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Casillas no quiere ser un pueblo fantasma

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Esta historia se desarrolla en dos escenarios, La Cuchilla, una aldea fantasma, y Casillas, un municipio que dice que no quiere serlo. En medio, la mina de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, puesta en marcha, con gran oposición, en 2013.

El primer núcleo ha pasado de estar habitado durante décadas a languidecer, convertido en una sucesión de viviendas vacías donde únicamente permanecen nueve familias. Hace cuatro años comenzaron a percibirse grietas en paredes y caminos. Hoy, la gran mayoría ha vendido sus tierras a la mina. Todo ello, a pesar de que la empresa niega tener responsabilidad en los daños y de verse respaldada por informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh), que declararon la zona “no habitable”.

En la segunda comunidad miran de reojo a lo sucedido con sus vecinos. Medio centenar de pisos se han rajado durante las últimas semanas. Por eso, un grupo de residentes mantiene desde el jueves 8 un bloqueo que impide que gasolina y cemento llegue hasta la empresa. La compañía rechaza toda responsabilidad con la misma vehemencia con la que los habitantes del lugar desconfían de la información del Estado.

Escenario 1. Aldea fantasma de La Cuchilla. Jueves, 15.00 horas

“A esta aldea ya la mataron. La destruyó la mina”. Jesús Adolfo Pinto Gómez, de 46 años, lleva toda su vida residiendo en La Cuchilla. Junto a su hermano Salomón, sube a través de la endiablada cuesta que atraviesa el cerro de un municipio que ya puede ser considerado un pueblo fantasma. Vienen de un pequeño terreno que arrendan en las faldas de la montaña y donde cultivan tomates, frijoles y cebollas, su único modo de subsistencia. Para ellos, la historia está clara. En apenas cuatro años, desde que San Rafael, la empresa subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, comenzó a excavar para obtener plata, lo que antes era una pequeña comunidad de cerca de 300 habitantes se ha convertido en una sucesión de ruinas.

Los Pinto Gómez son una saga en La Cuchilla (diez hermanos, de los que la mayoría ya ha abandonado la aldea) y están convencidísimos de que la culpa es de la mina. No necesitan sismógrafos ni estudios oficiales, tiran de experiencia empírica para demostrarlo. “La casa de mi padre fue la primera de adobe que se construyó aquí. Nunca tuvo una rajadura”, asegura Jesús Adolfo. Vista su modo de ver, sus vivencias son inapelables. Por eso explican que, antes de que la compañía se instalase junto a la aldea, las viviendas estaban en perfecto estado. Que desde que comenzaron las explosiones y perforaciones, los edificios comenzaron a deteriorarse. Y que ese fue el primer paso para el éxodo. El miedo a las grietas, el temor a que la tierra quisiese tragarse las modestas construcciones de adobe o concreto, y las paredes derrumbadas, abrieron el camino. El dinero que puso sobre la mesa la compañía hizo el resto.

No hace falta avanzar mucho para comprobar los efectos de la huida masiva. Bajo los pies de Jesús Adolfo y Salomón, tras una caída de unos tres metros, emergen los restos de lo que antes fue un domicilio. Ellos lo conocían bien, porque allí residía uno de sus hermanos. Primero se llevaron el techo de zinc. Después echaron abajo las paredes. Parece mentira que hace unos meses alguien durmiese todas las noches en lo que ahora solo son unos cimientos de adobe fundidos con la naturaleza. Más que una vivienda recién abandonada, parece un yacimiento de una antigua civilización. Con imaginación, es posible figurarse a un guía turístico caminando a través de las ruinas y explicando dónde se ubicaba el salón o cuál era el lugar de la cocina.

No es el único edificio desahuciado de la zona. De hecho, en esta pronunciada curva puede observarse otra antigua casa, también reducida al perímetro de lo que antes eran sus paredes. Es como la base de una maqueta. Únicamente sigue en pie y operativa la escuela, en la que estudian diez alumnos y cuya pared da una pista sobre quién la financió. Se lee: “Con la mina, la educación, sí, camina”, (sic).

