La Constitución establece el principio de igualdad, y de este se desprende la prohibición de la discriminación. Las exenciones de impuestos y toda forma de tratamiento tributario diferenciado son formas de discriminación, las cuales la Constitución puede tolerar toda vez que su existencia esté plenamente justificada como necesaria para el bien común.
Un ejemplo de discriminación justificada es la exención del impuesto sobre la renta a los trabajadores que devengan salarios muy bajos. Esta exención es una forma de ejercer justicia fiscal, ya que quien no tiene capacidad de pago no debe estar obligado a tributar sobre sus rentas escasas. Esta exención discrimina entonces entre los trabajadores con sueldos bajos y altos, obliga a tributar a quien devenga sueldos altos y protege a quien gana muy poco. Como tratamiento discriminatorio, es una exención legítima y justificada.
¿Cuál es, entonces, la justificación de los privilegios fiscales propuestos en la ley Baldizón de empleo? Si la aprobación de esos privilegios fiscales efectivamente atrajera inversiones de calidad y estas a su vez crearan empleos bien remunerados, entonces su aprobación quizá podría justificarse.
Pero lamentablemente no es el caso.
Como se sabe, prácticamente a nivel de escándalo público, la ley Baldizón de empleo es otro caso de copy-paste. Primer golpe de ilegitimidad: no se trata de una propuesta innovadora, sino de un episodio más de la vergonzosa serie con antecedentes como la promoción de la pena de muerte, el bono 15, la participación de Guatemala en el Mundial de futbol, el plagio de una tesis doctoral, fundaciones de cartón, intentos de amedrentar a los magistrados del TSE, etcétera.
En el campo técnico, el Icefi, junto con otros centros de pensamiento y analistas, ha divulgado argumentos sólidos que demuestran que esta ley será inefectiva y que solo con conceder el privilegio de no pagar impuestos no se atraerán inversiones de calidad y no se generarán los tan ansiados empleos. La propuesta sigue un modelo obsoleto, cuya inefectividad está más que probada. El Icefi ha propuesto que un plan serio y técnicamente sustentado para atraer inversiones y generar empleo debe considerar los aspectos verdaderamente relevantes que los inversionistas toman en cuenta al decidir dónde invertir, factores mucho más importantes que el privilegio mezquino de no pagar impuestos. O sea, no es una propuesta pensada para beneficiar a los trabajadores.
En el campo empresarial, tampoco es que todos los empresarios, especialmente los que sí son eficientes y competitivos, estén a favor de esta ley. De manera notable, la Cámara de Comercio de Guatemala, pero también otras organizaciones y expresiones empresariales, se han manifestado en contra de esta propuesta y han hecho ver que al otorgar privilegios fiscales se crean ventajas injustas que perjudican a un gran número de empresarios. O sea que tampoco es una propuesta que beneficie a todos los empresarios, sino solo a un grupito de ineficientes o abusivos que no pueden sostener sus ganancias sino con privilegios.
En realidad, esta es una propuesta que se evidencia más preocupada por el protagonismo y el número de votos que pueda atraer el ponente —a la sazón el PP y Líder en competencia descarada— que por su potencial de tener éxito en resolver el problema del desempleo. Es la oportunidad más reciente de los politiqueros para cantar al oído de los votantes la canción que quieren oír.
Es decir, es una propuesta que se enmarca en la demagogia pura y llana, muy pero muy lejos de ser una propuesta legítima para resolver el problema del desempleo.
Más de este autor