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La complicada relación de Estados Unidos con Monseñor

"El país sigue profundamente dividido entre las fuerzas de izquierda y derecha que surgieron de la guerra civil en los 80, y Romero, identificado con los pobres, fue una figura divisiva que declaró la guerra a la desigualdad y a un régimen militar criminal”, escribe Dada.
“Indicó que el mayor Roberto d´Aubuisson llevaba el mando de la reunión, que tuvo lugar uno o dos días antes del asesinato. Los participantes cogieron al azar pajillas para decidir quién sería el encargado de la misión”
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La complicada relación de Estados Unidos con Monseñor

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Trece documentos desclasificados por Estados Unidos, enviados desde San Salvador a los cuarteles de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, entre octubre de 1979 y diciembre de 1981, revelan la desconfianza que el arzobispo de San Salvador generaba en la diplomacia de Jimmy Carter, dirigida primero por Cyrus Vance y luego por Edmund Muskie. El Departamento de Estado temía que Óscar Arnulfo Romero cediera a la agenda de la izquierda revolucionara y desamparara a la junta de gobierno, la apuesta de la administración Carter en su política exterior hacia El Salvador. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador a las órdenes del mayor Roberto d´Aubuisson Arrieta, fundador del partido Arena, y ha sido reconocido por el Vaticano al establecer que ese asesinato fue cometido por odio a la fe. El 23 de mayo será beatificado en San Salvador.

Redes-lateral

Los cables, a los que Plaza Pública y Factum tuvieron acceso, gracias al Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, hablan de tres momentos: los meses previos al asesinato, en los que la embajada en San Salvador despachaba largos comentarios sobre las homilías de Romero e intercambiaba cartas con el Vaticano para que la Santa Sede aplacara las denuncias del arzobispo contra la junta; los memos relacionados al magnicidio y al multitudinario sepelio; y un último paquete de telegramas en los que fuentes confidenciales advierten a los oficiales políticos destacados en San Salvador sobre la Operación Piña, como se llamó al plan para asesinar a Romero, y sobre Roberto d’Aubuisson, a quien los estadounidenses veían desde noviembre de 1980 como posible autor intelectual del asesinato.

El primer memo oficial que Washington recibió sobre el asesinato del arzobispo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte financiado por la derecha política salvadoreña, estaba lleno de imprecisiones, comprensibles si se toma en cuenta que la información provenía de funcionarios estadounidenses que la habían recolectado de testigos presenciales a pocas horas del magnicidio: aún era muy pronto para que la narración de lo ocurrido en la capilla del hospital de la Divina Providencia estuviese clara. La confusión de los norteamericanos empezaba con el nombre del religioso asesinado.

“El arzobispo de San Salvador Arturo Arnulfo Romero (sic) fue asesinado cuando se disponía a salir la capilla… en la norteña colonia Miramonte. Romero acababa de terminar de dar un réquiem en honor de la recién fallecida madre de Jorge Pinto, director del izquierdista periódico El Independiente…"

“Aparentemente, el pistolero logró colarse, disfrazado como fotógrafo de prensa, hasta colocarse muy cerca del arzobispo… No está claro si el disparo fatal fue activado por el flash de una cámara o si hubo un esfuerzo coordinado con un segundo hombre del que aún no sabemos”, dice el cable.

Aquel memo salió del búnker de la Embajada de Estados Unidos, entonces ubicada sobre la 25ª. avenida norte de San Salvador, un día después del asesinato y lo firmó el teniente coronel G.S. Walker, agregado militar en El Salvador. La comunicación estaba dirigida al Estado Mayor conjunto del Ejército estadounidense en el Pentágono y copiado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés), a la CIA y a los agregados militares en Guatemala, Tegucigalpa, Managua y México.

Investigaciones periodísticas posteriores han demostrado que la bala que mató a Monseñor Romero provino de un francotirador que no estaba cerca del altar y que Romero no estaba a punto de salir de la misa. También se sabe, por testimonios recabados por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que lo más probable es que el disparo haya sido hecho desde un lateral y no de frente.

