Pero no solo el robo y el despojo en descampado. El expolio de los bienes nacionales implica también las políticas oficiales de entrega del territorio a intereses espurios. Es una política que para afianzarse incluyó la militarización de la seguridad, el uso de la fuerza y la arbitrariedad para anular el movimiento social de resistencia al uso irracional de los recursos.
El nivel de prepotencia que ha caracterizado al gobernante seguramente lo cegó. A tal grado que se la creyó y pensó que la justicia no alcanzaría a su entorno. Su macabra alianza con el remedo de opositor Libertad Democrática Renovada (Líder) le permitió designar autoridades del sistema de justicia susceptibles de responder a su esfera de influencia. Con una democracia más formal que real, y más de fachada que funcionando, el presidente de la República impuso la tierra arrasada a la institucionalidad.
El golpe dado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es gigantesco no solo por su magnitud, sino particularmente por el nivel de los actores a los que ha tocado. Desde el punto de vista jerárquico, Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, es, junto con el superintendente de Administración Tributaria, uno de los funcionarios de más alto rango en la administración pública. Pero además, al estar directamente bajo el mando de la segunda del presidente de la República, pone a esta en situación de grave fragilidad jurídica. Y junto con ella, al mismo presidente.
Que una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera incluya al mismo responsable de la captación de tributos y al brazo derecho de la segunda de la Presidencia y ex secretaria general del partido de Gobierno es un hecho sumamente grave en lo político, en lo social, en la seguridad y en la estabilidad. Grave en lo político y social, por cuanto pone de manifiesto ante la ciudadanía que la participación partidaria tiene como único fin el robo de los recursos nacionales. En la seguridad, porque puede levantar la intención de los actores políticos comprometidos a buscar salidas desesperadas a su situación. En la estabilidad, porque estos mismos actores también podrían recurrir a un rompimiento como vía de protección.
Esta acción habría sido absolutamente imposible en manos de autoridades nacionales trabajando en solitario. Si ha sido llevada a cabo es porque la Cicig es la actora fundamental en el proceso. De esa manera, el presidente Otto Pérez Molina debe entender que no es monarca de isla alguna. Debe tener claro que es presidente de la República, con facultades asignadas en la Constitución Política por delegación de la ciudadanía.
Es decir, debe asumir que no es su capricho el que definirá si a la Cicig se le amplía o no el mandato. Por el contrario, debe atender y obedecer el mandato y reclamo social y firmar de una vez por todas la prolongación del convenio, de cara a que la comisión concluya con las tareas derivadas del compromiso que Naciones Unidas y el Estado de Guatemala asumieron al momento de suscribirlo.
Por eso, #CicigSí.
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