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Cuando migrar despierta más esperanza que un nuevo gobierno

Él lo hizo en 2005, cuando –asegura- trabajó en mantenimiento (como migrante indocumentado) en un rancho del entonces presidente estadounidense George W. Bush, en Texas.
“Esperamos después complementar las clases con orientación sobre la cultura y costumbres de EE.UU., para que no las olviden estos niños estadounidenses hijos de deportados guatemaltecos si piensan volver allá”, agregó la funcionaria.
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Cuando migrar despierta más esperanza que un nuevo gobierno

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Después de cuatro alcaldes y tres presidentes sin impacto alguno en su aldea, algunos residentes de San José Calderas que fueron deportados hace tres años decidieron buscar ayuda por cuenta propia. En algunos casos, esta ayuda es un asunto de vida o muerte. En otros, es la diferencia entre un futuro de mayor esperanza para ellos en Guatemala y uno en que la migración hacia EE.UU. parece ser la única salida para la aldea.

Marco Tulio Guerra se divisa diminuto en la ancha ladera de lodo, parches de zacate y roca, que hace las veces de una calle, en San José Calderas, aldea del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Ese es el panorama que Guerra, de 45 años, observa cada vez que sale de su casa. Le toca sortear el paso con precaución. Camina con dificultad. Tres años después de su deportación, los dolores de espalda todavía le recuerdan los golpes que recibió durante su captura en una planta empacadora de pollo en Postville, Iowa (Estados Unidos), donde trabajaba como indocumentado junto a otros 389 migrantes. En los peores días, los dolores de columna ni siquiera lo dejan caminar.

Guerra marcha despacio hacia las sillas de madera dispuestas—como esperando visita—en un corredor junto al patio central de su casa. Lazos de ropa tendida surcan el cielo visible. En un costado están un baño exterior, las puertas de las habitaciones, y la pila, donde descansan recostados tres enormes repollos, tan grandes como pelotas de basquetbol.

“Esa es verdura que mi esposa compra y revende para conseguir unos centavos más”, dice Guerra.

Juntos también recolectan hojas secas para abono y, cuando su espalda se lo permite, leña para vender. Aún así, no reúnen mucho más que los Q4 mil mensuales que él ganaba como supervisor de trabajadores en una finca, antes de viajar a EE.UU.

Ahora, como no puede hacer esfuerzo físico todos los días, hace las veces de presidente de la Asociación de Deportados de Postville (aún en formación y con 11 miembros en la junta directiva). Así gestiona ayuda para la comunidad con cooperantes internacionales, y con los migrantes que volvieron a Postville y otras zonas de EE.UU. Cuando la asociación se encuentre formalmente inscrita, no necesitarán que la municipalidad autorice la recepción de ayuda. Guerra aspira a que los habitantes de la aldea no necesiten migrar, entre otras razones, por los peligros de extorsión, secuestro y muerte que encuentran en México.

Paradójicamente, Guerra también sabe por experiencia que, para hacer algo por Calderas, migrar todavía es la solución más inmediata. Él lo hizo en 2005, cuando –asegura- trabajó en mantenimiento (como migrante indocumentado) en un rancho del entonces presidente estadounidense George W. Bush, en Texas. Más adelante, consiguió empleo en la empacadora Agriprocessors, en Postville. Las jornadas diarias de 18 horas continuas, con un día semanal de descanso, le permitían ganar en una semana lo que en un mes ganaba en Calderas. Así, junto a sus dos hijos, también migrantes y también deportados, enviaban hasta mil dólares (unos Q7 mil 750) semanales a sus familiares en la aldea.

Guerra no pensaba en quedarse, sino en ganar tiempo, por eso—ataviado en overol blanco, botas de hule y casco—empezaba su día a las cinco de la mañana y lo acababa a las once de la noche. “Yo pensaba que había que aprovechar lo más posible la oportunidad de estar allá, para mandar dinero, y regresar rápido a Guatemala”, recuerda. El dinero que consiguió enviar pagó la mayor parte de los Q80 mil que debía al coyote que lo llevó junto a sus hijos a EE.UU. Tres años más tarde, estarían entre los migrantes detenidos en la redada más grande de la historia de ese país. Del grupo, 290 eran guatemaltecos; 127, de Calderas.

Desde 2008 a la fecha, la administración del mandatario estadounidense Barack Obama ha deportado más migrantes que la de su predecesor George W. Bush, quien permaneció ocho años—el doble de tiempo—en la presidencia.

