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La corrupción y sus efectos en la economía y desarrollo de Guatemala
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La corrupción y sus efectos en la economía y desarrollo de Guatemala

Algunos detractores de las manifestaciones argumentan que eso es incitar a la protesta y que con ello no se logra nada.
Si no desterramos la corrupción, cualquier crecimiento económico que logremos siempre será de coyuntura y nunca habrá de convertirse en desarrollo.
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Algunas personas que trabajan en el sector público consideran a la corrupción como algo normal o parte de la norma. Pero como todo en la vida hay niveles o grados, y en Guatemala la magnitud de la corrupción en el sector público ha tenido al menos 19 impactos negativos en la economía y desarrollo del país. Entre ellos, una baja en la clasificación de riesgo país, Estado de derecho débil, poca institucionalidad y un exorbitante atraso en las condenas del sistema de justicia.

La corrupción es un fenómeno que está presente en todos los países del mundo, independientemente si son desarrollados o no, de su cultura o de su religión. Sin embargo, en la medida en que se vuelve normal y sistematiza en una sociedad, se convierte en un freno al desarrollo y crecimiento económico, que conduce a una menor eficiencia de las instituciones públicas y privadas, y constituye un obstáculo al incremento de la calidad de vida de su población. A pesar de ello, la corrupción existe dentro de un buen número de instituciones públicas y empresas privadas.

Algunas personas sostienen que el crecimiento económico del país no se ve afectado por la corrupción. Sin embargo, hay una relación positiva entre crecimiento económico y la transparencia en el sector público, por lo que hace imperativo que la corrupción sea la más mínima posible para no afectar el crecimiento. Es decir, unos niveles más altos de corrupción corresponden a menor inversión y crecimiento (Quiroz: 2013).

Si bien la corrupción está desde hace décadas en Guatemala, los flujos de dinero ilegal que circularon en las redes de corrupción del gobierno del general Otto Pérez Molina, según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), fueron de tal magnitud que le otorgaron al presidente y vicepresidenta Roxana Baldetti un poder corruptor letal, generando dominación, putrefacción de algunas instituciones públicas y posiblemente más pobreza.

Dominación porque se demostró que la corrupción pudo doblegar la voluntad de la verdad y justicia, putrefacción porque usaron a algunas instituciones públicas para cumplir con sus intereses personales, y pobreza porque en 2014 la pobreza total aumento a 59.28%, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de ese año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su conferencia anual de 2017 hizo un llamado a frenar la corrupción para impulsar el crecimiento económico y hacerlo sostenible e inclusivo. Consideró que la reducción de la corrupción es una reforma estructural necesaria por aplicar. Afirmó que la corrupción arraigada es un lastre para el crecimiento económico.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2016 elaborado por Transparency International, señala que la mayoría de los países de Latinoamérica han mejorado en sus calificaciones de transparencia. No así en Centroamérica, con excepción de Costa Rica.

La Tabla #1 muestra para los años 2015 y 2016 las calificaciones del IPC para los países centroamericanos. El score es la clasificación percibida del nivel de corrupción del sector público en escala de 0 (extremadamente corrupto) a 100 (muy transparente).

Tabla #1

Score obtenido por los países de Centro América

Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International

2015 a 2016

 

 

Score 2015

Score 2016[1]

Guatemala

28

28

Costa Rica

55

58

Panamá

39

38

El Salvador

39

36

Honduras

31

30

Nicaragua

27

26

 

Fuente: Elaboración propia con base a Transparency International

Cabe destacar que Guatemala mantuvo su posición constante en 2016 respecto al 2015, considerando los hechos positivos anticorrupción derivados de la identificación y persecución de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y su desarticulación por parte de la CICIG y el MP. Por lo anterior, se concluye que el desarrollo institucional de Guatemala sigue siendo muy incipiente. Aún hay personas corruptas que hacen caso omiso a la lucha contra la corrupción que muchas instituciones y personas promueven fuertemente desde hace dos años en Guatemala.

La calificación de Transparency International no exime que el país esté en un momento de transición hacia un mejor futuro, puesto que se han identificado y desarticulado redes ilícitas. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema estructural en el Estado, que continúa impregnado en algunas de sus instituciones, pero no se pierde la esperanza de ser liberado de ese mal en gran medida. Por lo tanto, para concluir esta etapa de transición hacia un mejor futuro es imperativo que siga existiendo una participación ciudadana.

