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Erwin Sperisen, el culpable

Según la fiscalía ginebrina, este hecho demuestra que el 25 de septiembre de 2006, el mando lo tenía la PNC y por ende, el director Erwin Sperisen.
Con vehemencia lanzó vituperios contra la Cicig, indicando que era una institución “independiente” de la Secretaría General de la ONU, y que había orquestado todo este proceso para justificar su propia existencia. En todo caso, el carácter independiente al que apelaron los abogados pudo abonar más a la credibilidad de la institución que a la deshonra, puesto que en investigaciones criminales, la independencia es un principio.
Un tribunal de Ginebra condenó a “cadena perpetua” al exjefe de la Policía de Guatemala, Erwin Sperisen, por la ejecución sumaria de siete presos.
"Un suizo a la cabeza de escuadrones de la muerte", se leía a la entrada del tribunal suizo.
La legislación suiza no prevé la extradición de sus nacionales, pero reconoce a sus tribunales la competencia para juzgar crímenes cometidos por estos en otros países.
El interior del palacio de justicia de Ginebra, Suiza, donde se desarrolló el juicio contra Sperissen.
Sperisen es uno de los tres antiguos altos cargos cuya captura internacional pidió un tribunal guatemalteco tras ser acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de integrar una estructura criminal dedicada a las ejecuciones extrajudiciales de presos.
Erwin Sperisen durante su declaración en el juicio por
"No maté a nadie", dijo Erwin Sperisen en el Tribunal Suizo.
La justicia suiza declaró a Erwin Sperisen coautor de seis asesinatos y autor de uno.
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Erwin Sperisen, el culpable

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Historia completa Temas clave
En Ginebra, un tribunal vestido como para funeral, dictó una condena inclemente: Erwin Johann Sperisen Vernon, doble nacional suizo y guatemalteco, ex director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, es declarado culpable como coautor de seis asesinatos y autor directo de uno, en 2006. Tras un proceso judicial meticuloso y sólidamente documentado, se reveló no sólo la culpabilidad del ex director de la PNC, sino de la existencia de un plan y una estructura organizada para cometer el crimen.

Redes-lateral

La audiencia final del juicio, que había iniciado tres semanas atrás, el 15 de mayo, duró alrededor de una hora. La presidenta del Tribunal, Isabelle Cuendet, dio lectura a las 15.00 a una sentencia concisa, redactada con precisión y explícita sobre las pruebas incriminatorias.

Al inicio, cuando Cuendet sentenció que el ex jefe de la policía era absuelto de los cargos por los asesinatos de tres prófugos de la cárcel “El Infiernito”, en 2005, hubo una reacción triunfal de la defensa, y de alivio de algunos allegados del acusado. El Tribunal constató que Erwin Estuardo Santacruz Rodríguez, Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa, fueron recapturados y luego ejecutados extrajudicialmente por agentes de la policía, pero consideró que había dudas razonables sobre la participación directa de Sperisen en los asesinatos. En conclusión, no había pruebas contundentes que implicaran al acusado.

Pero el ambiente empezó a helarse cuando el tono de Cuendet cambió de manera drástica, al describir los hechos ocurridos en la cárcel Pavón, en 2006. Describió, entre otros detalles, que Erwin Sperisen había participado en reuniones preparatorias días antes del operativo, y que durante el mismo estuvo en lugares clave en momentos clave, dio instrucciones a su subalterno Javier Figueroa y estuvo en la casa donde luego aparecieron los cadáveres. Las conclusiones, sugerían ya el desenlace: la cadena perpetua. Los abogados de la defensa mostraban una mezcla de asombro y desconcierto, el fiscal se mantenía todo el tiempo inexpresivo, en tanto el ex director de la PNC negaba con la cabeza en clara manifestación de rechazo. Un grito desgarrado de la esposa del acusado rompió el silencio y se elevó un murmullo en la audiencia.

“... Esta calificación jurídica no deja margen a discusión en tanto es evidente que las motivaciones perseguidas son egoístas y particularmente odiosas, así como la manera de actuar, que denota una ausencia particular de escrúpulos”, dice la sentencia emitida por el Tribunal Criminal de Ginebra. En consonancia con los artículos 111 y 112 del Código Penal suizo, la pena correspondiente es la privación de libertad para toda la vida y, en esos términos, el ex jefe policial de Guatemala, en una sala de audiencias cargada de silencio y nerviosismo, escuchó las motivaciones del Tribunal para arribar a su veredicto.

En los últimos minutos, la Presidenta con solemnidad solicitó a Erwin Sperisen, el acusado, quien como el resto de los asistentes había permanecido todo el tiempo sentado, que se pusiera de pie, y mirándolo fijamente, declaró: “culpable”. En segundos un hombre cambió de estatuto, pasó de ser acusado a condenado.  

El público empezó a retirarse lentamente de la sala, al tiempo que los jueces dejaban sus estrados; un pequeño grupo de familiares y amigos se concentró en torno a Elizabeth de Sperisen, la esposa, intentaban establecer contacto visual con quien acababa de recibir sentencia, él los miraba y esbozaba cortas sonrisas consoladoras. Entre sollozos y murmullos de la audiencia, el hombre que había estado ocupando una buena parte de las discusiones públicas en el pacífico país europeo se retiró con una sonrisa irónica.

El “Affaire Sperisen”

El caso Sperisen ocupó la atención de la opinión pública suiza desde el momento en que se supo, en 2010, que el ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), un suizo-guatemalteco, había abandonado Guatemala y se había refugiado en Ginebra por señalamientos y denuncias de haber formado parte de la dirección de una estructura criminal dedicada a la limpieza social, cuando estuvo al frente de la institución policiaca, de agosto 2004 a marzo 2007.

