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“Es la empresa privada quien viola la gran mayoría de veces los derechos económicos, sociales y culturales”

“Los empresarios deberían de ser quiénes más interés manifiesten en regular la consulta porque eso sería una certeza jurídica para cualquier inversionista.”
“Aquí quieren que el PDH se pronuncie por todo. Que se pronuncien por el contrato de EPQ o por los vídeos cochinos del expresidente del IGSS. ¿Qué puedo decir sobre eso?”
Fotografías de Aída Noriega
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“Es la empresa privada quien viola la gran mayoría de veces los derechos económicos, sociales y culturales”

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Historia completa Temas clave

El Estado guatemalteco no sabe lo que es el dialogar, dice el procurador, y ve en la necesidad de regular legalmente las consultas ciudadanas como un mecanismo para evitar la conflictividad en el país. Además, busca que la función del PDH sea servir de válvula de escape a la tensión social.

Redes-lateral

Promover el diálogo y la mediación deberían de ser las principales funciones de la institución del Procurador de Derechos Humanos para tratar de evitar la conflictividad social, dice Jorge De León Duque. Para ello, quiere reforzar el trabajo de las auxiliaturas departamentales, aumentar el papel que juegan las defensorías y lograr que el Congreso de la República apruebe una ley de de carácter ordinario para las consultas populares. “Mientras no se regulen las consultas y sean realmente vinculantes, se seguirá haciendo lo que las empresas y el Estado crean conveniente o lo que les den la gana”, dice.

Pero primero, afirma, ha tenido que ordenar la casa. De León Duque dice que recibió una institución desordenada, sin archivos fiables, con una gran cantidad de denuncias que no prosperan porque sobresaturan la gestión del PDH en casos en los que no tendría que intervenir, con una cantidad grande de personal que hacía lo que quería y que pocas veces salían de sus oficinas o de la comodidad de participar en foros y seminarios para ir a trabajar al campo. “Esta es una institución que creció desordenada y de forma muy horizontal”, dice De León Duque.

Mucha gente criticó que el crecimiento de la institución durante los últimos años correspondió a pagos de deudas políticas del procurador de turno, pagar el favor de ser electo.

Cuando vine encontré 790 empleados; ahora tenemos 680. Al ingresar encontré más de 90 contratos bajo el renglón 029, que eran contratados para prestar asesorías en diferentes temas.

¿Por ejemplo?

De incidencia legislativa o cuestiones de derechos específicos, como de la mujer o de la niñez. Consideré que era demasiado y que no podíamos darnos el lujo de tener tantos contratos 029. Es decir, no era algo ilegal porque no eran plazas fantasmas. Era un profesional contratado que al final de mes presentaba un informe y lograba alguna incidencia. En algunos casos, sí era trascendental su trabajo; en la gran mayoría, no. Así que rescindí más de 62 contratos de este tipo.

Hemos visto algunos informes de estos asesores y son estadísticas que se obtienen con la solicitud de información pública a instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Nacional de Medicina Forense (Inacif) o al Ministerio de Gobernación (Mingob); cuando no eran recuentos de casos publicados en medios de comunicación.

Claro.

¿Por qué pagar Q20, 30 o 50 mil en asesorías privadas al mes para obtener información de carácter público?

No tenía sentido. Encontramos casos de esos y por eso los rescindimos. Dentro de esos contratos había unos de una banda, una orquesta, que se llamaba “Sin Fronteras”. Eran siete u ocho músicos que entre todos devengaban unos 80 mil quetzales mensuales y no venían a trabajar. Cuando había un evento, el exprocurador los invitaba y ellos tocaban. Le rescindí el contrato y me amenazaron con que estaba violando su derecho de expresión, a la música y a la cultura.

Mucha gente dice que esta institución es un botín político. En Plaza Pública publicamos un artículo en el que se mostraba como hijos de diputados y parientes de funcionarios encontraban trabajo dentro de la institución. Se habló que esta era una forma de pagar el favor político de la elección.

