guatemala y Honduras han sido silenciosas, cuando no complacientes; la voz de El Salvador ha sido la única disonante y ha reclamado el respeto de derechos fundamentales para la población migrante.

Ese complejo contexto también ha recibido las pinceladas arbitrarias del presidente Morales tanto en el país como en el seno de las Naciones Unidas. El gobierno ha cosechado durante los últimos dos meses la relación favorable con la Embajadora Nikki Haley y el Secretario de Estado, la cual se ve fortalecida por las hábiles maniobras diplomáticas y los réditos obtenidos por el cuestionado traslado de la embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. El sector privado guatemalteco ha hecho lo propio con el financiamiento de lobby político en el país vecino del norte. Fruto de ello el gobierno no ha obtenido censuras sino apoyos, aun cuando estos vengan acompañados de exigencias en tono elevado, como es el caso de la exigencia del vicepresidente Mike Pence al presidente Morales en el tema de la caravana de migrantes hondureños o la amenaza del presidente Trump de suspender los fondos de cooperación.

El contexto externo regional y global no ha modificado las condiciones ni los intereses que inspiraron el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, aunque ese mecanismo haya demostrado poca efectividad para revertir las amenazas que el gobierno estadounidense identifica de nuestros países. La posición geoestratégica del corredor migratorio centroamericano y las condiciones socioeconómicas de sus países continúan intactas. Por ello el gobierno guatemalteco ha aprovechado el contexto regional centroamericano y político de Estados Unidos para boicotear el trabajo de la Cicig, mientras contaba con la oportunidad para ello.

El mérito estratégico, para quienes persiguen impunidad, se encuentra en haber sabido aprovechar las contradicciones multilaterales, el contexto de las relaciones internacionales y políticas de la región, así como los intereses del presidente Trump para coincidir con el boicot al trabajo de la   CICIG. Sin embargo, todo ello no podrá eludir, en la agenda regional, que la única manera de enfrentar las crisis migratorias y sus causas estructurales es el ataque frontal de los procesos, estrategias y tácticas que viabilizan la cooptación del Estado a manos del crimen organizado y sus redes políticas económicas ilícitas. Así, tarde o temprano el pacto de corruptos, apuntalado por el mismo presidente de la República, tendrá que dar cuenta de sus maniobras.

 


[1] En referencia a la existencia de actores, no sometidos a responsabilidad, con la capacidad de ejercer veto político en un régimen hibrido que no se ha consolidado como democracia. Confirma además que muchas de las crisis de gobernabilidad se originan en defectos de diseño, que impide al gobierno conducir la institucionalidad hacia políticas públicas que afecten intereses de esos actores con veto.

[2] Conducido por Álvaro Arzú Escobar, un personaje sin méritos propios, más bien, su posición actual es atribuible al Pacto de Corruptos impulsado por su extinto padre.

[3] Recuérdese que prominentes empresarios aceptaron públicamente el otorgamiento de financiamiento electoral ilícito al actual Presidente. Felipe Bosch, uno de estos empresarios indico públicamente en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) de 2017 sus simpatías por el Presidente señalando que él no lo consideraba corrupto.

[4]  En referencia a todas aquellas acciones contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a partir del anuncio de no renovación del mandato y el despliegue de los vehículos J18 frente a su sede el 31 de agosto de 2018.

[5] Con el cambio de autoridades en Gobernación y cúpula de la policía, el Ejecutivo se garantizó que aun cuando el nuevo equipo del Ministerio Público no respondiera a sus intereses, no encontraría las mejores condiciones para la coordinación interinstitucional.

[6] Sentencias condenatorias en: caso IGSS-Pisa, caso por corrupción del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la sentencia de más de 15 años de prisión de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, por el caso Agua Mágica.

[7] Las Comisiones de Postulación son un mecanismo ideado en la Constitución de 1986 y generalizado para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones con la reforma aprobada en 1994.

[8] Nick Miroff y Kevin Sieff, “Hunger, not violence, fuels Guatemalan migration surge, U.S. says”, Washinton Post, 22 de septiembre de 2018. 4

[9] Ángel Sas y Coralia Orantes, “Espionaje ilegal del Gobierno”, Nuestro Diario, 6 de agosto de 2018.

[10]            Latin American Public Opinion Project (2018). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2016/17. Nashville, TN, EE.UU.

[11]            Según el estudio de opinión pública publicado por CID Gallup en septiembre de 2018, el 54% de la ciudadanía percibe que se trata de asesinatos políticos.

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