Más allá de imprecisiones atribuibles a la premura del primer informe, el memo del 25 de marzo, descrito como clasificado e identificado con el correlativo O 251645Z MAR 80, entra en aguas más oscuras cuando el teniente coronel Walker, en el párrafo de comentarios, informa que algunos hechos de violencia posteriores al asesinato obedecen a represalias por el magnicidio.

“Las represalias han llegado rápido. 12 bombas explotaron en barrios residenciales de clase alta de la colonia Escalón después de las 5 A.M. del 25MAR 80… Observación de esta mañana indica que hay tensión en la ciudad y el área del centro de San Salvador lucía desierta en hora pico… Las fuerzas de seguridad están en situación de alerta máxima en anticipación a futuras repercusiones por la muerte del arzobispo”, escribió el teniente coronel Walker.

El temor de los estadounidenses por lo que pudiera pasar tras el asesinato de Monseñor Romero era tal que la Embajada decidió evacuar a todos los familiares de los funcionarios diplomáticos a otros países de Centroamérica. “21 dependientes de personal americano han sido evacuados vía aérea hacia Guatemala”, revela el cable.

El 26 de marzo, al menos dos cables confidenciales circularon por las vías de comunicación establecidas entre la sede diplomática en San Salvador y los cuartales generales en Washington.

Hacia el final de la tarde de ese día salió del búnker de la 25ª. Avenida Norte el telegrama confidencial O R 261830Z MAR 80, dirigido al Secretario de Estado y a las embajadas en Caracas, Bogotá, Tegucigalpa, Lima, Guatemala, Panamá, Quito y Managua. Ahí los funcionarios en San Salvador informaban sobre la marcha que acompañó al cadáver de Monseñor Romero ese día hasta Catedral Metropolitana, donde el arzobispo asesinado sería velado hasta su entierro, programado para el 30 de marzo.

“La procesión, de unas 10,000 personas, se prolongaba unas seis cuadras… Acompañaban el cuerpo del arzobispo asesinado por el centro de San Salvador, desde la Basílica (del Sagrado Corazón) hasta la catedral. No hubo incidentes de violencia…”, dice el primero de seis párrafos que componen ese telegrama.

Los siguientes tres párrafos sirven a los diplomáticos estadounidenses para explicar la tensión que ya reinaba en el ambiente y para insistir en que ese día el Ejército se había portado bien.

“A una cuadra de la Catedral las tiendas estaban abiertas y la gente seguía con sus rutinas cotidianas. Hasta aquí la muerte del arzobispo no se ha traducido en una respuesta emocional fuerte contra el gobierno o en favor de la izquierda. El verdadero examen, sin embargo, será el próximo domingo”, culmina el cable. Era una premonición.

Parecía que los norteamericanos preveían ya el baño de sangre.

En el cable se advierte sobre la tensión entre el Ejército y los manifestantes, que explotaría durante el sepelio y que dejaría al menos 68 muertos, según un despacho enviado por el corresponsal del New York Times aquel 30 de marzo.

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En febrero de este año, a propósito del anuncio que hizo el Vaticano de la beatificación de Romero, designado mártir "por odio a la fe", y del 35 aniversario del asesinato, el Servicio Católico de Noticias de los Estados Unidos reprodujo el testimonio de John Quinn, arzobispo de San Francisco entre 1977 y 1995, uno de los tres obispos estadounidenses que asistieron al sepelio en Catedral Metropolitana. Su recuento es uno de los más completos de aquel día.

“El cardenal (Ernesto) Corripio (Ahumada, de México) se paró en altar a manera de ver mejor a la gente; se paró frente a un micrófono. Llevaba leídos unos dos tercios del sermón que había preparado cuando se escucharon los balazos, seguidos de una explosión en el límite derecho de la plaza (Gerardo Barrios, frente a Catedral), que era donde los grupos izquierdistas se habían reunido. Un francotirador había sido avistado horas antes en los altos de uno de los edificios que rodean la plaza”, escribió Quinn.

