Por si fuera poco, en una de sus tantas resoluciones díscolas la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió favoreciendo a los vendedores de armas que, si la ley dice que una persona puede registrar hasta tres armas con licencia, entonces para tener más de tres armas, la gente puede tramitar cuanta licencia se le antoje. Así de simple, carta libre al armamentismo, aunque el primer artículo constitucional hable de la protección a la vida.
Súmele que, ni el Ejecutivo ni el Congreso se han preocupado por generar políticas dirigidas a reducir el armamentismo en el país. Según cifras del Instituto de Estudios Para el Desarrollo Económico y Social (Iepades), en Guatemala hay cerca de un millón 35 mil armas, de las cuales solamente el 30% está debidamente registrada.
Póngale, además, que nuestro país se ha convertido en una zona de funcionamiento gerencial —para decirlo elegantemente— de estructuras de diversa índole del crimen organizado. Así, tenemos para ofertar carteles de la narcoactividad que controlan no menos de dos tercios del territorio. También ofrecemos en el catálogo, estructuras de trata de personas (trafican con mujeres, hombres, niños y niñas) para la inmigración, el comercio y explotación sexual y laboral. En la diversidad empresarial del crimen también hay por supuesto los empresarios del armamentismo clandestino, es decir, los que contrabandean armas de fuego para la “protección” de las diversas actividades del crimen.
Añada luego la existencia de un sistema financiero diseñado y funcional para el lavado de los activos provenientes de la actividad criminal. Recuerde que el sistema se ha protegido con el secreto bancario, entre otros candados que dificultan la investigación pronta y eficiente del movimiento de capital mafioso. Claro que esa no fue la intención original de este adorno proteccionista. El origen de dicho obstáculo es el blindaje ante la eventual investigación del fisco, a fin de establecer posibles mecanismos de evasión y elusión fiscal.
El proteccionismo del Estado a quienes han necesitado cubrir sus ganancias para no pagar impuestos, sirve ahora de pantalla al crimen de cara fea, para legalizar sus ganancias. Agite estos elementos y póngalos en el recipiente de una Policía Nacional Civil (PNC) sin capacidad de investigación para combate al crimen, anulada en su capacidad de análisis y despliegue y tendrá la guinda que faltaba para el cóctel de la impunidad.
De manera que, para revertir el amargo sabor de semejante trajo, es necesario generar acciones y políticas de Estado integrales. Reducir el nivel de armamentismo, abrir los candados del sistema financiero para reducir el lavado de activos y, sobre todo, sentar las bases de una policía especializada en investigación criminal, capaz de responder a las exigencias de la situación presente.
Si se logra hacer que las autoridades entiendan la necesidad de separar orgánica y jerárquicamente las funciones preventiva y de investigación, en la entidad policial, habremos avanzado en la lucha contra el crimen y la impunidad. Por el contrario, seguir el modelo actual y dejar la investigación como el patito feo de la institución policial es mantener las condiciones para que el cóctel de la impunidad rebalse la ponchera.
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