Congresistas de la corrupción

Salvo muy limitadas y honrosas excepciones, el grueso de personas que integra esta asamblea legislativa está conformado por delincuentes. No obstante esa certeza, los actuales congresistas no han dudado en pintarle no una, sino varias manchas más al tigre. Seguramente porque, como es costumbre, el tintero les ha rellenado el bolsillo o, dicho en buen chapín, les ha untado la mano. De tal suerte, actúan y legislan para responder a quien les ha proveído de recursos.

Así, esta semana se dieron a la tarea de aprobar reformas al Código Procesal Penal por medio de la Ley de Aceptación de Cargos, aunque no para agilizar la administración de justicia. Tampoco para coadyuvar a la persecución de crímenes de cuello blanco. Menos aún para facilitar los procesos de justicia transicional por graves crímenes contra los derechos humanos. No. Por el contrario, con el voto favorable de 81 congresistas se aprobaron reformas llamadas a garantizar la excarcelación inmediata de criminales, especialmente de aquellos y aquellas que enfrentan juicios o han recibido condenas por delitos relacionados con la corrupción.

Según lo aprobado por el Congreso, bastará con que una persona procesada por los delitos que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se declare culpable para beneficiarse con reducción de penas. El despropósito aprobado por el Parlamento esta semana es carta libre para delinquir y estímulo para el cinismo criminal.

Ineficiente para legislar, el Parlamento al cual le quedan apenas 60 días de mandato se apresura a utilizarlos para legislar contra la población. Incapaz de aprobar normas vitales como la ley de aguas o los tribunales agrarios, se ha dedicado a utilizar el poder delegado para favorecer el crimen, la corrupción y la impunidad. De ese modo, hasta el proyecto de presupuesto general de la república para el período 2020, que ya de por sí llega amañado al pleno, ha sido utilizado como mercancía de cambio para embolsarse algo más de plata.

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Con los cambios introducidos, los legisladores ponentes del proyecto de presupuesto —técnicamente mal elaborado desde el Ministerio de Finanzas— asignan recursos del tesoro para organizaciones fantasmas vinculadas a congresistas o a funcionarios del actual gobierno. Es decir, siguen viendo en los recursos del Estado el monedero general de la banda de criminales que ha secuestrado el ejercicio del poder político.

Esta semana también mantuvo sus actividades la ilegal y mal llamada Comisión de la Verdad, que en realidad es una #ComisiónAntiCicig, pues busca anular todo lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Sin embargo, y aunque los espectáculos que ha dado dicha comisión parecieran dar risa, en realidad esconden otra maniobra.

La dichosa e ilegal comisión solo es el parapeto de otra movida del Pacto de Corruptos. En realidad, más que hacer el ridículo con las audiencias publicitadas por la oficina de comunicación del Congreso, el propósito es otro. Busca producir un informe no para la ciudadanía guatemalteca, sino para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como para la la Organización de las Naciones Unidas, con fines extorsivos, pues lo usará para reclamar algún resarcimiento.

Fuentes cercanas al proyecto en marcha señalan que la coordinación de dicho equipo de abogados la realizan Gustavo Castejón Porras y Mariano Rayo, reconocidos fieles servidores de Álvaro Arzú Irigoyen y de su legado. Rayo estuvo involucrado en la alteración de la escena del asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera, en tanto que Porras, desde su maridaje con el arzuismo y el unionismo, ha sido defensor oficioso del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad. Hoy ambos se unen para, junto con el Congreso de la corrupción, justificar los delitos de quienes han sido procesados durante el mandato de la Cicig y con el trabajo tesonero de la FECI. De esa manera, sus nombres habrán de ser adheridos en piedra a la historia nefasta de la actual legislatura y a su legado de cinismo y corrupción.