La primera reacción pública del gobierno de El Salvador, dirigido entonces por una Junta Cívico-Militar en la que los hombres fuertes eran los de uniforme, fue responsabilizar a las organizaciones de izquierda de los disturbios y de las casi siete decenas de muertos que yacían en aquella plaza y sus alrededores. Incluso Estados Unidos dudó, en secreto, de esa versión. El  arzobispo Quinn estuvo seguro desde el principio que habían sido los hombres del Ejército quienes abrieron fuego.

“El gobierno de El Salvador, al principio, solo habló de ‘incidentes menores’ y culpó a los elementos izquierdistas. Lo cierto, sin embargo, es que esos izquierdistas, a quienes se podía apreciar sin problemas desde el altar en el que yo estaba, se mantuvieron en calma, pacíficos. Lo cierto es que a ellos les tiraron la primera bomba. ¿Hemos de creer que ellos mismos se tiraron la bomba?”, se preguntó Quinn.

Aquel 26 de marzo de 1980, cuando aún faltaban cuatro días para el sepelio de Romero, otro cable había llegado a la embajada estadounidense en El Salvador, procedente de la Casa Blanca, marcado como no confidencial y en el que venía una copia de la primera reacción del presidente de los Estados Unidos por el asesinato. Si hasta entonces los funcionarios de nivel medio y alto de Washington, desde los agregados militares y de inteligencia en El Salvador hasta analistas del Departamento de Estado, expresaban sospechas sobre las inclinaciones izquierdistas de Óscar Arnulfo Romero, la primera reacción pública del presidente Jimmy Carter fue de elogio para el líder de la iglesia católica en El Salvador y de condena para sus asesinos.

“El presidente condena enérgicamente el trágico asesinato del arzobispo Óscar A. Romero… Es un acto repugnante y excesivo. El arzobispo Romero hablaba por los pobres de El Salvador, cuyas voces habían sido ignoradas por demasiado tiempo… El terrorismo no puede silenciar el mensaje de compasión del arzobispo”, escribió el presidente de los Estados Unidos.

Lo cierto es que las palabras públicas de Carter sonaron, entonces, mucho más tajantes que las dudas sobre Romero que, en susurros, había expresado su diplomacia desde 1977. Y lo cierto es que el magnicidio y en menor medida el sepelio llevarían al punto de inflexión que marcó, para la mayoría de analistas e historiadores que han investigado estos hechos, el inicio de la guerra civil salvadoreña.

La violencia y las represalias de las que habló el primer cable sobre la muerte de Monseñor Romero serían, a partir de entonces, parte de la guerra ampliada.

El arzobispo incómodo

“Romero fue incómodo. Es incómodo. Y siempre lo será, pero por la vigencia de su palabra”, escribió el 29 de marzo pasado el periodista salvadoreño Cristian Villalta en un columna en la que aborda el significado de la beatificación de Romero para El Salvador de hoy. Esa columna se titula “Un santo incómodo”.

Dice Villalta que una de las aberraciones que han rodeado el anuncio de la beatificación es la pretensión de algunos sectores de la sociedad salvadoreña de minimizar la denuncia de Romero para hacerlo más light, más digerible y, con ello, evitar hablar de los mismos males que el arzobispo mártir denunció hace 35 años: la violencia y la desigualdad, los cuales siguen siendo parte esencial del día a día de los salvadoreños.

Carlos Dada, otro periodista salvadoreño, ha pasado el último año de su vida investigando y escribiendo un libro sobre los poderes fácticos que mandaron a matar a Monseñor Romero. El martes pasado, 19 de mayo de 2015, Dada firmó un artículo sobre el arzobispo en The New Yorker en el que también aborda cómo el mensaje de justicia social de Romero sigue siendo revolucionario en El Salvador de hoy, dominado desde hace seis años por los líderes guerrilleros de los primeros 80, reconvertidos en burócratas de un sistema político económico que sigue siendo incapaz de cerrar las brechas de la desigualdad económica que denunciaba el prelado en sus homilías.

