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Arenales Forno ante la CIDH: “La Cicig se ha convertido en una fiscalía paralela”
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Arenales Forno fue el encargado de defender la tesis de que en Guatemala no hubo genocidio. / Sandra Sebastián

Arenales Forno ante la CIDH: “La Cicig se ha convertido en una fiscalía paralela”

Según Alfredo Brito, la Cicig no es un tema de Derechos Humanos; por eso se pidió abordar en privado.
Arenales Forno habló del “nuevo comisionado” con quien el Gobierno deberá discutir los términos del fin de la Cicig.
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El embajador de Guatemala en Uruguay, Antonio Arenales Forno, fue el encargado de representar al gobierno de Jimmy Morales en la audiencia a puerta cerrada celebrada el lunes 1 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para abordar la crisis política del país. Según fuentes consultadas por Plaza Pública, no se salió del guion oficial promovido desde hace más de un año por el Ejecutivo y aliados: criticar duramente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a quien acusa de ser una “fiscalía paralela”.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se convirtió en una “fiscalía paralela” y sus investigaciones sobrepasaron el acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización para las Naciones Unidas (ONU). Esta fue la explicación que el embajador de Guatemala en Uruguay, Antonio Arenales Forno, dio a la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin al mandato de la agencia anticorrupción a partir del 3 de septiembre del próximo año.

Lo hizo durante la audiencia celebrada el lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), que debió de ser pública, pero que a petición del Estado guatemalteco se realizó a puerta cerrada, en privado. Según expuso el embajador guatemalteco ante los comisionados interamericanos, dado que la Cicig tiene fecha de caducidad, el Gobierno no considera “oportuno” que juegue un papel de liderazgo en el combate contra la corrupción, ya que el Ministerio Público puede hacerse cargo de las investigaciones.

Según pudo saber Plaza Pública, la audiencia se extendió por espacio de una hora. Por parte del Gobierno acudieron, además de Arenales Forno, Rita Claverie, representante de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el encuentro también estuvieron presentes Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH), y diversos representantes de la sociedad civil, como Gisela de León (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Ramón Cadena (Comisión Internacional de Juristas), Lissette Vásquez (Fundación Myrna Mack), Gabriel Wer (Alianza por las Reformas) e Iduvina Hernández (Asociación Seguridad en Democracia). Ellos hicieron pública su intervención a través de una nota y ofrecieron una conferencia por videollamada que los periodistas siguieron en la sede del PDH.

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Según José Alfredo Brito Ralón, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el Gobierno solicitó que la audiencia se realizara a puerta cerrada “ya que este es un tema que está abordándose entre el Gobierno de Guatemala y el Secretario General de las Naciones Unidas”. Según el funcionario, “hay temas sobre el acuerdo de la Cicig que se están abordando al amparo del Artículo 12 de dicho acuerdo, que se refiere a la solución de controversias y sobre las cuales todavía no se ha tomado decisión”. A pesar de que el Secretario atendió la llamada telefónica de Plaza Pública, prefirió contestar las preguntas a través de un mensaje de WhatsApp.

El gobierno se apoya en el artículo 68 del reglamento de la CIDH para justificar la privacidad de la reunión: “Cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, la Comisión, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada podrá celebrar audiencias privadas y decidirá quiénes podrán asistir a ellas”.

No parece que el Ejecutivo se encuentre cómodo ante la fiscalización por parte de la CIDH de la guerra abierta en el país y en la ONU para deshacerse de la Cicig. Brito explicó que ellos creen que este asunto no se trata de una cuestión de Derechos Humanos, sino que es “un tema relacionado con la lucha contra la corrupción directamente”. Quizás por eso, Arenales Forno dejó constancia en el encuentro de las dudas que genera en el Gobierno de Morales la capacidad del organismo de la OEA para abordar este conflicto. A pesar de sus reticencias, los representantes del Ejecutivo acudieron al llamado de la CIDH.

Que Arenales Forno haya representado a Guatemala ante la CIDH no fue algo casual. Este es un terreno conocido para el veterano diplomático. En 2012 fue el encargado de defender las tesis del Gobierno, entonces de Otto Pérez Molina, de que la institución internacional no era competente para decidir si la matanza de miles de indígenas mayas durante el conflicto fue genocidio como se debatía entonces en los tribunales.

Era titular de la secretaría de la Paz (Sepaz) y llegó a declararse “indignado” con tal calificación. Aunque actualmente se encuentre en Montevideo, este antiguo asesor del expresidente encarcelado siempre aparece como una de las figuras a las que más se escucha en el gabinete de Morales. Y uno de los que mejor conoce las vicisitudes y mañas de la diplomacia, que exige más mano izquierda que el estilo desafiante exhibido por el Ejecutivo en sus últimas comunicaciones con la ONU.

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Sobre los pormenores de la audiencia, las fuentes consultadas señalan que la discusión no se movió mucho de los parámetros en los que se encuentra estancado el debate dentro de la opinión pública guatemalteca.

Por parte del Gobierno, beligerancia contra la Cicig y política de hechos consumados: la decisión de que la agencia anticorrupción termine su mandato el 3 de septiembre de 2019 está tomada, así que lo que queda es gestionar la “transferencia de capacitaciones”.

