La gente se ha organizado en barrios y comunidades; empezó con las autoridades indígenas de Sololá y los 48 Cantones de Totonicapán, quienes le pusieron un ultimátum a la fiscal general Consuelo Porras, al juez Fredy Orellana y a los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, diciéndoles que si no renuncian, no se levantaría el paro. Ellos son los cuatro golpistas más identificados, quienes sin mayores argumentos han montado casos contra Semilla, pero también contra fiscales, jueces, periodistas y activistas que lucharon contra la corrupción; es decir, estas cuatro personas han sido la defensa más fiel de una estructura corrupta caduca que patalea para no morir.
Es impresionante la solidaridad en las movilizaciones que llevan ya siete días consecutivos en un paro nacional indefinido. En las carpas que se colocaron frente al Ministerio Público en su sede en Gerona, en la zona 1, se respira cariño, compañerismo para compartir alimentos, energía eléctrica, arreglar para entrar a baños y que la gente se dé duchas, hacer turnos para mantener vibrando el corazón de las protestas. En 100 puntos del país se ha bloqueado el paso en carreteras, y hasta frente a la casa de Giammattei en Chimaltenango se posicionaron los manifestantes para mostrar su repudio al presidente y a su pareja, Miguel Martínez.
Las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) no han resulto el embrollo, son una maraña de redundancias que no clarifican y más bien dejan un sentido abierto para que puedan interpretarse a conveniencia de los interesados. En el fondo no perjudican a los golpistas, pues no frenan con suficiente determinación la intentona judicial que pretende cancelar al partido Semilla por medio de una medida precautoria –semejante locura– para luego aducir un mal de origen que llevaría a que todas las candidaturas estuvieran viciadas y con esto impedir que tomen posesión las personas electas por Semilla, incluido el binomio presidencial.
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En ese vacío, el Congreso elegiría a algún aliado al «Pacto de Corruptos» (ha sonado el nombre de Roberto Molina Barreto, actual magistrado de la CC y quien dejó claro su nada objetivo criterio al ser también vicepresidenciable de Zury Ríos) para continuar así la fiesta de la corrupción y organizar una nueva cacería judicial contra Semilla, periodistas y líderes sociales. Este es uno de los planes, pero tienen varios con el mismo objetivo: impedir que asuma Arévalo.
Pero esto ahora no está pasando.
De momento, Arévalo es presidente y el pueblo está en la calle, lo que es una buena noticia. Consuelo Porras ha dicho que no renunciará, pero solo el hecho de que deba pronunciarse es porque tiene el agua en el cuello. Otto Pérez, varias veces, dijo que no renunciaría hasta que finalmente lo hizo. Giammattei, de nuevo, de forma desesperada, acudió a la OEA invitando a Luis Almagro a ser mediador pero éste, leyendo las intenciones de la invitación para bajar la espuma, envió a una comisión de menor nivel (no viajará él directamente) y anunció un informe y recomendaciones, que no parece ser lo mismo que Giammattei querría, alguien que le saque las castañas del fuego. Para este diálogo, la población organizada lo tiene claro: el requisito de cualquier conversación para levantar el paro es la renuncia –al menos– de la fiscal general; ella es ya insostenible. Y solo así empezaría a bajar la crisis.
Lo más esperanzador es que la presión popular continúa en aumento. Más apoyos, más empresarios se meten a respaldar, más colegios, más universidades, más gente legitimando el liderazgo de los pueblos originarios, quienes siempre han sido los que comandan las resistencias en un país cansado de recibir palo de los gobernantes. Hay esperanza, hay camino, no debemos dejar de presionar.
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