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Cuando los militares cazaban "genocidas"
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Cuando los militares cazaban "genocidas"

Hay, entre los miles de papeles desclasificados por la Agencia, dos o tres que hoy vienen especialmente al caso, porque se refieren a un oficial arbencista acusado y perseguido durante el gobierno de Castillo Armas por el crimen de genocidio. Se trata de Rogelio Cruz Wer, jefe de la Guardia Civil.
Guatemala fue el séptimo país en ratificar, el 30 de noviembre de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio redactada por las Naciones Unidas. Poco después, entró en vigor como Ley de la República, mucho antes de que fuera firmada por las potencias que la habían impulsado. Los arbencistas probablemente nunca pensaron que esta decisión histórica se revertiría contra ellos pocos años después.
La primera plana del periódico El Imparcial del viernes 5 de agosto de 1955.
Los reos por genocidio Juan Francisco Pineda García y Margarito Tecún Cuque antes de su fusilamiento.
El reo Margarito Tecún Cuque se declaró inocente de genocidio.
Los reos ingresan al llamado "triángulo", lugar donde serían ejecutados y ubicado en el interior de la penitenciaria central.
Descripción de los últimos momentos en vida de Juan Francisco Pineda García y Margarito Tecún Cuque.
Sobre el paredón de fusilamiento, los reos Margarito Tecún Cuque (izquierda) y Juan Francisco Pineda García.
La noticia del día del fusilamiento a los reos de genocidio Juan Francisco Pineda García y Margarito Tecún Cuque.
Narración del fusilamiento.
Juan Francisco Pineda García y Margarito Tecún Cuque en el suelo luego de recibir la descarga del pelotón de fusilamiento, que no los mató de inmediato. Recibieron la oración de un sacerdote antes que les dieran el tiro de gracia.
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Tiempo aproximado de lectura: 24 mins

Después de la caída de Jacobo Árbenz, en 1954, el régimen militar de Carlos Castillo Armas llevó a cabo arrestos, entabló juicios y ejecutó a funcionarios del gobierno derrocado acusándolos de haber cometido genocidio, al haber asesinado a entre nueve y 16 “católicos anticomunistas” en Antigua Guatemala. Rastros de esta historia ―aunque borrosos― se encuentran todavía en maltrechos archivos.

I. El primer acusado de genocidio, un manual para asesinos y otros documentos desclasificados

El 4 de julio de 1954, una semana después de la caída de Árbenz, tres agentes norteamericanos de contrainteligencia estaban en la Ciudad de Guatemala con instrucciones de secuestrar documentos oficiales del régimen derrocado para conseguir datos que permitieran rastrear conexiones guatemaltecas con la Unión Soviética. Lo primero que descubrieron fue que tanto las jefaturas de policía como las oficinas de los sindicatos y la sede del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) habían sido saqueadas de manera sistemática por miembros del ejército y, luego, sin método, por ladrones y niños de la calle.

En las oficinas gubernamentales, que no estaban vigiladas y tenían puertas y ventanas rotas, encontraron montones de papeles oficiales tirados en el suelo. Uno de los agentes compró documentos secretos de la policía a un niñito ("a small boy" ―dice el informe de la CIA: Operation PBSUCCESS, The United States and Guatemala, 1952-1954). Con ayuda del ejército de Guatemala y de la junta de Castillo Armas ―sigue el informe― los agentes reunieron alrededor de 150 mil legajos, casi todos de "interés puramente local". Ronald M. Schneider, quien examinó estos documentos, reportó a la Agencia que "no encontró indicios de que hubiera control soviético, pero sí pruebas substanciales de que los comunistas guatemaltecos actuaban de manera independiente, sin ayuda o directrices provenientes del extranjero".

Como este informe, hay otros miles de papeles referentes a las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia en Guatemala, desclasificados en 1997 y publicados en su mayoría por el National Security Archive, entre ellos un elocuente "Manual para asesinos".

Estos documentos cuentan la historia secreta del programa de desestabilización para Guatemala, que condujo al golpe de Estado y a la dimisión de Árbenz el 27 de junio de 1954. Salvo en contados casos faltan, desafortunadamente para la historia, los nombres de casi todos los actores nacionales y extranjeros, que han sido tachados concienzudamente por la Agencia antes de divulgarlos.

