Como es de su conocimiento (y así lo indica el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos 2019 A/HRC/43/3/add.1, de fecha 17 de enero de 2020, especialmente en los párrafos 33 a 36, sobre independencia judicial), Guatemala está atravesando una crisis institucional que ha puesto seriamente en peligro tanto el Estado de derecho como la democracia en su condición de regimen político que se caracteriza por la separación de poderes, por la existencia de pesos y contrapesos en el ejercicio de gobierno y por la plena vigencia del orden constitucional.
En el año 2015, un movimiento ciudadano obligó a renunciar a la cúpula de gobierno por su involucramiento en hechos de corrupción, cuyo conocimiento se hizo público gracias al eficiente trabajo de la fiscal general de ese entonces, quien contaba con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instancia internacional cuya presencia fue solicitada por nuestras autoridades —en ejercicio de la soberanía nacional—, dando continuidad al apoyo de las Naciones Unidas desde su mediación en los procesos de paz centroamericanos. De esta manera, desde mediados de la década pasada la Cicig apoyó al Ministerio Público en el combate del crimen organizado y de las redes de corrupción incrustadas en el seno del aparato estatal. Lamentablemente, una recomposición de tales grupos criminales —con el respaldo de un sector de la élite empresarial del país— le permitió a la administración del expresidente Jimmy Morales expulsar a la Cicig de Guatemala, retomar el control del Ministerio Público y llevar a una mayoría de diputados afines al Congreso de la República, quienes, en contubernio con magistrados afines a la Corte Suprema de Justicia —en la práctica—, están demostrando que tales organismos han perdido su independencia y no funcionan más como los contrapesos del orden democrático que deberían ser.
El proceso electoral del año 2019 generó la expectativa de que sería posible un cambio en tal situación de facto. Los hechos demuestran que permanece igual y que, por el contrario, la independencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como la del Procurador de los Derechos Humanos —precisamente por hacer su trabajo con independencia—, continúa en grave riesgo, como ya fue advertido por la medida cautelar 28-19, de fecha 25 de octubre de 1919, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como se indica en el párrafo 35 del informe de la alta comisionada de los derechos humanos. Esta crisis interinstitucional y sociopolítica se ha visto agravada por la reciente decisión de la fiscal general (de 7 de agosto de 2020, presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos) en la que ha solicitado levantar el derecho de antejuicio a 99 parlamentarios, a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad a sabiendas de que solo los magistrados del más alto tribunal constitucional (cuyas resoluciones continúan siendo incumplidas por el Congreso de la República) son los únicos que en realidad corren el riesgo de ser desaforados, dado que son los mismos diputados (que se niegan a respetar dichas resoluciones) quienes deben tomar la decisión que procedería. Y para agravar la crisis, en forma parecida estaría actuando una Corte Suprema de Justicia no independiente —cuyo período legal ya está vencido— contra el Procurador de los Derechos Humanos.
En consecuencia, señor relator, consideramos de la mayor importancia que usted haga un llamamiento urgente para que la Fiscalía General, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia respeten las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, así como los estándares internacionales en materia de independencia de jueces y abogados, no solo porque así lo requiere el respeto irrestricto del Estado de derecho, sino también porque su inobservancia conllevaría graves responsabilidades internacionales para Guatemala. Además, es indispensable que en dicho llamamiento se le pida a la fiscal general ser coherente con sus propias decisiones, dado que 1) de manera insólita dicha funcionaria está intentando iniciar acciones penales contra una decisión que la ampara a ella misma y 2) la base de su petición es absolutamente espuria, ya que, conforme a la Ley de Amparo y Constitucionalidad —y a la jurisprudencia correspondiente—, como garantía del principio de independencia judicial, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por las opiniones o decisiones que ellos adopten en legítimo ejercicio de su cargo.
Señor relator, los ciudadanos y las instituciones de la sociedad civil que firmamos la presente petición también deseamos extenderle una cordial invitación para que realice una visita a nuestro país a fin de que pueda tener mejores elementos de juicio en el informe a la alta comisionada y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos con las muestras de nuestra mayor consideración.