En Suiza escandalizó el hecho de que un connacional fuera señalado de tales prácticas y perduró la indignación de que el acusado fuera ciudadano suizo. De acuerdo con el código penal helvético, la nacionalidad de Sperisen era motivo suficiente para perseguirlo por tales acusaciones, y el ex funcionario facilitó la tarea, porque además de tener el pasaporte, decidió residir en Ginebra desde el 2007, poco tiempo después de haber dejado la jefatura de la PNC en marzo de ese año.

Desde que se reveló que vivía en la ciudad, el ex jefe policial cobró notoriedad. Cada dos o tres meses, la memoria ciudadana sobre el “Affaire Sperisen” se sacudía al conocer nuevos pormenores del proceso que se intercalaba con las continuas derrotas de la defensa por lograr medidas alternativas a la prisión preventiva que mantenían al acusado en la cárcel Champ-Dollon, en las afueras de Ginebra. Sus abogados utilizaron todos los recursos procesales que tuvieron a su alcance para evitar la prisión y para frenar el proceso; “absolutamente todos, más de 30”, como recordó la parte acusadora en la fase de alegatos finales del juicio, y que, uno a uno, fueron denegados.

La figura de Sperisen fue atípica en Guatemala en su época de Director de la Policía Nacional Civil –aquel funcionario de casi dos metros de altura, blanco, robusto, que vestía igual que el resto de la tropa, que conducía una vistosa Harley Davidson, y que lucía un bigote que lo hacía aparentar más de los 34 años que tenía cuando asumió el mando de más de 20 mil efectivos en 2004-. También la imagen del acusado fue y es atípica en Suiza: no es común ver a un suizo armado hasta los dientes, como se presentó al ex jefe policial durante el juicio cada vez que proyectaban sus fotografías recorriendo Pavón –la cárcel de un país “lejano, pequeño y violento”, como describían Guatemala algunos medios suizos–.

La corrupción en la prisión, el desprestigio de la policía, las bandas criminales, la presunta participación de altos funcionarios en la ejecución de un plan para eliminar reos, la “limpieza social” y otros temas conexos que desnudaban la situación guatemalteca, fueron materia prima de notas y artículos de prensa de los medios suizos en los días previos al juicio. A excepción de la revista de tendencia conservadora y sensacionalista L'Illustré, cuyo enfoque, en un artículo titulado: “La denuncia “fantasma” de María”,  se distanció de la tendencia que se centraba más en resaltar la importancia y el desafío para Ginebra de un juicio de este tipo; y ponía en duda la fiabilidad de la parte demandante. El reportaje describía el supuesto desconocimiento de María del Socorro Vásquez, la única querellante adhesiva, madre de uno de los reos asesinados en el operativo de Pavón.

La revista fue blandida por los abogados defensores el primer día del juicio, interponiendo un recurso y exigiendo que el autor de la nota testificara. Ninguno de los recursos fue aceptado por el tribunal, tras una corta deliberación, y sobre éste en particular, el Tribunal fue enfático al señalar que notas y reportajes de prensa no se constituyen como pruebas.

El 15 de mayo a las 9 de la mañana inició el juicio. Momentos antes, en las afueras del Palacio de Justicia, se fueron reuniendo personas interesadas en el proceso: representantes de organizaciones de derechos humanos ginebrinas, periodistas, familiares y amigos de Erwin Sperisen y público interesado en asistir a las audiencias públicas. Los abogados que librarían una batalla de tres semanas ante el Tribunal Criminal -defensa, fiscalía y parte querellante- ingresaron a paso acelerado ante la atención de fotógrafos y reporteros. Ese fue uno de los dos momentos más concurridos del proceso; el segundo fue en el patio interior, a la salida de la Sala cuando Erwin Sperisen fue declarado culpable.

El comienzo del juicio, el fin de una larga etapa

El inicio del juicio marcó a la vez la culminación de un proceso de denuncia, investigación y persecución penal que comenzó en julio de 2007, con la primera interposición de una demanda penal en Suiza contra Erwin Sperisen, quien acababa de dejar su cargo al frente de la PNC y avistaba su futuro en Ginebra, tras recibir supuestas amenazas de secuestro y muerte contra él y su familia.

La primera denuncia fue presentada por organizaciones suizas -la Comunidad Ginebrina de Acción Sindical (CGAS), la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y el Sindicato Uniterre- en Solothurn, cantón (departamento) de origen de la familia Sperisen. No se trataba de las ejecuciones de Pavón, ni de los prófugos de El Infiernito, sino del asesinato de varios campesinos en la Finca Nueva Linda, luego de que el 31 de agosto de 2004 la PNC llevó a cabo un desalojo violento, un mes después de que Sperisen asumiera la dirección de la policía.

Dos años más tarde, se sumó otra acusación presentada por Trial y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en la que se le responsabilizaba de la muerte de diez reos entre 2005 y 2006. El catálogo de delitos era mayor: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y graves hechos de violencia sexual.

El Ministerio Público de Ginebra, el encargado de recibir denuncias penales, tenía en sus manos un expediente complejo que trataba sobre serias violaciones de derechos humanos. La investigación y persecución penal también ocurría en Guatemala, lo cual daba relativa seguridad a las autoridades judiciales ginebrinas para lanzarse a conocer el expediente -posteriormente las investigaciones se extendieron a Austria y España: el superior de Sperisen, el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, había partido al país ibérico y Javier Figueroa, exsubdirector de operaciones de la PNC, se refugiaba en el país alpino-.