Lo paradójico de la situación es que la empresa, a pesar de negar que su actividad esté en el origen de cualquier daño, ha pagado por todas las viviendas que han sido desalojadas. Andrés Dávila, su jefe de comunicación, asegura que existen dos informes, uno de Conred y otro de Insivumeh, que constatan que el problema de La Cuchilla no son los trabajos extractivos sino la pendiente en la que se construyeron las viviendas, por encima de lo que recomiendan las instituciones públicas, y las características del terreno.

Si están seguros de que sus labores, entre las que se incluyen explosiones para perforar el terreno, no causan ningún daño, ¿Por qué gastar un dinero en unos terrenos que, según su versión, ni siquiera van a utilizar? (No existen datos públicos sobre cuánto ha desembolsado la empresa para comprar unas tierras que Dávila asegura que cederán a San Rafael Las Flores cuando abandonen el terreno. No obstante, tampoco parece que sea un montante excesivo para una empresa que, según sus datos, en 2016 extrajo 21,2 millones de onzas de plata, una medida cuyo precio oscila pero que ayer se pagaba a 16,5$ por unidad)

“Es una ayuda humanitaria, siempre lo dijimos”, reitera Dávila. “Obviamente nosotros sabemos que puede haber un riesgo y es declarado una zona roja”, recuerda, en referencia al informe de Conred que declaraba inhabitable el terreno. “Nosotros, por política de buen vecino y de ayuda humanitaria, les decimos ’bueno, vamos a comprar’. Si hubiera pasado algún desastre, ¿quién cargaría con la culpa? Legalmente es el alcalde pero reputacionalmente, nosotros”, argumenta. “Se tomó la decisión de comprarles los terrenos a un precio que se pactó por encima del de mercado”.

El responsable de comunicación de la mina defiende la posición de su empresa y la presenta como benefactora de la comunidad.

“Se trasladaron a un lugar más seguro y plano”, afirma, en referencia a los que ya emigraron. “Potencialmente se pudieron salvar vidas que, quizás con un temblor como el de la semana pasada (en referencia al sismo que provocó seis víctimas mortales), pudieran llevar a una situación lamentable. El pueblo no es que haya muerto, sino que es gente que se ha trasladado y tiene los recursos para construir su casa”.

–Si la mina no se hubiese construido, esas personas no se hubiesen marchado.

–O no, no sabes. La diferencia de la Cuchilla con otros 120 puntos rojos que hay en Guatemala, es que en estos no hay una mina al lado que les pudiese dar la ayuda para cambiarse. Nosotros, por política del buen vecino, pudimos ofrecerles. Si no hubiéramos estado ahí, la situación de La Cuchilla hubiera sido la misma. Lo que pasa es que no hubiera generado tanto ruido. Esta es la gran diferencia, que pudimos ayudarlos. El “hubiera” es muy difícil de medir. ¿Y si no hubiéramos hecho nada y hubiera pasado algo?

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Como todo lo que ocurre en los alrededores de la mina, en cada conversación hay su media verdad. Es cierto que el informe que menciona Dávila afirmaba que la aldea “no es apta para vivienda o algún tipo de desarrollo de estructura formal”. También hablaba de la condición de los terrenos, su pendiente o su material volcánico, así como de los sismos naturales. Sin embargo, añadía otro elemento: “la posibilidad de sismos antrópicos”, es decir, provocados directamente por la acción del ser humano.

Nunca la Conred llegó a concretar si existía una relación causa-efecto entre el agravamiento de las condiciones de vida en La Cuchilla y la actividad de la mina.

Regresando otra vez al terreno, lo cierto es que el despoblamiento ha avanzado imparable. “Ni muerta me sacan de aquí”, decía una mujer hace seis meses, cuando Plaza Pública se desplazó hasta La Cuchilla para conocer de primera mano qué ocurría en la aldea que se agrietaba a orillas de la mina de San Rafael. Ahora, esa misma construcción que aquella señora juró que no abandonaría ha quedado reducida a sus paredes de concreto, sin techo, y diversos objetos personales desparramados por la tierra. En una esquina, varios zapatos. Junto a lo que fue una cocina (de nuevo te imaginas al guía, señalando los restos de cerámica y explicando que en la Antigüedad allí se calentaban los alimentos), pastillas para el catarro y pequeñas bolsitas de kétchup.