Vimos las denuncias y di instrucciones de que se hiciera un monitoreo y una evaluación del personal y de su trabajo. Si era personal que reunía los requisitos para estar laborando en la institución y cumplía con sus obligaciones, no tenían ningún problema en que se quedaran en sus puestos. Había tres hijos de diputados que trabajaban acá, creo que hijos de Mario Taracena, Oliverio García Rodas y Baudilio Hichos. Los tres pasaron la evaluación de desempeño. La única que no trabaja acá ahora es la hija del diputado Hichos, que estaba en la dirección de tecnología, que era una buena trabajadora y que renunció. Pero la revisión de perfiles no fue solo de ellos sino que de todo el personal. Creo que lo que se hablaba de favores políticos venía por la contratación bajo el renglón 029, donde había muchas plazas de asesor en incidencia legislativa y todos sus contratos fueron rescindidos.

Esta gente era, en teoría, asesores de diputados que eran pagados por el PDH y trabajaban en el Congreso de la República.

Eso no lo pude comprobar. Lo que había eran los perfiles y los contactos de muchos abogados, quienes rendían un informe a esta institución cada mes pero que físicamente no estaban acá porque era un contrato de servicios profesionales.

El exprocurador Sergio Morales dijo que la institución creció en personal porque se pretendió llegar a todos los departamentos del país. Pero escuchábamos quejas desde Petén, por ejemplo, del mal servicio y la mala atención.

En esos lugares no hay credibilidad. Hay gente que me ha dicho que la procuraduría en Petén era irrelevante, que no servía de nada porque se llegaban a poner denuncias y no se les hacía caso, que podía más el compadrazgo. En otros lugares, sí tenemos credibilidad.

¿Por ejemplo?

En Totonicapán, que es como nuestra auxiliatura modelo con expedientes al día, con presencia entre la población, con una buena relación con los grupos sociales, como con los 48 cantones.

No le parece una casualidad que donde hay una organización social fuerte se tiene una auxiliatura fuerte.

Los 48 cantones son una organización social fuerte y seria, y se tiene una auxiliatura fuerte trabajando con ellos. Sí, eso no es casualidad. Pero también tenemos casos contrarios. Por ejemplo, en Sololá, donde también hay buena organización social fuerte y una alcaldía indígena importante, no existe una buena relación entre la población y el auxiliar. En diciembre visitamos Sololá y la bienvenida que me dieron fue el reclamo que tenían 10 años con un auxiliar departamental del PDH, que nunca había llegado a una reunión de la municipalidad indígena.

Además, Morales defendía que el crecimiento era lo natural por la cantidad de nuevas funciones que se delegaban sobre la institución. ¿No se ha inundado a la PDH con nuevas funciones como el control de la ley de acceso a la información pública (LAIP) y otras?

Una cosa es que el PDH sea la autoridad reguladora del acceso a la información y se le dé la facultad de supervisar a más de 1,200 sujetos obligados, supervisar portales, supervisar obligaciones; y la otra es que no nos dieron un centavo más, ni una sola persona, ni una computadora más para hacerlo. Ahorita tenemos 10 personas en ese departamento. Cuando entré tenía dos. Y este año empezamos, primero en occidente del país, con capacitación de periodistas para el uso del acceso a la información. Pero tenemos nuevas funciones.  Ahora nos piden que emitamos carencia de antecedentes de violación de derechos humanos. Lo cual estamos analizando si nos compete o no, porque es una gran responsabilidad el decir que una persona no le aparece ningún antecedente como violador de derechos humanos.

¿Se tienen archivos fiables para eso?

Se tiene la responsabilidad de decir si una persona violó derechos humanos, sobre todo para decisiones de diferentes comisiones de postulaciones, como de decir que una persona no lo ha hecho. Es bien complejo por la forma en que se ha manejado esto. Aquí se han condenando a algunos y a otros, no. Se ha manejado con mucha discrecionalidad.

En Estados Unidos, es el Departamento de Justicia el que da esta información.

Claro, porque hay que ver tanto los antecedentes penales y policiacos. ¿A cuenta de qué el PDH tiene que extender carencia de violaciones de derechos humanos?

¿No tiene la capacidad de investigación para ello?

No, no la tenemos. Eso solo con base a los expedientes que tenemos que se declara si una persona es o ha sido violador de derechos humanos. En este sentido, podemos cometer muchas injusticias.