En 2010, luego de las pesquisas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público guatemalteco emitió una orden de captura contra 19 personas, entre ellas Erwin Sperisen, por su supuesta vinculación a una estructura criminal dedicada a eliminar reos y a implementar la “limpieza social”.

La colaboración entre instituciones judiciales de Suiza y Guatemala debía ser condición para hacer avanzar un proceso de esa naturaleza en Ginebra, cuyo único vínculo con los hechos era la nacionalidad del acusado. La fiscalía dependía de las pruebas que desde Guatemala le proporcionaran para ser examinadas.

El fiscal suizo a cargo de la investigación, Yves Bertossa, envió en abril de 2011 una comisión rogatoria a Guatemala para que se practicaran nuevas diligencias y con ello recabar más elementos de prueba. Bertossa, un abogado con una carrera ascendente y aspiraciones a convertirse en el próximo Procurador General de Ginebra, había ya cobrado renombre por llevar adelante procesos de alto impacto, por ejemplo contra Hannibal Kadhafi, hijo del ex dictador libio acusado de agresión contra una colaboradora cuando se encontraban en Ginebra, o contra Bulat Chagaev, un empresario checheno acusado, entre otros cargos, de lavado de dinero.

Año y medio más tarde, el 31 de agosto de 2012, Erwin Sperisen fue detenido en las afueras de un supermercado.

La instrucción del expediente judicial tardó más de dos años: más de 60 testigos fueron escuchados en Suiza, Guatemala, España y Austria –en el proceso que afrontó en dicho país Javier Figueroa, ex colaborador de Erwin Sperisen en la PNC y amigo de la infancia, por los asesinatos ocurridos en Pavón-. Algunos de los testigos escuchados ya por Bertossa, fueron convocados para rendir de nuevo su testimonio ante el tribunal.

En enero de 2014, luego de reunir suficientes pruebas de cargo, el Ministerio Público de Ginebra decidió elevar la causa ante el Tribunal Criminal de esta ciudad, instancia judicial encargada de conocer procesos que arriesgan una pena mayor a los 10 años, acusando a Erwin Sperisen de haber “planificado, ordenado y cometido el asesinato de 10 detenidos en Guatemala”.

La decisión de la fiscalía daba a entender que sobre el caso Nueva Linda no logró reunir suficientes pruebas de cargo contra el ex Director de la PNC.

Ya había un pronóstico: Erwin Sperisen se arriesgaba a ser condenado a cadena perpetua, acorde con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código Penal suizo.

El proceso: una monotonía expectante

Día a día, Erwin Sperisen viajaba desde la cárcel Champ-Dollon al centro antiguo de Ginebra. Ingresaba a la sala por una puerta que hacía pensar que detrás estaba la propia cárcel: una estructura enorme de metal, con una pequeña ventanilla, varios pasadores y cerrojos. Se dirigía a la banca asignada al acusado, escoltado por cinco policías que permanecían en el recinto todo el tiempo, hasta que se retiraba, ya sea para la pausa de media mañana, del mediodía, o para retornar de nuevo a su celda, en la que ha permanecido los últimos dos años y medio.

No hubo opción de acercamiento para los medios de comunicación y dentro de las salas de audiencia es prohibido tomar fotografías, sólo se permite el retrato en dibujo.

Todos los días, sus allegados, en ocasiones su padre, o la madre, muy pocas veces la esposa, se ponían de pie cuando ingresaba, como una especie de saludo y deferencia silenciosa, al estilo de los que se le concede a un alto dignatario. Él se dirigía a su asiento, al frente del tribunal, con un semblante de consternación, notablemente agotado, con bastantes kilos menos y una barba que alteraba la imagen de aquel jefe de policía con bigote con la que se le conocía en Suiza por las fotos de archivo. Esbozaba una leve sonrisa a los suyos, y ésta le era devuelta.

También saludaba a sus abogados, Giorgio Campa y Florian Baier, y aprovechaba para intercambiar palabras con ellos.

Su intérprete lo esperaba también, lista para iniciar otra jornada agotadora de traducción. La traducción fue un elemento de tensión y de poca fluidez a lo largo del proceso judicial. Cada frase debía ser traducida y luego protocolada; los abogados de la defensa con mucha frecuencia solicitaban que el protocolo fuera de nuevo leído por la presidenta del Tribunal Criminal para tener la certeza que cada palabra añadida al documento fuera la apropiada. Cansada de las solicitudes de la defensa, la Presidenta a veces daba lectura a velocidad ininteligible, en clara manifestación de hastío.

La aparente calma dentro de la sala de audiencias, se desvanecía cada vez que los cinco, o a veces seis abogados -el procurador, dos abogados defensores y una practicante que en pocas ocasiones tomó la palabra, y dos abogados querellantes (aunque uno estuvo sólo en momentos clave del juicio)-, intercambiaban frases punzantes, mordaces, con tono elevado, que no eran protocoladas, pero que llegaban al punto de que la Presidenta intervenía para detener la confrontación verbal, y si no lo lograba, de inmediato decretaba una pausa, al mejor estilo de las películas judiciales hollywoodenses.

En el receso, todos confluían en el pequeño patio del Palacio de Justicia, justo en frente de la sala de audiencias donde se desarrollaba el juicio; aunque las partes no intercambiaban ni una sola palabra entre sí, sí había interacción entre los presentes: periodistas que preguntaban detalles, familiares y visitantes que comentaban lo acontecido hasta ese momento. Las pausas duraban por lo regular 15 minutos, pero el retorno a la sala era lento, debido al control de seguridad que siempre estuvo al frente de la puerta principal de la sala de audiencias.