“El 23 de mayo, treinta y cinco años después de su asesinato, Óscar Romero será beatificado. La ceremonia es el paso previo a la santidad, por lo que se espera una gran celebración en El Salvador, aunque el júbilo no será unánime. El país sigue profundamente dividido entre las fuerzas de izquierda y derecha que surgieron de la guerra civil en los 80, y Romero, identificado con los pobres, fue una figura divisiva que declaró la guerra a la desigualdad y a un régimen militar criminal”, escribe Dada.

En 1979, los cables estadounidenses empezaban a hablar de un obispo católico que enfrentaba en público a los poderes fácticos de los que hoy habla Villalta y al régimen criminal que menciona Dada. A los de Washington, las palabras e influencia de Romero empezaban a asustarlos.

En el telegrama confidencial cifrado O 112120Z OCT 79, enviado desde San Salvador, Frank Devine, entonces embajador estadounidense, advertía a sus jefes en las riberas del Potomac que Romero hacía fuertes señalamientos contra la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El cable está fechado el 10 de octubre de 1979, solo cinco días antes de un golpe de Estado protagonizado por oficiales jóvenes que depondrían al coronel Carlos Humberto Romero, representante de los sectores del Ejército más conservadores, crueles y dóciles con la oligarquía local.

En la homilía que había pronunciado el 7 de octubre de ese año, la cual analiza Devine en su comunicación del 10 de octubre, Romero se refirió a la masacre de cuatro campesinos en el Regimiento de Caballería de la Fuerza Armada. “El arzobispo concluyó que el Ejército es cómplice en este crimen… y luego citó su cuarta carta pastoral en la que critica la desviación de la FAES de su rol como defensora del interés nacional a la de guardiana de los interés de la oligarquía”, escribió.

El informe de Devine, no obstante, termina con una referencia a la esperanza que, según él, Romero aún albergaba respecto al rol del Ejército: “(Romero) cerró su homilía con una nota positiva al decir que creía que no todos los oficiales eran corruptos y que la muerte de los cuatro campesinos podía inducir a las Fuerzas Armadas a reivindicar el honor de la profesión”.

Luego vino el golpe de Estado contra el coronel Romero, que trajo consigo una breve ventana de esperanza por la posibilidad de que una camada de oficiales más jóvenes y menos conservadores asumieran las riendas de la institución. Esa ventana se cerró pronto, cuando la vieja guardia militar, aupada por los poderes económicos y por los Estados Unidos, volvió a hacerse con el control de la FAES.

A pesar de las denuncias contra esos militares, surgidas de la oposición política local, del mismo Monseñor Romero y de algunos congresistas demócratas en Estados Unidos, la administración Carter optó por apoyarlos a ellos y a las sucesivas juntas de gobierno, de las que fueron renunciando civiles independientes y los oficiales que representaban a los sectores jóvenes.

Para la política exterior de Carter, que apostaba por poner todo el apoyo político en la junta de gobierno, Romero no dejaba de ser, poco antes del asesinato, un arzobispo incómodo.

La reforma agraria y la misiva a Carter

La apuesta de Washington para que la junta ejecutara un proceso gradual de reformas sociales que aplacara la efervescencia social, en el que se incluía una tímida reforma agraria, y el rol que el gobierno de Carter aspiraba que jugará el arzobispo Romero, quedan claros en un paquete de tres cables que la embajada envió al Departamento de Estado entre mediados de diciembre de 1979 y finales de febrero de 1980.

El primero de eso telegramas, fechado el 16 de diciembre de 1979, está dirigido, además de los destinos usuales en Washington y Centroamérica, a la sede diplomática de Estados Unidos en Roma con instrucciones de hacerlo llegar hasta la oficina en el Vaticano.

El cable se titula “El arzobispo y la reforma agraria”. En seis párrafos, el embajador Devine resume la homilía que Romero pronunció ese día en Catedral, en la que dedicó “cerca de media hora” a hablar de la reforma. En ese sermón, Monseñor acudió a las palabras del Papa Juan Pablo II para justificar su apoyo al plan de cambiar el régimen de propiedad en el campo salvadoreño. Devine destacó la referencia al pontífice polaco: “Romero citó a Juan Pablo para decir que sobre toda la propiedad privada pesa una hipoteca social”.

