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Capítulo 11. Una campaña internacional de denuncia. Lucía, junio de 1984
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Capítulo 11. Una campaña internacional de denuncia. Lucía, junio de 1984

Cinco días más tarde, un Jueves Santo, su cuerpo, el de su hermano Maynor René, de 21 años, y el de su hijo Augusto Rafael, de dos años, aparecían en su ve­hículo, en el kilómetro 19 de la carretera que condu­ce a Boca del Monte. Los asesinos organizaron la es­cena del crimen como si se tratase de un accidente de trán­sito. Pero Rosario Godoy tenía la ropa interior lle­na de sangre, mordidas en los pechos y a su bebé le habían arrancado las uñas.
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Como una enredadera, la guerra se entrelazó con la vida. Algunos murieron asfixiados por ella. Otros supieron trepar. Esta es la historia de dos hombres, la Universidad de San Carlos y un crimen. Las vidas de Vitalino Girón, un expolicía que acabó siendo uno de los últimos intelectuales del partido comunista, y del rector Eduardo Meyer se entrecruzaron en 1984, cuando el Ejército aún decidía quién podía vivir en Guatemala y quién no. Documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional permiten comprender la lógica de una de las últimas campañas de “control social” contra el movimiento sindical ejecutadas por la dictadura militar.

Tras el secuestro de Carlos Cuevas Molina, sus hermanas op­taron por salir del país. Su esposa, Rosario Godoy, de­cidió quedarse.

En Guatemala, Rosario Godoy lideraba marchas y concentraciones de protesta; en Costa Rica, su suegra y sus cuñadas comenzaban una campaña internacional de denuncia. Hablaron con medios, contactaron con Amnistía Internacional, hacían ruido.

En 1984, Lucía Cuevas estudiaba en la Usac, y par­ticipaba en la Asociación de Estudiantes Univer­sitarios, la AEU, junto con su hermano Carlos, pero a Me­yer lo conocía de mucho antes. No es que fuese un amigo íntimo pero sí un conocido de la familia des­de el tiempo en que su padre, quien para entonces ya había muerto en el exilio, fue rector de la Usac. Me­yer había sido uno de los académicos que apoyaron la candidatura de Rafael Cuevas del Cid en 1970.

Ese vínculo personal hizo que pensaran que Meyer traía noticias positivas. Pero no fue así.

Cuando el rector llegó a Costa Rica en junio de 1984, y visitó a María Luisa Molina de Cuevas, la fa­milia estaba en plena campaña de protesta. Hacía un mes que Carlos había sido secuestrado.

Meyer le aconsejó a la madre de Carlos Cuevas Mo­lina que abandonara el proceso de denuncia. Que si lo hacía seguro que los muchachos de la AEU iban a aparecer. Y le indicó que lo mejor que podía hacer por su hijo era estar callada. Si seguía gritando a Carlos le iban a hacer más daño. María Luisa de Cuevas sintió aquello como una amenaza.

Lucía expuso este hecho años después, tras los Acuerdos de Paz, cuando la familia quiso buscar justi­cia por el secuestro de Carlos. Entonces sus abogados les recomendaron no emprender ninguna línea de acu­sación contra Meyer pues era muy difícil probar na­da. Meyer rebatió en la prensa el testimonio de Ma­ría Luisa con el argumento de que el dolor le había he­cho malinterpretar las situaciones.

Lucía ha sido la más implicada en el proceso judi­cial de su hermano Carlos. Cuando se refugiaron en Costa Rica participó en la llamada AEU en el exilio. En­tonces también se entrevistaron con Meyer y le pidieron que intercediera por los estudiantes desapare­cidos. Lucía Cuevas no recuerda muy bien esa reunión, pero sí que Meyer estaba agobiado por toda la presión que Rosario Godoy, la esposa de su hermano, estaba ha­ciendo en Guatemala. 

*** 

Fue en las mismas fechas en las que Eduardo Meyer vi­sitó a la familia Cuevas Molina en Costa Rica. El co­ronel Bol de la Cruz, en su reporte policial del 18 al 24 de junio de 1984, consideró pertinente hablarle al alto mando de la problemática del Grupo de Apoyo Mutuo.

