Estrada Cabrera, el protogüisache

Detalla el historiador Paul Dosal[1] cómo la reforma de 1871 en Guatemala dio paso de la economía agraria de los conservadores a la ampliación de la producción industrial de los liberales. Usar el Estado para beneficio casi exclusivo de las élites, costumbre colonial y de los conservadores, se reorientó para favorecer la instalación y ampliación de las fábricas de los triunfadores liberales en áreas como la cerveza, los textiles y el cemento.

Ayudar a una nueva industria no era solo asunto de eximir impuestos y establecer contratos con el Estado. Igualmente importante era bloquear a los potenciales competidores, tanto internacionales como nacionales. Esas expectativas hicieron que las élites económicas liberales —antepasadas de quienes aún hoy tienen poder económico— quisieran acceder a las instituciones de gobierno, tanto de forma directa como indirecta, y conseguir y conservar la simpatía de los gobernantes —autoritarios casi por antonomasia— aunque no los consideraran miembros de su propia clase.

Era una incómoda alianza de clases en torno al Estado guatemalteco y sigue siéndolo hasta hoy. Lo ilustra el largo régimen de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). El dictador —expósito hijo ilegítimo de una empleada de la élite— no tuvo empacho en antagonizar con los miembros de esta. Por subrayar quién mandaba incluso envió al paredón a algunos que conspiraron contra él.

Pero, mientras por un lado ponía distancia con respecto a la élite, por el otro concedía monopolios a algunas empresas; eso sí, siempre a condición de que le dieran beneficios a él. Dosal describe el caso de Cementos Novella (hoy Cementos Progreso), empresa cuyo fundador con mucha insistencia consiguió del dictador privilegios fiscales y contractuales. Y algunos de sus descendientes parecen considerar que los siguen mereciendo hasta nuestros días.[2]

Así, tienen más de un siglo de crecer las raíces de debates que podríamos pensar contemporáneos, como cuando se discute sobre la necesidad de una ley de competencia o en torno a sacar al Cacif de las instituciones públicas.

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Más aún, encontramos allí resonancias con la relación de odio-amor que hoy amarra a los miembros más corruptos de la clase media urbana con la élite económica. Por un lado, partiendo de una situación socioeconómica poco propicia, Estrada Cabrera aprovechó oportunidades abiertas por la propia élite liberal para formarse como un muy competente abogado, una pericia que famosamente usaba para beneficio propio y daño de sus enemigos. Y por el otro, pobló su psicología de complejos contra esa misma élite, cuyos miembros no lo admitían como igual, así lo necesitaran y fuera el hombre más poderoso del momento. Era un resentido, dirían entonces; y resentido sigue siendo el insulto favorito contra quienes hoy heredan su situación clasemediera.

Aquí está la importancia de examinar el pasado, porque bien podríamos considerar a Estrada Cabrera como el protogüisache, el espíritu tutelar de los abogados que sirven para hacer leyes a la medida de una élite que siempre se resiste a jugar con las mismas reglas para todos. Como el dictador, a medida que cobran independencia, en el mejor de los casos retuercen la ley y, en el peor, la ignoran. No heredaron su pericia, pero Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y la gente que puebla la Corte de Constitucionalidad y dirige el Colegio de Abogados son auténticos herederos de su concepción instrumental de la ley.

Y Alejandro Giammattei —socio golpista del Ministerio Público— es también heredero de Estrada Cabrera: comparte con Porras la paranoia rencorosa del dictador y practica una incómoda y hasta violenta relación con la élite que le abrió la puerta al gobierno porque lo veía como útil, pero que lo desprecia en sus orígenes y lo denuesta en sus relaciones.

Debe terminar esta relación perversa entre herederos de élites que insisten en tener beneficios particulares y arribistas clasemedieros que ven la corrupción como la escalera del ascenso social, y que se necesitan mutuamente aunque se detesten. La expulsión de Porras y sus adláteres del Ministerio Público es necesaria y castiga un aspecto de la dinámica. Pero en respuesta al hartazgo popular que ilustra el paro nacional, el presidente electo Arévalo necesitará también abordar el otro lado. Necesita mostrar, persuadir e incluso obligar a las élites a acomodarse a la democracia igualitaria. Por eso unos pocos no quieren que llegue él al poder; y es para eso que muchísimos más votamos y exigimos que llegue sin más obstáculos.