La elección de la junta directiva que presidirá el Congreso en 2018 fue el marco propiciatorio de las negociaciones entre los grupos. Como resultado, Álvaro Enrique Arzú Escobar, único miembro de la bancada del partido del alcalde y a la vez hijo de este, fue ungido como presidente. Junto con él integran la dirección del Parlamento los congresistas Felipe Alejos, Javier Hernández, Alejandra Carrillo, Estuardo Galdámez, Juan Ramón Lau, Jaime Lucero y Elizabeth Cu.
Según declaraciones de algunos parlamentarios, hubo ofertas de dinero que habrían podido alcanzar casi el medio millón de quetzales para garantizar el voto a la planilla del consenso. Un consenso al cual en espacios ciudadanos se denomina #PactoDeCorruptos merced a que se origina en la negociación de impunidad. Además de este surgimiento con pecado original por su raigambre en la procura de evasión de la ley, el nuevo presidente del Congreso ha hecho gala de su vocación autoritaria, que debió de haber bebido en el nido familiar. Álvaro Arzú padre no es precisamente un dechado de democracia, sino todo lo contrario: el figurín por excelencia del autoritarismo y el racismo criollo.
De ahí que el junior del alcalde no tuviese empacho en cuestionar el ejercicio de derechos. Más bien, y al mejor estilo de su madrastra, Patricia de Arzú (segunda esposa del alcalde), impulsa un discurso moralista, el cual intenta colocar por encima de la norma democrática que protege los derechos.
Pero, si bien la elección de junta directiva, saturada de autoritarismo, es un paso en el control de la institucionalidad por parte de los grupos del pacto, otros hechos anuncian más tormentas. Por ejemplo, la designación de Acisclo Valladares, otro junior de familias del criollismo, como ministro de Economía. Un cambio que no llamaría a dudas a no ser porque Valladares podría estar siendo investigado en el caso de financiamiento electoral ilícito en el que se encuentra la empresa de telefonía celular Tigo, de la cual ha sido personero. Con el nombramiento, al igual que con Armando Melgar Padilla en el Congreso, Valladares gozaría de antejuicio y se blindaría contra la persecución penal.
Otros movimientos incluyen la ya concretada salida del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa, como parte del acuerdo. Han sido movimientos que se sumarían a las intentonas por utilizar el sistema de justicia, aquí sí, como arma de vendetta política contra quienes han impulsado la lucha contra la corrupción y la impunidad. En el caso de Solórzano Foppa, porque fue artífice de la investigación que derivó en el desmantelamiento de la red de evasión fiscal de La Línea, así como por su obvio rol en el impulso de la recaudación tributaria por vía judicial ante la persistente actitud de evasión de los grandes contribuyentes, que podrían ser quienes están detrás de los movimientos de posiciones y quizá también patrocinando el uso del litigio malicioso como arma política.
Ante ese panorama, la situación se torna gris. Se ve nublada y quizá con una terrible tormenta por delante. Trae consigo un aluvión que puede sacudir los pocos pasos dados para reducir y controlar los cimientos de la impunidad y la corrupción. Quienes han debido rendir cuentas ante la ley, en su mayoría recluidos en el cuartel Mariscal Zavala, quizá celebran esta posibilidad. De hecho, no son ajenos, sino más bien uno de los sectores clave del pacto.
Así pues, el futuro se presenta sombrío, con muchas dificultades por delante. Sin embargo, no hay razón para el desánimo ni para desmayar. ¿Acaso alguna vez ha sido fácil luchar contra la corrupción y la impunidad? ¿En algún momento los dueños del país y arquitectos del estado de exclusión e inequidad han alfombrado el camino a la transformación? No. Por el contrario, siempre se han asegurado de poner más piedras en el camino. Y aún así, cuando hemos creído que no hay manera de salir, hemos podido remontar las aguas embravecidas y salir a flote. No por gusto dicen las abuelitas que no hay que angustiarse cuando se ve el cielo encapotado, pues siempre, invariablemente, detrás de la tempestad viene la calma.
De tal manera, es mejor que quienes hoy se creen sólidamente posicionados en la torre de la impunidad se preparen para volver a estar dando cuentas de sus andanzas. La movilización ciudadana, el pleno ejercicio de libertades y el impulso del Estado de derecho por funcionarias y funcionarios con probidad son la garantía de que el pacto por la impunidad una vez más será derrotado.
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