La ansiedad es un monstruo que crece en un país que no cree en la salud mental

De 2012 a 2021, se diagnosticaron  4, 881 trastornos de ansiedad que no lograron ser especificados y 1,948 trastornos de ansiedad generalizada. Esos fueron los dos diagnósticos más comunes en cuanto a enfermedades mentales, en todo el territorio nacional.

En Guatemala, pero también en otros países con características sociales y económicas similares, explica el psiquiatra Romeo Minera, los trastornos de ansiedad lideran las cifras de diagnósticos pues son enfermedades multifactoriales que están relacionadas a elementos externos, que forman parte del estilo de vida de cada persona y sus condiciones de vida.

En México, por ejemplo, según la cartera de Salud, el trastorno de ansiedad generalizada encabeza las estadísticas, superando incluso las cifras de diabetes.

[relacionadapzp1]

«Son trastornos que son influidos por cuestiones ambientales. Guatemala es un país violento, estamos sometidos a presiones económicas, desigualdad, violencia, abuso y maltrato, todas estas problemáticas ponen a las personas en situaciones difíciles, las personas tienen que aprender a sobrellevar conflictos económicos, sociales y familiares, a veces el ser humano manifiesta a través de la ansiedad patológica su incapacidad para resolver estas situaciones», explica el médico.

La ansiedad, dice Minera, forma parte del ser humano, es una respuesta emocional normal ante situaciones que generan temor, angustia o desesperación. Cuando una persona pierde la capacidad de responder apropiadamente a los problemas y la ansiedad se convierte en un factor de riesgo para su salud, se vuelve un asunto patológico.  

Existen distintos tipos de trastorno, según la variedad de respuestas que los seres humanos presentan. Por ejemplo, ataques de pánico, fobias o ansiedad constante. No obstante, según profesionales de la salud mental, los trastornos de la ansiedad son los más benignos, con mejor pronóstico y con un tratamiento accesible basado en terapia y uso de antidepresivos.

Según una Encuesta Nacional de Salud Mental, realizada por la Universidad de San Carlos en 2009,  uno de cada cuatro guatemaltecos ha padecido al menos un trastorno de salud mental en su vida. No obstante,  solamente el 2.3 % buscó atención por un profesional de la salud.

El género más afectado fue el femenino (62.1 %), la edad más afectada fue la adulta, entre 21 a 50 años (74 %). Otro hallazgo fue que la frecuencia de trastornos en el área urbana alcanzó un 32 %, mientras que en el área rural un 15%. Debido a la falta de investigación en este tema, este es el registro más reciente que hay en el país.

«Prácticamente en Guatemala uno es más prevalente a la ansiedad que a la diabetes», dice el médico Guillermo Domínguez, uno de los dos psiquiatras que atienden a pacientes  adultos en el Hospital General San Juan de Dios. Y a pesar de esas cifras, ni la población ni las autoridades públicas reconocen este asunto como una prioridad para el sistema de salud pública. Especialmente cuando existen problemáticas como la desnutrición, muertes maternas, VIH, entre otras.

Más ansiedad y problemas mentales durante la pandemia

Lejos de menguar, los problemas mentales que afectan a la población guatemalteca cada vez son más frecuentes. Durante el punto más alto de la pandemia, la salud mental empeoró considerablemente. En paralelo, el hospital de salud mental cerró sus puertas a la población.

Los registros oficiales del Ministerio de Salud revelan que de 2019 a 2021, la cantidad de diagnósticos de las enfermedades mentales más comunes tuvo un aumento.

[embedpzp1]

Según Aracely Téllez Orellana, directora del Programa Nacional de Salud Mental (PNSM), este fenómeno se explica de la siguiente forma: «durante la pandemia aumentaron los factores de riesgo para la salud mental y disminuyeron los factores protectores como la familia, la escuela, los amigos, la iglesia, entre otros».

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el estado de bienestar físico, mental, psicológico y social del individuo, es la capacidad del individuo para resolver problemas de la vida diaria para ser productivo y fructífero en su comunidad.

«Esto dejó de pasar porque las personas no tuvieron la capacidad de resolver problemas, todos se preguntaban: ‘qué pasa’, ‘me voy a enfermar’ o  ‘me voy a morir’. Hubo mucho miedo, Primero no había vacunas, luego ya había y la gente no sabía qué hacer. Fue una pandemia para la que nadie estaba preparado», detalla Téllez.