Los títulos de estos documentos son elocuentes: "CIA and Guatemala assassination proposals ―CIA History Staff Analysis―”  (“La CIA y algunas propuestas para asesinatos en Guatemala ―Análisis histórico elaborado por personal de la CIA―”)  que contiene una lista que data de 1952, de individuos, con los nombres tachados, del gobierno de Árbenz que había que eliminar de inmediato si se daba un golpe de Estado anticomunista exitoso; o: "Selection of individuals for disposal by junta group",  (“Individuos escogidos para eliminación por medio de la junta militar”)  fechado el 31 de marzo del 54. Muchas de las observaciones anotadas son agudas y sorprendentes por su espíritu crítico, como ésta de Nicholas Cullather, hoy historiador de las relaciones exteriores de Estados Unidos y profesor de la Universidad de Indiana: "La operación PBSUCCESS ―la primera de su clase en Latinoamérica― implementó una intensa campaña paramilitar y psicológica que sustituyó a un gobierno electo popularmente por una nulidad política", es decir: por Castillo Armas.

Hay, entre los miles de papeles desclasificados por la Agencia, dos o tres que hoy vienen especialmente al caso, porque se refieren a un oficial arbencista acusado y perseguido durante el gobierno de Castillo Armas por el crimen de genocidio. Se trata de Rogelio Cruz Wer, jefe de la Guardia Civil, la fuerza policial de los dos gobiernos de la Revolución, cuyo nombre probablemente estaría entre los tachados de las listas de "propuestas de asesinatos" de la Agencia.

Fechado el 24 de marzo de 1954 ―y "liberado" por la Agencia en el 2003―, uno de estos documentos es un envío aéreo titulado: "Asesinato de la reputación de (“Character Assassination of” ) Rogelio Cruz Wer". En él se sugería una campaña negra contra Cruz, en la que, por medio de un comunicado de prensa se le acusaba, entre otras cosas, de conspirar contra el propio Árbenz. "Después de enrolarse en el PGT, (Cruz Wer) fue nombrado jefe de la Guardia Civil. Su gestión en ese puesto se ha caracterizado por una rápida intensificación de la brutalidad policiaca y el incremento de la aplicación de métodos de tortura promovidos por la Unión Soviética", termina el envío.

El asesinato de la reputación de Cruz Wer se llevó a cabo. En una revista de la biblioteca de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala ―cuya ficha técnica dice: sin fecha, sin autor, sin editorial y sin portada, y que recuerda las publicaciones de la Fundación contra el Terrorismo instaurada recientemente para negar los actos de genocidio cometidos contra los pueblos mayas― hay una página titulada: "¿Hombres? ¡No! Son hienas"; entre una serie de fotos de miembros de la izquierda guatemalteca, está la suya. Se lee al pie: "Cruz Wer, fofo rostro de homosexual, desde su cargo de Director de la Guardia Civil, fue el genio malo al servicio de la perversidad llevada por sus instintos híbridos a los más altos grados de sevicia". En otras publicaciones de la época, y en algunas más bien recientes, se le tacha, además, de "judío y masón".

Si creemos al diario El Imparcial del 30 de diciembre de 1954, el 25 de junio de ese año ―dos días antes de la dimisión de Árbenz― se produjo una masacre ordenada por Cruz Wer, y este crimen fue calificado por la prensa y la propaganda anticomunista de “genocidio”: Once anticomunistas, entre ellos un cronista de ese diario, Hugo Mármol Samayoa, fueron ejecutados en La Antigua Guatemala. Es notable que en los diarios de los días posteriores al 25 de junio no aparezca ninguna noticia sobre "el genocidio" antigüeño ni sobre Mármol Samayoa. Los titulares de primera página de El Imparcial del 25 de junio decían todavía: "Victoria Total es el objetivo. Fuerza Aérea (de Árbenz) entra en acción". Y los de Prensa Libre: "Ejército Nacional prepárase ya para asestar el golpe definitivo a los invasores (liberacionistas)”. Y se explicaba que los invasores estaban en desbandada y habían huido a las zonas montañosas de Chiquimula. Cinco días más tarde, sin embargo, ya Castillo Armas era celebrado por todos los diarios guatemaltecos como "libertador de la patria", mientras que, muy al contrario, los medios de países como Inglaterra, Francia y Alemania condenaron el golpe de Estado, y en Santiago de Chile, La Habana, México y Buenos Aires se reunieron multitudes para quemar banderas de los Estados Unidos y fotos de Eisenhower y los Dulles, artífices del golpe. En cualquier caso, por los crímenes de La Antigua ―aunque en una nota de Prensa Libre se aseguraba que Mármol había sido asesinado en Santa María de Jesús― serían arrestados varios exmiembros de la guardia civil de Árbenz, y se dejó abierto un proceso legal por genocidio contra Cruz Wer y otros oficiales del gobierno derrocado, que se habían exiliado en México.