Vivir aquí no era fácil. Tampoco antes de la llegada de San Rafael. En los últimos meses, sin embargo, las condiciones han empeorado. Antes, al menos, disponían de cuatro tiendas y dos motores. Ya no queda nada. Todo son paredes y restos y degradación.

“¿Quién va a querer vivir aquí?”, protesta, resignada, Paula Batres, de 49 años, que todavía vive aquí. Su vivienda está ubicada en la parte más alta de la aldea, justo después de la iglesia, cuyas puertas permanecen cerradas a cal y canto con un grueso candado. Hasta los santos tuvieron que emigrar y fueron resguardados en el templo de un municipio cercano. De puro rápido que se produjo la salida, a Bartres ni siquiera le dio tiempo de despedirse. Así le ocurrió, por ejemplo, con la única tienda que permanecía en pie. Un día hizo la compra con normalidad. Al siguiente se encontró con que la puerta estaba cerrada para siempre. No se molestaron en tocarle la puerta para decirle adiós.

“Esta casa no es buena ni chueca, pero cinco cuartos tiene. Por el precio que ofrecen, apenas podría construir tres, porque el pisto no alcanza”, asegura la mujer, que argumenta que si no vende es porque lo que le ofrecen no alcanzaría para comprar una vivienda similar.

Cuando se habla sobre el proceso de adquisición entramos en terreno pantanoso. Andrés Dávila defiende que el total era pactado y que lo que piden las nueve familias que todavía siguen en La Cuchilla es un montante desorbitado. Sin embargo, los que resisten plantean dos objeciones: la primera, que con lo que paga la minera apenas alcanza para un apartamento en San Rafael Las Flores, donde todo es mucho más caro. La segunda, que la empresa ni siquiera ofrece ya el dinero que propuso en un principio. La ausencia de una negociación colectiva, los tratos uno por uno y la necesidad propia de una comunidad humilde han encendido la desconfianza. Siempre se oye a alguien que cree que al vecino le pagaron mejor. Y, no olvidemos, se trata de un negocio de “lo tomas o lo dejas”, porque las grietas eran razón suficiente para sentirse empujado a hacer las maletas. La batalla era desigual. Por un lado, agricultores apremiados a marchar y con escaso bagaje en asuntos de ley. Por el otro, una gran empresa acostumbrada a estos menesteres. Era como mandar a un ejército con piedras a pelear a campo abierto contra la armada invencible.

Lo cierto es que en noviembre de 2016 ya había vendido el 60% de los vecinos. Un porcentaje que llega hasta el 90% “cuando terminó el bloqueo”, según Dávila. “El bloqueo” es la huelga que mantuvieron los vecinos de La Cuchilla en noviembre de 2016, cuando paralizaron los accesos a la mina durante 19 días. Básicamente, el mismo proceso que en la actualidad se sigue en Casillas. Tras el paro, la única alternativa que quedó fue negociar, deshacerse de las tierras y marchar a San Rafael Las Flores o cualquier municipio vecino. Una aparente solución que, como después veremos, no se plantea para el caso de la población que protesta actualmente.

En relación a las ventas del terreno, aquellos que no aceptaron el trato, como Batres, o como Augusto Villagrán, que vive en la siguiente vivienda, se quejan del ultimátum de la empresa y de la falta de margen de maniobra. Aseguran que sus emisarios pusieron como fecha tope el 15 de enero y que, a partir de entonces, los Q180.000 que se ofrecía por apartamento fueron descendiendo. “Yo ya no quiero vender, quiero que la mina se marche”, asegura Villagrán. Dice que ya vendió otro bloque por Q212.000 y que no está dispuesto a recibir menos plata por una casa más grande que aquella de la que se deshizo. Y reitera que no se va a mover. Según explica, después de que la Conred declarase inhabitable el terreno, existe el riesgo de que las autoridades traten de desalojarles. “¡No somos delincuentes!”, protesta, apoyado, con su eterno machete, junto a la verja que divide sus terrenos de los que ya ha comprado la mina.

Aquí arriba se repiten las historias sobre los tratos a los que llegaron sus antiguos vecinos. Ninguna es buena. Que si fulanita tuvo que pedir un préstamo porque no podía hacer frente al pago de la nueva vivienda. Que si menganito dispone de apartamento pero no le llega ni la luz ni el agua. Abajo, como en todo, los relatos llegan matizados.

