Cuando las mujeres y los tribunales deben recordarle a los padres que sus hijos comen | Plaza Pública

Cerrar

Ir
María enseña el estado de su cuenta en cero: aunque un juez lo haya ordenado, el padre de su hija sigue sin pagar la pensión alimenticia que le fue asignada. María Longo

Cuando las mujeres y los tribunales deben recordarle a los padres que sus hijos comen

Tipo de Nota: 
Información

Cuando las mujeres y los tribunales deben recordarle a los padres que sus hijos comen

Historia completa Temas clave

• A las mujeres, con frecuencia, se les asigna socialmente el cuidado de sus hijos e hijas. Además de trabajar, asumen las tareas diarias y muchas deben emprender la odisea para demandar pensión alimenticia.
• Cuando no se cumple con la pensión alimenticia, se debe iniciar el cobro legal por medio de un juzgado de familia, si el hombre hace caso omiso al cobro, entonces el juzgado certifica al Ministerio Público (MP). En algunos casos el MP gira orden de captura.
• Del 2018 al 2021, la Policía Nacional Civil capturó a 2,324 hombres por negación de asistencia económica.
• Los tres departamentos que registraron más capturas son Guatemala, Alta Verapaz y Santa Rosa.
• En el mismo tiempo y por el mismo delito fueron cinco las mujeres detenidas.
• La pensión alimenticia se puede fijar de forma voluntaria. Cuando las partes no llegan a un acuerdo, se hace por medio de una demanda judicial, un juicio oral de pensión alimenticia.
• No hay una tabla para fijar la pensión alimenticia y tampoco estandarización de una cantidad mínima o máxima.
• Entre 2019 y 2021 se declararon 6,240 con lugar y 161 sin lugar.
• Los tres departamentos con más sentencias en ese periodo de tiempo son: Guatemala, San Marcos y Quetzaltenango.
• En tres años los juzgados de familia han obligado a 6,240 personas a cumplir con sus responsabilidades

A las mujeres, con frecuencia, se les asigna socialmente el cuidado de sus hijos e hijas. Además de trabajar, asumen las tareas diarias que incluyen prepararles la comida, lavarles la ropa, ayudarles con las tareas y atenderles por enfermedad; muchas madres deben emprender la odisea para demandar que los padres cumplan con la responsabilidad de contribuir con los gastos. El camino para lograr una pensión alimenticia no es fácil y está repleto de obstáculos; conseguirla tampoco es una garantía, pues muchos la incumplen.

Es un día soleado, el personal del Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango se prepara para la hora de salida. María camina hacia el juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia. Se forma en la fila y espera a que la atiendan, toma una hoja que le entregan y regresa desilusionada. Hace tres meses le fijaron una pensión alimenticia para su hija de seis años, pero la cuenta bancaria asignada no tiene fondos: el papá no ha depositado nada.

María tiene 27 años, al contar su historia prefiere omitir su identidad porque teme que el padre de su hija se enfade. Está molesta, frunce el ceño y sus pequeños ojos rasgados casi se cierran por completo. Cuenta que cuando eran novios parecía un buen hombre, pero cambió al enterarse de que ella estaba embarazada. Cuando la niña nació, el padre la reconoció, la pareja vivió separada y por seis años ella se encargó de cuidar y mantener a la hija.

«Muchas personas me decían  que no era justo que él estuviera bien, mientras yo me mataba para trabajar duro y darle todo a mi nena», dice María. Ella es maestra, pero no encontró un empleo relacionado a su carrera, así que tiene tres trabajos: es mesera, los lunes y martes madruga para hacer tamales con su mamá y además prepara y vende comida en un mercado.

La hija de María tiene una alergia en la piel, el diagnóstico aún no es certero, pero no puede exponerse mucho tiempo al sol, debe usar ropa de algodón y no estar en lugares con mucho polvo. El medicamento y las visitas al dermatólogo aumentan el presupuesto de María, quien se preocupa porque cada semana los precios suben.

El proceso para lograr que le fijaran una pensión alimenticia para la niña fue de dos meses. El padre debía pagar 1,000 quetzales pero ignoró la orden. Para ella la sentencia fue injusta porque el hombre es dueño de un negocio y tiene una condición económica holgada. En junio de 2021 se enteró que ella lo demandaría por la pensión y le pidió negociar. Ella aceptó y mientras tanto él aprovechó para pasar su negocio a nombre de otra persona y no hubo un acuerdo. María entonces buscó un abogado y lo demandó.      