En la revista Time del 18 de octubre de 1954 se leía: "A los coroneles Rogelio Cruz Wer y Jaime Rosenberg les tocó la tarea de dirigir el absurdo reino de terror al final, cuando la revolución anticomunista derrotaba a su jefe, el Presidente Jacobo Árbenz. Al caer Árbenz, Cruz Wer y Rosenberg, escaparon a México en una furgoneta, y fueron los primeros mandamases del régimen en ponerse a salvo".

Seis meses más tarde, el 21 de diciembre del 54, El Imparcial publicaba esta noticia: "Procesos por Genocidio Confirman contra Cruz Wer y Rosenberg (exjefe de la policía secreta). La sala primera de la corte de apelaciones confirmó ayer los procesos por genocidio que se siguen contra los exfuncionarios de la guardia civil que torturaron y dieron muerte a opositores del régimen arbencista durante el mes de junio del corriente año (...) El delito de genocidio está reconocido en nuestro país por medio del decreto del congreso número 704, aprobado por el propio régimen de Árbenz", terminaba la nota.

Después de todo, la pronta huida del jefe de la Guardia Civil, que, como tantos otros arbencistas cuyos nombres probablemente estaban en los listados de la CIA, cruzó el río Suchiate, parece comprensible. Ya su reputación había sido asesinada; por qué permitir que asesinaran también su persona física. Su rastro se pierde, aparte de las calificaciones de torturador y hiena, etcétera, nada más hemos encontrado sobre el ex director de la guardia civil arbencista ―nada más, excepto una cita de una carta suya, en el libro de Piero Gleijeses, La esperanza rota (Princeton University Press, 1991), que deja ver algo diferente de una "hiena humana".

A principios de 1953, Cruz Wer había recibido quejas de varios campesinos contra la policía. En febrero, siendo director de la Policía Nacional, dirigió esta circular a las jefaturas de toda la república:

"Ponga fin a tales abusos inmediatamente. Es de suprema importancia evitar fricciones entre los policías y campesinos; de lo contrario, estos últimos pensarán en la policía con la misma repugnancia que sentían por ella durante las dictaduras de Ubico y de Ponce (...) Por tanto, los insto a que, si desean conservar mi confianza, no engaveten esta orden sin primero asegurarse de que sus subordinados entienden que deben evitar por cualquier medio insultar a o abusar de los campesinos".

Cruz Wer no fue el único exfuncionario del régimen arbencista acusado de genocidio. Otros, que no salieron del país, corrieron peor suerte.                                                                                                                                              

II. Fusilamiento de dos “reos por genocidi o”

El 5 de agosto de 1955, a las 9h 49, en el área conocida como El Triangulo, situada en la penitenciaría central, en donde está ahora la Torre de Tribunales, cayeron ante el pelotón de fusilamiento los “reos por genocidio” Juan Francisco Pineda García y Margarito Tecún Cuque. Culminaba así el primero de los “juicios por genocidio” que se llevaron a cabo al año siguiente del derrocamiento de Jacobo Árbenz.

Pineda y Tecún fueron condenados a muerte el 30 de diciembre de 1954 por la segunda auditoría de guerra, por orden del teniente coronel a cargo de la justicia militar, Bernardo Vides Menéndez. Declarados culpables del asesinato del periodista Hugo Mármol y de entre nueve y 16 vecinos antigüeños (el número varía según los periódicos y las notas), el coronel Castillo Armas les negó la gracia presidencial. Juan Francisco Pineda era jefe de la Guardia Civil de Antigua, y Margarito Tecún Cuque uno de los hombres bajo su mando.

El Imparcial del 5 de agosto dedica al fusilamiento dos largos artículos redactados con notable talento. El primero, titulado “Casamiento y guadaña en el penal”, narra las últimas horas de los condenados. Quince minutos antes de ser fusilado, una vez confesado y absuelto por un sacerdote, Juan Francisco Pineda contrajo matrimonio con Lucinda Rodríguez, su conviviente, con quien había tenido cinco hijos. El matrimonio recibió “la bendición nupcial de manos del padre José Vicente Santizo y la comunión del padre Pellecer”.

Estos detalles tienen algo de ironía trágica puesto que los reos fueron acusados de cometer genocidio en contra de “grupos católicos que se oponían a la marcha del sovietismo”, tal como lo expresó el juez militar que los condenó.