También se habló del caso de un servidor de información perdido durante la transición.

La verdad es que recibimos esta institución en unas condiciones… Lo del servidor, empezamos a indagar si hacía falta en el inventario. Pero nunca se corroboró que se haya sustraído información de la institución ni si físicamente se sacó un servidor. Nunca lo pudimos comprobar. Ahora bien, la información que nos dijeron que se nos daría, nos fue dada. Dicho sea de paso que no hay información de casi nada. Si lo invito a que vayamos al archivo donde están los casos, se asusta. Recuerdo que cuando vino mi grupo de transición –Jorge Mario Andrino, Renzo Rosal y otras personas más—fueron al archivo y les dijeron: “Este es el caso Mack”. ¡Y estaba tirado en el suelo! Humedeciéndose, pudriéndose. Impresionante. No hay información. Ahora estamos trabajando en una restructuración, en una propuesta de digitalizar la información.

El ex procurador decía que era insuficiente el presupuesto asignado al PDH.

En el tema de derechos humanos siempre hace falta dinero. Hice una solicitud al Congreso el año pasado para pedir un aumento de 50 millones y ya no se pudo. Hace algunos años el aporte que daba la cooperación internacional era más del 50% del presupuesto, alrededor de 60 millones. Hoy, nada. Ni un solo centavo.

¿Nada?

Nada hasta hace algunos meses. De hecho, para nadie es un secreto que la comunidad internacional empezó a retirar mucho apoyo que daba al PDH a raíz de varios hechos. Pero el año pasado empezamos a recibir cooperación de GTZ, cooperación alemana; de Abogados sin fronteras de Canadá; y de los gobiernos de Canadá y Suiza. E hice una presentación sobre un proyecto global de derechos humanos al G–13 y estamos esperando apoyo de ellos en capacitación para auxiliaturas.

¿Ahí es dónde está el gran reto de la PDH?

El reto transversal es el fortalecimiento de la institución. Y los dos grandes retos son las auxiliaturas departamentales y las defensorías.

¿Y en el caso de las defensorías?

Hoy tienen 10 años las defensorías de ser meseros. ¡Solo son mesas de diagnóstico! Y no se hace supervisión. Quiero que veamos la trata de personas, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, por ejemplo. Parte de los nuevos lineamientos en el reglamento es que recibimos el expediente en procuración y tiene que haber una implicación directa de las defensorías, porque son los que más conocen de los temas. Pero hasta ahorita, toda la carga del trabajo la tenía la Dirección de procuración y las defensorías andaban de visita de mesa en mesa.

¿Eso ha cambiado?

Ha habido cierta resistencia. Hasta por la reubicación física. Las defensorías estaban en diez casas regadas por la zona 1, lo cual era sumamente caro para la institución, y el personal no tenía controles. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Pero alquilamos un edificio cerca, que nos sale Q7 mil más barato, y ahora se quejan de que se sienten muy hacinados. Pero por lo que realmente están molestos es porque les exigimos que marquen su entrada a las 8:00 a.m. Esto es como un niño mal criado por 10 años al que ahora no le gusta que lo regañan y que los manden a hacer sus deberes. Eso ha pasado. Pero también he encontrado gente con mucha mística de trabajo.

Mientras tanto, ha dicho la institución tiene 16 mil casos pendientes.

Son entre 14 mil y 16 mil expedientes retrasados. Se me ha criticado por las disposiciones de no recibir todo tipo de denuncias y hasta me quiere mandar a citar al Congreso de la República porque dije que no se debería  abrir expedientes por todas las causas que lleguen al PDH. Por ejemplo, recibíamos denuncias de tipo laboral, se abría el expediente y se empezaba la investigación. Se mandaba a pedir información al empleador y a los dos o tres meses se daba la resolución condenando al patrono como violador del derecho al trabajo de una persona. Entonces, el trabajador preguntaba qué debía hacer después y se le decía que fuera a un tribunal para ver qué podía lograr. Cuando llegaba al tribunal, le decían que su plazo de 30 días para presentar una denuncia ya había prescrito y entonces ya no tenía derecho a la indemnización. Desde el primer momento le tuvimos que haber dicho que aquí no podíamos hacer nada. Que debía venir con nosotros después de hacer valer sus derechos en el ministerio de Trabajo o accionar en el sistema jurisdiccional y no obtener respuesta es cuando; no antes.