“El arzobispo advirtió a la junta revolucionaria de gobierno que no haga falsas promesas y que lleve adelante las reformas que ha prometido; pidió a la junta que no se deje intimidar, comprar, y que no se divida; y la instó a defender los intereses del pueblo… Les dijo que no es que sea correcto que la junta inicie la reforma agraria, sino que es su obligación…”, citaba Devine las palabras de Romero.

En ese mismo cable, el embajador destaca las acusaciones que hizo Romero, durante la misma homilía, contra algunos “ricos poderosos” de proveer armas y dinero a algunos mercenarios.

De los comentarios finales que Devine hace en esa comunicación se deduce que el diplomático aún veía a Romero como un potencial aliado de la política estadounidense de apoyar las reformas a través de las acciones de la junta y, de paso, minimizar las expresiones de la extrema izquierda.

Para febrero de 1980, sin embargo, estaba claro que Romero había perdido la paciencia con Washington y con la administración Carter que, según el arzobispo, insistía en apoyar a una junta fantoche dominada por la oligarquía y por una clase militar “inescrupulosa que solo sabe como reprimir a la gente”.

A esas alturas, en Washington, ya algunos congresistas del ala más liberar del partido demócrata empezaban a proponer que Carter redujera a la mitad la ayuda militar que otorgaba a El Salvador debido a las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños por parte de los militares de la junta.

Esas iniciativas no prosperaron, según confirma hoy James McGovern, representante por Massachusetts y en aquellos años asistente legislativo de Joseph Moakley, uno de los que propuso el recorte de fondos. No prosperaron ni siquiera después de la muerte del arzobispo. “Todavía recuerdo que me di cuenta del asesinato y creía que este terrible crimen resultaría en la finalización de la ayuda de Estados Unidos a un gobierno y un Ejército que perseguía a los defensores de la justicia social y que no tenía respeto alguno por los derechos humanos. Es triste, pero no fue así”, dice McGovern.

Monseñor Romero había pedido a Carter, desde inicios de 1980, que dejará de enviar ayuda al Ejército. Lo hizo en varias homilías y, finalmente, en una carta que envió al presiente el 17 de febrero.

El 18 de febrero, de San Salvador salió el cable desclasificado SAN SA 01122 192120Z, firmado por Robert White, el embajador que había sustituido a Devine el 10 de enero. En ese telegrama Washington recibió la primera traducción oficial de la carta de Romero. Para desconsuelo de los estadounidenses, el arzobispo dejaba por escrito su divorcio total de la junta:

“La presenta junta de gobierno, y sobre todo las Fuerzas Armadas y de seguridad, desafortunadamente han demostrado ser incapaces de resolver, en la práctica política y estructural, los graves problemas nacionales. En general solo han acudido a la represión violenta, produciendo muerte y heridas  mucho mayores que regímenes recientes cuyas violaciones sistemáticas a los derechos humanos ya han sido denunciadas…”, escribe Romero.

El sacerdote dice que más ayuda estadounidense a ese gobierno y a ese Ejército “en lugar de promover más justicia y paz en El Salvador sin duda agudizarían la represión y la injusticia”.

Al final, Romero pide al presidente de Estados Unidos que prohíba la ayuda militar, y que garantice que su gobierno “no intervendrá” para determinar el destino del pueblo salvadoreño.

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Y, hacia los últimos párrafos, Romero cita un documento de la congregación de arzobispos latinoamericanos en Puebla: “La legítima autodeterminación de nuestros pueblos es la que les permite organizarse de acuerdo a la marcha de su propia historia y en cooperación con el nuevo orden internacional”.

Carter hizo llegar su respuesta a través de una carta firmada por Cyrus Vance, su secretario de Estado. En esa misiva, Estados Unidos hace una defensa sin equívocos de su apuesta por la junta de gobierno y advierte sobre los peligros de una guerra civil, cuya responsabilidad atribuyen a las “extremas de ambos bandos”.