Los guatemaltecos ante los hechos de corrupción investigados por CICIG y MP en 2015 y 2016, fueron partícipes en marchas pacíficas en la Plaza de la Constitución. De la misma forma, en 2017 hubo manifestaciones pacíficas que tuvieron su génesis cuando el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, investigó por financiamiento electoral ilícito al presidente Jimmy Morales y simultáneamente esté ultimo pedía que el comisionado abandonar el país. Las acciones del presidente originaron un despertar en la participación ciudadana similar al de 2015. En este sentido, concluyo que una solución para desarticular estructuras ilícitas es por medio de participación ciudadana, que puede ser de diferentes formas y no solo las marchas, pero siempre teniendo un interés en lo público.

[frasepzp1]

Algunos detractores de las manifestaciones argumentan que eso es incitar a la protesta y que con ello no se logra nada; sin embargo, este ejercicio es un derecho ciudadano y es una de las formas de democráticas de participación. El FMI dijo correctamente que no hay una fórmula única para atender este problema, pero considero que un sólido liderazgo político, reformas judiciales y jurídicas, reforzamiento de la transparencia, mecanismos de supervisión e imposición de cumplimiento de normas y la rendición de cuentas, son elementos a tomar en cuenta dentro de una estrategia para luchar en contra de la corrupción. Comparto totalmente lo dicho por el FMI como solución a este mal, y hago especial énfasis en que en Guatemala hay un gran retraso de la acción judicial que incide a que la ciudadanía sostenga enérgicamente su lucha contra la corrupción, ya que cuando no se ven sentencias no hay responsables y el tiempo contribuye a olvidar.

De lograrse esa una reforma estructural se contribuiría al fortalecimiento del Estado de Derecho, y en el largo plazo originaría un crecimiento potencial e inclusivo, aunado con mejores políticas de desarrollo social.

¿Cómo calcular el costo económico de la corrupción? Depende desde qué punto y tipo de delito se analice, ya que la medición dependerá si es un soborno, nepotismo (cuello), peculado, mordidas, cohecho pasivo, entre otros. Sin embargo, por la naturaleza del fenómeno no existe una metodología o fórmula oficial para cuantificar el costo económico de la corrupción. Sin embargo, a continuación, se presenta un ejemplo, de algunos de los casos más mediáticos relacionados con las investigaciones que ha realizado la CICIG y el MP en materia de corrupción, los cuales han sido medidos de cierta forma.

Tabla #2

Top 5 de casos de corrupción más mediáticos por CICIG y MP

 

Caso

Año

Monto en Quetzales

Breve explicación del caso

Botín Registro de la Propiedad

2017

 

 

 

Q269,933.00

Simulación de eventos inexistentes. Involucrados: hijo y hermano del Presidente de la República de Guatemala Jimmy Morales, entre otros.

La Línea

2015

 

 

 

Q255,612,266.82

Defraudación aduanera. Involucrados: expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.

Cooptación del Estado

2016

Q500,000,000.00

Lavado de activos para captar fondos durante la campaña electoral que llevó al Partido Patriota al poder. Involucrados: expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.

Odebrecht

2016

 

 

 

Q132,300,000.00

Acuerdo ministerial para aprobar el contrato con Odebrecht (a cuatro carriles de la Carretera CA-2 Occidente). Involucrados: Alejandro Sinibaldi, entre otros.

Construcción y Corrupción

2017

 

Q74,000,000.

Empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la selección de casos.

Como se mencionó anteriormente, no existe una metodología clara u oficial por parte de un organismo internacional para medir la corrupción y sus efectos. Sin embargo, el caso La Línea destapado en abril de 2015 causo una enorme crisis política, pero no económica de manera inmediata. A continuación se citan los efectos económicos más notorios de 2015, derivado de la crisis política.

  1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo el crecimiento económico a 3.5% para el 2015.
  2. El 20 de mayo de 2015 el presidente del Banco de Guatemala y miembro de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Julio Suarez Guerra, fue arrestado debido a que aceptó adjudicar a la empresa mexicana Droguería PISA, S.A., un contrato por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales a menor costo, pero de pésima calidad que causó la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el tratamiento.
  3. En agosto del mismo año se publicó la Encuesta de Expectativas Económicas efectuada a analistas privados. En febrero se situó en 60.00 y en agosto fue de 21.67. En otras palabras, hubo una disminución de -63.9%, bastante fuerte en materia de confianza económica.

Es fácil medir sobornos y lavado de dinero cuando se tienen mecanismos de transparencia y mecanismos de supervisión. Ahora bien, cuando los delitos son, por ejemplo, el financiamiento electoral ilícito[2], eso repercute grandemente en la gobernanza y economía del país. Un caso anecdótico y paradigmático del financiamiento electoral ilícito surgió cuando la CICIG y el MP pidieron retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Como reacción a esto, el presidente intentó expulsar de Guatemala al comisionado Velásquez. La decisión de Morales no solo fue políticamente incorrecta, sino que fue mal elaborada por los mecanismos que uso, y causo efectos negativos en su propio gabinete ya que llevó a la renuncia de su ministra de Salud. y a la destitución del Canciller y el Vicecanciller por criticar la medida. Exfuncionarios que estaban haciendo bien su trabajo, y que sus remplazos dejan demasiado que desear. Esto generó grandes movilizaciones sociales, perdidas para el sector privado por un paro, críticas por parte de organismos internacionales, cobertura de medios internacionales, cuerpos consulares y demás.