¿Esto es lo que se quiere cambiar?

Sí. Queremos optimizar los criterios para abrir expedientes. En el caso de este trabajador, por ejemplo, se tiene que abrir un expediente a prevención, especificar la denuncia y remitirlo al juzgado de lo laboral, que es donde debe de ir. Si la persona no sabe dónde queda, acompañarlo. Si es comisión de un delito, de una vez remitirlo al MP, porque así lo estima el artículo 32 de la ley del PDH.

¿Cuántos de esos casos pendientes son casos irrelevantes o que no deberían ser vistos por el PDH en una primera instancia?

Muchísimos. Hace poco vino una señora a poner una denuncia porque el loro de su vecina la insultaba y solicitaba que el PDH hiciera algo porque estaba violando su derecho a la tranquilidad; o vinieron veinte estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) a exigir que les diera trabajo en la institución porque si no lo hacía estaría violando su derecho al trabajo. Obviamente cuando hay la comisión de un delito, cuando hay injusticias, está implícito que hay una violación a un derecho humano. Pero hay que ver hasta donde el PDH puede o no puede actuar. En España, por ejemplo, el defensor del pueblo se pronuncia cuando ya un tema pasó de tribunales, cuando ya no hay nada que hacer, y fiscaliza las acciones de ellos.

No es el caso guatemalteco…

Aquí quieren que el procurador se pronuncie por todo. Que se pronuncien por el contrato de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) o por los vídeos cochinos del expresidente Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué puedo decir sobre eso? Pero de ese gran canasto de denuncias, hay unas sumamente importantes a las que no se les da el tratamiento adecuado. Por ejemplo, destituí al auxiliar de Izabal porque recibió una denuncia de una violación. ¿Qué hizo? Se sentó a dialogar con el violador, que contagió de VIH a su víctima, y con él que se acordó que le iba a pagar el colegio a la niña. ¡No puso denuncia en el MP y llegó a un acuerdo! Y del otro lado tenemos una cantidad increíble de denuncias que hace perder, primero, la credibilidad de la institución, y después, recursos humanos y tiempo.

¿De qué sirve un pronunciamiento del PDH si no es vinculante, si no obliga al Estado a dejar de violar derechos humanos fundamentales? Por ejemplo, ¿de qué sirve que el PDH se pronuncie para que exista un verdadero diálogo entre el Estado y las fuerzas sociales si el primero no hará absolutamente nada en ese sentido?

En el tema del diálogo hemos logrado tener cierta incidencia. Hemos presentado tres amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el tema de las consultas a los pueblos indígenas. Para tener incidencia y que esto no quede en nada, presentamos los amicus curiae ante la Corte para que le sirva de parte de contenidos útiles para un posible fallo. Entonces, ahí sí se ve un resultado importante de la PDH sobre el tema de las consultas, que es algo que se debe de respetar porque Guatemala es signatario de convenios internacionales en esta materia.

Aunque haya ratificado lo tratados internacionales, las consultas no se respetan.

No, por eso en estas resoluciones decimos que, en primer lugar, el Estado comete una ilegalidad al no respetar las consultas y que es importante regularlas. No nos podemos hacernos los locos, porque eso puede generar y ya está generando muchísima conflictividad.

El caso de los dos permisos de explotación de mineras otorgados este año. Las comunidades se quejan de que no existió una consulta. En San Rafael, por ejemplo, no se respetó la consulta establecida en el código municipal.

Mientras no se regulen las consultas y sean realmente vinculantes, se seguirá haciendo lo que las empresas y el Estado crean conveniente o lo que les dé la gana. Recibimos a la gente de Barillas y está sumamente molesta e indignada. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Me dijeron: “Totonicapán es un antecedente nefasto que no queremos recordar, pero estamos dispuestos a pelear con nuestra vida por nuestro territorio. Es un abuso lo que hacen”. Y no solo es en Barillas. Tenemos identificado muchísimos focos de conflictividad por la explotación minera.