Esta agrupación es promovida a nivel interior por sectores de la Universidad de San Carlos, especialmente el estudiantil. En principio se interesaron por el aparecimiento de personas vin­culadas de una u otra forma con ese Centro de Estudios. Por lo menos, ese es el objeto visible. Pero, en el fondo, sus pro­motores tienen el conocido propósito de causar problemas al Gobierno y a las Fuerzas de Seguridad. Es indiscutible que este movimiento cuenta con el aval de agrupaciones socialistas in­ternacionales, tal como ya funcionan en la Argentina y Chile.

La actitud policial ante sus gestiones fue de recibirles la ho­ja mimeografiada adjunta, en la Secretaría General, sin pres­tar a sus dirigentes la atención que pretendían a nivel de Di­rección General. Se estima que, cuanto menos sea la impor­tancia pública que se les asigne, menor será el éxito que obtengan sus patrocinadores políticos.

La hoja mimeografiada a la que hacía referencia el coronel Bol de la Cruz era una carta abierta de las fa­milias de los obreros, estudiantes y profesionales desaparecidos, en la que exponían su decisión de unirse en vista de que, de forma aislada, no habían recibido la atención ne­cesaria. En la carta afirmaban que no acusaban ni es­taban contra nadie, y que lo único que pretendían era que regresaran sus padres, esposos, herma­nos e hijos a sus hogares. El documento estaba firmado con las siglas GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, y los nom­bres de Beatriz Velásquez de Estrada, María Ro­sario Godoy de Cuevas, Catalina Ferrer Santizo, María del Rosario Paz de Muralles, Digna Fuentes Monzón, Ma­ría Emilia García, Sandra Muralles García, Aura Elena Farfán, Nineth Montenegro de García y Raquel Linares.

El Grupo de Apoyo Mutuo se formó oficialmente el 4 de junio de 1984. Una de sus fundadoras fue Ro­sario Godoy, esposa del desaparecido Carlos Cuevas. Ro­sario tenía 25 años, un hijo de dos, era maestra y una de las mujeres más beligerantes del grupo. Ella era la vicepresidenta del GAM. Una mujer morena, del­gada, con el rostro alargado, casi siempre con un me­gáfono en una mano y un cigarrillo en la otra.

En una carta fechada el 30 de marzo de 1985 Ro­sario le contó a sus familiares que la directiva del GAM había tenido una reunión con el gobernador depar­tamental de Guatemala, y que este les había advertido que dejaran de protestar porque si no las llevarían al Se­gundo Cuerpo de la Policía, acusadas de atentar con­tra el orden público y la seguridad nacional. En esa carta familiar Rosario también escribió: O me de­vuelven a Carlos vivo o me llevan a mí también (...) jamás des­cansaré hasta encontrar a mi gordo.

Ese mismo 30 de marzo, el GAM celebró una reunión para discutir cómo debían protegerse del pe­ligro que corrían. Al salir de la junta, el portavoz del gru­po, Héctor Orlando Gómez Calito, fue capturado por “hombres desconocidos vestidos de particular”.

Su cadáver apareció al día siguiente en el Parque de las Naciones Unidas atado de pies y manos; que­mado, con la lengua cortada, y los dientes y el cráneo quebrados.

Rosario Godoy responsabilizó al Gobierno del ase­sinato. Parte del discurso que dio en el funeral de Héc­tor fue retransmitido por un programa de televi­sión. Cinco días más tarde, un Jueves Santo, su cuerpo, el de su hermano Maynor René, de 21 años, y el de su hijo Augusto Rafael, de dos años, aparecían en su ve­hículo, en el kilómetro 19 de la carretera que condu­ce a Boca del Monte. Los asesinos organizaron la es­cena del crimen como si se tratase de un accidente de trán­sito. Pero Rosario Godoy tenía la ropa interior lle­na de sangre, mordidas en los pechos y a su bebé le habían arrancado las uñas.

Una de las compañeras de Rosario en el GAM, Nineth Montenegro, conseguiría llevar a juicio a los res­ponsables de la desaparición de su esposo, Fernando García. Nineth es diputada desde 1995, un año antes de la firma de la Paz.

Hoy, el coronel Bol guarda arresto domiciliario y a la espera juicio por ser responsable de la muerte de Fernando García. Su abogado, Julio Roberto Con­treras, aseguró que el exjefe policial no concede entrevistas.

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