El público asistente fue reduciéndose conforme pasaban los días, más aún cuando el tribunal ordenó como medida de protección, que las audiencias con los testigos de cargo, los llamados por la fiscalía, que habían viajado desde Guatemala, serían a puerta cerrada, sólo con presencia de las partes procesales y los medios de comunicación.

Las cuatro últimas jornadas elevaron el rating: tres audiencias para los alegatos de las partes procesales y una audiencia final para el veredicto. En la última, la de la sentencia, el recinto, que podría albergar hasta 200 personas, estaba abarrotado.

Un tribunal implacable, que conocía el expediente hasta el mínimo detalle

Desde el inicio del juicio, el tribunal, en especial su Presidenta, Isabelle Cuendet, iba al grano y procuraba que nada desviara el interrogatorio. A Erwin Sperisen, Cuendet continuamente le recordaba que lo que estaba diciendo ya lo había dicho en alguna o varias de sus 14 audiencias celebradas con anterioridad al debate oral.

“Dígale al señor Sperisen que lo que está explicando, ya está en el expediente, y ya lo sabemos”, le decía a la intérprete para que lo tradujera, aunque el acusado daba muestras, por momentos, de entender francés.

“Señor Sperisen, por favor responda sí o no a la pregunta que le formulé”, “Sí, señoría”, replicaba Sperisen, tras escuchar a la intérprete, “Voilà, así es mucho más fácil y avanzamos”, agregaba Isabelle Cuendet, quien como Presidenta dirigía los interrogatorios por horas, con bastante paciencia, considerando las interrupciones frecuentes de los abogados defensores.

Todos los interrogatorios, a Sperisen y a los testigos, a excepción de uno solo, el de la patóloga colombiana, María Morcillo Méndez, buscaban esclarecer dos circunstancias: los movimientos internos en la toma de Pavón, para lo cual los interrogados debían dirigirse hacia la foto ampliada que estaba en un costado de la sala y trazar líneas con colores diferentes sobre un pliego de plástico; y si en las locaciones ubicaban a los personajes más mencionados durante el juicio, aparte de Sperisen: Víctor Rivera Azuaje, el grupo “los Riveritas”, Carlos Vielmann, Javier Figueroa y los hermanos Benítez.

Víctor Rivera Azuaje, un venezolano que fue asesor del Ministerio de Gobernación desde 1996 hasta 2008, cuando fue retirado del cargo por el entonces presidente Álvaro Colom, fue asesinado a tiros el 7 de abril de ese mismo año. Conocido en el medio como experto en el rescate de secuestrados, se convirtió en alguien respetado entre las familias más acomodadas del país y era reconocido por la eficacia de sus investigaciones. Sin embargo, también hubo graves señalamientos de que él y su grupo, “los Riveritas”, eran los que organizaban los secuestros, realizaban los operativos para liberar a las personas y al mismo tiempo cobraban el dinero del rescate; también había indicios de que Rivera y los Riveritas tenían asociaciones con bandas criminales vinculadas al tráfico de droga. La Cicig adjudicó su asesinato al narcotraficante Jorge Mario Paredes Córdova, alias “el Gordo”, quien cumple condena en Estados Unidos. Pero, hasta el momento, su muerte no ha sido esclarecida; tampoco ha quedado despejada su participación en alguna de las estructuras. Sperisen siempre indicó que él no tenía relación con Víctor Rivera, puesto que era asesor del Ministro de Gobernación, no de la PNC.

Por su parte, los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez fueron asesores de la Policía Nacional Civil durante la dirección de Erwin Sperisen. A ellos los asesinaron a tiros en junio de 2008. Según declaraciones de Sperisen durante el juicio, ambos tenían una empresa de asesoría en seguridad; también indicó que laboraban para la Agencia Antidrogas y Narcóticas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como DEA y que trabajaban ad honorem para la PNC.

Según se pudo constatar por fotografías y testimonios durante el juicio, ambos hermanos tuvieron participación en el asesinato de los siete reos en Pavón; ingresaron primero, con pasamontañas y armas largas, como parte de un escuadrón que se encargó de penetrar en la granja penal antes que el resto de efectivos policiales y del ejército que participaron en el operativo Pavo Real.

Detrás de este grupo encapuchado, ingresó Javier Figueroa, quien había recibido órdenes directas de Sperisen de dirigirse a ese sector del penal para supervisar, tomar decisiones e informarle de lo que ocurría, según se comprobó en las declaraciones, tanto de Sperisen como de Figueroa. Carlos Vielmann estuvo desde tempranas horas de la mañana en Pavón y según las fotografías proyectadas en las audiencias supervisó el operativo en áreas clave.

Testigos ¿de cargo o descargo?

El Tribunal Criminal de Ginebra convocó a 18 testigos, en distribución equitativa para las partes. Al final declararon 13 personas provenientes de Guatemala, Chipre, Austria, España y Francia. La convocatoria no fue de la satisfacción de los abogados de Sperisen, puesto que el Tribunal decidió no admitir como testigos al ex presidente de Guatemala, Óscar Berger Perdomo, y al entonces director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei.

Con Berger, la defensa quizás lograría un testimonio de descargo a las acusaciones, como ocurrió en el juicio contra Javier Figueroa, en Ried Im Innkreis, Austria. En esa ocasión, Berger indicó ante el jurado conformado por ciudadanos que la toma de Pavón era una decisión estratégica en materia de seguridad para el Estado, que ese día hubo un enfrentamiento armado que resultó en la muerte de reos y que no hubo tal reunión preparatoria en la que el Presidente supuestamente participó, ya que él estaba de viaje en Estados Unidos para ese momento.