El periodista destaca la “calma casi religiosa” que reinaba entre los reos y sus acompañantes poco antes de ser conducidos al paredón. Al describir la vestimenta de ambos condenados, narra esta anécdota: "El reo Pineda García vestía un sudadero blanco y sucio, y al notar la presencia de periodistas se dirigió al jefe del pelotón de fusilamiento que lo conducía. 'Tengo ropa limpia allá adentro. Como supongo que van a tomar fotos, quiero pedir permiso para cambiarme'". Se menciona también que el reo “llevaba bajo el saco un escapulario de la Virgen del Carmen, cuyas cintas pendían de la nuca".

"Al volver ―sigue la noticia― se dirigió a los periodistas. 'No soy culpable. Recibí instrucciones verbales y telegráficas de Cruz Wer, por las que me ordenaba entregar a los reos políticos a Manuel Monroy y demás líderes comunistas. Un subordinado no puede desobedecer órdenes superiores”.

Ordenaron a los reos sentarse en dos pequeños bancos trípodes frente a un pelotón de fusilamientos compuesto por 14 hombres. Pineda se negó a que le vendaran los ojos. “Se oyó una atronadora descarga y los reos cayeron de bruces al suelo. Tecún Cuque gritaba, Pineda se revolvía en el suelo sin gritar, pero haciendo tremenda mueca, parecía que nos miraba a todos”.

Más adelante, el artículo destaca el valor de ambos reos frente al pelotón. “Margarito Tecún Cuque parecía indiferente, como si no se diera cuenta de lo que iba a suceder. Juan Francisco Pineda García tenía el gesto de un hombre al que no le asusta morir, y besó la tierra después de la descarga con un cigarrillo en la mano”.

En el mismo número de El Imparcial, hay más adelante otra nota que se refiere al fusilamiento. Por el diseño, la tipografía y el tono violento del texto, se entiende que es un campo pagado, aunque la nota no lleve esta mención. La ilustran unas fotos que ningún diario guatemalteco de hoy aceptaría publicar: cadáveres desnudos, mutilados, con signos de tortura y ahorcamiento, tirados en un descampado. Son, según la nota, las víctimas de Tecún Cuque y Pineda. “Estos crímenes no podían quedar sin castigo”, dice el titular.

El artículo celebra que los dos reos fueran “pasados por las armas”, y deplora que en ese mismo momento “los autores intelectuales se pasean en México y otros países, gastándose los dineros que le robaron al pueblo de Guatemala”, en clara referencia a Jacobo Árbenz, Rogelio Cruz Wer y Jaime Rosenberg.

Sin temor a la exageración, el panfleto declara: “Las autoridades judiciales del país no podían de ninguna manera desatender a la vindicta popular que pedía castigo para los responsables del más grande genocidio que registra nuestra historia”.

Estas publicaciones revelan que en 1955 la noción de genocidio estaba muy presente en la opinión pública. Sin embargo, no queda claro si Tecún Cuque y Juan Francisco Pineda fueron condenados a muerte por “múltiples asesinatos”, o por “genocidio”. La calificación del crimen varía de un artículo a otro. En la misma página de un mismo diario (Prensa Libre, 5 de agosto de 1955), se encuentran las dos posibilidades, como si “genocidio” y “múltiples asesinatos” fueran sinónimos a los cuales el redactor podía recurrir indistintamente. Puede ser que cierta confusión aún existiera en torno al delito de genocidio, concepto que tenía menos de diez años de existencia jurídica. Es posible también que la intensa propaganda anticomunista de esa época favoreciera esta confusión.

La resolución firmada por Castillo Armas y reproducida por Prensa Libre del 5 de agosto de 1955, en la que se niega a los sentenciados la gracia presidencial, no habla de genocidio, y sí de múltiples asesinatos. En 1955, el delito de genocidio aún no había sido incorporado al Código Penal, lo que, según los juristas de la época, hacía imposible su aplicación.

Intentamos acceder al expediente de Pineda y Tecún para saber en qué términos se les condenó, y nos dirigimos para esto al Archivo General de Tribunales. Para realizar la solicitud de acceso al documento teníamos el nombre de los reos, los meses en que se emitieron las sentencias en primera y segunda instancia (diciembre de 1954 y marzo de 1955), y la sala que confirmó la sentencia de muerte (Sala Segunda de Apelaciones). Estas informaciones no fueron suficientes para que los archivistas siquiera tramitaran la solicitud.

―Es que si no tiene el número de expediente no podemos encontrarlo, porque todo va clasificado correlativamente en función de ese número ―indicaron varios archivistas.

Más de medio siglo después de los hechos, sólo se puede obtener el número de expediente… consultando el expediente. Los documentos judiciales de Guatemala resultan, pues, inaccesibles a cualquiera que desee emprender una investigación histórica.