“Estas casas las construyó la mina”. Lucas Pinto Gómez, otro miembro de la saga, llega de trabajar a los nuevos edificios donde 22 miembros de la comunidad de La Cuchilla se instalaron el 3 de febrero. Es tan hijo de la aldea que empieza a recitar de memoria los nombres de las familias que todavía siguen en lo alto. Allá quedó Sergio Pional, Dolores Salbin, Rocael González, Blanca Divas… Asegura que a él le pagaron Q170.000, que el pisto no le ha alcanzado para levantar la casa pero que la urgencia era “salir del peligro”. Su principal problema es el agua potable. Ni tienen ni se les facilita, ya que en San Rafael Las Flores aseguran que hay escasez (otra variable de las consecuencias de los trabajos extractivos, ya que un estudio de la organización ecologista Madreselva realizado entre 2012 y 2015 detectó contaminación por sulfatos, arsénico, plomo y aluminio).

- “No sé quién tiene que resolverlo, si la mina o el alcalde”-, confiesa Pinto Gómez. Él no tiene tanta suerte como otra vecina, que no da su nombre pero que ha subido a los alrededores de lo que antes fue su domicilio para comprobar que todo está bien en el nacimiento de agua que ha conectado a su nuevo departamento.

El nuevo hogar de Lucas Pinto Gómez y su familia, en Los Llanos, está todavía más cerca de El Escobal, que es el nombre real del lugar donde la empresa trabaja. Casi podría tocarse. Y, como es lógico, los temblores se repiten. La ventaja, según el agricultor, es que ya no están en la cima del monte. A pesar de las dificultades, se muestra satisfecho. “La mina no es un estorbo, de ahí sale la plata. Si no hubiera mineral, no habría dinero”. Además, lanza una teoría en clave religiosa para explicar las protestas, tanto las de noviembre como las actuales. “La gente no tiene a Dios en el corazón. Las peleas son cosa de católicos, los evangélicos no se meten”, afirma, mientras que insiste en su deseo de que “las huelgas terminen”.

Su gran preocupación es, nuevamente, la rumorología sobre el dinero. Argumenta que ha escuchado que a los últimos que quedan les han ofrecido Q190.000 (no dice dónde lo ha escuchado), 20.000 más de lo que le abonaron a él. Si así fuese, pondría el grito en el cielo. “Todos somos iguales, ¿no? Pues a todos nos deben pagar por igual”. Por si acaso, pregunta si sus respuestas a los interrogantes del periodista no merecen una ayuda económica.

Durante estos días, los últimos de la Cuchilla aseguran vivir una tregua. Ya no sienten los temblores, lo que vinculan al paro de Casillas, aunque sus casas siguen agrietadas. Y la mina volverá a funcionar, a no ser que prospere alguno de los recursos interpuestos por los vecinos desde hace cuatro años.

Escenario 2. Casillas. Martes, 15.30 horas y jueves, 21.00 horas

Floridalma Chavarría despertó en la madrugada del miércoles 7 de junio sobresaltada por un temblor. No era el primero, ya que en Casillas venían semanas percibiendo movimientos sísmicos. La mujer, que reside sola en un humilde apartamento en Vista Bella, justo al lado del estadio, no sabía qué hacer. Más se asustó cuando descubrió que el suelo de cemento presentaba una rajadura casi de pared a pared. Mientras la muestra, asegura que “eso antes no estaba ahí”. “Me dio miedo, pero me quedé en casa”, explica. También apunta a uno de los argumentos que se repiten en el campamento ubicado junto a la gasolinera, en la entrada del pueblo, donde los vecinos se concentran para protestar e impedir el paso de los camiones a la mina: los temblores solo se han sentido en Casillas. “Son provocados”, considera, tras reiterar que su principal miedo es que la casa se le venga encima.

Como Chavarría, un total de 45 viviendas de Casillas, han denunciado daños en las últimas semanas, según Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del municipio. Han colaborado en la inspección la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y Conred. Renato Echeverría, delegado de esta última institución, aclara que “se tiene el reporte de 29 evaluadas por el momento”. “Los daños son grietas leves en paredes y el losas de techo”, indica, remarcando que la mayoría de viviendas son de adobe y que “no hay grietas en piso ni asentamientos diferenciales en los suelos”. Los trabajos continúan, así que la cifra aumentará.

