Si alguien incurre en graves ilícitos, puede llegarse al extremo de condenarlo a muerte; pero eso sigue siendo una medida legal. Ahora bien: si el Estado arbitrariamente mata a alguien, es delito. Eso sucedió en Guatemala: el Estado fue responsable de muchos crímenes.
Sucedió en miles de ocasiones. La guerra interna dio lugar a una enorme comisión de asesinatos por parte del Estado contra población civil no combatiente. Si fueron 200,000 los muertos, o menos de 40,000 como ahora se dice, eso no cambia lo sustancial: no es asunto de cantidades sino de responsabilidades. El Estado no puede matar a sus ciudadanos. El número no lo exime de culpa.
Terminado el conflicto armado, las heridas aún están abiertas. Y lo estarán por varias generaciones aún. Superar tanto dolor no es fácil. Una de las secuelas principales de esa guerra es una fortalecida cultura de impunidad. Es decir: se puede hacer cualquier cosa (pasar un semáforo en rojo, matar, evadir impuestos, comprar una licencia) seguros que nada pasará. Eso es la impunidad.
¿Nadie se hará responsable de los crímenes que cometió el Estado durante la guerra interna? A 17 años de terminada, parece que no. Pero hay una buena noticia: al menos alguna cabeza visible va a ser juzgada. En realidad: dos. Los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez van a juicio por masacres en el área ixil, Quiché.
¿Empieza a funcionar la justicia en Guatemala? Quizá…
Pero también puede ser jugada política, y para ello se sacrifican algunos peones. Hay poderes que deciden mucho, quizá más que los presidentes. Ríos Montt es un símbolo, y por eso se lo puede usar. Enjuiciarlo por masacres envía un mensaje: puede ser el comienzo del fin de la impunidad, o también la utilización de un chivo expiatorio con el que mostrar “corrección política”, quemando a un cadáver político.
El ejército, como cuerpo destinado a defender la patria de cualquier ataque, actuó en nombre de aquello para lo que fue preparado durante décadas: la contrainsurgencia, el enemigo interno, el “comunismo internacional” que, según la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional, como “cáncer” se expandió en los años de Guerra Fría. En realidad, lo que esas fuerzas armadas, en cuenta Ríos Montt y todos los militares de aquellos años, defendieron a capa y espada, ahí sigue inalterable: diferencias socioeconómicas irritantes, concentración de la riqueza en pocas manos, verdaderos espacios políticos para transformar esa situación cerrados. Tal como dice la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en sus Conclusiones, cuando analiza las causas de la guerra: “Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación realizada por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos sectores de la sociedad civil. El Estado entero, con todos sus mecanismos y agentes ha estado involucrado. Reducir el enfrentamiento a una lógica de dos actores no explicaría la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, ni la constante movilización y diversa participación de sectores sociales que buscaban reivindicaciones sociales, económicas y políticas”.
Es buena noticia sentar en el banquillo de los acusados a alguien que dio órdenes para masacrar, a alguien vinculado al delito de genocidio. Pero los grupos que, en definitiva, se beneficiaron de todo ello, difícilmente serán enjuiciados algún día. Al General no hay dudas que lo dejaron morir solo. Ojalá la justicia juzgue las atrocidades de la guerra, pero ello debe llevar a preguntarnos: ¿y qué hay, como dijera el Informe de la CEH, de “la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos sectores de la sociedad civil” a los que defendió el ahora abandonado militar-pastor?
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