Muy atentamente,
Jorge Mario García Laguardia, exprocurador de los derechos humanos, expresidente de la Corte de Constitucionalidad
Helen Mack, abogada, defensora de los derechos humanos
Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral
Homero González, expresidente del Colegio de Abogados
Astrid Lemus, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia
Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad, exembajador
Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, especialista legal en temas anticorrupción
César Conde Rada, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral
Carmen Rosa de León, directora del Iepades, experta en temas de seguridad
Manfredo Marroquín, presidente emérito de Acción Ciudadana, experto en temas anticorrupción
Luis Alberto Padilla, presidente del Iripaz, profesor universitario, exembajador
Gabriel Orellana Rojas, excanciller, profesor de Derecho Constitucional
Fernando Carrera, excanciller, exembajador
Alfonso Cabrera Hidalgo, expresidente del Congreso, excanciller
Ariel Rivera Irías, excanciller, exembajador
Édgar Gutiérrez, excanciller, analista político, columnista
Ana Isabel Prera, exsecretaria general de la Corte Suprema de Justicia, exministra de Cultura, exembajadora
Anamaría Diéguez, exvicecanciller, exembajadora
Francisco Villagrán de León, exembajador, profesor de la Universidad George Washington
Fernando González Davison, escritor, exembajador, miembro del Consejo Consultivo del Iripaz
Juan León Alvarado, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, exembajador
Rolando Palomo, presidente de la Organización Guatemalteca de Derecho Marítimo, exdiplomático
Carlos Vassaux, médico cardiólogo, miembro de IPPNW (Médicos en Prevención de la Guerra Nuclear)
Karen Slowing Umaña, médica salubrista, exsecretaria general de la Secretaría de Planificación Económica
Marta Elena Casaús, vicepresidenta de la Fundación MAG, investigadora social, profesora de la Universidad de Madrid
Irma Alicia Velásquez Nimatuj, profesora de Antropología, columnista
Jonathan Menkos, economista, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
Carolina Escobar Sarti, columnista, investigadora y defensora de derechos humanos
Victor Hugo de León, miembro de la Asamblea Constituyente de 1985
Julio Coj Vásquez, sindicalista de la Unsitragua
María Eugenia Solís, abogada, defensora de derechos humanos
Anabella Rivera, defensora de derechos humanos, miembro del instituto Demos
Jorge Morales Toj, abogado, defensor de los derechos de los pueblos indígenas
Roberto Cáceres Estrada, sociólogo, economista ambiental, miembro del Consejo Consultivo del Iripaz
Mario Luján Muñoz, exdirector de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, miembro del Consejo Consultivo del Iripaz
Edgar Amado Sáenz, exdirector de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos
Vinicio Barrientos Carles, matemático, miembro del Consejo Consultivo del Iripaz
Mario Vicente Martínez V., abogado, exasesor del Procurador de los Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Iripaz
Gustavo Berganza, sociólogo
Jaime Barrios Carrillo, escritor
Luis Eduardo Rivera, Premio Nacional de Literatura
Dante Liano, Premio Nacional de Literatura
Ana Maria Rodas, Premio Nacional de Literatura
Mónica Alvizures, escritora
Aníbal Barillas, escritor
Susana Álvarez Piloña, editora y poetisa
Carmen Reyna, Otra Guatemala Ya, defensora de derechos humanos
Ramón Cadena, defensor de derechos humanos, miembro de la Comisión Internacional de Juristas
Frank Larue, asesor legal de Fundamedios, exrelator de la ONU para la libertad de expresión
Carolina Charnaud, abogada de Manuel Ángel Castillo, Centro de Estudios Demográficos y Migratorios de El Colegio de México
Mauricio Chaulon Vélez, investigador, profesor de la Universidad de San Carlos
Edelberto Torres Escobar, investigador social
Alejandra Colom, antropóloga, profesora de la Universidad del Valle
Valerio Ibarra, abogado, columnista de prensa, miembro del Consejo Consultivo del Iripaz
Álvaro Montenegro, periodista, movimiento prorreforma del sector justicia
Manuel E. Lara, politólogo
Trudy Mercadal, investigadora en ciencias sociales
Rodrigo Vásquez, magíster en matemáticas, profesor universitario
Movimiento Justicia Ya
Instituto Demos
Iepades
Iripaz
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