“La junta revolucionaria de gobierno ha mostrado ser moderada y reformista… Nuestros $50 millones en ayuda se necesitan desesperadamente en su país para alimentar a los hambrientos, mejorar la educación, la salud, la vivienda… Y creo que no hay contradicciones reales entre la aplicación efectiva de la ley y el respeto a los derechos humanos”, escribe Vance en su respuesta, recogida en el cable desclasificado SAN SA 01556 012023Z.

El Secretario de Estado asegura a Romero que Estados Unidos no intervendrá en los asuntos internos de El Salvador, pero le advierte que “estamos profundamente preocupados porque la amenaza de una guerra civil en su país puede poner en peligro la seguridad y bienestar de toda la región centroamericana”.

Antes de aquel intercambio, cuando estuvo claro que el arzobispo no cesaría en sus denuncias contra los abusos de los militares de la junta, Washington había optado por acudir a los jefes del prelado en Roma.

Las cartas al Vaticano

El 15 de febrero de 1980, el Departamento de Estado se congratulaba en un memorándum dirigido a la Casa Blanca porque el Papa Juan Pablo II había “advertido” al arzobispo salvadoreño, durante una visita que Romero hizo al Vaticano el 30 de enero, sobre “extremistas que se hacían pasar por moderados”.

Estados Unidos, dice el cable desclasificado 8003246 del Departamento de Estado, estaba preocupado porque la Iglesia Católica de El Salvador fuese “tomada por la izquierda”.

Dos días antes de la visita de Romero a Roma, el 28 de enero de 1980, Washington había movido sus influencias para trasladar sus insumos sobre El Salvador al Vaticano. El Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Richard Cheek, y el representante personal del presidente Carter ante el Vaticano, el embajador Robert Wagner, pidieron al Secretario de Estado del Papa, el cardenal Agostino Casaroli, que la Santa Sede llamara a consultas a Romero, quien se encontraba entonces en un viaje oficial en Bélgica para recibir un doctorado honoris causa. El Papa y Casaroli recibieron al arzobispo salvadoreño y, según el Departamento de Estado, trasladaron las preocupaciones estadounidenses. Monseñor confirmó después, en sus homilías y programa de radio, la reunión en el Vaticano y los mensajes de Washington.

El 15 de febrero, sin embargo, los funcionarios estadounidenses creían que las palabras del Papa habían tenido “poco impacto” en Romero, quien, según se lee en el memo, “ha continuado sus críticas a la Junta”.

El intento diplomático de Washington para tratar de influir en Romero había sido una operación conjunta entre el Consejo Nacional de Seguridad (NSC, en inglés) de la Casa Blanca de Jimmy Carter y el Departamento de Estado. Zibginiew Brzezinsky, un profesor de geopolítica de origen polaco -como Juan Pablo II- y entonces uno de los principales asesores de política exterior de Carter, fue uno de los funcionarios involucrados en el tema: el 31 de enero de 1980, solo un día después de la reunión entre el Papa y Romero en Roma, Peter Tarnoff -asistente especial del secretario de Estado- dirigió el memo a Brzezinsky en el que le proponía firmar una carta para solicitar al Papa que diese seguimiento a El Salvador.

El tono del memo firmado por Tarnoff, quien década y media después sería Subsecretario de Estado en la administración de Bill Clinton, fue de advertencia. Los análisis que el Departamento de Estado trasladaba a la Casa Blanca hablan de una estrategia de Washington encaminada a convencer al arzobispo Romero de apostar por la Junta. Para ello, los funcionarios del Departamento de Estado, además de sugerir a Brzezinsky dar seguimiento a la presión del Vaticano hacia San Salvador, proponían que la misión diplomática de Estados Unidos ante la Santa Sede hablara con el liderazgo de la Compañía de Jesús “sobre la situación salvadoreña y sobre cómo ellos pueden ayudar a influir a los asesores jesuitas del arzobispo”. El más importante de esos asesores era, entonces, el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, quien 9 años más tarde sería asesinado junto a cinco de sus compañeros sacerdotes y dos mujeres ayudantes por un comando élite del Ejército salvadoreño entrenado y financiado por los Estados Unidos.