José Ugaz, presidente de Transparency International se pronunció expresando que: “Este intento de bloquear a la justicia no puede ser tolerado. La comisión de las Naciones Unidas tiene dos años más de mandato y ha conseguido éxitos tangibles en la lucha contra la corrupción. El presidente Morales no puede perturbar el curso de sus investigaciones. Nadie debería estar por encima de la ley; el pueblo guatemalteco ha recuperado la esperanza gracias al trabajo de la comisión y esa labor no debe ser cancelada”.

Afortunadamente, para la lucha contra la corrupción el proceso del presidente Morales fue frenado y finalmente dejado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la coyuntura de 2017 fue distinta a la de 2015, ya que como dijo Claudia Escobar en una columna publicada en The New York Times (es) “muchas de las personas poderosas que se han visto afectadas por las investigaciones de la CICIG, se han unido para atacar su trabajo y para obstaculizar al Ministerio Público. Aún más grave es que el propio presidente busque desbaratar uno de los proyectos más eficientes de lucha contra la corrupción”.

Ahora bien y como en todo proceso de corrupción hay corruptos y corruptores, y siempre existe compra y venta de voluntades de agentes públicos y privados. La situación empeora cuando, también se compra la voluntad de la autoridad que tiene la responsabilidad de vigilar que no exista corrupción, y de los empleados más vulnerables. Esto genera un entorno de corrupción en las sociedades que afecta la transparencia y el sano funcionamiento de cualquier economía. Cuando uno analiza el mapa de calor del IPC de Transparency International ve que los países más desarrollados (amarillos) son los menos corruptos, y los más corruptos (rojos) son los subdesarrollados.

En 2016 Dinamarca fue el país mejor evaluado, ya que está en el primer lugar en el ranking y tiene una calificación de 90 sobre 100. Guatemala por el contrario está en el puesto 136 del ranking y tiene una calificación de 28 sobre 100.

El sector privado necesita de un clima sano de negocios para poder operar, y va desde empresas grandes hasta los microempresarios. Esto permite en el futuro que la actividad productiva y el crecimiento económico aumente. Sin embargo, un clima de negocios se crea con reglas claras, un régimen político claro y un sistema político transparente. En un entorno corrupto la producción de las empresas puede verse afectadas por muchas razones generándose costos adicionales, y dejándose de dar garantías de permanencia por la inestabilidad de las reglas de juego que cambian conforme haya un mejor postor. A continuación, enlistó 19 consecuencias a la economía y al desarrollo de Guatemala que la corrupción ha generado y puede generar. No hay un orden de importancia, y estas podrían ser las mismas consecuencias en otros países con alta corrupción.

Tabla #3

La corrupción y sus efectos a la economía y al desarrollo de Guatemala

Efectos a la economía

Efectos al desarrollo

  1. Decrecimiento del producto interno bruto porque afecta las ganancias y competitividad de las empresas ya que se venden productos más caros a consecuencia de que se gasta en sobornos y otros actos de corrupción.
  2. Reducción de la inversión extranjera directa porque los empresarios prefieren irse a otros países con regímenes políticos claros y que se cumplen, y no en un lugar donde ya saben que obligatoriamente tienen que dar un soborno.
  3. Reducción los empleos porque suben los costos de funcionamiento de las empresas, se incurre en el subempleo.
  4. Debilita la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria para recaudar impuestos.
  5. Baja calificación de riesgo país.
  6. Perjudica la relación bilateral con otros países.
  7. Limita la ayuda financiera.
  8. Asfixia la productividad empresarial.
  9. Pérdida de competitividad.
  10. Aumento de migración hacia EE.UU.
  11. Afecta la inversión en tecnología y capacitación de personal, así como inversión en capital.
  12. Limita la capacidad de expansión de las empresas.
  13. En el peor de los casos es el cierre de empresas y por consiguiente de los empleos que la empresa tenía.
  1. Aumenta la violencia y delincuencia porque las personas saben que no serán castigadas y que todo lo podrán resolver con un favor político o un soborno.
  2. Genera que muchas personas probas, honradas y capaces no entren a trabajar en el gobierno, porque “primero va el amigo del jefe”, o porque tienen miedo de ser señaladas como corruptas por la población o de ser amenazadas por personas que se han beneficiado de la corrupción, si se oponen a los actos de corrupción, tendrán consecuencias.
  3. Reduce la credibilidad y confianza de la población y empresas en instituciones de gobierno por lo que las empresas honestas prefieren trabajar solo con el sector privado.
  4. Afecta la institucionalidad de gobierno haciendo que las políticas públicas, programas y planes no se desarrollen de la mejor manera.
  5. Aumento de pobreza y otros problemas sociales.
  6. Aumento de la desigualdad.