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No se puede entender la protesta de Casillas sin La Cuchilla. El recuerdo de la aldea fantasma es recurrente, y el temor a que los daños se extendiesen provocó un efecto dominó desde el miércoles 7 de junio, que es cuando comienza la protesta. Nadie es capaz de precisar quién fue el primero que descolgó el teléfono. La organización, espontánea, obedeció a las necesidades inmediatas. Para ese mismo día ya se había convocado una marcha en el municipio. El jueves, con los vecinos exigiendo respuestas, se llamó a una mesa técnica con participación del alcalde, Adrián Samayoa, del Ministerio de Energía y Minas, de la Conred y de autoridades locales. No hubo acuerdos. Lo máximo que ofrecía la mina era que la delegación visitase los túneles para cerciorarse de que ellos no tienen nada que ver con los sismos ni con las grietas en las viviendas. Una respuesta que sabe a poco en un municipio que se opuso al establecimiento de la empresa por un 96% de los votos. “Queremos que la mina se marche”, es la principal consigna que se escucha entre los manifestantes. Como medida de prevención, el Insivumeh había instalado un sismógrafo desde el 1 de junio, después de ser avisados por el alcalde. Los vecinos, sin embargo, no creen en lo que esta institución pueda decir. Recuerdan que en La Cuchilla certificó que la empresa no tenía responsabilidad pero que, a pesar de todo, el municipio está ahora vacío. Y no quieren correr la misma suerte.

La falta de consensos en aquel primer encuentro llevó al bloqueo, que está apoyado por residentes en Santa Rosa Lima, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las Flores y Mataquescuintla. No se trata de una huelga total, ya que los manifestantes solo impiden el paso de los camiones con gasolina o cemento que se dirigen hacia la mina. El resto tiene libertad para el tránsito. Plaza Pública comprobó el martes y el jueves cuál es el procedimiento. En el momento en el que llega un vehículo, los residentes inspeccionan la carga. Si son suministros para empresas locales permiten el paso. Si tienen sospecha de que su destino final sea la mina, le obligan a dar la vuelta. En un extremo de la gasolinera siempre se ubican dos patrullas de la Policía Nacional Civil, que tienen orden de no intervenir salvo que existiesen actos violentos, algo que no ha ocurrido.

“Esta es una protesta pacífica”, reiteran todos los que participan en ella. Hay miedo y, por eso, la gran mayoría prefiere no dar su nombre ni que su rostro aparezca en fotografías. Tienen razones para ello. El lunes 19 de junio se conoció que diversos empresarios de la zona han presentado una querella contra una decena de residentes, a los que identifican como responsables de la protesta. Más leña al fuego. Se trata de una iniciativa que, una semana antes, ya preveía Andrés Dávila, responsable de comunicación de la mina. Preguntado por el daño económico que la protesta estaba causando a la compañía, respondió que “el bloqueo, en este momento, no está generando pérdidas a la empresa y únicamente está causando un atraso en los ingresos por ventas, lo que afecta también el pago a proveedores locales y los compromisos legales que tenemos con el Estado de Guatemala por el pago de impuestos y regalías”. En aquel momento descartaba que San Rafael interpusiese una querella, aunque ya avanzaba que serían los propios productores locales los que recurrirían a la justicia, tal y como ha ocurrido.

Entre La Cuchilla y Casillas hay dos diferencias fundamentales. Una: el tamaño del núcleo urbano. En la primera, apenas residían 300 personas. En la segunda, el censo llega hasta cerca de 30.000. Dos: la distancia hasta la mina. Mientras que La Cuchilla está prácticamente pegada a los lindes de la empresa, Casillas está a unos 10 kilómetros en línea recta.

Lee la serie El rompecabezas de San Rafael

Coinciden en dos asuntos: el rechazo mayoritario a la instalación de la infraestructura, que se reflejó en las consultas de 2013, declaradas “no vinculantes”, y que la empresa niega toda responsabilidad. En el caso de Casillas, al contrario que en La Cuchilla, la compañía no está dispuesta a comprar ningún terreno. “Las condiciones son distintas”, afirma Andrés Dávila, responsable de comunicación de San Rafael. Se aferra a un informe del Insivumeh que, si bien se presentó a los líderes comunitarios el miércoles 21, ya había sido filtrado la semana pasada por Prensa Libre. Según publicó este diario, los estudios preliminares descartaban a la empresa y sus prospecciones tengan responsabilidad alguna en las grietas.