Brzezinsky envió la carta a Juan Pablo II. En ese texto se aprecian ya algunas líneas de la narrativa política que sobreviviría a la administración Carter y cobraría fuerza inusitada durante la presidencia siguiente, la del republicano Ronald Reagan. En la misiva, Brzesinsky esbozaba ya la narrativa de la contrainsurgencia.

La carta parte de una aceptación de Washington ante el Vaticano: los aliados de Estados Unidos en la región, entre ellos el gobierno de la junta en El Salvador, eran incapaces de responder a las presiones sociales generadas por la desigualdad económica. “En la mayoría de países de la región, obsoletas estructuras políticas y sociales, incapaces de responder a estas presiones, están respondiendo con represión”, escribió el asesor polaco la frase que daba la razón a lo que dos semana después diría Monseñor Romero a Carter al describirle “a un Ejército inescrupuloso que solo sabe como reprimir”.

De inmediato, Brzezinsky escribe al papa sobre la “amenaza marxista”, haciendo suyo el dogma de la bipolaridad mundial que ya había abrazado Juan Pablo II y que luego usaría Reagan como su marca en política exterior.

“Elementos de la extrema izquierda están aprovechado esta oportunidad para lanzar una ola de violencia y terrorismo diseñada para destruir el orden existente y reemplazarlo con un orden marxista que promete ser igualmente represivo y totalitario… lo hacen con ayuda del intervencionismo cubano… El Salvador es el más claro ejemplo de esto”, escribe Brzesisnky.

Según el asesor de Carter, Romero, “convencido de una eventual victoria de la extrema izquierda ha criticado con fuerza a la junta y se ha inclinado por apoyar a esa izquierda… Nuestros esfuerzos por persuadirlo, desafortunadamente, no han tenido éxito”, se queja Brzezinsky ante el Papa antes de hacerle una petición muy concreta: “Las gentes de Centroamérica necesitan con urgencia de Su Santidad para asegurarse de que la iglesia juega un papel responsable y constructivo en nombre de la moderación y el cambio pacífico”.

La operación diplomática de Estados Unidos también contempló al arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, quien, según el Departamento de Estado, “podría dar a Romero una visión más realista de lo que significaría la toma de la Iglesia por parte de la izquierda”.  El cable firmado el 31 de enero de 1980 por Tarnoff concluye con otra advertencia: “Seguiremos explorando formas adicionales de influir al arzobispo Romero, buscando contactos con diversos miembros del clero”.

Ni Tarnoff ni el Departamento de Estado ni Washington tendrían tiempo para mucho: cuando Tarnoff firmó su memo, en el infierno de El Salvador ya estaban en movimiento las fuerzas que financiarían y dispararían la bala que terminaría con las preocupaciones de los diplomáticos y de los extremistas que veían una amenaza en Monseñor Romero. La bala que apagaría la voz más potente del pequeño país centroamericano ya tenía claro su destino.

La Operación Piña

Tras el magnicidio, la embajada de Estados Unidos en El Salvador mandó informes casi a diario durante los meses que siguieron, pero fue hasta noviembre de 1980, según los documentos desclasificados, que desde la sede diplomática salió, por escrito, el nombre del mayor Roberto d´Aubuisson Arrieta, fundador del partido ARENA y exoficial de inteligencia, como posible autor intelectual.

El 19 de noviembre de 1980, uno de los oficiales políticos bajo el mando del embajador Robert White envió un telegrama secreto y urgente a Washington en el que refería la entrevista con una fuente nueva, que decía haber estado presente en la reunión en la que se planificó el asesinato de Romero.

“Indicó que el mayor Roberto d´Aubuisson llevaba el mando de la reunión, que tuvo lugar uno o dos días antes del asesinato. Los participantes cogieron al azar pajillas para decidir quién sería el encargado de la misión”, está escrito en el cable SAN SA 08084 192004Z.