Por parte de procurador y sociedad civil, preocupación por los ataques recibidos por la Cicig y el convencimiento de que estos buscan socavar “la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y en particular la administración de justicia”.

El relato: que el Gobierno y sus aliados (políticos, empresarios, exfuncionarios y demás sectores oscuros agrupados en el pacto de corruptos), acorralados por las investigaciones, han puesto fin al mandato de la comisión y, a su vez, han amenazado con desconocer el orden constitucional.

Aquí también aparecen las amenazas y seguimientos sufridos por algunos de sus integrantes desde el pasado 31 de agosto, día en el que Jimmy Morales anunció que la Cicig no renovaría su mandato.

Arenales Forno no apareció tan desafiante como lo hizo el presidente ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, pero mantuvo la misma línea argumental: la supuesta extralimitación de la Cicig, que habría abordado casos que no le competen. No hizo referencia a hechos concretos, como han apuntado tanto Morales como la canciller, Sandra Jovel, aunque sí mencionó el acuerdo suscrito entre la agencia anticorrupción y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 16 de agosto.

También, y en dos ocasiones según las fuentes consultadas, dejó caer una crítica hacia el MP, de quien dijo que había sido “complaciente” con esta progresiva ampliación de las capacidades de la Cicig.

Al margen de estas cuestiones, el actual embajador en Uruguay no se salió del discurso oficial. Tampoco mencionó otros temas abordados por los integrantes de la sociedad civil, como el hostigamiento a manos de cuerpos policiales. Culpó al secretario general de la ONU, António Guterres, de ignorar las protestas efectuadas por el Gobierno de Guatemala contra la Cicig, en general, y contra el comisionado Iván Velásquez Gómez, en particular.

Reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y dejó claro que el año que resta es para el “traslado de capacitaciones”, considerando que la Cicig no debe tener protagonismo en futuras investigaciones. Su receta: el incremento de presupuesto para la Fiscalía programado por el Gobierno y “ayudas” externas que no tendrían que pasar por el filtro de la Cicig.

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El Ministerio Público ha incrementado su presupuesto en los últimos ejercicios fiscales. Según el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas, la Fiscalía tiene actualmente un presupuesto de 2.37 mil millones de quetzales. Que son 254 millones más que lo aprobado el año pasado y 686 más que en 2016. 

Último detalle: Arenales Forno habló del “nuevo comisionado” con quien el Gobierno deberá discutir los términos del fin de la Cicig y la transferencia de capacidades al Ministerio Público. Este es un asunto que está pendiente. Desde el encuentro que mantuvieron Morales y Guterres en el marco de la Asamblea General de la ONU no ha trascendido ningún detalle.

Este tuvo lugar el miércoles, 26 de septiembre, horas después de la incendiaria intervención del presidente ante el plenario. Minutos después, la canciller Sandra Jovel, mostró su confianza en acuerdo, que debería materializarse a través de una comunicación desde Nueva York. A día de hoy no hay noticias de que esta se haya producido. De este modo, Velásquez sigue siendo el comisionado y aunque por mandato expreso de la Corte de Constitucionalidad tiene permiso para entrar en el país, ha preferido seguir dirigiendo la comisión desde Nueva York.

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A estas alturas, el tribunal constitucional ya debería de haber recibido los informes circunstanciados que pidió al presidente, al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; a la canciller Sandra Jovel; y al procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, para que expliquen cómo están cumpliendo el fallo, pero aún no se conocen noticias de ello.

Mientras el embajador trataba de dirigir la atención hacia Nueva York, que es donde debería discutirse qué ocurre con el último año de la Cicig, según el punto 12 del convenio de su creación, los integrantes de la sociedad civil guatemalteca llegaron a Colorado con peticiones concretas: que se establezca un mecanismo de seguimiento a la situación en Guatemala; que se otorguen medidas en favor de jueces y magistrados que conocen de casos de alto impacto y que se encuentran sometidos a presiones y amenazas; que se emita un comunicado público por parte de la Comisión, urgiendo al Estado a respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad pública; que se realice una visita de trabajo por parte de la relatora y que el próximo período de sesiones de seguimiento a la situación en Guatemala.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Guatemala, dijo a la agencia Efe que la institución que representa está dispuesta a viajar al país “inmediatamente”. Su objetivo sería hablar con representantes del Gobierno, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y la sociedad civil para analizar el caso.

Habrá que ver cuál es la respuesta del Gobierno de Morales, que advierte que no cree que el organismo de Derechos Humanos sea “competente” para abordar este asunto. Una de las preguntas que, según los participantes en la reunión, quedó en el aire: ¿está el Estado de Guatemala preparado para enfrentar a la corrupción y otros delitos sin la cooperación que durante los últimos 12 años ha brindado la Cicig? El Gobierno asegura que la Fiscalía tiene todas las capacidades para actuar sin este apoyo. Sin embargo, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, opina la contrario. “Si la Cicig se va, volvemos a lo de antes”, dijo semanas atrás en una entrevista con el medio digital salvadoreño El Faro.

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