Por décadas, la alta investidura de tribunales y magistraturas ha sido patente de corzo para quienes pueden pagar el servicio. Lentitud, discrecionalidad en la administración penal, colusión o incapacidad, han sido las venas por las cuales ha corrido la sangre de víctimas y sus allegados.
Aún mantiene el compás de espera a la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad (CC), con respecto a la anulación total o parcial del proceso de designación de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones (SA). El amparo provisional de la CC y el rechazo a las acciones para anularle, han permitido un respiro y alentado la esperanza de justicia. Esperanza que creció cuando una voz de mujer, acompañada de otro coro femenino, dijo: ¡basta!
Claudia Escobar, magistrada de una sala de apelaciones, primero se negó a favorecer contra derecho la ilegal acción del partido en el gobierno que burlaba la norma de prohibición de campaña anticipada. Con su voto razonado en contra del beneficio a la vicemandataria y su partido, Escobar refrendó una carrera basada en el respeto al estado de derecho. Ejercicio profesional que habría de mantener coherente cuando, convencida del manoseo en el proceso de las comisiones de postulación, renunció a la magistratura para la que la habían designado.
Junto a ella, María Cristina Fernández, otra magistrada del ramo civil quien junto a sus colegas de sala había emitido resoluciones apegadas a derecho que le valieron la difamación y calumnia desde la oficina de la Registradora de la Propiedad. La jueza Patricia Galdámez, quien gestiona el proceso por corrupción en el seguro social, es la tercera mujer, responsable de administrar justicia, que levanta la voz en este proceso.
Cuando estas mujeres fueron respaldadas por más de 70 de sus colegas, la esperanza renació porque puso frente a la sociedad, el rostro de una justicia que no se había atrevido a levantar la voz. Sin embargo, la magnitud de la componenda y el pacto de impunidad pisoteaban a tal grado su digna gestión profesional que se unieron en una sola voz. Atrás quedarían las noches de soledad que otra jueza valiente, Jasmín Barrios, había vivido por atreverse a dirigir un tribunal que, por primera vez, impartía justicia por genocidio.
La tenebrosa y dura mano de la corrupción y la impunidad no se ha hecho esperar para señalar con el dedo de la amenaza a las voces de la justicia. La acción valerosa de la magistrada Escobar, quien denunció el intento de soborno por parte del diputado Gudy Rivera, le valieron ser denostada e insultada por grupos del neofascismo. Incluida la pluma de un uruguayo advenedizo cuyo discurso de odio, misoginia incluida, adorna sus perfiles en redes sociales.
Y, pese a las amenazas, la vigilancia, los intentos de descalificación y aislamiento, el coraje de estas mujeres no ha mermado. Por el contrario, han mantenido viva la denuncia de lo que significa un proceso viciado para elección en las más altas cortes. Han mostrado también que sí hay profesionales dentro de quienes seleccionar al grupo que debe administrar la justicia en Guatemala.
La decisión de la magistrada Escobar y sus colegas no ha sido fácil. Porque no es sencillo atreverse a levantar la voz y mantener el tono en Guatemala. Con su actitud digna y sostenida, las juezas de la dignidad merecen el respaldo social y ciudadano.
Ellas han levantado su voz en nombre de quienes merecemos justicia pronta y cumplida. Y quienes la merecemos somos todas y todos, incluidos quienes desde el fundamentalismo fascista solo entienden la siembra de odio en donde la mayoría vemos la tierra fértil de la esperanza. Cual hechiceras de la dignidad en el día de las brujas, junta a ellas enderezamos nuestra escoba para barrer, de una vez por todas, la basura de la corrupción y de la impunidad.
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