«Su estrategia fue pasar el negocio a nombre de otra persona, ¡me dio tanta cólera!. Mi familia me apoya, pero hay muchas mujeres que no tienen a nadie, la sociedad las juzga y las llama malas madres, pero yo las comprendo, no saben qué hacer y abandonan a sus hijos. No me considero una víctima, tuve una mala experiencia, me encontré con un hombre que no tiene alma, pero la vida continúa y una puede salir adelante», dice María.    

Para cubrir los gastos de su hija, María necesita 4,000 quetzales mensuales. Iniciará el juicio para cobrar la pensión alimenticia que no recibió, pero entonces su presupuesto aumenta porque debe contratar a una abogada.

«Yo no comprendo por qué las mujeres debemos cobrarlo. Los juzgados deberían tener un control y cobrarle a los hombres que no pagan, o sancionarlos cuando no cumplen con las pensiones alimenticias. Todo recae en nosotras», dice María.

[embedpzp1]

Cuando el padre no paga la pensión alimenticia, la madre debe iniciar el cobro legal por medio de un  juzgado de familia, si el hombre hace caso omiso al cobro, entonces el juzgado certifica al Ministerio Público (MP). En algunos casos el MP gira orden de captura.

Del 2018 al 2021, la Policía Nacional Civil capturó a 2,324 hombres por negación de asistencia económica. Los tres departamentos que registraron más capturas son Guatemala, Alta Verapaz y Santa Rosa. En el mismo tiempo y por el mismo delito fueron cinco las mujeres detenidas.

[embedpzp2]

Las argucias

Francisco de León es abogado y tiene una Maestría en Derecho de Familia e Infancia. Tiene experiencia en los juzgados de familia desde hace 12 años, ha sido testigo de muchas historias y argucias de los demandados.

Francisco explica que la pensión alimenticia para los hijos e hijas se puede dar sin necesidad de que los padres hayan vivido juntos.

La pensión alimenticia se puede fijar de forma voluntaria o por medio de un conflicto. Cuando es voluntaria hay anuencia de ambas partes y puede ser judicial: en un centro de mediación o de conciliación, así como en los juzgados de paz o de familia. Cuando es extrajudicial: ocurre por medio de un documento privado con legalización de firmas o de una escritura.

«Yo no recomiendo el documento privado con legalización de firmas porque se corre un riesgo, los documentos como este, privados, son únicos y si se extravían, se pierden. Recomiendo hacerlo en una escritura de contrato de transacción o de convenio de fijación de pensión alimenticia», dice Francisco. 

Cuando las partes no llegan a un acuerdo, se hace por medio de una demanda judicial, un juicio oral de pensión alimenticia. También los hombres pueden demandar a las mujeres, pero lo común en Guatemala es que ellas se queden al cuidado de los menores de edad, y entonces los demandados son ellos.

[embedpzp3]

Silvia Trujillo, socióloga experta en derechos de las mujeres e investigadora social, expone que el  hecho de que las madres queden al cuidado de los niños, niñas y adolescentes con más frecuencia que los padres, confirma la falta de democratización en la crianza y en el ciclo de vida de los hijos e hijas.

«La crianza tendría que ser compartida, pero todavía no pasa. Aunque no se percibe socialmente como tal, el cuidado ha sido una imposición por esta manera de entender la maternidad como casi una renuncia a ser mujer. No solo tenemos a nuestro cargo la subsistencia de nuestros hijos e hijas, que crezcan con alimentos y mandarlos a la escuela, en el marco de todas estas obligaciones y asignaciones como madres nos corresponde también esta idea de pelear para que los padres cumplan su responsabilidad. Tendría que ser una responsabilidad compartida, sin disputarse», expone Silvia.

Aunque cuando la demanda no exceda de 10,000 quetzales, las diligencias podrán presentarse por escrito o verbalmente y el secretario del juzgado deberá levantar el acta, «en muchos casos se  sugiere que se cuente con un abogado», dice Francisco. Este es uno de los retos para las mujeres, no todas pueden pagar una asesoría legal y aunque organizaciones no gubernamentales y bufetes jurídicos de universidades cubren parte de la necesidad, no es suficiente.

[embedpzp4]

Luego de la demanda, se avecina un obstáculo más, lograr que el demandado sea notificado.

