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El “error” de Oxec: dinero y ayuda a las comunidades a cambio de rechazar a grupos contrarios a su hidroeléctrica
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El “error” de Oxec: dinero y ayuda a las comunidades a cambio de rechazar a grupos contrarios a su hidroeléctrica

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Apoyo económico a las comunidades y la promesa de un empleo a cambio de defender una hidroeléctrica y no sumarse a las organizaciones que la pongan en cuestión. La crítica explícita de la Corte de Constitucionalidad (CC) hace que la empresa se replantee esta cláusula.

“Si algún miembro de la comunidad apoya a cualquiera de las organizaciones mencionadas que se opongan a la construcción de la hidroeléctrica, LA COMUNIDAD PERDERÁ TODOS LOS BENEFICIOS Y APORTES TANTO ECONÓMICOS COMO MATERIALES ACORDADOS.”

Entre el 6 de junio y el 5 de noviembre de 2012, el notario René Waldemar Hidalgo Sierra registró los acuerdos entre Oxec S.A., que todavía no había obtenido la licencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y líderes de las comunidades La Escopeta, Pulisibic, Pequixul, Las Tres Cruces, Sacaltacab, Sepoc, Sector 8, Chacalté, Seasir, Salac I y Sactá, de Santa María Cahabón (Alta Verapaz). Los firmaban el representante de la empresa, Ernestro Batres González, y los delegados de las once comunidades circunstantes a la hidroeléctrica. Cada uno de los documentos detalla las ayudas que percibirán las aldeas: dinero , programa de salud, formación... Y también las condiciones: “no entorpecer el desarrollo del proyecto de hidroeléctrica Oxec”, anuencia total al proyecto, y el rechazo a los opositores.

Con los convenios, la empresa escenificaba una situación en la que "todos ganan". Ellos, en concreto, suprimir la oposición al proyecto a traves de acuerdos sin la participación del Estado ni las consultas que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Cinco años después la estrategia se vino abajo. Ahora la consulta regulada por el Ministerio de Energía y Minas se ha convertido en su principal aliada.

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En Pulicibic, por ejemplo, la primera aldea en la que se suscribió un acuerdo con Oxec —ubicada a 3,22 kilómetros de la primera de las plantas—, la empresa se comprometió a “apoyar el proyecto de construcción de la Iglesia Católica, así como realizar arreglos al campo de fútbol como dotaciones de porterías, pintura, puertas y balcones para la escuela, puertas de los servicios sanitarios de la escuela”. Además, entregaría Q100 mil en efectivo en el momento en el que comenzase la construcción de la hidroeléctrica y otros Q150 mil anuales durante las próximas dos décadas. Esta suma debería dedicarse a proyectos en salud, educación o agricultura. Un miembro de Oxec participará en las asambleas en las que se decida qué hacer con el dinero.

En Las Tres Cruces, su compromiso fue entregar Q125 mil para construir la Iglesia Católica, Q75 mil iniciales en efectivo y Q100 mil anuales, así como 300 taza-bolas plásticas, 200 tazas plásticas para el café, una olla, cinco cucharones de aluminio y cinco cucharas servidoras. Además, una donación para la escuela de cuatro computadoras, una impresora y una cañonera.

Acuerdos similares están suscritos con las once comunidades del área de influencia.

En total, la empresa tiene previsto gastar durante los próximos 20 años más de US$4 millones en donativos para las once comunidades, hoy pobladas por 6400 habitantes. Esto incluye las donaciones económicas, un programa agrario y un programa de atención médica. 