En consecuencia, manifestaciones como el estrés, ansiedad, depresión y conducta suicida aumentaron.

En el área de psiquiatría de adultos del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, los pacientes que tuvieron COVID-19 manifestaron secuelas como conducta lenta, problemas de sueño y depresión.

«Como el COVID es una enfermedad nueva, quizá en cinco años vamos a tener más información pero hemos visto pacientes que tenían signos de ansiedad y se les dispararon los síntomas. Algunas personas dicen que después de haber tenido COVID se sienten más lentas y les cuesta recordar cosas», explica el médico Domínguez.

 José Antonio Flores, psiquiatra del hospital San Benito, del municipio de Flores, en Petén también se ha percatado de esta tendencia. «En la pandemia incrementaron sustancialmente pacientes con enfermedades de depresión, ansiedad, trastornos obsesivos o psicóticos. No sabemos qué tocó el virus para que comenzaran estos casos pero así fue», narra.

Tanto desde el sector público como el privado, los especialistas están conscientes de la brecha de Guatemala para alcanzar una atención digna a la salud mental. Los profesionales coinciden en que el retraso puede ser de hasta 40 años porque hace falta mucho por cambiar desde el sistema público y en el imaginario colectivo respecto a la importancia de este tema.

«Las personas no lo entienden, lo ven como algo irrelevante pero la salud mental mejora las condiciones de vida no solo de una persona sino de una comunidad. Disminuye la violencia en todas sus formas, por ejemplo. La salud mental y las enfermedades mentales no son un invento, no es una debilidad de la mente, de carácter o que la gente no quiera trabajar. Hay mucho por educar, hay mucho por cambiar como país», concluye Minera.

[relacionadapzp2]

Sistema precario y centralizado

En Guatemala, tratar las enfermedades mentales de la población no es y no ha sido una prioridad en el aparato de salud pública. Del presupuesto total destinado a salud solo el 1 % está dirigido a la salud mental y de éste, el 90 % está dirigido al Hospital Nacional de Salud Mental, según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2006.

La realidad, desde que se hizo este análisis a la fecha, no ha cambiado. Hasta hoy, la atención a la salud mental en el país está centralizada principalmente en el departamento de Guatemala, en donde se encuentra ubicado el Hospital de Salud Mental, una institución que alberga desde hace años a alrededor de 300 pacientes y atiende en consulta externa a más de 24,000 personas cada año.

Sumado a eso, no existe una política de salud mental vigente, un marco legal específico, ni una coordinación en la red de servicios de salud de todos los niveles para atender la creciente demanda de personas con enfermedades mentales. «La salud mental no es una prioridad», concluyen médicos psiquiatras que laboran en el sector público y privado.

Por eso cuando, en diciembre de 2014, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se refirió al Hospital de Salud Mental «Dr. Federico Mora» como un lugar «rebonito», la afirmación no les causó gracia a los psiquiatras que han experimentado las carencias del único hospital especializado en salud mental en todo el país. Lejos de ser «rebonito», el Federico Mora se considera una institución marginal en donde cientos de adultos y jóvenes son internados, privados de su libertad y abandonados.

Muestra de ello es que desde el 20 de noviembre de 2012, 334 pacientes menores de edad y adultos del Hospital Federico Mora fueron beneficiados con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), tras determinar que se encontraban en una situación de riesgo.

Romeo Minera era director de la institución cuando las condiciones de abuso y maltrato en el hospital fueron motivo de preocupación a nivel internacional. A 10 años de eso, el único avance significativo ha sido una remodelación de módulos y la creación de un espacio aislado para pacientes en procesos judiciales, los cuales están a cargo del Sistema Penitenciario (SP). Es decir, solamente algunos cambios en la infraestructura interna.

Pero los informes realizados por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) demuestran que ni el maltrato ni la falta de atención a los pacientes han cesado en los últimos años, ni siquiera a partir de la presión internacional. Ervin Natareno, defensor de las personas con discapacidad, relata que la falta de personal en áreas de enfermería, intendencia y cocina es uno de los problemas más recurrentes de la institución. «En varios pabellones hay enfermeras que tienen a su cargo la atención de hasta 60 pacientes, eso es humanamente imposible», señala el defensor.