«Los padres se esconden para no ser notificados, por lo tanto mientras no se les notifica, no están vinculados al proceso y se desatienden de las obligaciones», explica Francisco.

Hay áreas rurales donde no hay nomenclaturas y es difícil localizar la casa del demandado, existen viviendas donde la familia o vecinos son cómplices y dicen que no vive ahí, o que nadie lo conoce. Otros optan por cambiar de vivienda y las madres desconocen dónde ubicarlos. En el trabajo a veces los encubren. Mientras tanto, el tiempo transcurre, los menores de edad demandan comida, ropa, educación y abrigo y las madres buscan una manera de cubrir las necesidades.     

Cuando por fin se logra notificar, si es que se logra, las argucias aparecen de nuevo para lograr una pensión alimenticia baja.

«Renuncian al trabajo para no tener un ingreso económico. Suena un poco chocante, pero muchos trabajan en empresas familiares, entonces simulan una renuncia. Dicen ganar menos, confabulan con su patrono para declarar solo el salario base, sin las bonificaciones, lo que  ayuda al patrono porque se compromete menos con el trabajador. El padre celebra contratos de arrendamiento con parientes, aunque la casa sea familiar y no pague, celebra convenios de pensión alimenticia que supuestamente da a sus progenitores, los abuelitos, para distribuir la pensión entre todos y así es menos para los niños. En un juicio de alimentos no gana el hombre, ni la mujer: pierden los niños», cuenta Francisco.

Hay hombres que llevan documentos de supuestas deudas,  para atrasar más el proceso o evitar la primera audiencia con un certificado médico, se excusan y se debe fijar una nueva fecha.

Para sorprender algunos de los engaños, los juzgados de familia cuentan con trabajadoras sociales que hacen un estudio socioeconómico. Aunque el padre llegue al juzgado con las peores vestimentas, con una visita al vecindario la trabajadora social puede descubrir que viste muy bien y tiene un automóvil de lujo, que como parte de la estrategia puede no estar a su nombre. «La cantidad de pensión alimenticia se determina por la necesidad del alimentista (hijas e hijos) y por las posibilidades que tiene el alimentante (en este caso, el padre de familia), es decir por sus condiciones económicas», añade Francisco.

Ante todos estos escenarios reales de lo que ocurre durante el trámite de la pensión alimenticia, Silvia enfatiza en la importancia de que los hombres se cuestionen sus privilegios, porque de lo contrario será difícil modificar los patrones. «Las mujeres venimos cuestionando esto desde hace más de 50 años, de una y mil formas, y seguimos hablando de lo mismo. Es hora de que los hombres se cuestionen el ejercicio de su paternidad y su responsabilidad, que es emocional además de económica. Cuántos casos hemos conocido de hombres que en público dicen que aman a sus hijos, pero después hay que perseguirlos para que asuman su responsabilidad», argumenta.    

[embedpzp5]

Sentenciar la pobreza

Sentada en su despacho, Pilar Pérez, jueza A del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia de Quetzaltenango, habla sobre la pensión alimenticia, un tema que la acompaña desde hace 18 años cuando empezó a impartir justicia en la rama de familia.

Las leyes en Guatemala no presentan una tabla para fijar la pensión alimenticia y tampoco tienen estandarizada una cantidad mínima o máxima. «Los órganos jurisdiccionales lo hemos establecido sin ponernos de acuerdo, la mínima por alimentante la fijamos en Q300 o Q500. Es difícil cuando son ocho hijos, cinco menores de edad y el padre gana 2,000 quetzales. Tenemos un salario mínimo establecido, pero estamos conscientes que no todos lo devengan», explica Pilar.

Cuando se fija una pensión de 300 quetzales por niño o niña, distribuidos en 30 días, en promedio equivalen a diez quetzales diarios. Esto se supone que sea suficiente para cubrir alimentos, habitación, vestido, educación, salud e instrucción, que son insumos como artes y deportes.

Con esos Q10 para un día, una madre que visita el mercado La Democracia de Quetzaltenango puede decidir entre comprar: 9 huevos (Q1.20 por unidad), media libra de pollo (entre Q7.50 y Q8.50), un litro de leche (Q10), dos docenas de bananos (Q5) o tres pepinos (Q10). Si omite comprar alimentos para adquirir útiles escolares, podrá comprar un cuaderno sencillo de 80 hojas (Q5), un lapicero (Q2.50) y un lápiz (Q2). Si utiliza el transporte público para llevar al niño o niña a la escuela, le alcanzará para cuatro pasajes (Q2.50 cada uno).