Entre la espada y la pared

Guerra debió esperar cuatro meses para ser deportado. Pero cuando volvió a su aldea en septiembre de 2008, la encontró exactamente como la había dejado: sin transporte público, con calles de terracería, un sistema de drenaje sin mantenimiento en 20 años, y sin servicio de recolección de basura.

Para entonces, el alcalde de San Andrés Itzapa, Marvin Ávila Gómez, del Partido Patriota, tenía dos administraciones consecutivas en el puesto. Ahora, en 2011, lleva doce años en la municipalidad y, según Guerra, la aldea sigue igual.

“Es la aldea más grande de San Andrés Itzapa, pero es la más olvidada”, dice. Y no es difícil advertirlo.

El olvido de Calderas, una de las nueve aldeas del municipio, se percibe una hora y media antes de llegar. Ese es el lapso que toma transitar los 16 kilómetros entre la aldea y Antigua Guatemala, la mitad de ellos, de agreste terracería. Si ha llovido, el acceso es más difícil incluso para vehículos de doble tracción, porque los tramos más angostos sólo son de un carril. En algunas porciones del trayecto ni siquiera hay señal de telefonía celular.

La introducción a Calderas es también otra empinada calle de terracería, con pocos espacios transitables entre parches de zacate y las enormes grietas que dejaron los deslaves de la época lluviosa. Dos cuadras antes, un letrero de pintura descascarada da la bienvenida a la aldea, donde inicia una de sus dos calles adoquinadas.

Si para los 2 mil 852 habitantes de la aldea (354 de ellos niños de 10 años o menores) la vida es tan agreste como las rutas de acceso a su comunidad, la situación de los deportados es peor. Las remesas les permitían hacerle mejoras a sus viviendas (una fuente de empleo), pagar medicinas, e invertir en pequeños negocios. Una vez obligados a regresar, volvieron a una aldea donde no hay trabajo (muchos, con deudas que pagar por haber sido llevados como indocumentados hasta EE.UU). Un hermano de Guerra, por ejemplo, debió vender su casa y trasladarse a un terreno donde levantó una vivienda de lámina y caña para pagarle al coyote que lo llevó a territorio estadounidense.

Otras familias de Calderas tuvieron mejor suerte con sus casas. En septiembre de 2010, 37 de ellas recibieron ayuda de Un Techo para Mi País, que les construyó viviendas de bajo costo pero de materiales más durables. Fue la primera ayuda que recibieron después de la deportación de 2008. La gestionó la Coordinadora Nacional para la Atención del Migrante Guatemalteco (Conamigua), que coordina ayuda gubernamental para los migrantes, pero Guerra consiguió donaciones para las familias que no podían pagar los Q800 de aporte a cambio de cada casa. El valor de la remodelación (que cubrió Un Techo para Mi País) y del transporte de los materiales (que financió Conamigua) es mucho mayor.

“En Calderas se ven buenas casas; lo que ya no hay es empleo”, se queja Guerra. “Cuando todos estábamos en Postville, había suficiente trabajo; las remesas estimulaban la economía local. Ahora no hay nada”.

Votantes de poca fe

Algunas de las mejores viviendas flanquean la empinada calle de terracería donde vive Guerra. Ahí, hasta una semana después de la primera vuelta de las elecciones del 11 de septiembre, la única propaganda política visible era una hilera de banderillas verdi-blancas del partido oficial. Mecidas por el viento, suspendidas sobre la calle, las banderillas ondean inadvertidas por los pocos peatones, que sortean zanjas y lodazales metros abajo.

La solitaria propaganda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) expone desfasadamente el rostro de la ex primera dama Sandra Torres, a quien la Corte de Constitucionalidad rechazó su candidatura presidencial y prohibió participar en los comicios. Es lo único que recuerda que, días atrás, hubo elecciones.

“Ya no se ve tanta propaganda porque la gente está comenzando a despertar”, dice Guerra. “Ya no creen tan fácil”.

Eso explica por qué no dejaron huella los cinco partidos que hicieron romería hasta Calderas para conquistar votos favorables a sus candidatos a alcalde, diputados y presidente, pese a que en la aldea no hay centro de votación.