 

Fuente: Elaboración propia.

En total se tienen al menos 19 efectos que genera la corrupción y afectan a la economía y desarrollo de Guatemala. Unos efectos más importantes que otros, y otros que están entrelazados. Para ir terminando, es importante citar un caso más de corrupción de 2017 que fue tan popular por su gravedad y falta de integridad, que se catalogó como “pacto de corruptos”. Unas reformas que hicieron los diputados al Congreso de la República al Código Penal, en la cual se aprobaron de urgencia nacional dos decretos en los que reformaban el delito de financiamiento electoral ilícito, y elevaba a diez años la conmutabilidad de aproximadamente 400 delitos más. Esto provocó nuevamente un paro en la Plaza de la Constitución para exigir el antejuicio a los 107 diputados que aprobaron esas reformas. A la inconformidad se sumó la jefa del MP, Thelma Aldana expresando que “es muy lamentable, es un golpe a la lucha contra la corrupción, un golpe contra la población en general y un día nefasto para el país”. Las acciones del Organismo Legislativo llegaron a todo el mundo. Hubo indignación total. Transparency International nuevamente se sumó a el rechazo contra la corrupción indicando que solicitaban la suspensión del Congreso guatemalteco de foros internacionales. “La decisión de los diputados claramente es una reacción contra la lucha contra la corrupción que ha librado la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público. Los diputados tomaron partido a favor de la corrupción y eso es una ofensa contra el pueblo de Guatemala y un ataque a la labor del sistema de justicia” dijo José Ugaz, presidente de TI.

Afortunadamente, las reformas al Código Penal fueron dejadas sin efecto jurídico, pero se mantiene el malestar por la corrupción que sigue imperando en el país y que se niega a ser desarticulada. Probablemente haya una correlación positiva entre lo sucedido en el Congreso de la República, como un detonador para que Standard & Poor’s bajara la calificación de riesgo país de largo plazo a BB-, que antes estaba en BB, y que argumenta que fue por la debilidad institucional, que incluye no solo al poder Legislativo, sino también al Ejecutivo y el Judicial.

En conclusión, si no desterramos lo que podemos llamar el mal de todos los males, la corrupción, cualquier crecimiento económico que logremos conseguir siempre será de coyuntura y nunca habrá de convertirse en un verdadero desarrollo sustentable.

Estudios han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos al desarrollo y a la economía son muy altos. Mencioné al menos 19 efectos que el cáncer de la corrupción le genera a Guatemala. Estos pueden ser similares en otros países, pero dependerá del grado de Estado de Derecho que tengan.

[frasepzp2]

Se recalca que a un mayor grado de corrupción tiende a ir de la mano de menor crecimiento económico. Entre los costos que suelen ser evidentes por ser un país corrupto como Guatemala está una baja en la clasificación de riesgo país, pérdida de productividad y competitividad empresarial y un menor suministro de bienes públicos (políticas públicas ineficaces), niveles más altos de desconfianza en la sociedad y menor legitimidad del gobierno, mayor incertidumbre económica, y menor inversión extranjera directa. Aun así, es difícil determinar estadísticamente el impacto exacto de la corrupción en el desarrollo, pero es muy probable que haya una correlación positiva entre mayor pobreza y desigualdad, y mayor corrupción.

La corrupción en Guatemala sigue siendo excesiva. El tejido social guatemalteco revela que la paciencia del pueblo de Guatemala se está agotando. Por consiguiente, es imperativo formular y aplicar una estrategia coherente para combatir la corrupción. Si bien es una tarea difícil, que implica aprender la experiencia que se va acumulando, y que además depende de las circunstancias del país, se debe encajar dentro de un plan de desarrollo más amplio, y nunca hay que dejar de luchar en contra de la corrupción.

 

Bibliografía

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[1] El promedio mundial fue de 43, entre más cercano esté a 100 es más transparente. Por lo tanto, Guatemala a nivel latinoamericano, Guatemala países peor evaluados posicionándose por debajo del promedio regional.

[2] Según el Comisionado Iván Velásquez de la CICIG, el financiamiento electoral ilícito es el corazón de la corrupción porque compromete al futuro presidente del ejecutivo. 

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