En redes, una abogada que comenta desde una perspectiva de populismo radical de derecha dice ser esa persona, y presume orgullosa su participación en la sustracción ilegal de las boletas de votación del Tribunal Supremo Electoral.
Es común escuchar, más como aliento que como constatación censal, que los buenos somos más. Importaría si los resultados de la bondad y la malicia fueran asunto de votos. Pero la clave no está en que los buenos seamos más o menos que los malos, basta apenas con que los malos sean suficientes.
El pacto de corruptos entendió hace ratos que para secuestrar al Estado y pasar del lugar de esperanza que era Guatemala en 2015 al infierno que vivimos hoy bastaba apenas con tener los malos necesarios: una colección mínima de magistrados mañosos, una fiscal corrupta y vengativa (con su subalterno chambón), un presidente displicente, y poco más. Y para desamparar a más de 17 millones de personas bastaba con perseguir a los buenos indispensables —menos de medio centenar de jueces, magistrados, fiscales, abogados y periodistas—. Y, como muestra la que dice ser servicial cargadora de cajas, o al menos se propone voluntaria para impostarla, y aún practican a la sombra algunos cómplices de la élite empresarial[1], sobran para coludir un par de decenas de malos ciudadanos.
Siendo poca gente, puede el pacto de corruptos moverse con agilidad y con certeza. Ya lo demostró desde que, con el ascenso a la presidencia de Alejandro Giammattei y la confirmación de Consuelo Porras en la fiscalía, revisó su objetivo: se transformó en un pacto de impunidad. Y volvió a revisar su objetivo tras la primera vuelta electoral, al descubrir que le falló la máquina de preselección de candidatos presidenciales complacientes. ¡Se le coló el Movimiento Semilla con Arévalo y Herrera! Así que ahora esos pocos mafiosos han pasado, de ser un pacto de impunidad a ser un pacto golpista. Por esto ya no les preocupan las formas de la ley.
Hoy, el propósito de la banda intrigante –que incluye al presidente, a Porras, Curruchiche, Orellana y a otros malos indispensables– no es otro que evitar que tome el poder el presidente legítimamente electo en julio por la población en las urnas. Por eso resultan de más las promesas que salen de la boca de Giammattei y las razones jurídicas que esgrime la fiscalía.
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Lo bueno es que en la fortaleza de los mafiosos —un número pequeño que les deja coordinarse rápidamente— está también su debilidad. Porque, aunque no se resolverán de la noche a la mañana los muchos problemas que ellos le han heredado a Guatemala, tampoco hace falta quitar mucha gente para detener el golpe de Estado que intentan completar. Pero eso sí: es indispensable retirarlos del espacio en que abusan del poder. Y eso empieza, indefectiblemente, por quitar el borde afilado del arma criminal, en el Ministerio Público.
La tarea no debiera ser tan difícil para los muchos buenos, aunque seamos débiles y ocasionalmente indiferentes. Somos la mayoría de los 17 millones de habitantes. Somos los 4.2 millones que votamos en la segunda vuelta, cuyo voto desprecian quienes sacaron las cajas del TSE la semana pasada. Somos los 2.4 millones que formamos la mayoría electoral en la segunda vuelta al elegir a Arévalo como presidente y a quienes nos buscan defraudar. Somos los 120,000 que firmamos el petitorio para la dimisión de Porras. Y son los miles de jurados de mesa que contaron votos y los miles de fiscales que vigilaron la elección, a quienes hoy Porras y sus secuaces insultan al cuestionar su integridad.
El reto es que a veces cuesta enfocarnos, poner atención a la sola cosa necesaria. Un mazo grande no ayuda, no importa cuán pequeño sea el clavo, si no le pega en la cabeza. Eso es lo que toca hoy: precisar un solo objetivo y golpear hasta conseguirlo.
Es impostergable que los miembros del pacto golpista sean removidos del poder, partiendo con Porras, Curruchiche y sus operadores en la fiscalía. Lo que empezó mal —con un plagio para Porras y un ascenso injustificado para Curruchiche— por supuesto debe terminar mal. Conseguirlo es la tarea a proponernos juntos: sociedad, votantes y ciudadanos que cuidaron las elecciones. Es el resultado que exigimos ya.
[1] Como la vergonzosa Cámara del Agro, que prefiere pedir al mismo MP delincuente actuar contra las protestas ciudadanas, antes que defender la Constitución, ni siquiera tratándose de una Constitución que fue hecha a su medida.
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