En Ginebra, no se trató de un jurado (el sistema penal suizo tiene diferencias con respecto al austriaco); en Ginebra, fue un Tribunal, integrado por siete jueces profesionales, tres titulares y cuatro auxiliares, que han llegado a formar parte de dicho cuerpo colegiado tras años de experiencia.

Tampoco era Ried Im Innkreis lo mismo que Ginebra, ciudad que ha sido el escenario histórico del desarrollo del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Desde aquí han emanado los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y desde la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido la sede europea.

De modo que la defensa encontró un duro revés en la decisión del tribunal de dejar fuera a sus dos testigos propuestos; para colmo, varios de los que fueron incluidos en la lista no viajaron a Ginebra. Al final, hubo una desproporción importante respecto del balance que se busca con los testigos para conocer las dos caras de la moneda.

Para descargo de las acusaciones contra Erwin Sperisen sólo cuatro testigos rindieron testimonio: el coronel Héctor Castillo Alvarado, quien en la toma de Pavón estuvo al frente de las fuerzas del ejército; Mario Roberto García Frech, quien en el documento de acusación era el director de seguridad del Sistema Penitenciario para el 2006, aunque en el interrogatorio él lo desmintió: “Yo era asesor para la modernización del sistema carcelario”, indicó; Javier Figueroa, mano derecha de Sperisen en la PNC, quien fue liberado de cargos en Austria, en octubre 2013, y Fritz García-Gallont, ex alcalde de la Ciudad de Guatemala, que participó en el segmento de “testigos de moralidad”. Causó desconcierto el hecho que la propia esposa de Erwin Sperisen, Elizabeth Valdez de Sperisen, quien se dirigiría al Tribunal el mismo día que García-Gallont, declinó la invitación a intervenir. De hecho, ella asistió a pocas audiencias, a la apertura del juicio y los últimos días.

No se presentaron ante el Tribunal Edwin Segura Túnchez, jefe de la seguridad personal de Sperisen, ni Calvin Reyna Calderón, hermano de Eddy Reyna Calderón, supuestamente asesinado por uno de los reos ejecutados en Pavón en 2006, Jorge Estuardo Batres Pinto, conocido como “el Loco” Batres, de origen colombiano. En aquella época se conocía públicamente los privilegios que gozaba este reo dentro de Pavón, inclusive tenía una casa “tipo canadiense” adentro del penal. En esa locación, durante la toma de Pavón, aparecieron dos cadáveres, y como pudo constatarse en el juicio, fue un lugar clave durante el operativo. Las fotografías daban cuenta de la presencia de Erwin Sperisen y Javier Figueroa, entre otros, en las inmediaciones de la “propiedad Batres”.

En contraposición, los testigos llamados por la Fiscalía, desfilaron ante el tribunal con argumentos de cargo: Dos policías españoles ex investigadores de la CICIG, Fernando Toledo y Luis Modrego; el actual jefe de investigación de dicho organismo, Christian Ulate, un ex guardia personal de Erwin Sperisen, Santos Jiménez Linares; la patóloga forense colombiana, María Morcillo Méndez, quien realizó un peritaje sobre los análisis forenses practicados en su momento por el Ministerio Público; el ex subdirector de seguridad del Sistema Penitenciario, Luis Alfredo Linares Pérez; y un ex reo de Pavón, de origen francés, Phillipe Biret, quien vivió el operativo en 2006 como detenido.

Biret es el único testigo ocular que acusó a Erwin Sperisen ante el Tribunal de haber ejecutado al reo José Abraham Tiniguar, con sus propias manos. Señalando a Sperisen con su dedo índice, Biret dijo: “Yo vi a la persona que se encuentra aquí tirar sobre un detenido”. Su testimonio fue clave para condenar a Sperisen por su participación directa en el asesinato de Tiniguar, como consta en la sentencia. Para el Tribunal, las pruebas médico-forenses son consistentes con la versión rendida por Biret.

Los dos primeros testigos de la defensa, el coronel Héctor Castillo Alvarado y Mario García Frech ofrecieron versiones confusas. “Estuve con Sperisen en todo momento”, decía Alvarado, aunque después explicaba que sí hubo lapsos en los que no lo acompañó; “yo no tenía rol alguno ese día”, decía García Frech. “Nunca entré a la finca penal, me mantuve afuera”, afirmaba. Daban más la impresión de querer defenderse de su propia actuación en Pavón, que ofrecer luces sobre la inocencia del ex jefe de la Policía.

En los alegatos finales, una suerte de recapitulación, se puso de manifiesto qué testimonios habían sido determinantes: el de Luis Alfredo Linares Pérez y el de María Morcillo Méndez. La versión de Linares Pérez, testigo protegido de la Cicig, quien denunció persecución en su contra a pocos días de haberse ejecutado el operativo en Pavón y que posteriormente fue trasladado a otro país por motivos de seguridad, constató las hipótesis de la fiscalía y de la parte querellante:

  • Había un plan B. Como responsable de elaborar el plan Pavo Real, el entonces funcionario penitenciario pudo constatar la existencia de un plan alternativo al oficial, que consistió en traspasar la conducción de la operación de la Guardia Penitenciaria a la PNC, el mismo día del operativo. Según la fiscalía ginebrina, este hecho demuestra que el 25 de septiembre de 2006, el mando lo tenía la PNC y por ende, el director Erwin Sperisen.
  • Hubo una lista confeccionada días antes que incluía el nombre de 25 reos, lo cual demostraba el hecho de que la ejecución era premeditada. Linares Pérez confesó que él mismo incluyó en esa lista a los 18 miembros del Comité de Orden y Disciplina, organismo reinante en Pavón integrado por los reos que dominaban la prisión, supuestamente para organizar la vida al interior del penal. Dijo que su superior, Mario García Frech, le ordenó agregar siete nombres más, entre ellos los de Luis Alfonzo Zepeda González, Carlos René Barrientos Vásquez y Jorge Batres Pinto, por tratarse de un “grupo de interés de las autoridades”, cinco de los cuales fueron ejecutados ese mismo día. Todos los asesinados estaban dentro de esa lista, excepto dos que supuestamente fueron liquidados por equivocación: confusión de nombres, de características físicas, o ambas.
  • No hubo enfrentamiento. La lista era un indicio de que los muertos no fueron abatidos en confrontación armada, sino que fueron ejecutados, en distintos puntos del penal, de manera selectiva. El reporte de la patóloga Morcillo Méndez, que ha colaborado en el esclarecimiento de muertes para Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reforzaba el argumento de las ejecuciones y la “no confrontación” entre reos y fuerzas de seguridad, al testificar que varios de los detenidos ejecutados mostraban heridas provocadas a una distancia máxima de 60 centímetros, y algunos tenían rastros de “ahumamiento”, término técnico-forense referido al hollín que dejan los impactos de proyectiles o balas cuando ocurren a corta distancia.

La defensa, por su parte, dedicó sus alegatos a desacreditar a los testigos que inculpaban a Sperisen, o al menos que daban indicios que la ejecución de reos fue planificada. Contra Linares Pérez, en reiteradas ocasiones los defensores cuestionaron: “¿Es un testigo protegido de la Cicig o es un culpable protegido por la Cicig?”. Llegaron al punto de formular una nueva hipótesis sobre las ejecuciones en Pavón: “Quizás Linares Pérez fue uno de los autores materiales de las ejecuciones”.Con vehemencia criticaron la Cicig, indicando que era una institución “independiente” de la Secretaría General de la ONU, y que había orquestado todo este proceso para justificar su propia existencia. En todo caso, el carácter independiente al que apelaron los abogados pudo abonar más a la credibilidad de la institución que a la deshonra, puesto que en investigaciones criminales, la independencia es un principio.

“El Tribunal señala que la única defensa del acusado es afirmar de manera perentoria que todos los testigos mintieron”, reza una de las conclusiones de la sentencia. En pocas palabras, los jueces pusieron en evidencia el fallo de la estrategia de los abogados Giorgio Campa y Florian Baier.

Javier Figueroa: ¿testigo de cargo o descargo?

El testimonio más esperado fue el del amigo de infancia y compañero de lucha de Erwin Sperisen en la PNC, Javier Figueroa. Se notaba la audacia del ahora refugiado guatemalteco en Austria, quien estuvo preso durante 22 meses en dicho país, y que luego de su propia experiencia en “siete procedimientos diferentes”, manejaba con pericia las preguntas inquisitorias de la Presidenta del tribunal.

Inició tenso el interrogatorio: primero confirmó todas las declaraciones prestadas durante la instrucción del proceso contra Erwin Sperisen -era una de las primeras preguntas recurrentes que hizo la Presidenta a todos los testigos que ya habían sido interrogados en fase previa-; al poco tiempo dijo que no estaba conforme con la manera en que se habían traducido algunas de sus frases, y en algún momento se limitó a responder “me abstengo de confirmar eso”. Su frase fue elocuente, cuando la abogada querellante le preguntó si confirmaba sus declaraciones hechas en Austria respecto de Víctor Rivera, Carlos Vielmann y del conocimiento que tenían Sperisen y Figueroa de las actividades del asesor venezolano. “Vielmann sabe que sólo yo y Sperisen podíamos hacer declaraciones contra Rivera”, Habìa declarado en Austria, aunque se negaba a confirmarlo ahora. 

Cuando la Presidenta preguntó sobre las razones por las cuales Figueroa había destruido documentos antes de huir de Guatemala, acorde con su propia declaración, “el silencio” de Figueroa fue protocolado.

Su testimonio era, al fin, uno de descarga a las acusaciones contra Sperisen, porque Castillo Alvarado y García Frech no habían aportado argumentos contundentes. “Sperisen no me dio ninguna orden ilegal”, indicó Figueroa durante el interrogatorio y fue consistente con la versión del propio Sperisen en cuanto a los movimientos de “el Director” en Pavón, como se refería Figueroa a su amigo durante las horas de interrogatorio. Pero al mismo tiempo, su testimonio resultaba en un listado de señalamientos contra Carlos Vielmann, el entonces ministro de Gobernación. “Mi opinión es que un procedimiento legítimo policial fue aprovechado para que se diera alguna acción incorrecta...” . “La acción no fue ejecutada por la Policía, sino por personas que pertenecían al Ministerio de Gobernación y son ellos lo que tenían la responsabilidad”, afirmó Figueroa.

Según el relato de Figueroa, un escuadrón de efectivos vestidos de negro, encapuchados y algunos con cascos, penetraron primero en el centro penal, él los siguió unos 20 metros detrás y luego inició un tiroteo que, según su versión, duró entre 20 y 25 minutos; no fue informado de la muerte de los reos y por rumores supo que Víctor Rivera, entonces asesor del ministro de Gobernación, y Carlos Vielmann, se encargarían de aclarar al Ministerio Público lo que había ocurrido.