La Corte de Constitucionalidad no entendió estos acuerdos como la muestra de acuerdos entre las partes que quería evidenciar la empresa, y lo reflejó en la sentencia en la que suspendió el proyecto. En un detalle del documento que hasta hoy ha pasado desapercibido, descalificó estos pactos por no haber sido ni libres ni voluntarios para las comunidades, y más bien los interpretó como una relación de sometimiento: “En tales escrituras existe una cláusula en donde los representantes de las comunidades indígenas del área de influencia se comprometen a no entorpecer el desarrollo de las hidroeléctricas y que no deben apoyar a organizaciones campesinas ni de otra índole que pretendan afectar su buen funcionamiento, lo que no denota acuerdos consensuados, pese a que estos devienen necesarios como componentes de una consulta válida”, indica el fallo.

Valeria Prado, la responsable de Sostenibilidad de la empresa, dice que la lectura de la sentencia les hizo pensar en modificar la cláusula que alude a las organizaciones campesinas.

Según Prado, el objetivo original era, “como en cualquier convenio”, beneficiar a ambas partes.  Pero, dadas las críticas de la Corte, asegura que como ingrediente de la consulta y de las conversaciones con las comunidades, replantearán los contratos y eliminarán esa cláusula. “Hemos ido aprendiendo en el camino. Hoy por hoy, no hay un manual sobre cómo deben de hacerse las cosas”, dice.

—¿Rompe su intervención la cohesión de la comunidad? —se le pregunta.

Prado no sabe qué responder. Solo que “cuando vas ahí te das cuenta de que las personas tienen ciertas necesidades y solicitudes. No puedes obviarlo. ¿Cuál sería la alternativa? ¿No hacer nada?"

Un 87% de la población de Alta Verapaz vivía en la pobreza extrema en 2011.

Simone Dalmasso

En los primeros contratos no se recoge el nombre explícito de las agrupaciones a las que los comunitarios deben dar la espalda. Pero partir de los firmados en agosto, se incluyen las menciones a grupos concretos. Este apunte se generaliza en los protocolos que certifican la entrega del primer paquete económico, sellados en 2013. En el último de los convenios, con Sactá el 12 de noviembre de 2012, el veto se extiende a personas concretas: se comprometen a “no entorpecer el desarrollo del proyecto de hidroeléctrica Oxec, dejando constancia que ellos no apoyarán a organizaciones campesinas externas e internas, tal es el caso de Madre Selva, CUC, Conic, C.T.C., Federación Campesina, UVOC y cualquiera otra. Asimismo, indican que tampoco apoyarán a personas individuales que intenten atacar el buen desarrollo del proyecto, defendiendo de manera expresa la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica dentro de la Finca Oxec”, e identifica como “líderes negativos” a Francisco Tec y Carlos Soltz.

El documento de Sactá incluye además una advertencia explícita. “Si algún miembro de la comunidad apoya a cualquiera de las organizaciones mencionadas que se opongan a la construcción de la hidroeléctrica, LA COMUNIDAD PERDERÁ TODOS LOS BENEFICIOS Y APORTES TANTO ECONÓMICOS COMO MATERIALES ACORDADOS” (en mayúsculas en el documento original).

Tanto Vladimir Soto como Julio González, miembros del colectivo ecologista Madre Selva, que acompaña a quienes exigen una consulta a todo el municipio de Santa María Cahabón, reconocen que es la primera vez que se encuentran con un veto explícito de estas características. “Los problemas no han sido por los contratos, sino porque los tienen comprados con víveres o electrodomésticos. Eso ayuda a la empresa”, asegura el primero, abogado de la asociación. El segundo les resta importancia: “esto es parte de los ataques. A nosotros nos avala nuestro trabajo. No tenemos nada que ver, este es un mensaje para ellos, para la gente que tienen bajo control”, afirma.

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La responsable de Sostenibilidad de Oxec dice que desde la empresa jamás se ha sugerido que se hostigue a quienes están en contra de su proyecto, pero Francisco Tec, uno de los líderes tildados de negativos, asegura que el 17 de julio lo interceptaron en dos carros polarizados mientras caminaba desde Pinares hacia Cahabón, donde estaba previsto que partiese una caravana rumbo a Cobán. “Bajaron hombres armados con machetes que nos preguntaron hacia dónde nos dirigíamos. Tuvimos que huir al monte, donde pasamos la noche”, cuenta, todavía asustado.

