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Del Monte contrató a los Mendoza para intimidar sindicalistas, según denuncia
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Del Monte contrató a los Mendoza para intimidar sindicalistas, según denuncia

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Del Monte, la gigante bananera estadounidense y heredera de la United Fruit Company, contrató en 1999 a la familia Mendoza, acusada de tráfico de drogas, para que le diera seguridad e intimidara al sindicato SITRABI, según varias denuncias durante la última década. Este jueves 11 de agosto se reabrirá en Washington un juicio contra la multinacional, en un caso que ha recordado que Guatemala es uno de los países más peligrosos del planeta para ser sindicalista.

La relación de acoso entre Del Monte, Guatemala y el sindicato bananero parece la historia del dinosaurio que no quiere dejar de despertar. Beneficiados desde principios del siglo XX por el Señor Presidente Manuel Estrada Cabrera, la United Fruit Company (UFCO) recibió el monopolio de la compra del banano en el país y del ferrocarril. En 1924 y 1930 recibió más concesiones y se convirtió con sus 229,050 hectáreas en el mayor terrateniente del país.

Veinte años después, cuando los gobiernos de la Revolución promovieron los derechos laborales y el Código de Trabajo, la UFCO les declaró la guerra y promovió en Washington una campaña de presión y desestabilización, acusándolos de comunistas. Indignados por los derechos laborales y la Reforma Agraria, que les expropió por no pagar todos sus impuestos, lograron que en 1954 la CIA promoviera un golpe de Estado junto a fuerzas conservadoras guatemaltecas.

Desde entonces, la producción de la bananera no ha dejado de crecer en Guatemala. Ni aunque en los años setenta la UFCO se convirtiera en Del Monte Fresh Inc, que ahora es la tercera mayor productora y distribuidora de banano, sólo después de Dole y Chiquita. Del Monte produce quince por ciento del producto en el mercado mundial, que se traduce en 2.5 millones de toneladas anuales y US$1,600 millones de ventas netas, según su informe anual. Sus plantaciones en Guatemala –a cargo de su subsidiaria Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala, S.A. (Bandegua)– representan casi la mitad de su producción, con 1.160 millones de toneladas de bananos por año.

La rentabilidad no es la única característica del negocio. En los últimos quince años, las multinacionales bananeras han dado una vuelta de tuerca para evitar negociaciones laborales. Hace cuatro años, Chiquita –también heredera de la UFCO– fue condenada por el Departamento de Justicia de EE.UU a pagar US$27 millones en 2007 para indemnizar a sus trabajadores por haber contratado a grupos paramilitares y guerrilleros para intimidar y asesinar sindicalistas en Colombia.

En Guatemala, Del Monte fue más directo. En 1999, en medio de negociaciones para un pacto colectivo, contrató como “grupo de seguridad” a la familia Mendoza, acusada de tráfico de drogas por el gobierno de Estados Unidos y el presidente Álvaro Colom. Este grupo ha intimidado a los directivos de SITRABI y podría estar detrás de varios asesinatos, según refleja el cable 07GUATEMALA2172 del 31 de octubre de 2007 de la embajada estadounidense de 2007 revelado por Wikileaks y la denuncia interpuesta en una corte de Washington al amparo del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.

El caso

En septiembre de 1999, SITRABI se encontraba en negociaciones con Bandegua para lograr un pacto sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las bananeras en el departamento de Izabal. En medio de las negociaciones, Bandegua despidió a más de 900 trabajadores de la empresa, a lo que el sindicato respondió con una denuncia ante un juzgado laboral guatemalteco y con la convocatoria a un paro como medida de presión. Continuaron entonces las negociaciones, y en octubre, Bandegua había contratado a un “grupo privado de seguridad”  para accionar contra los miembros de SITRABI y lograr que estos desistieran de las negociaciones, reza el documento de la denuncia en Washington.

Según la denuncia, en la tarde del 13 de octubre de 1999, unos 200 hombres armados irrumpieron en las oficinas de SITRABI, donde se encontraban dos de los dirigentes sindicales, Jorge Agustín Palma Romero y Oscar Leonel Guerra Evans. El grupo estaba dirigido por la familia Mendoza.

