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Acisclo Valladares Urruela se declaró culpable en EE.UU. por lavado de dinero

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Acisclo Valladares Urruela se declaró culpable en EE.UU. por lavado de dinero

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En el acuerdo de culpabilidad, firmado el pasado 7 de julio con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, el exdirectivo de la empresa Tigo aceptó que lavó 9.5 millones de dólares para pagar sobornos a diputados y usos varios, y colaborar con la justicia de Estados Unidos a través de información y testimonios.

El exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, aceptó declararse culpable de conspiración para el lavado de dinero, previo a que un juez emita sentencia por el caso iniciado en su contra desde el 2020 en Estados Unidos. La acusación contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales se basa en hechos ocurridos entre 2014 y 2018, justo cuando Valladares Urruela ocupó un puesto como directivo de Tigo, una de las mayores empresas de telefonía de Guatemala.

Valladares Urruela se entregó a la justicia de Estados Unidos en noviembre de 2020, tres meses después de que la Fiscalía del Sur de Florida presentó cargos en su contra por conspiración para lavado de dinero. Además, desde enero de 2020 era prófugo en Guatemala donde suma dos órdenes de captura por su implicación en otros dos casos de corrupción. 

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La aceptación del delito, publicada en el Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte (Pacer por sus siglas en inglés) incluye el acuerdo de culpabilidad suscrito entre el exministro y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, en el cual se lee:

«El acusado (Valladares Urruela) acepta declararse culpable del cargo I, que cuenta los cargos desde enero de 2014 o alrededor de esa fecha hasta diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado conspiró a sabiendas y deliberadamente para participar en una transacción monetaria en el comercio exterior a través de una institución financiera, en propiedad derivada delictiva de un valor superior a US$10,000 que se derivó de una actividad ilegal específica, es decir, un delito contra una nación extranjera que involucra soborno o para el beneficio de un funcionario público».

En el acuerdo, además, Valladares Urruela aceptó cooperar con la fiscalía mediante el traslado de información que le sea requerida sobre los hechos de los que se declaró culpable, además estuvo de acuerdo en brindar testimonios y acceso a documentos para continuar la investigación.

Asimismo, en el documento se explica que el tribunal que emitirá sentencia en este caso podrá imponer una pena máxima de diez años de prisión, seguida de una «libertad supervisada» de hasta cinco años y la obligación de declarar cuando la justicia así lo requiera.  La corte no está obligada a conceder una reducción de la sentencia.

Valladares Urruela también aceptó, voluntariamente según el acuerdo, que se le decomisen US$140,000, monto que corresponde al valor de los bienes obtenidos por el exfuncionario como resultado del delito por el que se declaró culpable.

La justicia estadounidense acusa al exdirectivo de Tigo de blanquear 9.5 millones de dólares en EE. UU. Uno de los movimientos de dinero se habría realizado en diciembre de 2017 durante el gobierno de Jimmy Morales. En esa ocasión, Valladares Urruela transfirió US$350,000. Según el acuerdo de culpabilidad firmado por el exfuncionario, él participó personalmente en las transacciones monetarias por US$140,000, el mismo monto que Valladares Urruela aceptó que le fuera decomisado.

De acuerdo al reporte elaborado por un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Valladares utilizó un esquema de “trasferencias espejo” para blanquear el dinero. Con la ayuda de Álvaro Cóbar, exdirectivo del Banco de Crédito y también colaborador para la justicia en EE. UU., depositaban efectivo en una empresa en Guatemala y retiraban el mismo monto en Miami, Florida. Este mecanismo permitía ocultar las operaciones pues el dinero nunca salía ni ingresaba a ninguno de los dos países.

Valladares llegó a requerir tanto dinero en efectivo para sobornar políticos que a Cóbar le era imposible cubrir lo requerido con las reservas del banco. Fue en ese momento que el banquero planteó al exdirectivo de Tigo continuar con el esquema de lavado, esta vez con fondos provenientes del narcotráfico. Valladares aceptó la propuesta.

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Sobornos y la «Ley Tigo»

De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, parte del dinero que fue lavado en ese país, a solicitud de Valladares Urruela, fue utilizado en 2014 para pagar sobornos a diputados del Congreso que ese año aprobaron la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, la cual permitía a las empresas Tigo, Claro y Movistar, colocar antenas, postes y cableado para transmisión de datos en terrenos públicos o privados.

«Estas transacciones involucraron dinero que el demandado (Valladares sabía o debería haber sabido que era producto de algún tipo de actividad ilícita). Si este asunto llegara a juicio, el Gobierno probaría que al menos parte del dinero de hecho se derivó, entre otras cosas, de un delito contra una nación extranjera, específicamente Guatemala, que involucró el cohecho de un funcionario público, o la apropiación indebida, robo, o malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público», añade el acuerdo de culpabilidad de Valladares Urruela.

Cuatro testigos fueron quienes delataron el esquema utilizado por Acisclo Valladares para recaudar dinero en efectivo proveniente del narcotráfico y de otras actividades corruptas para el pago de sobornos a diputados del Congreso, durante el gobierno del Partido Patriota, ahora extinto.

Al caso se le denominó Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo porque reveló una estructura de funcionarios que supeditaban las funciones del Congreso a las directrices de la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, a cambio de una promesa de dádivas.  Según los testimonios recogidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), cada diputado del Partido Patriota recibía de manera periódica un soborno de 50,000 quetzales pagados por la empresa Tigo.

Las descripciones de los testigos en los documentos del FBI, apuntan a que entre las personas que delataron a Valladares Urruela se encuentran el excandidato presidencial del partido Lider, Manuel Baldizón, quien aportó dinero en efectivo para alimentar el esquema de lavado; el banquero Álvaro Cóbar; un «político corrupto» a quien Valladares ofreció apoyar en su campaña electoral; así como un narcotraficante que también se declaró culpable, pero únicamente identificado como CW2 en los documentos sobre la investigación del FBI.

En la acusación en contra de Valladares Urruela, los fiscales incluyeron fotografías de las mochilas deportivas donde supuestamente el exdirectivo de Tigo trasladaba el dinero en efectivo a la oficina de la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, para después darle el dinero a los diputados que votaron a favor de leyes como la que benefició a Tigo.

En 2019, la Feci, dirigida en ese momento por el fiscal Juan Francisco Sandoval, presentó ocho antejuicios por ese caso; uno contra el entonces ministro Valladares Urruela y el resto contra diputados que en 2014 habían recibido sobornos, supuestamente. Según la acusación, Baldetti coordinaba la entrega del dinero a los legisladores.

Otra de las cuentas pendientes de Valladares Urruela en Guatemala es el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, que también involucra al expresidente de la República Otto Pérez Molina; al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez y al exsecretario privado del presidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos.

Este otro caso fue investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) e involucra a una red de personas con «alto poder político» coordinadas para obtener beneficios producto del cobro de sobornos. Valladares Urruela tiene una orden de captura en Guatemala por lavado de dinero y asociación ilícita, la cual intentó revertir, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la apelación planteada por el exministro.

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