“Se han puesto denuncias por ataques en el Ministerio Público, hasta se han disparado por esas disputas”, asegura Bernardo Caal Xoc, el activista opositor que logró el fallo de la CC en contra del proyecto: “No son de comunidad a comunidad, sino dentro de las once aldeas, ya que están divididas”.

Eugenio Choc, de Sepoc, corrobora esta versión y asegura sentirse “maltratado” por los partidarios de la hidroeléctrica.

Estos, a su vez, también hablan de amenazas. “Los que están en contra (del proyecto) nos dijeron que nos iban a desalojar de nuestras casas”, asegura José Chun, vecino del caserío La Escopeta y planillero de Oxec, es decir, el encargado de contratar a las personas que trabajan en la empresa de forma rotativa.

Simone Dalmasso

Tensión en el terreno y un mito que se rompe

Hay una tensión áspera en el terreno. La doctrina oficial de la empresa y sus partidarios dice que en las once comunidades citadas hay un apoyo mayoritario a la hidroeléctrica. La base son los acuerdos suscritos ante notario en 2012.

Pedro Lemus, gerente de Oxec, defiende la buena fe de las donaciones. Quienes se oponen, argumenta, son grupos ajenos a la comunidad y que persiguen intereses políticos.

Quienes tienen relación directa con la empresa son sus más fervientes defensores. Residentes como José Chun insisten en que la llegada de la hidroeléctrica solo ha generado beneficios en educación y sanidad, así como puestos de trabajo. “Los que vivimos aquí, en el área de influencia, somos los que conocemos la realidad. Nos han apoyado con trabajo, salud y educación”. El compromiso de José Chun, el planillero de Oxec, con su empleador, es absoluto. Su nombre aparece en una de las 15 boletas de información que acompañan al Estudio de Impacto Ambiental y también en el acuerdo sellado en entre la empresa y su comunidad, el caserío La Escopeta. Sobre aquellos que se oponen, Chun cree que fueron “engañados” y que “no quieren ver la realidad”.

Pero no es solo él.  María Esther Chub, de Sakaltapec, reitera el mensaje: “Es un beneficio para la comunidad en salud, educación y empleo. No nos afecta la contaminación”. La mujer, cuyo esposo trabaja en el mantenimiento de la planta, ahonda en el asunto sanitario: “nos ayudan a la hora de tener hijos, porque los centros de salud no tienen medios. Además, traen medicamentos y enfermeras”. En su opinión, los opositores al proyecto son personas que “nada tienen que ver” con las once comunidades.

Valeriano Chun, de Chacalté, trabaja como rotativo cuando Oxec le llama. Habitualmente son 15 días cada dos o tres meses, con el salario mínimo. “Nosotros estamos a favor. Solo hay pequeños grupos que no lo apoyan, que han hecho caso a gente que nos quiere perjudicar”. En su opinión, la empresa ha cumplido y su llegada a la zona solo ha reportado beneficios.

No hay fisuras entre los partidarios de la hidroeléctrica. En cierto modo, porque son signatarios de un contrato que les prohíbe la disidencia. El relato más implantado dice que las once comunidades del área de influencia están con la hidroeléctrica, mientras que las reticencias vienen del exterior.

Sin embargo, en los feudos en que la compañía goza de mayor adhesión, se oyen voces discordantes. Basta con acercarse a Santa María Cahabón para constatar la división de opiniones.

Simone Dalmasso

“La aldea se ha dividido por culpa de la empresa. Los que están a favor nos maltratan. Amenazan a los Cocodes. Queremos que la hidroeléctrica se vaya”, dice Eugenio Choc Pam, agricultor de 53 años, presidente del Cocode de Sepoc y alcalde auxiliar. Habla sentado en lo que se supone que es la sede de la alcaldía, un cobertizo a medio tapar, amueblado con pequeñas sillas, como si fuese una guardería, y decorado con pósters de los equipos que compitieron en el Mundial de 2002. A juzgar por lo descoloridos que están, nadie los ha retirado desde entonces. 