¿Y con las empresas hidroeléctricas?

Es distinto porque la esencia de ellas es distinta. Incluso, éstas dan cierto beneficio a la población. No es tan perjudicial como puede ser la explotación y extracción de cualquier mineral. Aún así, las hidroeléctricas generan cierta preocupación, cierto conflicto. Pero mientras no exista seriedad para regular las consultas y que se vuelvan de carácter vinculante, esto va a seguir siendo un problema.

Partamos de un hecho: Si el Estado no está acostumbrado a dialogar, ¿cómo podemos obligar a una empresa privada y a una comunidad a sentarse a hacerlo?

Parte de las recomendaciones en la resolución de Totonicapán fue el fortalecimiento del Sistema Nacional de Diálogo, la tolerancia, la sensatez y empezar a acostumbrarnos a discutir las cosas sentados de forma civilizada y responsable en una mesa. La solución a los problemas no es tirar piedras o llevar a la policía ni criminalizar la protesta social, que indudablemente es válida y que es resultado de años de lucha de esta sociedad. No son esas las soluciones. Tristemente no estamos acostumbrados a dialogar en ningún tema pero tenemos que empezar a hacerlo.

Miremos casos claros: El Congreso está varado por falta de diálogo político; el gobierno no pudo sentarse a dialogar con los normalistas…

… por eso me salí de ese proceso de diálogo con los normalistas, porque no había diálogo. Querían que fuera el intermediario y cuando vimos el primer punto de la agenda, la Ministra de Educación, Cynthia del Águila, no aceptó. Después, condicionó a que los normalistas aceptaran otro punto; y ellos dijeron que no. Entonces, dije que me retiraba porque eso no era un diálogo. Ella no quería ceder.

En el caso de los normalistas, por ejemplo, fueron llevados al Congreso. La ministra los escuchó en las audiencias, anotó sus peticiones, no tomó en cuenta ninguna de ellas y siguió con el plan tal cual estaba proyectado por el gobierno central. Con EPQ vimos el mismo discurso: Se conoce el contrato, se quejan los sindicalistas, el presidente anuncia que se parará la adjudicación para su revisión y al final se deja tal cual estaba desde un inicio. ¿Existen verdaderos procesos de diálogo desde el Estado?

No.

Pareciera ser que la lógica es llegar al conflicto para después sentarnos a dialogar y no al contrario: dialogar para evitar el conflicto. Y hasta entonces llaman al PDH.

Así es. Y, además, pasan la responsabilidad a esta institución. Parte de mis grandes metas para este período es fortalecer las auxiliaturas departamentales y convertirlas en verdaderos centros de mediación. Creo que se puede hacer mucha mediación en el interior del país, mucha gestión de diálogo y de prevención. Porque, si bien en muchos casos hay razones genuinas y de peso para que la población se manifieste, a veces baja el nivel de tensión existente solo con que se escuche a la gente. Con el tema de Chixoy, por ejemplo, empezamos en noviembre pasado. Ellos tienen más de 20 años peleando en Chixoy y guardan una paciencia franciscana, una tolerancia increíble; y yo ya estoy desesperado. No es posible que les ofrezcan, les digan y todo es mentira. ¡Así han venido por años! La gente tiene la paciencia a punto de colmarse y no sé qué pueda pasar.  Por eso he pedido cooperación al G–13 para que nos apoyen económicamente en el fortalecimiento de las auxiliaturas departamentales. Estoy convencido de que pueden jugar un papel fundamental como mediadores, como pacificadores en estos conflictos y, por supuesto, estoy revisando el personal y sus capacidades para ello.

¿Tan mal están las auxilituras?

Es que en algunas se obvian denuncias importantes y existen anomalías. Había auxiliares que recibían denuncias, les decían a las personas que no los podían ayudar y los enviaban a su bufete privado de abogados para cobrarles por los casos. Por anomalías cambié a cinco auxiliares departamentales – Zacapa, San Marcos, Escuintla, Quetzaltenango e Izabal–, algunos hasta con denuncias penales.

¿Podría decir cinco puntos del país donde podrían estallar conflictos en el corto plazo?