Los trabajadores fueron amenazados de muerte con armas de grueso calibre, diciéndoles que les quitarían la vida por sus actividades con el sindicato. Palma Romero fue luego llevado a la fuerza en un carro y le ordenaron mostrarles donde vivían otros líderes de SITRABI. Luego, los obligaron a llamar a otros sindicalistas para que llegaran al lugar. Lyonhel McIntosh Rodríguez, Angel Enrique Villeda Aldana, Rigoberto Hernández, Marel Martínez y Gumerzindo Martínez llegaron a las oficinas y a punta de pistola fueron obligados a entrar al lugar.

Una vez tuvieron a los siete sindicalistas bajo su control, miembros del grupo armado les dijeron que eran los responsables del declive del comercio en el área, y que si no dejaban de protestar la bananera iba a retirar sus operaciones del país y todo sería su culpa. Los obligaron a firmar sus cartas de renuncia y a Villeda Aldana y Marel Martínez los llevaron a la estación local de radio para transmitir un mensaje donde anunciaban que habían llegado a un acuerdo con Bandegua y que los trabajadores debían desistir de cualquier protesta. Avisaron también que los trabajadores que habían sido despedidos debían cobrar sus últimos sueldos y que renunciaban a sus puestos como dirigentes sindicales.

Después de horas bajo amenazas de muerte y agresiones, los trabajadores fueron liberados en la madrugada del 14 de octubre, bajo advertencias de que debían dejar el área o si no serían perseguidos hasta la muerte. Días después, fueron convocados a una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo, donde frente a ellos, un representante de Bandegua presentó al Ministerio las cartas de renuncia “voluntaria” de los trabajadores. Los trabajadores se trasladaron a la Ciudad de Guatemala con sus familias y pidieron la protección de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, Minugua.

En octubre, la Minugua hizo un llamado para hacer una investigación a fondo del caso, expresando que era “esencial que estos actos, que constituyen una de las más graves violaciones a los derechos humanos en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz, no permanezcan impunes ante la ley”. Ese mes se presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exigió al Gobierno de Guatemala el esclarecimiento del caso y la condena de los implicados.

Ante las denuncias, el Ministerio de Trabajo hizo público el reconocimiento de las renuncias forzadas de los dirigentes sindicales; proporcionó un local para alojar a los dirigentes y sus familias, e inició un juicio contra la empresa Bandegua por faltas al Código de Trabajo y Pacto Colectivo vigente entre ambas. Bandegua publicó un campo pagado en el que negaba toda vinculación con los hechos ocurridos el 13 de octubre, y ofreció que de comprobarse que las denuncias fueron obtenidas maliciosamente, no les dará curso.

El Ministerio Público pidió la orden de captura de Jorge Antonio Salguero, Julio César Rodríguez Sagasturne, Obdulio, Edwin y Haroldo Mendoza Mata, Carlos y Luis Castro, Mario Alvarez (padre) y Mario Alvarez (hijo). Sin embargo, en vez de emitir órdenes de captura, el Juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, sólo les adjudicó el delito de coacción y los dejó libres después de pagar Q5,000 de fianza. El caso es mencionado en el informe sobre Grupos de Poder en Petén, publicado la semana pasada por InsightCrime.org

El Ministerio Público impugnó la decisión y solicitó que se emitieran órdenes de captura en contra de otras personas involucradas por los delitos de amenazas, secuestros y detenciones ilegales. Sin embargo, la fiscalía expresó que  cada vez que asisten a una audiencia, además del sindicato, llega un grupo entre 12 y 15 personas fuertemente armados y esperan la resolución del Juez en la sala de espera del Tribunal. Además de éstos, hay otro grupo que espera afuera del Tribunal, dentro de carros de lujo con vidrios polarizados y con teléfonos celulares.

Ante demandas del Sindicato Internacional de Trabajadores de Industria de Alimentos (IUF), Del Monte habría cancelado los contratos comerciales con el grupo de seguridad privada. Además, la compañía admitió que la vida de los ex trabajadores y sus familias corrían peligro en Guatemala, por lo que ofreció colaborar con la reubicación de cinco de ellos. Del Monte otorgó, a través de la IUF, $50,000 para el traslado de los sindicalistas Angel Enrique Villeda Aldana, Jorge Augustin Palma Romero, Oscar Leonel Guerra Evans, Lyionhel McIntosh Rodriguez y Marel Martinez fuera del país. En marzo del 2001, 17 meses después de lo ocurrido y con la intervención de la embajada de Estados Unidos, todos fueron acogidos bajo asilo político.

