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Samari Carolina Gómez, ex auxiliar fiscal del Ministerio Público, espera en el sótano de Torre de Tribunales antes de ser llevada de vuelta a la cárcel, terminada la audiencia del 18 de mayo. Simone Dalmasso

Ella es Samari Gómez, la exfiscal enjuiciada junto a José Rubén Zamora

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Ella es Samari Gómez, la exfiscal enjuiciada junto a José Rubén Zamora

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La abogada Samari Carolina Gómez Díaz tenía 12 años de trabajar en el Ministerio Público cuando fue capturada dentro de su misma oficina, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). Investigaba su primer caso de corrupción de alto nivel cuando uno de los implicados la denunció. Ahora enfrenta juicio por supuesta revelación de información confidencial. Esta es su historia. 

Oriunda de San Juan Obispo, un pequeño pueblo de Antigua Guatemala, Samari Gómez, de 36 años, es madre de dos niñas y es abogada con una maestría en Derecho Constitucional. Cuando tenía 24 años empezó a trabajar en la sede municipal del Ministerio Público (MP).

Al poco tiempo avanzó en su carrera en la institución y en 2013 fue designada como auxiliar en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, ubicada en la ciudad de Guatemala, a donde viajaba de madrugada todos los días; luego, un caso la llevó a la Feci. La noticia la entusiasmó y poco sabía que cambiaría su vida.

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En 2016, Gómez recibió una denuncia por supuesto lavado de dinero en el Banco de los Trabajadores, la sexta institución bancaria más grande del país. Era el primer caso de corrupción de alto nivel que iba a investigar. Sus entonces jefes le notificaron que por ser un expediente complejo trabajaría junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que sería trasladada a la Feci, dirigida por Juan Francisco Sandoval.

Para Gómez fue un ascenso importante. Siete años después pasó de pelear por sus casos en los Tribunales, a llevar casi un año encarcelada y a ser trasladada a los juzgados con esposas y escoltada por agentes del Sistema Penitenciario.

Desde el 2 de mayo enfrenta juicio junto a José Rubén Zamora, fundador y presidente de elPeriódico; Gómez es acusada de supuesta revelación de información confidencial a su exjefe Sandoval, cuando él ya estaba fuera del país.

Gómez insiste en su inocencia. Durante el juicio, que ya se encuentra en fase de final, la abogada ha sido una de las más claras para exponer sus peticiones e interrogar a los testigos y peritos del MP, y ha señalado a la fiscalía de no tener pruebas de que ella filtró información de sus casos.

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A diferencia del caso de Zamora, contra Gómez no hay grabaciones hechas por García Navarijo donde se le mencione directamente para involucrarla. Tampoco hay una fecha o momento exacto que revele cuándo y qué información habría revelado. Sin embargo, su vinculación al juicio le permitió a la Fundación contra el Terrorismo incorporarse al caso. El artículo 116 del Código Procesal Penal establece que cualquier persona se puede querellar en casos de delitos cometidos por funcionarios públicos. Sin Gómez en este proceso, la FCT no podría haberse sentado en el juicio contra Zamora.

Temor en la Feci

El jueves 11 de mayo, día 5 del juicio contra Zamora y Gómez, la abogada accedió a dar una entrevista a Plaza Pública. Ese día, mientras la audiencia iniciaba contó que en 2016, cuando fue traslada a la Feci, se sentía emocionada ya que eran tiempos en los que muchos abogados e investigadores aspiraban a estar en esa unidad que un año antes, 2015, reveló la existencia de La Línea, el caso de una red de defraudación aduanera que mandó a la cárcel al exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

«Con la investigación de los casos, de alguna manera creí que estaba contribuyendo con este país para disminuir un poco el auge de la criminalidad y la corrupción», dijo Gómez. «Consideré que el trabajo de la Feci era muy importante y de personas muy valientes que estuvieron al frente de investigaciones en contra de estructuras criminales muy fuertes y poderosas».

Cuando llegó a la Feci estaba integrada por alrededor de 90 personas, entre fiscales, auxiliares, analistas,  policías investigadores y administrativos que estaban detrás de las pesquisas en los casos más grandes de corrupción. Gómez comenzó a indagar en la denuncia contra el Banco de los Trabajadores, un expediente tan complejo y extenso que se convirtió en cinco investigaciones distintas.

El ritmo de trabajo de la Feci, que junto a la Cicig llegó a revelar más de 120 casos de corrupción, cambió totalmente en julio de 2021, cuando la fiscal general Consuelo Porras despidió a Juan Francisco Sandoval,  quien esa misma noche huyó del país por temor a represalias.

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Con la salida de la Cicig, ocurrida en agosto de 2019, Sandoval era el último bastión que sostenía el futuro de los casos y del equipo que los investigó. Tras su destitución, Porras nombró a Rafael Curruchiche como el nuevo fiscal y el MP volteó su maquinaria contra los auxiliares y fiscales de la Feci; muchos de ellos salieron  al exilio, otros fueron capturados en cuestión de meses.