Natareno ha tenido conocimiento de denuncias por maltrato y violencia dentro del hospital que actualmente se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público. «La mayoría de denuncias son en contra del personal del Sistema Penitenciario, que se ubican en el pabellón de pacientes privados de libertad», explica. Estas detallan actos de maltrato y violencia de parte de guardias hacia pacientes.

Minera reconoce que hasta la fecha son las condiciones del lugar las que propician actos de maltrato hacia los pacientes. «Trabajar con pacientes con enfermedades mentales es muy difícil. Muchas veces son pacientes neurológicos que tienen manifestaciones psiquiátricas. El contexto y el entorno no permiten que se den las condiciones más apropiadas para su cuidado. Por eso se trata de evitar la institucionalización porque es más fácil que una familia cuide a su familiar», comenta.

«Una de las escenas más difíciles –añade–,son los servicios durante la mañana, cuando despiertan a los pacientes. Hay que hacer limpieza, hay que bañarlos pero es bañar a 60 adultos que no se quieren bañar, que se orinaron, que defecaron y que no quieren que los bañen. Hay que correrlos y hay que bañarlos. No es sencillo y por eso la idea es que la institucionalización no se dé».

Según el médico, ningún manicomio en el mundo, como lo es el Federico Mora, puede garantizar condiciones agradables para una paciente con problemas psiquiátricos o mentales.  Mucho menos, uno con limitaciones de personal y de recursos.

«Administrativamente, el Federico Mora es un hospital pero en realidad es un lugar donde llegan personas que nunca van a salir, algunos incluso permanecen por décadas hasta que llega su muerte. Es como decir lo que no queremos que sea muy visible, pongámoslo aquí. Una forma de conocer a una sociedad es la forma en que trata a sus enfermos mentales», sentencia Minera.

Por todos esos factores, la tendencia mundial es que los manicomios desaparezcan y que los pacientes sean tratados en su comunidad, junto a su familia y círculo cercano. Que el hospital sea una institución de formación, capacitación, investigación y tratamiento de casos delicados; y que la consulta externa esté ubicada en todos los departamentos del país para el tratamiento de enfermedades mentales.

[relacionadapzp3]

La promesa de desaparecer los manicomios

A inicios de la década del 2010, Guatemala formó parte de un compromiso regional denominado Consenso de Panamá, en el cual autoridades del sector público se comprometieron ante la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), a implementar una serie de acciones para lograr que el 2020 llegara a ser la década del salto a la comunidad.

En otras palabras, erradicar los manicomios y apostar por la atención a pacientes psiquiátricos desde sus comunidades y con el acompañamiento de sus familias. Aunque algunos países se acercaron, entre ellos Brasil, Cuba, Argentina, Chile y Panamá, ninguno cumplió en totalidad lo planteado.

El compromiso fue fortalecer el modelo de salud mental comunitaria en todos los países de la región, de manera de asegurar la erradicación del sistema manicomial en la próxima década.

Muchas enfermedades mentales no requieren que los pacientes estén en un psiquiátrico. Del gran cúmulo de personas que padece de trastornos mentales, un porcentaje mínimo requiere un tratamiento especializado, explica Minera.

Durante el gobierno de Jimmy Morales, en la gestión de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, una de las propuestas fue concretar la descentralización de la atención a la salud mental. No al punto de cerrar el hospital sino quitarle el concepto de manicomio que ha adoptado y empezar a implementar la salud mental en todos los servicios.

Encerrar a los pacientes mentales en un manicomio por tiempo indefinido ha sido la práctica constante en Guatemala. La idea de la descentralización es pensar que los problemas de salud mental deben ser tratados a nivel comunitario y que los hospitales sean únicamente  un recurso para crisis. «Es lo mismo que sucede con una persona diabética que tiene una vida,  tiene un tratamiento y cuando se descompensa necesita atención especializada. Esa es la idea de la descentralización de la salud mental», dice Hernández Mack.  