Los votantes deben desplazarse 3.5 kilómetros de terracería—a pie, moto, o caballo y, quienes tienen suerte, en vehículo—hasta la aldea Chimachoy, el lugar más cercano donde pudieron votar. Algunos deportados emprendieron el viaje después de que en las elecciones de 2007 no consiguieron votar por estar aún en EE.UU., porque el voto en el extranjero todavía no es aprobado. Casi 24 horas más tarde amanecieron con un nuevo alcalde: Wilfido Tagual, del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), quien reemplaza a Ávila Gómez, el alcalde que no podrá prolongar su gestión pese a la preferencia en las urnas por el candidato presidencial del PP, Otto Pérez Molina.

Gestión municipal sin expectativas

Guerra se queja de que en 12 años de gestión Ávila Gómez no hizo nada por Calderas. Además, en 2008, 2009 y 2010, la Contraloría General de Cuentas documentó reparos que le hizo a la comuna por incumplimiento a la Ley de Contrataciones, falta de proceso de cotización, falta de presentación de la ejecución presupuestaria trimestral, no reportar modificaciones y transferencias dentro de su presupuesto, uso excesivo de efectivo, ingresos no depositados intactos ni inmediatos, operaciones financieras no fiscalizadas por el Concejo Municipal, y endeudamiento municipal para gastos de funcionamiento, entre otras razones.

Es imposible saber qué responde el alcalde saliente. En tres ocasiones cuando se le llamó a la alcaldía para concertar una entrevista la recepcionista indicó que “no estaba llegando en estos días”. Ávila Gómez tampoco respondió su teléfono celular ni devolvió dos mensajes de voz. Sin embargo, una funcionaria de la comuna, quien pidió no ser identificada (“para no tener problemas porque ya va de salida”), insistió en que la municipalidad de San Andrés Itzapa sí hizo obra en Calderas.

“Pagamos dos maestros con ayuda de cooperación japonesa”, dijo la funcionaria. “Son Q1 mil 800 mensuales por cada uno más prestaciones; también instalamos iluminación y adoquinado—en realidad, son sólo dos calles con esa mejora—y cambiamos todo el techo de una escuela”. Una de tres. La fuente aseguró que la comuna recibe un presupuesto mínimo, que no fue posible hacer más.

¿Y el mantenimiento del alcantarillado y el servicio de recolección de basura? “El mantenimiento de la fosa séptica y lo de la basura es responsabilidad del COCODE (Comité Comunitario de Desarrollo)”, responde. “Lo que pasa es que son algo descuidaditos”.

Según Guerra,  no es asunto de descuido, sino de falta de fondos. El COCODE de Calderas no tiene presupuesto para financiar nada, y depende de la municipalidad para eso. En septiembre pasado, un deslave estaba a punto de derrumbar el muro de una escuela de la aldea, y no había fondos para repararlo. Guerra dijo que este mes de noviembre la empresa Movistar instaló una antena de transmisión de telefonía celular en Calderas, y le entregó a la comuna Q90 mil a cambio, de los cuales la aldea no ha visto un centavo.

Mientras tanto, el problema de la fosa séptica comienza a afectar a aldeas de municipios vecinos, a donde rebalsan las aguas fétidas. En Calderas, el problema ha contribuido a la contaminación que ya produce la falta de un sistema de tratamiento de la basura. “Hay niños y ancianos con enfermedades respiratorias e infecciones”, explica Guerra.

El presidente de la Asociación de Deportados de Postville afirma que sólo en agosto pasado murieron cinco niños y dos adultos por falta de medicamentos, y porque—sin transporte—nadie podía llevarlos sobre los casi intransitables 16 kilómetros hasta los hospitales más cercanos en Antigua Guatemala o Chimaltenango, que tampoco están en las mejores condiciones. De hecho, para septiembre, no habían podido usar dos ambulancias que ofreció en donación una estación de bomberos de San Lucas. El alcalde Ávila Gómez no había firmado la aprobación del donativo, a decir de Guerra.

Los únicos servicios de salud de la aldea se reducen a una clínica de dos habitaciones con una enfermera cinco días a la semana, y un médico, tres de esos días. Ven 50 pacientes por día, y no siempre tienen medicinas que suministrar. Pese a que hubo ayuda a Chimaltenango del Consejo de Cohesión Social, liderado por Sandra Torres, muy poca llegó hasta Calderas. Para 2010, un informe gubernamental da cuenta que Q23.5 millones serían invertidos en servicios de salud (remozamientos, ambulancias y contrato de personal), pero sólo Q90 mil se destinaron para dos remozamientos en San Andrés Itzapa; ninguno en Calderas.

