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Para Salud Pública la identidad de género sigue siendo un trastorno

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Para Salud Pública la identidad de género sigue siendo un trastorno

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Según registros oficiales del Ministerio de Salud, hasta 2022, la red nacional diagnosticó y registró casos de «trastornos» de la «preferencia sexual» y la identidad de género. Las normativas mundiales y expertos en la materia señalan que tipificar como enfermedades mentales la orientación sexual y la identidad de género es estigmatizante, una violación a los derechos humanos y representa un riesgo para la salud mental de la población LGBTIQ+.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la elección de una persona de tener un género distinto al sexo con el que nació y la orientación sexual de cualquier individuo no constituyen trastorno mental, ni enfermedades, ni son condiciones que deban ser sometidas a un tratamiento o cura.

En 1990, la OMS reconoció que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana. Por consiguiente, rechazaron las «terapias» de cambio de orientación sexual. A pesar de eso, actualmente todavía persisten el estigma y la discriminación en los servicios de salud en Guatemala.

De la misma forma, a partir de 2019  la misma organización anunció la eliminación del «trastorno de identidad de género» de la categoría de enfermedades mentales. Tras ese paso, la transexualidad pasó a ser una «incongruencia de género». 

A Guatemala, sin embargo, no llegaron eso avances pensados para reducir el estigma y la discriminación hacia la población LGTBIQ+.

Según datos oficiales a los que Plaza Pública tuvo acceso a través de la Ley de Acceso a Información Pública, del 2012 al 2021 el Ministerio de Salud atendió y diagnosticó a 609,312 personas por morbilidades de salud mental en los servicios públicos. El trastorno de ansiedad fue la patología más recurrente en esos nueve años.

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En ese periodo, Salud Pública atendió, según sus registros, 312 diagnósticos en distintos puntos del país tipificados como  «trastornos de la preferencia sexual» y de «identidad de género». Al menos, desde 2012 hasta el 2021, el Ministerio siguió registrando diagnósticos en ese rubro desde puestos ubicados en lugares como Villa Canales, Amatitlán, El Progreso, Escuintla y algunas zonas de la ciudad de Guatemala, entre otros.

De 2012 a 2021, el Ministerio de Salud ha registrado trastornos de la preferencia sexual y de la identidad de género. En contraste, la normativa internacional ha determinado que la orientación sexual e identidad de género no son trastornos o enfermedades mentales, sino condiciones de cada persona que no representan una condición anormal o una enfermedad que requiera de algún tratamiento.

 A través del  siguiente análisis de datos, se identificaron siete distintos diagnósticos (trastornos de la identidad de género, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la preferencia sexual, trastornos de la preferencia sexual no especificado, trastorno de identidad de género en la niñez, trastorno múltiple de la preferencia sexual, trastorno de la identidad de género no especificado) en diferentes puntos y departamentos del país.

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Los datos revelan que la mayoría de estos diagnósticos están concentrados en personas de 15 a 19 años.

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En el centro de salud ubicado en la zona 3 capitalina  hay una clínica especializada para el tratamiento y diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Según personal de salud, hasta este año se había prestado atención también psicológica  para la población que acude a ese lugar y la atención se presta desde un enfoque inclusivo. Sin embargo, este año la persona asignada para esa labor dejará el cargo y el puesto nuevamente quedará desatendido.

Aunque en las paredes de la clínica figuran afiches informativos que promueven el respeto y el cese de estigmas y discriminación hacia la población LGBTIQ+, según datos oficiales fue en ese centro en donde en 2021 hubo registros de trastorno de identidad de género y trastorno de identidad de género en la niñez. Esto contrasta con la filosofía que el personal de salud asegura que mantienen en su atención a la población: sin estigmas y sin discriminación.

No obstante, el personal de salud ubicado en los centros de atención evita dar declaraciones en relación a este tema con el argumento de que puede ser  «malinterpretada».

Estos datos coinciden con diagnósticos elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que han manifestado preocupación por la forma en que las personas trans en Guatemala enfrentan una exclusión ocasionada por la transfobia familiar, social e institucional, que comienza con la expulsión del hogar y la exclusión de los sistemas educativo y de salud.