La fuente también dijo a su contacto estadounidense que era amigo personal de d´Aubuisson, pero aseguró también que no confiaba en él porque “se había vendido a los capitalistas”, en referencia a las alianzas políticas que el exoficial de inteligencia había hecho con las familias adineradas de El Salvador, con cuyo financiamiento y apoyo fundaría ARENA.

En su comentario final, el funcionario estadounidense que escribió asegura que la fuente es “un individuo pobremente educado, un soldado raso que nunca se graduó de la escuela militar… resentido con el liderazgo militar actual… que se ha unido con otros que piensan como él para llevar adelante actividades brutales de forma clandestina”. Aunque el cable pone en duda varias de las aseveraciones de ese individuo, nunca pone en tela de juicio lo que ha contado sobre el asesinato de Romero: “sobre su participación en atrocidades, creemos que la fuente está diciendo la verdad”.

El oficial estadounidense que firma el memo se llama Mark Dion. En 1981, la revista Escarlata de la Universidad de Harvard aseguró, citando una entrevista del funcionario con el Boston Globe, que Dion había sido uno de los pocos diplomáticos destacados en El Salvador que no había negado la participación del Ejército salvadoreño en varias masacres perpetradas en el departamento de Morazán, al noreste del país y en aquellos días controlado por la guerrilla.

En febrero de 1981, la clandestina Radio Venceremos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones del frente guerrillero FMLN, entrevistó al teniente coronel Bruno Navarrete, un oficial joven del ejército que dio detalles sobre la llamada Operación Piña, como se conoció al plan para asesinar a Romero.

“…Los elementos que participarían en la operación habían quedado identificados, por lo que la evidencia que hoy describo no deja sombra de duda de que d´Aubuisson fue uno de los perpetradores del asesinato de Monseñor Romero junto a miembros del alto mando, incluido el coronel (Jaime Abdul) Gutiérrez”, dice Navarrete en la grabación emitida por la Venceremos.

El día en que ocurrió esa emisión radial, el 24 de febrero de 1981, la estación de la CIA en San Salvador envió al cuartel general de la agencia en Langley, Virginia, y a una docena de estaciones en América Latina, el cable secreto PA252246 que tituló “El Salvador: oficiales del Ejército vinculados con el asesinato de Romero”.

La mayor parte del cable, de tres páginas, es la transcripción en inglés de la emisión de Radio Venceremos. En ninguna parte, los agentes de inteligencia refutan la información de la emisora guerrillera, solo la dan por válida con el título y el “para su consideración” que añaden al final.

El 21 de diciembre de 1981, Dean Hinton, el primer embajador de Reagan en El Salvador, envió a Washington un cable secreto, el SAN SA 09718 211B53Z, en el que una segunda fuente, esta sí conocida por uno de los oficiales políticos de la embajada, confirma lo que el informante “de educación pobre” había dicho en noviembre el 80 respecto a la reunión presidida por d´Aubuisson para planificar el asesinato del arzobispo.

“A través de cruce de información”, dice Hinton, la embajada confirmó buena parte de la información proveída por la primera fuente.

A la postre, la Comisión de la Verdad formada por Naciones Unidas tras la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra que había iniciado en el año que Romero fue asesinado, emitió un veredicto para la historia: al arzobispo de San Salvador lo había asesinado un escuadrón paramilitar liderado por el mayor Roberto d´Aubuisson Arrieta. Fue esa comisión la que dijo por primera vez al mundo el nombre del asesino, ese del que los cables de Washington hablaban en susurros diplomáticos en los meses posteriores al magnicidio.

El Vaticano dijo a principios de este año que Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el arzobispo metropolitano de San Salvador, fue asesinado por odio a la fe.

Hoy, en 2015, ese sacerdote-mártir, asesinado en el altar de un templo católico, al que el Washington de la Guerra Fría veía con recelo, es beato de esa iglesia y, para decenas de miles de salvadoreños, un santo no oficializado.

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