Los precios se basan en el último reporte del INE del índice inflacionario. Con el presupuesto del día tendrá que escoger entre alimentos, útiles escolares o pasajes.

De cada 100 personas en Guatemala, al menos 19 viven en pobreza extrema, según esta nota publicada en El Periódico en 2021. Hasta febrero de 2022 la Canasta Básica Alimentaria para 4.77 integrantes de una familia, estaba valorada en 3,134.40 quetzales al mes, 657.11 quetzales para cada integrante, es decir un aproximado de 21.90 quetzales a diario. Más del doble de lo que se otorga con una pensión mínima. Así lo registra el reporte del Instituto Nacional de Estadística.

«Tenemos una sociedad de muchas desigualdades. Lo más difícil es cuando tenemos que penalizar la pobreza, pero por otro lado vemos que las necesidades de los niños y niñas son fuertes, a veces vienen en estado de desnutrición y no todos están incluidos en programas para recuperarse. La solución debe ser integral, jurídicamente podemos tener más órganos jurisdiccionales, pero el problema seguirá siendo el desempleo, la falta de oportunidades y la falta de educación», comenta Pilar.  

En los procesos para fijar la pensión alimenticia, durante la primera audiencia el juez o jueza debe guiar una etapa de conciliación y velar que sea justa. De acuerdo a su experiencia, Pilar estima que en el 90% de los casos llegan a un acuerdo y en el 10% restante, el proceso sigue hasta una sentencia.

[embedpzp6]

Se solicitó por medio de información pública al Organismo Judicial los datos de los casos de pensión alimenticia en los juzgados de familia y el detalle del género de  demandantes y demandados, pero no cuentan con estos datos. Únicamente brindaron el número de sentencias por fijación de pensión alimenticia, que del 2019 al 2021 fueron 6,240 con lugar y 161 sin lugar.  Los tres departamentos con más sentencias en ese periodo de tiempo son: Guatemala, San Marcos y Quetzaltenango. En tres años los juzgados de familia han obligado a 6,240 personas a cumplir con sus responsabilidades.  PzP solicitó por información pública los datos de la cantidad de dinero impuesto en cada sentencia, pero el Organismo Judicial informó que no contaba con el dato.

Pilar trabaja en un juzgado junto a otros tres jueces. A  diario cada uno atiende de 1 a 2 audiencias por pensión alimenticia. En el 90% de los casos se demanda a los papás por la pensión para los hijos. Los alimentos también pueden pedirse de padres a hijos o hijas, entre esposos o ex esposos y entre hermanos.

Pilar relata que  cuando se notifica pronto, el proceso dura dos meses, pero cuando los padres evaden la notificación, puede tardar hasta cinco o seis meses.  Si utilizan recursos legales como la nulidad, apelación o amparo, puede tardar años. «He tenido casos de cuatro y cinco años, tratan de defenderse con todo», añade.

Hasta el 2020, el juzgado de familia de Quetzaltenango ofrecía asesoría gratuita para las usuarias, el servicio era cubierto por el Instituto de la Defensa Pública Penal, pero a causa de una modificación en la institución, se suspendió. Ahora el personal refiere a las mujeres a los bufetes jurídicos de las universidades.             

Alrededor de las pensiones alimenticias, hay muchos prejuicios, memes en las redes sociales y chistes sobre un mal uso que supuestamente las mujeres dan al dinero que reciben para sus hijos e hijas, pero Silvia analiza que esto ocurre porque es más cómodo justificar una irresponsabilidad en prejuicios y estereotipos.

«Que dejen de pensar que las mujeres nos vamos a hacer la vida loca con la miserable pensión que pasan con la connivencia del sistema de justicia, y que empiecen a pensar que ese dinero es para el bienestar de sus hijos e hijas, que por cierto es para un mes pero no alcanza ni para vivir una semana. Hay otra cosa necesaria de enfatizar y es la violencia institucional, porque el sistema de justicia debería responder con celeridad y con un mecanismo específico para una pensión digna, no hablamos de riqueza», dice Silvia.