“Yo constaté que Víctor Rivera era el encargado de explicar lo que había pasado ahí... yo ofrecí mi testimonio abierta y públicamente y nunca recibí respuesta de la fiscalía”, dijo Figueroa. También relató que a finales del 2006, meses después del operativo en la cárcel, dirigió una investigación sobre Víctor Rivera y sus actuaciones como asesor del Ministro de Gobernación; “esa investigación fue de máximo secreto y por seguridad mía y de mi familia no puedo decir quién es la otra persona que estaba enterada”.

El testimonio de Javier Figueroa dejaba claros tres aspectos: 1) admitía que los reos habían sido ejecutados, y por tanto, deslegitimaba la versión de un enfrentamiento armado entre los detenidos y las fuerzas de seguridad; 2) por primera vez aceptaba que un aparato paralelo a la PNC, pero del Ministerio de Gobernación, se encargó de penetrar primero en Pavón y a éste le adjudica la responsabilidad de las muertes; y 3) que las declaraciones de Figueroa durante todos estos años, desde 2006 a la fecha, han variado ostensiblemente.

¿Y... El Infiernito?

Todo parece indicar que la vastedad de pruebas sobre la existencia de una estructura dentro de las instituciones de seguridad durante la administración del presidente Óscar Berger Perdomo, dedicada a eliminar reos en el marco de la denominada “limpieza social”, fue más evidente en el caso de las ejecuciones ocurridas en Pavón, en 2006, que en relación a los tres prófugos asesinados en 2005, que escaparon de la prisión El Infiernito, luego de cavar un túnel desde el interior de la cárcel, hacia el exterior.

Los interrogatorios en Ginebra dedicaron mucho más tiempo a esclarecer lo ocurrido en Pavón, en tanto que sobre las ejecuciones de los prófugos Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez, en Río Hondo, Zacapa, y Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa en la localidad “Las Cuevas”, en el departamento de Santa Rosa, las preguntas fueron menos acuciosas.

Sólo algunos de los testigos llamados por la Fiscalía, todos vinculados al trabajo de la Cicig, dieron explicaciones respecto de estas tres ejecuciones; ningún testigo de la defensa tenía relación alguna con el denominado Plan Gavilán para la recaptura de los prófugos de la cárcel situada en Escuintla, ni siquiera Javier Figueroa, que en aquella época estaba trabajando ya en la PNC pero como “subdirector general de salud policial, con el grado de comisario general”, según sus propias palabras.

Sperisen afirmó en todo momento que él no estuvo a cargo de la planificación y ejecución del Plan Gavilán, y que la recaptura de los prófugos la conducía el viceministro de Gobernación del área de seguridad, Julio Godoy. En el terreno, estaban a cargo Víctor Soto Diéguez, director de investigaciones criminales de la PNC –condenado a 33 años de prisión en Guatemala por ambos casos-  y Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación.

Colocar las ejecuciones del 2005 en el mismo proceso que las de Pavón en 2006 fue parte de la estrategia seguida por la Fiscalía de Ginebra, alimentada por las hipótesis de la Cicig, de demostrar que durante esos años operaba dentro del Ministerio de Gobernación y de la PNC una estructura criminal encabezada por el propio ministro Carlos Vielmann y comandada por Erwin Sperisen, Víctor Rivera, Víctor Soto y Javier Figueroa. El “modus operandi” era el mismo, indicaron algunos testigos, tesis sostenida por el fiscal Yves Bertossa.

Sin embargo, en sus alegatos finales, el propio fiscal adujo que cuando Erwin Sperisen asumió el cargo de director de la PNC, a los escuadrones de la muerte que ya existían, dirigido uno por Víctor Rivera y otro por Víctor Soto, se sumó uno nuevo dentro de la policía, el de Sperisen, Figueroa y los hermanos Benítez, llamado “los elefantes demoledores”.

¿Hubo un reagrupamiento de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad cuando arribó Sperisen a la jefatura de la policía? ¿Aplicó Sperisen el principio “dejar hacer, dejar pasar”, cuando observó la forma de operar de Víctor Soto y Víctor Rivera, con sus respectivos grupos? ¿Siguieron operando éstos con márgenes de independencia? El juicio en Ginebra no arrojó luces sobre estas preguntas.

Aunque investigadores de la Cicig dan cuenta de registros telefónicos que evidencian que durante las ejecuciones de 2005 Erwin Sperisen mantenía comunicación con Víctor Soto y Víctor Rivera, durante el juicio no hubo pruebas que demostraran la presencia en el terreno del ex jefe policial, a diferencia del operativo en Pavón, en donde Sperisen era el centro de las cámaras que documentaron los hechos. Sin lugar a dudas, ese elemento, la presencia física y notoria del director, portando chaleco antibalas y un arma larga, tuvo un peso significativo en la resolución del Tribunal.

Sperisen habla

El último día de audiencias, el 3 de junio, previo a que el Tribunal se retirara por dos días y medio a deliberar, al ex director de la Policía le dieron la oportunidad de dirigirse por última vez a los jueces. Con un tono nervioso y pausado, por la necesidad de que sus palabras fueran traducidas al francés, dijo:

En mi cabeza tengo muchas cosas a decir, pero seré breve. Cuando asumí el puesto de la PNC, lo recibí de una persona que, al igual que yo, no era miembro de la policía, y al igual que él, dependíamos del Director General Adjunto y de otros mandos de la PNC... en ellos estaba la mayor carga del manejo operativo de la policía.