Dentro de la Feci había temor de quién podría ser la siguiente persona en ser detenida. Allí estaba Gómez.

«Fue algo que vivimos en conjunto. Se dijeron muchas cosas, como que iban a desarticular la fiscalía, que los casos iban a ser reasignados, que íbamos a ser trasladados. Fue duro, una cuestión de incertidumbre sobre las investigaciones y a nivel personal», relató.

La alarma se incrementó cuando los casos más importantes de la Feci fueron trasladados a otras agencias y cuando quienes los investigaron salían del país. Por un momento, Gómez se sintió a salvo porque pensó que su investigación no era de las «emblemáticas».

«Pensé que eso me iba a mantener lejos de cualquier situación como esta», dijo. Sin embargo, no sabía quién iba a ser el siguiente, así que habló con su familia para explicarles que la Feci se encontraba en un momento complicado. La abogada explica que su madre y padre carecían de recursos económicos para alcanzar un grado académico universitario, por lo que les explicó a detalle lo que tenían qué hacer si ella llegaba a ser detenida.

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«Les dije que lo que les pedía era que que tuvieran la confianza de que si una situación como esta (una captura) sucedía que supieran que definitivamente yo nunca me presté a una cuestión de corrupción», relató Gómez con la voz entrecortada y los ojos a punto de humedecerse en lágrimas. Después de respirar, con calma agregó que también les explicó que si llegaban a allanar su residencia tenían que tener una actitud de colaboración.
Les dijo: «No se vayan a poner a pelear. Es normal, es un procedimiento normal, ellos (los fiscales) tienen toda la facultad de ingresar y de revisar, entonces por favor, yo les pido que ustedes colaboren, porque no quiero que también los van a vincular en algo más».

Entre lágrimas Gómez dice que a pesar de todo agradece que fue capturada en su oficina en horario de trabajo, así libró a sus padres e hijas de verla en esa situación.

El allanamiento fue en la agencia fiscal donde ella laboraba, dentro de la misma Feci. Ese mismo día, el MP también allanó las oficinas de elPeriódico y la residencia del periodista José Ruben Zamora.

La diligencia en el escritorio de Gómez empezó a las 3:30 de la tarde y terminó a alrededor de las 10:30 de la noche, hora en la que le informaron que había una orden de captura en su contra.

«Fue duro porque en el allanamiento habíamos cuatro compañeros auxiliares fiscales y un oficial. Una compañera que tenía un caso muy importante se puso muy mal en ese momento, decía “vienen por mí, vienen por mí” y lloraba. Yo le dije “no, cálmate, hay que ver de qué se trata”. Luego tuve que decirle “es a mí a la que vienen a traer”. Ella dijo que “no, no puede ser, qué va a pasar con tus niños”», relató la abogada.

«No me dejaron despegar»

En los cinco años que Gómez trabajó en la Feci tuvo que hacer sacrificios familiares, como irse de madrugada para atender allanamientos y regresar hasta tarde en la noche. Cuando fue capturada, el golpe más fuerte lo recibió su familia, cuenta. Su hija pequeña tenía 3 años y era muy apegada a ella; verla junto a su otra hija pasar por todos los protocolos de revisión de las cárceles fue lo más duro, relató.

«Me enteré que mi otra hija, que es un poquito más grande, por su cuenta empezó a buscar en Internet cuestiones del caso y sufrió mucho porque obviamente encontró cosas de apoyo, pero también encontró cosas muy negativas», relata.

Además del golpe contra su familia, Gómez se enfrenta a un caso que podría condenarla a pasar uno a tres años en la cárcel y que podría afectar su futuro como abogada.

«No me dejaron despegar. Yo tenía 12 años de estar trabajando en el MP y siempre defendí el desempeño fiscal porque confiaba en que la institución estaba haciendo un buen trabajo», señaló.
Gómez también señala a la fiscal que la acusa en el juicio, Cinthia Monterroso, de tener conflicto de interés en este caso, ya que en un momento en la Feci, ella fue su jefa inmediata.

«Me parece completamente ilógico y contradictorio que la persona que está el día de hoy sosteniendo una acusación en contra mía en determinado momento fue mi jefa y tuvo conocimiento de los procesos que estábamos llevando en esa agencia», dijo. «Sostengo que hay un claro conflicto de intereses dentro de esta investigación porque debió haber sido designada a otra persona», añadió.

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La fiscal Monterroso no concede entrevistas a la prensa, por lo que no se pudo conocer su postura al respecto.

«Para mí ha sido ha sido difícil también darme cuenta que las mismas personas que formaron parte del equipo de trabajo pueden ahora estar cuestionando ese trabajo e incluso señalando cuestiones que en teoría no se hicieron bien, pero que aparte lo analizan de una manera muy superficial», concluyó.

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