«Las instituciones de salud pública son usualmente inaccesibles o inadecuadas para las personas trans. El personal no está capacitado para lidiar con la diversidad sexo‐género, por lo cual las personas trans son comúnmente víctimas de abuso y maltrato por parte de proveedores de servicios de salud, e incluso llegan a ser sometidas a terapias forzadas para «curar» o «tratar» su identidad de género o su orientación sexual», mencionan en sus informes.

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Plaza Pública cuestionó a las autoridades del Programa Nacional de Salud Mental (PNSM) sobre este tema.

«No se ha instruido a este Programa, para comenzar a utilizar el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades y Condiciones Relacionadas con la Salud, Versión (CIE-11). Se espera que se brinden las indicaciones por el Despacho Superior Ministerial, para iniciar el proceso de transición hacia la nueva edición», informaron.      

También indicaron que existen lineamientos de atención integral en salud para personas trans en Guatemala y que están estipulados en la «Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las Personas Trans en Guatemala 2016-2030». Dicha estrategia fue aprobada en 2016 pero no ha evitado que desde ese año a la fecha, los diagnósticos de trastornos  de «identidad de género» y «preferencia sexual» sigan apareciendo en los registros oficiales.

Según Romeo Minera, psiquiatra y exdirector del Hospital de Salud Mental «Dr. Federico Mora», la tipificación  de las enfermedades está regulada por los manuales de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, los cuales son utilizados como referencia por los profesionales de la salud y se modifican cada cierto tiempo.

La última edición (CIE-11) fue presentada por la OMS en 2018, tras 28 años de haber publicado la edición CIE-10. No obstante, la implementación de este último manual aún está en proceso en distintos países del mundo. En Guatemala, el avance es aún más lento y complejo.

Uno de los cambios más importantes en el último manual es la eliminación  de la transexualidad como trastorno mental o desorden de la identidad de género.

También, desde 2012, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), eliminó el término de trastorno y conservó solamente “la disforía género” para referirse a la angustia que sufre una persona que no se identifica con su sexo.

Al margen de las actualizaciones de la OMS y del trabajo de expertos a nivel mundial que contribuyen en la evolución de los manuales para la clasificación de enfermedades mentales, en Guatemala la elaboración de diagnósticos está sujeta al criterio de cada psiquiatra o profesional de la salud mental y no de manuales estrictos, explica el doctor Minera.

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«Hay psiquiatras que todavía utilizan diagnósticos del CIE-9, personas con referencias mucho más antiguas», asegura. Al final de cuentas, añade, al momento de hacer diagnósticos lo que prevalece es el criterio clínico de cada profesional y no un criterio unificado regido por el Ministerio de Salud, orientado por estándares internacionales o por consideraciones a derechos humanos.

A decir del médico Minera, aunque existe una normativa internacional actualizada, adaptarse a los manuales de clasificación siempre genera discusión entre los profesionales de la salud mental. Algunos nunca llegan a acoplarse a las nuevas directrices.

«Hay profesionales que consideran que esto (identidad transgénero u orientación sexual diferente) un pecado todavía, a nivel institucional. Esa es la realidad, es lo que sucede aún en estos días», asegura.  De esa forma, lamenta, la atención que una persona reciba ante un médico especializado en salud mental estará condicionado por los estigmas que el profesional tenga consigo. Y los estigmas, añade, no solamente afectan a las personas trans sino también a personas con VIH o con trastornos mentales.

Ante esta problemática, agrega, la población LGBTIQ+ ha luchado desde hace años por una atención especializada en el sistema de salud pública.

«El problema es que el sistema de salud va muy atrás y aún no puede responder porque está priorizando otros temas», explica.

José Antonio Flores, psiquiatra en el hospital ubicado en San Benito, Petén, concluye en que la normativa actual que está por cambiar  resulta estigmatizante para la población LGBTIQ+.

A lo largo de los años, explica el experto, se han clarificado algunos conceptos, como la homosexualidad y la transexualidad. Sin embargo, cambiar los paradigmas y eliminar estigmas conlleva un proceso de educación, capacitación y sensibilización que, en Guatemala, aún no concluye.

El médico insiste en que la identidad sexual o la orientación sexual no constituyen enfermedades o padecimientos mentales. En todo caso, se convierten en condiciones que ante la presión social o la no aceptación, son factores de riesgo para dar paso a problemas como la ansiedad o la depresión.