Durante este proceso (el juicio en Ginebra), ni el entonces Director Adjunto, ni los otros mandos, fueron escuchados. Por medio de ellos yo delegaba, y por medio de ellos yo recibía información y reportes de todas las actividades de la policía. Así que ellos eran piezas importantes que debían ser escuchados, en Guatemala y aquí.

El día de hoy estoy aquí como el único responsable, a pesar de que era una responsabilidad compartida.

Durante estos casi dos años de prisión, en total aislamiento tuve mucho tiempo para reflexionar y al día de hoy me cuestiono si el idealismo y la buena gana por querer hacer cambios positivos en el país, me valió la pena o no.

Yo fui quien tuvo que escuchar los disparos que pasaron cerca de mi cabeza cuando sufrí un atentando en una reunión en la terraza de la Dirección General de la Policía, en uno de los tantos atentados que yo fui objeto; fui yo quien tuvo que pasar con dolor de cabeza y de oídos por las granadas que explotaron en la oficina donde yo estaba.

Yo soy el que tuvo que aterrizar de emergencia porque habían atentado contra el helicóptero en el que íbamos... soy yo el que estuvo hospitalizado en Houston y en Guatemala, por problemas de corazón y salud provocados por el estrés que tenía en la policía.

Fue mi familia la que fue amenazada de secuestro y muerte, mi hijo tuvo que salir una vez del colegio por amenazas de bomba, y tuve que sacar a mi familia por todas esas amenazas. Mis hermanos también abandonaron el país y, al día de hoy, todavía me pregunto si valió la pena.

Está en sus manos, señores jueces, esa respuesta.

Quiero dejar en claro que yo no maté a nadie, no ordené la muerte de nadie, no participé en la planificación de la muerte de nadie. Espero que puedan ellos (los jueces) establecer que no hay nadie que realmente me puede acusar por esos hechos con plena certeza, porque no tienen ninguna base para eso.

Yo me hice de enemigos adentro de la policía y afuera de la policía y sigo sufriendo las consecuencias de eso.

Muchas gracias.

Las conclusiones

“La cooperación internacional en este caso funcionó”, dijo el abogado querellante Alec Reymond durante sus alegatos finales. Esta frase resume en pocas palabras lo que ha significado el juicio contra Erwin Sperisen en Ginebra, por hechos que ocurrieron en Guatemala, más de ocho años atrás.

Ginebra tuvo que perseguir y enjuiciar a Erwin Sperisen, porque su código penal establece dos condiciones que en este caso se cumplieron: la Confederación Helvética no extradita por decisión propia a ninguno de sus ciudadanos -Guatemala tampoco solicitó la extradición del ex Jefe de la Policía, fue el propio Sperisen quien se refugió en Suiza-; y sus autoridades judiciales tienen la facultad de investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos por ciudadanos suizos, aunque se hayan cometido fuera de las fronteras.

Como los propios abogados de Sperisen dijeron al finalizar sus alegatos, “Ginebra no sólo tenía la obligación de juzgar a Sperisen, por ser un connacional, sino Sperisen tenía el derecho de ser escuchado y de aclarar su situación”. Tras la sentencia, es evidente que fue una clara derrota de la defensa.

Este fue un proceso inusitado para una ciudad de 190 mil habitantes que al año registra entre dos y doce muertes violentas -incomparable con los 6 mil homicidios anuales que acumula Guatemala. El grado de incomprensión puede ser enorme, pero, como recordó la parte querellante, “una herida de bala, es la misma aquí que en Guatemala”, y las pruebas fueron contundentes.

Ginebra, considerada la capital internacional de los derechos humanos, debía dar un ejemplo ante el mundo con este caso y llegar hasta las últimas consecuencias; prueba de ello fue la actitud de firmeza mostrada por la Presidenta del Tribunal, Isabelle Cuendet, y por el procurador Yves Bertossa, que conocían en detalle el expediente judicial.

Fueron determinantes los testimonios de Luis Alfredo Linares Pérez, ex subdirector de seguridad del sistema penitenciario, del ciudadano francés Philippe Biret, quien acusó directamente al ex jefe policial de haber disparado contra uno de los reclusos, y de la patóloga forense colombiana, María Morcillo Méndez, cuyo peritaje evidenció que los prisioneros fallecidos recibieron disparos a quemarropa y de frente. Fue contraproducente para Sperisen el testimonio de descargo de Javier Figueroa, porque permitió al tribunal constatar que en Pavón hubo ejecuciones extrajudiciales.

Quedan preguntas sin resolver: ¿El testimonio del ex Presidente Óscar Berger hubiese sido determinante en el juicio, como lo fue en Austria a favor de Javier Figueroa? Probablemente en la apelación, ya anunciada por la defensa, ésta será una de las principales argumentaciones.

La batalla judicial por el Caso Sperisen continuará en segunda instancia, tal como indicaron sus abogados. El tercer y último eslabón podrá ser el Tribunal Federal, que sólo puede conocer de posibles fallos de procedimiento.

Si la sentencia se confirma, la cadena perpetua para Erwin Sperisen significa, según el Código Penal suizo, que deberá pasar por el resto de su vida encarcelado. Transcurridos quince años, Sperisen podrá solicitar una libertad condicional.

Queda cerrado el segundo de los tres capítulos abiertos por tres funcionarios que decidieron refugiarse en Europa. Juicio a juicio se van despejando dudas y abriendo interrogantes sobre otros posibles responsables de las ejecuciones extrajudiciales, cuya existencia pareciera que ya pocos ponen en duda. 

 

*Los autores de este reportaje, exclusivo para Plaza Pública, son periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua).

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