Sobrevivientes sin pensión

La pensión alimenticia está estrechamente ligada a las sobrevivientes de violencia contra la mujer. En muchas el camino tendrá un obstáculo mayor porque sus hijos no están reconocidos, los padres lo utilizan como chantaje, las amenazan que si los dejan, nunca reconocerán a los niños o niñas.

«A veces solo un hijo está reconocido y son tres, cinco u ocho. Es un problema muy complicado porque al demandar al hombre para que reconozca a su hijo, es necesario hacer la prueba de ADN y esta no tiene un costo menor de 3,000 quetzales, es necesario pagarla y aportarla como prueba. En Totonicapán no hay un lugar en donde sea gratuito, si son cinco hijos sin reconocer, hablamos de 15,000 quetzales y la mujer ni tiene para los alimentos», cuenta Leticia Yax, abogada del Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) de la Asociación Pies de Occidente de Totonicapán. 

Pies de Occidente brinda asesoría legal y otros servicios a mujeres sobrevivientes de violencia. Muchas de ellas necesitan la pensión alimenticia, incluso algunas prefieren abandonar el proceso penal por las agresiones que sufrieron y luchar solo por el dinero para sus hijos e hijas.

«Los hombres lo utilizan como chantaje. Les dicen, si tu vas a retirar la denuncia en mi contra yo te doy la pensión, sino tus hijos se van a morir de hambre. Ellas se asustan, no buscan una vida de lujo, solo que los niños tengan que comer. Son procesos de empoderamiento, les explicamos las vías para resolver el problema y las acompañamos, pero si ellas deciden no seguir con la denuncia de violencia contra la mujer, debemos respetar su decisión; aunque no podemos continuar dándoles la asesoría legal para la pensión,  porque nuestro fin es atender a las sobrevivientes de violencia», explica Leticia.

Otra particularidad en los casos de pensión alimenticia para los hijos e hijas de sobrevivientes de violencia es que la mayoría de mujeres desconocen cuánto gana el padre y dónde trabaja. Algunas recibían un gasto semanal de 100 a 300 quetzales para todos los gastos de la casa, les preparaban su ropa y su comida, pero no podían preguntar cuánto ganaban ellos.

«Cada una tiene un sinfín de necesidades, algunas salen de la violencia con total dependencia económica, porque no las dejaron trabajar o no pudieron porque se dedicaban por completo al hogar, es frustrante empezar de cero. Hay otras que trabajan o venden cosas para generar ingresos. En el centro promovemos que emprendan, se les dan talleres y pequeños capitales para que lo logren. Aunque la pensión alimenticia es parte de una violencia económica no se tipifica así en Guatemala, pues es para los hijos e hijas y tiene un proceso legal propio», dice Leticia.         

Falta asesoría legal

Emilsa Blanco, es abogada del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y desde hace siete años brinda asesoría a mujeres que demandan la pensión alimenticia. Conoce muy bien la necesidad que hay de asesoría legal, sobre todo para las mujeres que viven en áreas rurales muy escondidas y que no tienen recursos económicos para acudir a un juzgado.

En el 2017 en GGM eran cuatro abogadas, pero a causa de complicaciones en el presupuesto, la reducción de fondos provocó que en la actualidad sea solo una. La atención legal se brinda a todas las mujeres sin requisito alguno, pero la demanda es tan alta que en la actualidad el tiempo de espera es de seis a ocho meses. El acompañamiento es para la demanda inicial y todo el proceso de pensión alimenticia, cobro de pensión o aumento.

«No tener la pensión afecta bastante, ellas se ven obligadas a trabajar de lo que sea, piden fiado, adquieren deudas que no son bancarias y luego son hostigadas para pagar. Entonces se ven obligadas a migrar y se arriesgan para cubrir esas precariedades que tienen con sus hijos. Muchos niños están con un tiempo de comida, una mudada de ropa, están quita y pone. He escuchado a muchas mujeres que dicen “yo he salido adelante con mis hijos sola”, pero  a costa de qué; el hombre está obligado a cumplir con esa responsabilidad, no debe quedarse a un lado, estos hombres deben ser responsables», dice Emilsa.

Durante sus años de trabajo en apoyo legal, Emilsa estima que de cada diez, hay dos que se desesperan en el camino, la mayoría de veces porque no se logra notificar al demandado, se desilusionan y abandonan el proceso.  

«Se necesita dar capacitaciones sobre la pensión alimenticia hasta en los lugares más recónditos del país, para hacer conciencia a hombres y mujeres sobre el derecho que tienen los niños y niñas de una pensión alimenticia», concluye Emilsa.