Una violación a derechos humanos

En Guatemala, la mayor parte de la atención a la salud mental está centralizada en el departamento de Guatemala y, aún más, en el Hospital de Salud Mental «Dr. Federico Mora». Tener acceso a una consulta psiquiátrica y medicamentos para tratar padecimientos o problemas relacionados a la salud mental se ha vuelto un lujo para millones de personas.

Uno de los grandes riesgos de la centralización de la salud mental, es que cuando la población con necesidad de atención por padecimientos mentales acude a los servicios de atención recibe un tratamiento inadecuado o deficiente.

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«Las personas que actualmente atienden en los servicios públicos de salud no tienen ningún conocimiento de qué es  salud mental. Realmente no se está trabajando porque la gente no está capacitada para trabajar en esto», explica Mirna Santos, presidenta de la Asociación Psiquiátrica. Un ejemplo de esto es que hasta el año pasado, el Ministerio de Salud registró diagnósticos erróneos.

«La preferencia sexual y la identidad de género no son trastornos sino una condición sobre la salud. Por ejemplo, las personas homosexuales tienen un condicionante sobre la salud que los hace más susceptibles a sufrir marginación. Los médicos debemos tratar a los pacientes sin discriminación por ninguna circunstancia, siempre con respeto a sus derechos», explica Guillermo Domínguez.

«Ya que la homosexualidad no es un trastorno o una enfermedad, no requiere cura. En consecuencia, no existe indicación médica para el cambio de orientación sexual», confirmó la OPS en 2018. 

Tratar como trastorno algo que es normal constituye una violación a  los derechos humanos de una persona, añade Santos. «La discriminación, eso sí genera trastornos mentales. Las personas con diferente preferencia sexual o identidad de género son propensas a padecer problemas de depresión, ansiedad, adicciones... Pero no es por su identidad sexual, sino por la represión, el no querer aceptarse o no ser aceptados. El no aceptar una situación que es de lo más normal y que no le hace daño a nadie es lo que genera que las personas puedan tener trastornos mentales», dice la experta.

Esos son los alcances que puede tener una atención inadecuada. Según la psiquiatra, en puestos de salud no hay capacitación para atender enfermedades mentales. En algunos casos, dice, incluso confunden un ataque de ansiedad con taquicardia.

«Los profesionales tienen la obligación de actualizarse según los avances en salud mental. Tendrían que hacerlo. Que esto se esté abordando de esta manera es preocupante y vergonzoso principalmente porque se hace desde la salud pública», sintetiza Herny España, defensor de la Diversidad Sexual, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

A criterio del defensor, los profesionales tienen la obligación de estar al tanto de las normativas internacionales y actualizaciones relacionadas a su trabajo. Sin embargo, agrega, en la práctica muchos de estos especialistas priorizan sus posturas personales en estos temas y se resisten a cambiar sus prejuicios y estigmas en el ejercicio de su profesión.

A lo interno de la PDH, dice España, no se han registrado denuncias en relación a este tema. Sin embargo, sí han recibido información de tratos estigmatizantes hacia la población LGBTIQ+.

Carlos Valdez, director ejecutivo en la organización Lambda, tiene claro que en Guatemala la salud mental no es una prioridad para nadie, no es accesible y es limitada para  gran parte de la población. Desde la organización que dirige, Valdez se ha percatado de lo mucho que hace falta por avanzar en cuanto a la desestigmatización en los servicios públicos.

«Muchos profesionales siguen viendo la diversidad como un trastorno. De forma clandestina, incluso, se ofrecen terapias de conversión. En otros casos, se niega el servicio, se trata de evangelizar a la persona o se le trata de forma despectiva. Otras veces, se les insiste en ser atendidos por un psicólogo para que definan o reafirmen su sexualidad», relata.

Al final de cuentas, dice, esto es resultado de que en Guatemala no exista una guía clara o protocolo para saber cómo tratar a la población LGTBIQ+ cuando solicitan atención a su salud mental. A nivel internacional; sin embargo, sí existen desde hace años directrices y guías para el tratamiento adecuado de la población diversa, pero según los diagnósticos públicos, estas no se llevan a la práctica en Guatemala. 

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