“El sismógrafo se instaló el jueves (por el día 9 de junio) y, desde entonces, dejó de temblar”, asegura Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Casillas y una de las personas denunciadas por los empresarios. La mujer resume los temores y desconfianzas de los residentes hacia el estudio, que se reducen a un argumento: el bloqueo ha paralizado la actividad de la empresa, lo que afecta directamente al estudio del Insivumeh, ya que sin prospecciones no hay sismos. Esto tiene también otra lectura que puede escucharse en la rumorología de la protesta: cuando los responsables de la mina saben que se está midiendo la actividad del subsuelo, limitan sus perforaciones y evitan quedar registrados. Una tercera explicación, esta con base técnica, llega desde las organizaciones ambientalistas. Es la que afirma que para conocer con exactitud el impacto de la mina debería utilizarse un escáner de profundidad. Un aparato que, hasta el momento, no se ha empleado ni en La Cuchilla ni en Casillas.

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Un ejemplo de hasta qué punto la desconfianza hacia ciertas instituciones está instalada en la zona. El martes 12, sobre las 16:00 horas, el delegado de Conred en Santa Rosa, Renato Echeverría, hizo acto de presencia en la gasolinera donde se concentran los manifestantes. Su aparición provocó disparidad de opiniones. Unos le responsabilizaban del informe que descartaba la culpa de la mina en los daños de las viviendas de La Cuchilla, recordando que el nombre del ente que representa aparecía en la carta con la que la empresa notificaba el bloqueo de noviembre al ministerio de la Defensa, y que se interpretaba como un llamamiento a que interviniese el ejército. Otros, los menos, ponían la mano en el fuego por él. En medio del debate, el funcionario no tardó mucho en abandonar el lugar.

Con las posiciones inamovibles, el miércoles se celebró en Casillas una tercera mesa técnica, con la presencia de líderes comunitarios, el alcalde, Adrián Samayoa, ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente, Conred, Insivumeh y Procuradoría de Derechos Humanos. Se suponía que iba a hacerse público el estudio elaborado con ayuda de un sismógrafo, instalado en Casillas entre el 1 y el 15 de junio. Sin embargo, el resultado ya se conocía de antemano, ya que fue revelado por Prensa Libre el día 14. En su nota, el rotativo avanzaba lo que determina el documento oficial: que los temblores han sido provocados por fallas geológicas y no por la mina. Eso mismo afirmaba Eddy Sánchez, director del Insivumeh, en otra nota de la web miningworks.gt. Lo paradójico del asunto es que ambas revelaciones llegasen 24 horas antes de que Luis Arriola y Francisco Juárez, técnicos de la institución, retirasen el sismógrafo del domicilio en el que lo habían instalado.

Para cuando llegó la reunión las conclusiones preliminares estaban en boca de todos. Así que no había margen para la sorpresa y la dialéctica se centraba en convencer a los representantes vecinales para que depongan su protesta. Algo complicado, siguiendo las palabras de Marina Toledo, que ya el jueves por la noche, en medio de un tremendo aguacero y apoyada por más de 200 personas, explicaba que “los residentes han perdido el miedo y no se van a marchar de aquí hasta que la mina cese su actividad”.

El informe presentado el miércoles detecta un total de 15 eventos sísmicos durante las dos semanas de estudio, aunque reitera que Casillas se encuentra cerca de la falla de Jalpatagua, una de las principales de Guatemala, y de otras dos fallas secundarias, lo que “ha provocado sismicidad desde tiempos históricos”. En ningún caso se menciona los trabajos de la mina, pero sí que se asevera que los temblores constituyen un “fenómeno natural que puede ocurrir sin previo aviso”.

Estos argumentos no convencen a los vecinos, que mantienen su determinación de seguir protestando hasta que la mina haga las maletas. Como los residentes de La Cuchilla.

Tercer escenario: ¿Soluciones o escalada de tensión?