Si fuera geográficamente, identifiquemos todos los puntos donde hay proyectos de exploración y donde podría haber explotación minera. Seguramente en la gran mayoría de ellos existirá conflicto. En los casos de hidroeléctricas se han logrados algunos acuerdos. Sin embargo, todavía en muchos hay una oposición sistemática y bien fundamentada. Hay algunos que están en un espiral de conflictividad mucho más altos que otros, como en Chixoy y Barillas. Y no creemos que hayamos de limitarnos a donde esto pueda estallar. La solución tiene que ser mucho más integral y no solo limitarnos a puntos geográficos, sino que buscar soluciones verdaderas en las que tiene la responsabilidad de participar el Estado, la población, las autoridades locales, los líderes sociales y los empresarios. El punto central de nuevo es regular la consulta. Ahora estamos trabajando en una propuesta para enviar al Congreso de la República y que la regulación de las consultas esté en una ley de de carácter ordinario en el país…

Ya hay una propuesta para regularla dentro de las reformas a la ley Electoral y de Partidos Político.

Sí, es una propuesta que tiene algunas cosas interesantes pero que está en el vehículo equivocado. Veo sumamente complicado que esas reformas pasen porque los mismos partidos pondrán obstáculos.

Dice regular la consulta pero uno de los sectores que más se opone a ella es la empresa privada. El Cacif ha dicho que no le interesa que existan. Y, aunque son los menos de la población, son los que manejan los recursos económicos y los que tienen mejor ‘lobby’ político.

Ellos deberían de ser quiénes más interés manifiesten en regular la consulta porque eso sería una certeza jurídica para cualquier inversionista. Creo que hay empresarios buenos y responsables, y haciendo eco de esa responsabilidad deberían de ser ellos los más interesados en no poner obstáculos y cortapisas a cualquier inversión económica en el país. Acabo de ver un artículo que decía que Guatemala no era precisamente el mejor país para hacer ciertas inversiones porque hay mucho recelo e incluso violencia manifiesta de parte de algunos pobladores a ellas. Al final, los empresarios también salen beneficiados. Eso sí, tendrán que respetar la decisión de la población. Pero creo que si se socializan las propuestas y los proyectos, y dejan ganancias a los pobladores, sí se puede llegar a acuerdos.

Pero existe opacidad en otras áreas. Por ejemplo, no sabemos cómo se entregan los permisos ambientales o de exploración. Y si no existe la información necesaria de nada sirve hacer una consulta.

Eso es parte de los errores que se han cometido. Nosotros fuimos invitados como testigos de honor en el caso de La Puya. La población estaba indignada porque, dicen, antes de iniciar el proyecto los entrevistaron, les hablaron e hicieron estudios de tierras para un proyecto habitacional. Los pobladores decían: “¿Cómo vamos a tener confianza en este proyecto, aunque fuera el mejor de los proyectos, cuando su ingreso a la comunidad fue bajo engaños y mentiras?”. Aquí debe de haber mucha responsabilidad de los empresarios porque si no sus inversiones terminarán en pérdidas. Hoy se que quejan de que no pueden entrar a la zona, de que no pueden sacar su maquinaria, de que van a demandar al Estado; pero lo primero es hacer las cosas bien.

Hay otra crítica que se le hace al PDH. Usted sirve de magistrado de conciencia ante las instituciones del Estado pero pocas veces vemos denuncias del PDH hacia instituciones privadas, que también violan derechos humanos básicos, derechos económicos y sociales. ¿Por  qué no se condena a estas instituciones privadas?

El PDH no se da abasto. La realidad es que la tarea de fiscalizar lo público sobrepasa la capacidad del PDH. Es cierto que es la empresa privada quien viola en la gran mayoría de casos los derechos económicos, sociales y culturales. Y la fiscalización de ellas de parte del PDH es una tarea que no se ha iniciado. Es importante establecer ese compromiso, pero diría que no se ha cumplido con ello porque ni siquiera hemos sido capaces de la supervisión eficiente del Estado. Así, mucho menos tenemos capacidad para supervisar a los entes privados. Ahora hay alguna participación con la intervención de los PDH en el tema de la explotación minera, que toca entes privados.

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