El reportaje describía a “... la mafia que tiene el control total sobre el Comité de Orden y Disciplina (COD); las propiedades, el dinero, sujetos armados, escuchas telefónicas y un servicio secreto cuya función es delatar a los opositores y miembros de la población reclusa reprimida, sobornada, asaltada y encarcelada dentro de la propia prisión. El crimen organizado se apoderó de esta cárcel, que fue diseñada para rehabilitación y que el Estado dejó en manos de los reos desde hace más de 10 años”.
Un día después, el diario oficial publicada el acuerdo gubernativo que imponía estado de excepción en el Municipio. Restricción de garantías para poder ingresar sin orden de allanamiento ni órdenes de captura y poder dejar en manos del Ministerio de Defensa, la posibilidad de coordinar a toda la autoridad estatal en el área. Un cable de la Agencia de Prensa Asociada (AFP), de ese día, señala que “El ministro guatemalteco de Defensa, Francisco Bermúdez, quien participa en los operativos, aseguró a periodistas que las fuerzas de seguridad ya tienen el control de la prisión. Los reclusos han sido concentrados en un campo de fútbol que funciona en el lugar y en las próximas horas serán trasladados a otras cárceles. Bermúdez dijo que el presidente Berger ha ordenado la destrucción de las casas y champas (chozas) rústicas que los reos levantaron en la prisión. "Hay un sin número de casas, parece un barrio y serán demolidas", dijo el militar”.
El operativo para “recuperar el control de la cárcel de Pavón”, concluyó con la masacre de siete reos, los cuales fueron ejecutados extrajudicialmente. Este año, el entonces jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperissen, fue condenado, en las cortes de Suiza, por su responsabilidad directa en la muerte de uno de los reos y su participación en el asesinato de otros seis. Carlos Vielman Montes, ministro de Gobernación en ese momento, guarda prisión en España y espera el inicio del proceso por los mismos hechos. En Guatemala, fue imposible juzgar a los responsables y el director del Sistema Penitenciario en esa fecha, Alejandro Giammattei, resultó absuelto por las cortes nacionales, pese a que la evidencia lo ubicaba en la escena de los hechos.
El miércoles cuatro de septiembre del presente año, las redes sociales reportaban con frenesí los movimientos en el sistema carcelario guatemalteco. Mediante orden judicial, a las seis de la mañana de ese día, elementos de la PNC con dirección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ejecutaban una orden de allanamiento y de captura en la residencia del Director del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo. La fiebre informativa aumentó conforme las órdenes de captura, contra otras personas relacionadas con el sistema o “usuarias” del mismo, eran detenidas en virtud de sendas órdenes judiciales, ejecutadas con base en el ordenamiento establecido por el Código Procesal Penal.
Las figuras emblemáticas de estas detenciones resultaron ser, Byron Lima Oliva, capitán del Ejército de Guatemala, convicto por la ejecución extrajudicial del Obispo Juan Gerardi Conedera, en 1998. Lima Oliva, según las mismas autoridades indicaron, había construido un emporio en la prisión y resultaba ser quien decidía y gobernaba realmente en el sistema penitenciario. Siendo un convicto que debía estar en el centro carcelario de cumplimiento de condenas, permanecía en el centro preventivo. Lugar desde el cual dirigía sus negocios y gestionaba su actividad política. Su poder económico le llevó a ser financista de campaña del Partido Patriota (PP), actualmente en el poder, así como integrarse en calidad de tesorero en la Fundación Contra el Terrorismo. El Sistema Penitenciario ocupaba como funcionarios de primera y segunda línea a colegas de Lima, compañeros de promoción en la Escuela Politécnica y familiares por afinidad o consanguinidad.
La otra figura emblemática de esta redada es la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), la cual condujo la investigación y pacientemente reunió la evidencia suficiente para, con el apoyo de fuerzas policiales y autoridades judiciales no corruptas, proceder a las capturas.
En el primer caso, en el 2006, las autoridades argumentaron la necesidad de recuperar el control de las cárceles. La evidencia mostró que estas autoridades, corrompidas en su actuar, buscaban ser las protagonistas de los negocios que arrebatarían a los reos ejecutados. Una mafia por otra. Para ello, se saltaron la ley, el debido proceso e introdujeron la suspensión de garantías, hasta llegar, como en tiempos de la contrainsurgencia, a ejecutar extrajudicialmente –violar la ley–, en nombre de la ley.
El caso de Lima Oliva, por el contrario, se desarrolla con base en una investigación pericial que reúne las condiciones de ley necesarias para obtener y ejecutar las órdenes judiciales. En septiembre de 2006 las autoridades salieron estilando sangre del penal de Pavón y hoy cumplen condena o esperan el juicio por sus delitos. En septiembre de 2014 se ejecuta una orden judicial y quienes esperan juicio por sus crímenes son los mismos reos o funcionarios que han pervertido el sentido de la ley.
La diferencia entre uno y otro es ése, el apego al marco legal que, evidencia, es posible enarbolar para procesos de depuración y sanación de sistemas corrompidos. Mantener al sistema de justicia y persecución penal en condiciones de garantizar este camino es tarea no de comisiones de postulación sino de la sociedad que vigila, controla y audita al poder.
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