En cualquier caso, el término “genocidio” sí fue utilizado en los juzgados en aquellos años. El 23 de agosto de 1955, dos semanas después del fusilamiento, el mismo juez militar que sentenció a Pineda y a Tecún, presentó un acta de acusación ante otro tribunal militar en contra de los supuestos autores intelectuales de la matanza. En esta decía: “Vengo a querellarme formalmente, ante el Honorable Tribunal Militar, acusando a Bernardo Alvarado Monzón y demás compañeros por su autoría intelectual en el genocidio cometido en los meses de Junio y Julio del año próximo pasado”.

Bernardo Alvarado Monzón era secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), y entre sus compañeros acusados de genocidio estaba Hugo Barrios Klee. Ninguno de ellos formaba parte de la cadena de mando de la Guardia Civil. Finalmente, un mes más tarde, el juez a cargo de la acusación retiró los cargos con el fin de "lograr la concordia y la armonía del pueblo Guatemalteco”.

El 26 de septiembre de 1972, durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, en una casa de la Zona 7, Bernardo Alvarado Monzón, Hugo Barrios Klee, junto con otros cuatro miembros del comité central del PGT, la militante Fantina Rodríguez Padilla y una mujer que ayudaba en labores domésticas, Natividad Franco Santos, fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad del Estado, conducidos a la sede de la Policía Judicial y posteriormente asesinados. Sus cuerpos, hasta la fecha, no han sido encontrados.

III. El genocidio entra en la historia jurídica de Guatemala

Guatemala fue el séptimo país en ratificar, el 30 de noviembre de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio redactada por las Naciones Unidas. Poco después, entró en vigor como Ley de la República, mucho antes de que fuera firmada por las potencias que la habían impulsado. Los arbencistas probablemente nunca pensaron que esta decisión histórica se revertiría contra ellos pocos años después.

Esta nueva figura jurídica fue objeto de varios estudios académicos en la década de los cincuenta. Un artículo de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala que data del primer semestre de 1950, escrito por Adolfo Molina, hace un acucioso análisis crítico de la Convención. El jurista considera que la legislación contra el genocidio representa un gran avance para la humanidad, y sin embargo, nota algunas carencias que hacen difícil o imposible su aplicación.

Sus argumentos tienen tanta actualidad que parecen haber sido formulados en el 2013 en relación al juicio contra Ríos Montt. Por ejemplo, lamenta que se haya excluido a los grupos políticos como posibles víctimas de un genocidio. Omisión, afirma, intencional y fruto de un acuerdo deliberado entre las naciones firmantes. Consecuencia de esto: “bastaría con que un gobierno invocara motivos políticos para atentar impunemente contra los grupos de ciudadanos que le son adversos”.

Adolfo Molina explica que para que el tipo penal genocidio salga del “terreno filosófico”, debe ser incorporado al Código Penal, acompañado de una sanción. Esto, con el fin de “prevenir dicho delito y sus proteicas manifestaciones, tales como las persecuciones políticas, de clases sociales, de sectores económicos, etc.”.

No fue hasta el año 1973 cuando Guatemala incorporó el delito de genocidio al Código Penal.

Otro estudio de la misma revista, esta vez de septiembre de 1955, titulado “La extradición por el delito de genocidio entre Guatemala y México”, escrito por Alberto Lazo Mendizábal, se interesa en la posibilidad de extraditar, sin nombrarlos, a funcionarios del régimen de Árbenz como Rogelio Cruz Wer y Jaime Rosenberg, refugiados en el país vecino. Su conclusión es que no es posible porque ni Guatemala ni México han integrado la figura del genocidio a sus códigos penales. Además, afirma, los acusados fácilmente podrían demostrar que se trataba de cuestiones políticas. El autor recomienda por lo tanto pedir la extradición de los funcionarios arbencistas por “delitos del orden común”.

El autor termina su estudio con una frase pesimista: “Poniéndole un nombre de novela policiaca, resulta el Genocidio como ‘un delito sin sanción y un delincuente sin juez’”.

Estos documentos ―la fuga de Cruz Wer, el fusilamiento de Juan Francisco Pineda y Margarito Tecún Cuque, el caso de Alvarado Monzón y compañeros―, demuestran que el genocidio no es una figura que haya aparecido caprichosamente en la historia jurídica de Guatemala con los juicios en contra de Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta palabra tiene historia en los tribunales guatemaltecos, historia que se va borrando con la degradación de los archivos y el poco interés por explorarlos, digitalizarlos y facilitar su acceso.   

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