“Somos una comunidad abandonada”, añade.

En los contratos con Oxec se recoge que anualmente se entregarían unos fondos para realizar mejoras. Choc Pam, sin embargo, asegura no haber visto un quetzal. “Solicitamos construir una alcaldía pero el alcalde nunca se ha presentado aquí”, asegura. Según su versión, las dádivas son solo para aquellos que muestran su adhesión activa a la empresa. Dice que es otra gente la que recibe y distribuye el dinero. E incluso lanza una acusación sobre la campaña de vacunación: “llevan a vacunarse solo a los niños de los partidarios de la compañía”.

Valeria Prado, de Oxec, lo niega. “Es la palabra de ellos contra la nuestra”, afirma. “Nosotros tenemos una directriz: a todos los que necesitan se les da atención. Se hace a través del Cocode o del líder. Hay un programa mensual. Se les avisa y se coordina a través de él”.

Choc Pam denuncia la “división” de la aldea desde que comenzó el proyecto, y culpa a sus responsables de seguir una política de segregación, que separa a los comunitarios entre los que apoyan la infraestructura y se benefician de sus ayudas y aquellos que no se pliegan y quedan excluidos de las dádivas.

Bernardo Caal Xoc sostiene que se trata de una estrategia para comprar voluntades. “Les dan Q75 mil, hasta Q100 mil o Q150 mil. Forman una directiva que cada año recibe ese dinero. Construyen una iglesia, compran equipo musical o se lo reparten. Ese es el gran negocio”, asegura. En Oxec no lo ven como compra de voluntades, sino que hablan de una “política del buen vecino”. Es la consigna que reitera el gerente Pedro Lemus igual que lo hacía, en su propio caso, el portavoz de la Minera San Rafael. “Aunque, es evidente, esto es una empresa que busca ganar dinero, no una orden de caridad”, añade Lemus.

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Un detalle: durante el tiempo en el que la hidroeléctrica estuvo paralizada por sentencia judicial, entre febrero y mayo de 2017, el programa sanitario y todas las ayudas quedaron congeladas. Valeria Prado explica que no sabían si la CC les permitía seguir implementando los planes sociales. Esto motivó marchas de comunitarios de las once aldeas defendiendo la actividad de la empresa.a.

Un debate viciado que se alargará en el tiempo

En un entorno tan enmarañado, ¿es viable debatir razonablemente si la hidroeléctrica es perjudicial o no para la comunidad? ¿Puede hablarse de un libre intercambio de ideas y beneficios con dos entidades en una situación de desigualdad tan absoluta como la empresa y los comunitarios? El árbitro, el Estado, es el gran ausente en todo el territorio. Para darse cuenta es suficiente con transitar por los caminos de tierra entre aldeas, donde apenas cabe un carro, o comprobar la absoluta escasez de servicios básicos como salud o educación y ver que buena parte de las comunidades que rodean las hidroeléctricas que salpican el río Cahabón carecen de energía eléctrica para las viviendas.

En su estudio de impacto ambiental, la hidroeléctrica niega que sus trabajos provoquen efectos negativos sobre el medio ambiente y ofrece, entre otras, dos principales razones para defender sus beneficios: la necesidad de generar energía y la creación de empleos.

La primera aparece en reiteradas ocasiones en los estudios de impacto ambiental de los proyectos Oxec I y II. “La alternativa escogida tiene también fundamento en que existe demanda de energía eléctrica en la zona y en otras partes del país, por lo que es necesario satisfacer esta demanda a través de este tipo de proyectos”, asegura el documento sobre la primera de las plantas. Incide en ello cuando recuerda que una de las principales carencias del territorio es la falta de energía eléctrica, que se traduce en que en muchos domicilios ni siquiera tienen luz.

