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Guatemala va por malos caminos (2)
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Guatemala va por malos caminos (2)

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Tipo de Nota: 
Opinión
28 07 18

La privatización de los bienes y servicios públicos, impulsada desde la ideología neoliberal, es un proceso legal, técnico, social y político que en sí mismo no es ni bueno ni malo. Todo depende de quiénes la hagan, por qué, para qué y a quiénes beneficia. Sin embargo, algo que se deja de lado es el entorno ético y moral en el que se lleva a cabo.

Aparte de formular una ley justa y socialmente responsable, de contar con una institucionalidad eficiente y nada onerosa, de la adecuada participación de la diversidad social y de una pertinente intermediación y representación política, se necesita la aplicación de principios y valores que tiendan a garantizar el bien común como un derecho supremo y general, ya que son recursos del pueblo los que se pretende privatizar

En Guatemala nada de eso ha ocurrido y los bienes de la sociedad han pasado a pocas manos, de manera que se ha empobrecido a la mayoría en favor de los exiguos y tradicionales grupos y sectores herederos de la colonia. El ciclo se repite con la iniciativa de ley número 5,432, ley general de infraestructura, que impulsan los sectores del poder económico para privatizar la construcción y el mantenimiento de las carreteras. Es parecida a la Ley General de Electricidad, que se decretó cuando se privatizó dicho servicio y la razón por la cual se tendrán los mismos resultados: una burocracia de élite detentada por los sectores económicos haciendo a un lado el Estado que ellos mismos han tenido a su servicio y al cual han llevado al fracaso con la corrupción política que han practicado y, por otro lado, los usuarios pagando otra vez lo que ya pagaron con los impuestos.

Con dicha iniciativa se crean instancias burocráticas de alto nivel controladas por el sector privado con cargos directivos que duran hasta nueve años, con libertad para fijar salarios e incentivos y con un control absoluto que no garantiza la objetividad y la libre competencia porque han sido, son y serán los círculos empresariales de gran poder los que estarán cerca de esas instancias, que normalmente actúan a su favor. Pequeños empresarios, ni de cerca.

La iniciativa de ley reduce los riesgos para los inversores y deja a un lado la tarea de garantizarle utilidades al Estado. El cobro de peajes por usar las carreteras construidas se convierte en una doble tributación, pues ya se cobra un impuesto de circulación y un porcentaje del impuesto a los combustibles que pagan los usuarios, que debería ser el fondo para construir las carreteras. Es decir, garantías por todos lados que los medianos y pequeños empresarios no gozan, ya que ellos se debaten en la competencia económica sin el paternalismo del Estado.

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La ley aduce que garantiza la planeación y la priorización con una visión de desarrollo para todo el país fuera de negociaciones políticas. Sin embargo, la experiencia desde 1996 demuestra lo contrario, pues la agenda empresarial busca intereses económicos —rentabilidad financiera— que no empatan con los intereses sociales de la población —rentabilidad social—. Esta inecuación no se ha resuelto en los años que lleva el proceso de privatización en el país.

El entorno moral y ético para discutir semejante iniciativa no es el mejor ni el más adecuado. La situación económica de las grandes mayorías es grave como para estar sufragando las inversiones del sector empresarial y contribuyendo al crecimiento de su riqueza. La corrupción empresarial en la obra pública no fue develada totalmente por presiones políticas y cobró la factura por ser financista del sistema politiquero.

El Congreso de la República no les garantiza buenas intenciones y responsabilidad a sus electores: «Van seis presidentes del Congreso capturados» [1]. A sus financistas sí. Por ello la iniciativa despierta más suspicacias que esperanzas. El Gobierno no existe en la práctica. Ha dejado que el modelo público de planeación, construcción y mantenimiento de la red vial colapse por corrupción y para darle una manita a la privatización.

Del sistema de justicia no se puede hablar mejor. No se garantiza que se aplique a favor de la población, y los niveles de impunidad auguran un futuro incierto para los usuarios que no tengan a nadie que los defienda.

Por eso la iniciativa debe ser detenida y discutida democráticamente durante el próximo gobierno. A la luz de la experiencia privatizadora de los últimos años, es importante debatir ampliamente las salidas a la crisis de infraestructura y no pensar en la privatización como la panacea.

 


[1] Prensa Libre, 24 de julio de 2018, página 3.

La situación económica de las grandes mayorías es grave como para estar sufragando las inversiones del sector empresarial y contribuyendo al crecimiento de su riqueza.
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