Pretenden mejorar atención con una reforma

Hace dos meses, el 7 de abril de 2022, el Diario de Centroamérica publicó el decreto ley 107 que reforma el Código Procesal Civil y Mercantil, aprobado por el Congreso.  Con esta norma se busca agilizar los procesos de familia, como las pensiones alimenticias, por medio de dos disposiciones.

Cuando lo requerido no exceda de 10,000 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias podrán presentar por escrito o verbalmente, el secretario levantará el acta, antes esto se aplicaba cuando no excedía de 100 quetzales.

La otra disposición modifica que los Juzgados de Paz con competencia de familia podrán conocer casos de hasta 18,000 quetzales anuales. Con la reforma se espera descongestionar los juzgados de primera instancia de familia y que los de paz puedan conocer más casos. 

La medida tiene poco tiempo de ser aprobada por el Congreso y según comunicación social del Organismo Judicial para socializar la reforma con jueces y la población, la Escuela de Estudios Judiciales tiene programado el desarrollo de las capacitaciones para este año.

Al preguntarle a abogadas y abogados litigantes sobre la efectividad de la reforma, manifestaron que los cambios aún no son notorios, coinciden en que será útil que el Organismo Judicial  divulgue  la norma, para que las usuarias accedan con más frecuencia los juzgados de paz y la atención en estos sea adecuada. Juezas y jueces de primera instancia de familia consultados manifestaron que la reforma aún no ha incidido en la alta demanda de casos por pensiones alimenticias.    

Paternidades diferentes

Juan Pablo Flores es psicólogo y educador popular, desde hace 10 años trabaja el tema de masculinidades. Dirige un círculo de sanación de hombres llamado Reflexión Acción, además en comunidades alrededor del basurero en la zona 3 de Guatemala acompaña a un grupo de papás que trabajan por paternidades responsables, amorosas y nuevas masculinidades. De acuerdo a su experiencia, explica que lograr la pensión alimenticia es una acción genuina y necesaria, pero lo jurídico no solucionará el problema social que está relacionado con cambiar la forma de entender la paternidad.

«Muchas veces sucede porque los hombres ganan muy poco dinero, hacen su proyecto de vida con la pareja y cuando no funciona se van, usualmente no mantienen la responsabilidad de manutención porque casi inmediatamente toman una nueva relación y muchas veces con mujeres que tienen hijos. Un poco la lógica de los hombres es que ellos van a mantener a los hijos e hijas si tienen una relación con la mujer, no importa si son biológicos. Esto es nefasto», explica Juan Pablo.

Con hombres de clase media, con más recursos, Juan Pablo ha identificado que tienden a argumentar que la mujer es peligrosa y les va quitar todo, entonces ellos deben protegerse, lo utilizan como justificación y actúan con argucias para evadir la pensión. Cuando la mujer trabaja o su familia tiene recursos económicos, piensan que no es necesario aportar porque sus hijos tendrán alimento y otras cosas.   

En ambos escenarios el factor común es un vínculo débil de la relación entre padres e hijos, o inexistente, los padres no deciden por amor a los hijos y porque estén bien. «La relación familiar la tienen con la mujer y al terminar el vínculo con ella, termina con toda la familia. No ocurre con todos los hombres, pero hay una conducta orientada a esto», explica Juan Pablo.

El panorama es complejo, pero una de las soluciones que plantea el experto es que los hombres se interesen más en la crianza de sus hijos e hijas, en las acciones diarias, crear vínculos sólidos, para no amarlos solo porque tengan que hacerlo. Es importante cambiar el mandato social de que los hombres son fríos, sin ternura, ni amor.

«El vínculo con los hijos e hijas es indispensable para que los hombres entendamos que la manutención no es un castigo, ni una venganza de la excompañera, es una responsabilidad de proteger a la familia aún sin una relación amorosa con la mamá. Es importante replantear los roles de los papás dentro de la familia. Los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres y con nosotros mismos, necesitamos sanarnos y aprender cómo vincularnos afectivamente con nuestros hijos e hijas». Debería haber acompañamiento psicológico para quienes no quieren dar pensión, el Estado tiene la obligación de invertir y posicionar este tema, la paternidad responsable que incluye el cuidado de los hijos e hijas a pesar de no convivir con la mujer».

Autor
Autor
a
u
a