La palabra que más se escucha entre los manifestantes es “pacíficamente”. No quieren ni pensar en un desalojo por la fuerza. Recuerdan el estado de sitio de 2013. La violencia provocó muertos, heridos y arrestados. Es una opción que todo el mundo quiere descartar. Por el momento, la intervención del juez de paz ha mantenido el bloqueo en calma. Según relatan varias personas presentes en la protesta, el sábado 9 de junio, antimotines de la policía trataron de allanar el camino a dos camiones, pero se encontraron con la resistencia pacífica de un grupo de mujeres, que se sentó a rezar el rosario. Algunas de ellas fueron levantadas a la fuerza (una de ellas está embarazada), lo que motivó la interposición de una denuncia. El acuerdo que se firmó entonces sigue vigente hasta el momento: los manifestantes se mantendrían sin cortar completamente la carretera y solo impedirían el paso a los vehículos de la minera. Habrá que ver cómo afectan las demandas interpuestas por los empresarios locales y la publicación del estudio.

Todos los consultados defienden la legitimidad de la preocupación de los residentes de Casillas. Sin embargo, esta historia está llena de “peros”. Sobre las motivaciones, por ejemplo, hablaba Juan Herrera, delegado para Santa Rosa de la Procuradoría de Derechos Humanos. Apunta a un rumor, a una posible “mano negra, un antiguo alcalde enfrentado con el actual y del que no menciona su nombre, como instigador de las protestas. Acto seguido, remarcaba que es legítimo el temor de los habitantes ante las grietas aparecidas en los domicilios y mostraba su deseo de que las negociaciones llegasen a buen puerto.

Como parte interesada, la mina también apunta. Dávila cree que el origen de las movilizaciones está en “intereses políticos” y señala directamente a “líderes comunitarios y ONGs”, aunque sin aportar más datos. Eso sí, asegura que su política de Derechos Humanos “respeta el derecho a la protesta”, aunque también el de “trabajo y libre circulación”.

Por si acaso, es necesario recordar que diez vecinos han sido denunciados por sumas millonarias.

Los nervios, además, van “in crescendo”. Como ejemplo, lo ocurrido el jueves 15 de junio, cuando una falsa alarma movilizó a decenas de vecinos, alertados por el rumor de que un destacamento del Ejército se dirigía hacia Casillas. La sangre, en aquel momento, no llegó al río.

Si la clave estaba en la reunión del miércoles las expectativas eran excesivas. Antes del encuentro, como un vaticinio, Marina Toledo preveía que las autoridades buscaban que los líderes comunitarios fuesen los que ejerciesen de avanzadilla hacia los manifestantes y les convenciesen de las bondades del informe y de la necesidad de retirarse. Isabel Villatoro, por su parte, mostraba su confianza en que “la protesta se pare”. Como alternativa, ofrecía la posibilidad de que los vecinos recurran a sus propios expertos que analicen el terreno y la causa de los temblores. Según Juan Herrera, de la PDH, es necesario “intervenir, mediar y conciliar con autoridades para que se dé una respuesta viable y no haya desalojo”.

Como el guión ya estaba escrito, llegamos a la noche del miércoles con todas las profecías cumplidas.

El informe certifica lo que la empresa aseguraba y los residentes dudan del informe. Este es un bloqueo mucho más profundo del que los vecinos mantienen a las puertas de Casillas. Y no hay juez que pueda desmontarlo. Porque, en el fondo, lo que subyace es que los vecinos siguen pensando que no se ha contado con ellos para la instalación de la mina, tienen el recuerdo de La Cuchilla bien fresco y las heridas del estado de sitio todavía sin cicatrizar. Todo esto se resume en una sensación generalizada: que el Estado favorece a la empresa privada antes que a sus propios ciudadanos y por encima de los intereses de estos. Una idea arraigada en la mente de los habitantes de Santa Rosa y que ni siquiera con una resolución satisfactoria de esta protesta concreta se desterrará tan fácil del imaginario colectivo.

Imaginemos qué ocurriría si, además, se produce un desalojo violento.

En el momento en el que llega un vehículo, los residentes inspeccionan la carga. Si tienen sospecha de que su destino final sea la mina, le obligan a dar la vuelta.
En el caso de Casillas, al contrario que en La Cuchilla, la compañía no está dispuesta a comprar ningún terreno.
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