Juicio cerrado y reabierto

Los ataques y las intimidaciones en contra de los sindicalistas en Izabal no cesaron. Y el caso en Guatemala se quedó en la impunidad a favor de Del Monte y el grupo de seguridad privada. En junio del 2001, los siete sindicalistas demandaron a Del Monte Fresh Produce Inc. por violaciones a sus derechos, bajo el alegato que ellos eran ya residentes de Estados Unidos y que la compañía tiene sus bases en ese mismo país. El caso fue admitido en la Corte del Distrito Sur de Florida, con el número 01-03399, pero Del Monte argumentó que el caso debería llevarse en Guatemala y fue suspendido en 2002 con esta justificación.

Durante la última década, los ataques se mantuvieron en Izabal y se mantuvo un silencio mediático en Ciudad de Guatemala. Noé Ramírez, el secretario general de SITRABI, relata que el sindicato siempre ha recibido amenazas. En 2007 fue asesinado en Izabal Marco Tulio Ramírez, quien era parte de la Junta Directiva. Ramírez fue atacado directamente por hombres armados en motocicletas. Para el Ministerio Público, entonces dirigido por Juan Luis Florido, y la embajada estadounidense, a cargo de James Derham, el crimen no necesariamente tenía que ver con actividades sindicales, según el mismo cable, escrito por el asesinato de Ramírez, filtrado por Wikileaks.

Desde entonces, denuncia Noé Ramírez vía telefónica, visiblemente afectado, las amenazas han sido constantes. Después de la muerte de Ramírez, que fue condenada a nivel internacional por organizaciones sindicales, las amenazas subieron de tono. En mayo del 2008, Carlos Enrique Cruz Hernández, miembro del sindicato, fue asesinado; en 2010, el secretario general de SITRABI en Panchoy, Samuel Ramírez Paredes, corrió la misma suerte. Este año, el 10 de abril fue asesinado Oscar Humberto González Vázquez, directivo de la base de SITRABI en Morales, Izabal. Y hace apenas 3 meses, el 26 de mayo, Idar Joel Hernández, tesorero del sindicato, fue asesinado por hombres armados en motocicleta que lo interceptaron mientras se conducía en su carro en Los Amates.

Según Ramírez, toda la junta directiva dice haber recibido algún tipo de “advertencia” y saben que están siendo vigilados; han observado que carros polarizados se estacionan frente a sus casas durante horas y luego se retiran.

Se contactó a los abogados defensores de Del Monte en Washington. Brian J. Stack respondió que “no hacen declaraciones” sobre sus clientes cuando los juicios están abiertos. En Guatemala, se llamó a las oficinas de Del Monte y se pidió enviar las preguntas al gerente general por vía electrónica. A pesar de haber sido enviadas el jueves pasado, no se ha recibido respuesta.

Se contactó a Milton Mendoza el martes 9 de agosto. Rechazó que él o sus hermanos hayan trabajado para Bandegua ni Del Monte y recordó que el asunto ya había sido juzgado en Guatemala. "El sindicato lo que quería era lastimar propiedades privadas, de la bananera y otras propiedades, y lo que hicimos nosotros fue evitar que ellos siguieran haciéndolo. Rechazamos estas acusaciones y desde Estados Unidos no nos han citado ni llamado para el asunto. Nosotros, ya se vio en el juicio en Guatemala, no tuvimos nada que ver, yo ni vivo en Izabal", respondió Mendoza.

Ambas partes deberán responder ante un juez en Estados Unidos, pues este año, con el argumento de que el Estado de Guatemala no garantiza un juicio justo ni seguridad para los demandantes, y bajo el marco del TLC, una corte en Washington resolvió reabrir el caso a partir de este jueves 11 de agosto de 2011.

La rentabilidad no es la única característica del negocio. En los últimos quince años, las multinacionales bananeras han dado una vuelta de tuerca para evitar negociaciones laborales.
En medio de negociaciones laborales, Del Monte despidió a 900 trabajadores. La amenaza de un paro originó la contratación del "grupo de seguridad" que terminará en un tribunal estadounidense.
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