Además, hubo una inversión programada de Q18.2 millones en educación (entre maestros y remozamientos) para Chimaltenango para el mismo año. La única evidencia de ello en Calderas es el cambio del techo en una escuela y el pago de los dos maestros. Lo mismo aplica a otros Q4.4 millones empleados en la urbanización y construcción de 96 viviendas en San Andrés Itzapa, ninguna de las cuales está en Calderas.

“El único apoyo que llegó fue el de Mi Familia Progresa, a 100 mujeres, pero sólo recibieron la remesa dos meses”, afirma Guerra.

Asistencia en camino

La ausencia de remesas de los 127 migrantes deportados agudiza la situación de Calderas. Sin embargo, alguna ayuda podría llegar después que Conamigua concretó la cooperación del Instituto Técnico de Capacitación (Intecap) para que residentes de la aldea reciban cursos de albañilería y puedan encontrar empleo afuera de Calderas. Guerra dijo que en febrero recibirán ayuda de Australia, con US$25 mil para la compra de un terreno para la siembra de una hortaliza, para beneficio de la aldea.

“Antes reuníamos dinero para comprar bolsas de comida para la gente, pero ahora ya no porque las personas luego se acomodan”, explica Guerra. “Es mejor buscar capacitaciones para que encuentren trabajo y puedan auto-sostenerse”.

En agosto pasado, Conamigua también pidió una cita al Consulado de EE.UU. para intentar gestionar alguna ayuda para niños ciudadanos estadounidenses, nacidos en EE.UU. como hijos de los ahora deportados, según Fernando Castro, vocero de la coordinadora. El consulado tiene una oficina de servicios a ciudadanos estadounidenses, pero Clara de Reyes, funcionaria de Conamigua, dijo que nunca recibieron respuesta. Ella sostiene que son treinta menores. Guerra dice que en Calderas hay diez, pero que hay otros en aldeas cercanas.

En septiembre, Guerra esperaba gestionar apoyo para que los niños recibieran clases de inglés, y que al cumplir la mayoría de edad pudieran optar a volver a EE.UU. Estos niños salieron de un sistema que cubría sus necesidades básicas en Postville, a Calderas, el polo opuesto.

Después de tres años en Guatemala, casi han olvidado por completo el inglés que aprendieron. Ahora en noviembre hay ayuda en camino. De Reyes informó que a partir de enero de 2012, estudiantes del Liceo Rosales de Antigua Guatemala impartirán clases de inglés—como parte de sus requisitos de graduación—a los niños estadounidenses hijos de los deportados. “Esperamos después complementar las clases con orientación sobre la cultura y costumbres de EE.UU., para que no las olviden si piensan volver”, agregó la funcionaria.

Uno de estos niños es nieto de Guerra, quien—pese sus lesiones de espalda—no descarta la idea de regresar a EE.UU. para los niños y los adultos, incluso para él mismo, para conseguir más apoyo para la comunidad. En un escenario donde un nuevo alcalde y un nuevo presidente parecen no ser considerados factores de cambio, las visas de trabajo que en 2010 recibieron 28 residentes de Calderas (quienes volvieron a Postville en diciembre pasado) sólo estimulan la perspectiva de emigrar de nuevo. Para los deportados como Guerra, pesa más lo que no se hizo en los últimos doce años en Calderas que las promesas de ayuda gubernamental por venir en 2012.

Pese a que la ayuda a comunidades rurales figuró en los discursos proselitistas de los candidatos presidenciales durante la campaña electoral de 2011, un estudio que realizaron diversas organizaciones (la Organización Internacional para las Migraciones, OIM; Procuraduría de Derechos Humanos, y Unicef, entre otras) señala que ningún candidato incluyó las necesidades de los migrantes —ni sus motivos para migrar— en sus campañas. El citado estudio revela que el 30 por ciento de los guatemaltecos (unos 4.5 millones) todavía se beneficia de las remesas del extranjero, aunque entre 2004 y junio de 2011, al menos 160 mil migrantes fueron deportados a Guatemala. Entre ellos figuran los 127 de Calderas, incluido Guerra.

En el centro de la aldea, frente a la casa de Guerra, en pleno mediodía se observan las cimas de las montañas desaparecer bajo las nubes que flotan bajo, como en una postal viviente. Al levantar la mirada, pareciera que la comunidad está cerca del cielo. Basta bajar la vista para aterrizar en las razones por las que la gente dejó de creer, pero a quienes la migración (propia o ajena) les hizo confiar en que podían hacer algo al respecto. Al menos a Guerra, aun con su deportación y las lesiones que le cambiaron la vida, no le queda duda de ello.

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