De ese propósito lo único que Guatemala ha logrado es la elaboración de un protocolo que establece  que los pacientes psiquiátricos deben tener acceso a tratamiento farmacológico desde el primer nivel de salud. Es decir, desde puestos de salud y centros comunitarios. La normativa autoriza la distribución de ocho medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, estabilizadores de ánimo y antipsicóticos.

Téllez Orellana, directora del Programa Nacional de Salud Mental (PNSM),  el ente técnico a cargo de esta rama desde 1999, considera que el haber creado ese protocolo, aprobado en diciembre de 2021, es el primer paso en salud mental después de 20 años de haber soñado con un país sin manicomios.  

«En realidad el hospital es un manicomio, dice Téllez,  y ahí solo deberían estar los pacientes que están en crisis. Un paciente no puede recuperarse en ese ambiente. Va en contra de los derechos humanos porque estas personas tienen derecho a su familia y a su comunidad, no a ser encerrados y olvidados». Y es que, desde un abordaje de respeto a los derechos humanos, los pacientes tienen derecho a ser tratados en su idioma, con su gente, con su alimentación, en su entorno.

El protocolo aún no ha sido lanzado oficialmente porque apenas fue aprobado y su implementación podría durar alrededor de un año. La propuesta es que todas las unidades de salud logren ejecutar el protocolo y adquirir medicamentos para poder atender a quienes así lo requieran. Desde ya, dice Téllez, algunas áreas de salud han informado que contratarán a al menos un psiquiatra para ejecutar el plan.

Con la implementación del protocolo las personas tendrán que viajar a la cabecera para adquirir medicamentos para tratamientos mentales. La realidad de hoy es que una persona encuentra auxilio a su salud mental hasta el tercer nivel de atención en salud, es decir, en el hospital Federico Mora.

El primer nivel de atención, por ejemplo, se dedica a temas muy específicos como la salud materno infantil. Mientras tanto, el segundo nivel carece de recursos suficientes para proporcionar psicólogos, terapeutas, psiquiatras en todo el territorio nacional.

Nadie cree en la salud mental

Insistir en la importancia de una política que incluya la atención psiquiátrica y psicológica dentro de las prioridades es difícil en un país en donde nadie cree en la salud mental. Ni siquiera los tomadores de decisión.

Téllez, encargada del Programa de Salud Mental en los últimos cuatro años, explica que ese ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en la implementación de protocolos orientados para mejorar la atención en todos los niveles.

«Ha habido voluntad política pero el problema es el estigma de la salud mental, que es a nivel mundial. La gente no cree en la salud mental. La gente cree en la enfermedad mental. Me dicen: Yo no soy bipolar, no tengo esquizofrenia, entonces tengo salud mental», señala.

El médico José Antonio Flores, psiquiatra del hospital San Benito, Petén,  coincide con esta apreciación. «En el cognitivo mental y colectivo, asegura,  la salud mental es sinónimo de  locura, de debilidad. Nosotros en ese retraso que vivimos como país no entendemos que existen las enfermedades mentales. Cuando uno dice trastorno mental, la gente piensa que es estar locos», añade.  

«Atender esos problemas está bien pero yo creo que a través de la salud mental también podemos prevenir muchos otros problemas de salud», enfatiza Téllez, quien, a cargo del PNSM, es testigo de cómo este asunto es minimizado por autoridades de salud.  

«Tenemos un concepto muy simplificado y reducido de salud mental. Lo hemos reducido a la locura y algo que no es normal, pero la salud mental va mucho más allá de eso», explica la exministra Hernández Mack. Según la ahora diputada aunque en algunos espacios el concepto se ha desestigmatizado, una parte mayoritaria de la sociedad aún no reconoce su importancia.

A pesar de que dentro de las principales causas de mortalidad tenemos problemas como la neumonía, desnutrición y problemas crónicos degenerativos como el cáncer y la diabetes también hay causantes que tienen que ver con la  salud mental como la violencia y la cirrosis, que muchas veces está vinculada al alcoholismo, añade.

Según Flores, luchar por darle un espacio a la salud mental es nadar contra la corriente. Debido a sus gestiones fue que el hospital de San Benito se convirtió en un centro en donde se otorgaba atención y medicamento psiquiátrico a los pacientes, a través de un subsidio.  