Obvia una cuestión. Según la ley guatemalteca, quien genera electricidad no puede distribuirla, por lo que Oxec no puede proveer fluido a las aldeas colindantes. La decisión no le corresponde a la empresa, y no es nada que pueda prometer.

El empleo es el segundo gran argumento. Lo defienden tanto la compañía como los comunitarios que la respaldan. En el estudio de impacto ambiental, no obstante, se realiza un análisis que avanza problemas en el futuro. “La temporalidad de los empleos podría derivar en otras consecuencias específicas, tales como las relacionadas con la dependencia económica de la que es objeto la población que participa en las actividades y la falta de oportunidades en el medio rural, donde difícilmente podrán sustituirse los empleos al finalizar la construcción del proyecto, derivando en procesos migracionales hacia los centros urbanos”.

En Oxec I se calculaba la contratación de 200 personas para el proceso de construcción, aunque únicamente diez permanecerían durante el tiempo en el que la planta esté operando. No detalla si se tratan de puestos cualificados o sin cualificar, que son los que ocupan los comunitarios.

En Oxec II, según el estudio de impacto ambiental, estaba previsto el mismo número de contratados. Pedro Lemus, gerente de la empresa, asegurando que en el momento de la construcción que se está llevando a cabo ahora, son 400 los trabajadores. Según explicó, la mayoría de ellos son de Tactic, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, pero no en el área de influencia de la hidroeléctrica.

Lemus minimiza la idea de que Oxec dañe el medio ambiente: recuerda que la hidroeléctrica se instaló sobre una antigua mina de cobre, por lo que los terrenos ya habían sido manipulados por el ser humano. Además, subraya que respetan el “caudal ecológico” del río para que conserve su vida.

En buena parte de las aldeas más cercanas a la hidroeléctrica aseguran que su medio no se ha visto afectado, según las actas de las reuniones celebradas en julio de 2016 con el Ministerio de Energía y Minas. Pero en Sepoc, cuyos líderes de entonces también suscribieron aquel pacto, se ha extendido la preocupación por el estancamiento de las aguas del río Oxec, que pasa a través de la aldea. Según relata Nestor José, secretario del Cocode de la aldea, con las crecidas, el río gana más terreno a la orilla de lo que hacía antes, debido a que, siguiendo el caudal, se encuentra la presa. Las viviendas, tremendamente humildes, construidas con madera, aguantarían difícilmente una embestida del agua. “La gente está asustada, no saben qué hacer”, explica Nestor José. El enfado de la comunidad es creciente, y denuncian también que, en el extremo de la aldea, los trabajos para acarrear tierras que realizan los operarios de Solel Boneh, la contratista de Oxec, han destruido tres grutas sagradas: la del Tigre, la Candelaria y la Chicajbom.

Simone Dalmasso

El domingo 27 de agosto se desarrollará una consulta convocada por las propias comunidades, distinta de la que ordenó la CC y que el Gobierno aún no ha organizado. La CC recordó que la consulta debe ser “previa, informada, de buena fe y transparente”. Algunas de sus condiciones ya son imposibles de cumplir. En este contexto de medias verdades, intereses económicos, pobreza, necesidad y ausencia de Estado, no se vislumbra la posibilidad de un diálogo con esas características. Preguntar a los afectados se ha convertido en una batalla por la legitimidad y el efecto de los proyectos extractivistas que refleja, en buena medida, los conflictos del resto del país. Pero el de Oxec es trascendental por un detalle: es posible que su resultado defina el futuro cauce jurídico de conflictos similares.

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Un 87% de la población de Alta Verapaz vivía en la pobreza extrema en 2011.
Los comunitarios de las aldeas alrededor del proyecto hidroeléctrico son empleados por la empresa como mano de obra no especializada.