Ética Pública II

Para principiar, hay que señalar que la discusión no ha estado ausente de la realidad de Guatemala, ya que en el Gobierno de Oscar Berger se aprobó, en Consejo de Ministros, el acuerdo gubernativo 197-2004, “Normas de Ética del Organismo Ejecutivo”, el cual contiene 15 artículos; un rápido análisis del mismo demuestra que aunque en su momento pudo servir de referencia para indicar la buena voluntad del Gobierno, la normativa tiene los siguientes defectos:

1. No establece una institución, comisión o persona responsable para hacer valer el código de ética.
2. Carece completamente de mecanismos coercitivos, pese a que el artículo 1 indica que es obligatorio para los funcionarios del Organismo Ejecutivo.
3. Muchos de los artículos son excesivamente generales, por lo que favorecen muchas interpretaciones diferentes. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta el artículo 6, secretividad, que establece que: “no podrán revelar o facilitar la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tengan conocimiento por razón del cargo que ocupen y que, por disposición de la ley, deban permanecer en secreto”. Sin embargo, el Artículo previo, el 5, habla sobre la Integridad y Transparencia: “deberán actuar íntegra y transparentemente, debiendo velar porque todas sus actuaciones y las de sus subalternos respondan a los principios y valores que inspiran las presentes normas, debiendo documentar todos los actos de su gestión, permitiendo la publicidad de las mismas”. O sea, ¿se mantiene el secreto o se transparenta la información?
4. El código pasó completamente desapercibido, no fue publicitado, por lo que en la práctica quedo prácticamente en el olvido, no sólo de los funcionarios, sino de la población en general.
5. La normativa fue creada por un acuerdo gubernativo, la cual le imprimía un carácter legal muy transitorio, en la medida en que este tipo de acuerdos pueden ser modificados o derogados sin mayor trámite.

En ese sentido, promover la ética en la administración pública va más allá de elaborar y sancionar Códigos de Ética abstractos y desconectados completamente de las normas e instituciones que rigen la gestión pública; por eso se habla de un proceso integral, en el que la ciudadanía es uno de los actores más relevantes para exigir y promover la ética el ámbito público.

Este proceso comprende, al menos, cinco etapas:

• Un debate amplio y serio sobre los valores públicos que deben alentarse.
• Asignación o creación de una institución responsable de impulsar la ética pública.
• Promoción de los instrumentos y herramientas para impulsar la ética pública (leyes, códigos, procesos administrativos, festivales de cine, campañas de divulgación, etc.)
• La puesta en práctica de los instrumentos de trabajo
• La evaluación y control del proceso.

En la primera y la última fase, el involucramiento ciudadano y de la sociedad civil es fundamental para favorecer la implementación real de la ética en el ámbito público.

(Continuará)