[frasepzp1]

Hoy, el hospital cuenta con un departamento de salud mental que incluye consulta externa y encamamiento de psiquiatría. Sin embargo, la mayoría de profesionales no están presupuestados. Su contratación es una lucha cada año.   

«Que no exista una política para este tema nos ha complicado mucho el trabajo porque dependemos mucho de quién esté en el cargo. Si un director entra y se le ocurre que la salud mental no es importante entonces se acaba todo, una de las cosas que tenemos que pelear es por una política y tener un plan», explica.

Su trabajo ha incluido sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la salud mental.

Durante su paso como director del hospital y como psiquiatra,  Flores también ha despertado en la población del municipio de San Benito la inquietud por prestar atención a su salud mental. Ha creado una demanda, dice, especialmente a partir de la pandemia, pero el problema es que no hay infraestructura para atenderla. En San Benito, dos psiquiatras atienden de 20 a 25 pacientes diarios. Y una psicóloga, de 10 a 15.  El número crece con el paso del tiempo aunque es bajo en comparación con la demanda de los médicos generales, quienes al día atienden hasta 25 pacientes cada uno.

El presupuesto destinado a salud mental

Para este año, el Hospital de Salud Mental tiene asignados Q88, 251,619, de los cuales alrededor del 80 % se destina al pago de salarios y funcionamiento. Desde años anteriores, la cifra ha aumentado gradualmente. Sin embargo, según explica la diputada Hernández Mack, la desatención a la salud mental no se compensa con asignarle más recursos al único hospital de salud mental.

«El verdadero problema es que no hay una política para darle la atención que este problema merece. Al Programa de Salud Mental nadie le presta atención porque no hay una política», recalca.

Ante la ausencia de una política de Estado, el gremio de psiquiatras ha insistido en la necesidad de una ley sobre salud mental. Sin embargo, Hernández considera que la solución va más allá de eso. «El riesgo de que esto se simplifique en una ley es que el asunto se aborde solamente desde lo clínico y  no se vea como un esfuerzo integral que también debe ser desde la educación, la cultura y otros espacios», indica.

La mayor parte del presupuesto asignado para salud mental en toda la red de salud pública corresponde al Hospital Nacional de Salud Mental (90 %). El dato resulta preocupante para los especialistas en el tema debido a que refleja una centralización de recursos en un solo centro asistencial que prácticamente se ha convertido en un manicomio en donde los pacientes son ingresados incluso contra su voluntad y abandonados por sus familias.

Este sistema impacta negativamente la atención desde servicios comunitarios, que prácticamente es inexistente. Uno de los principales problemas de la salud mental es que está concentrada en el departamento de Guatemala y resulta inaccesible para personas provenientes de otros departamentos.

Plaza Pública corroboró que el Ministerio de Salud Pública no cuenta con un registro de los profesionales psiquiatras que forman parte de la red de servicios públicos. No obstante, a través de solicitudes de información a cada una de las áreas de salud y hospitales se concluyó que 24 psiquiatras están concentrados en el Federico Mora, dos en el San Juan de Dios y dos en el Hospital Roosevelt. Del resto de hospitales solamente el de San Benito, Petén, Zacapa y Jalapa cuentan con 1 profesional presupuestado. En el resto de hospitales, la atención psiquiátrica no existe.

En el Hospital de Quiché y San Marcos, este trabajo lo realizan estudiantes de medicina.

[embedpzp2]

Movilizarse para recibir una consulta y medicamentos puede llegar a tener un costo de hasta 500 quetzales según testimonios recopilados por médicos de esta especialización.

En 2006, el psiquiatra Flores plasmó esta preocupación en un diagnóstico dirigido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«La única unidad del Ministerio de Salud donde se entregan los medicamentos gratuitos a los enfermos es el Hospital Nacional de Salud Mental. Para aquellos que deben pagar los fármacos de su bolsillo el costo es muy alto; por ejemplo, la dosis diaria de antipsicótico significa el 29 % del salario mínimo diario, mientras que de un antidepresivo es el 1 7%», detalló el estudio.

Flores identificó solo 32 establecimientos de salud mental ambulatorios en todo el país, de los cuales solo uno está destinado para la niñez y adolescencia. Ninguno de ellos proporciona seguimiento de casos a nivel de la comunidad.