Las más de 200 muertes que El Salvador no investigará
Las más de 200 muertes que El Salvador no investigará
El régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele —recién reelecto en El Salvador— ha dejado más de 200 fallecidos. Estaban en vías de investigación y no habían sido condenados. En junio de 2023, 142 casos fueron archivados con el argumento del fiscal general Rodolfo Delgado que «no hay delito que perseguir».
Eran las 5:30 de la tarde del 13 de febrero de 2023, los hermanos Alfredo y José repartían tortillas como lo hacen durante años. Las reparten en bicicletas para terminar más rápido.
Ese día, cuatro policías los detuvieron, les indicaron que pusieran las manos arriba de sus cabezas, pero antes de cumplir la orden llegaron los golpes y las cachetadas. Pero los golpes no fueron suficientes, les tiraron las tortillas al suelo y les rompieron las bicicletas. La patrulla los llevó a la delegación más cercana y ahí comenzó el calvario para los hermanos.
Por separado los metieron a un cuarto oscuro. «No se miraba nada, solo las voces se escuchaban», recuerda José. Los dejaron en ropa interior y volvieron a golpearlos. Los policías, unos cinco según recuerda, tenían las botas sobre ellos y con un bate presionaban su cuello.
A José, de 14 años, le exigían que confesara los nombres de su pandilla, le mencionaron alias que José desconocía. Al no obtener respuesta arreciaron los golpes. El joven asegura que no tiene ningún apodo, pero los policías se encargaron de inventarle uno y lo perfilaron como pandillero de la 18.
Los golpes no bastaban y también hubo amenazas de muerte. Uno de los policías, como si fuera juez, le aseguró que lo metería 15 años en la cárcel. Que podía matarlo si quería y lanzarlo a un barranco.
Su hermano Alfredo, de 25 años, también fue agredido por los policías. Cuando lo detuvieron le golpearon con un fusil, después, en el mismo cuarto oscuro, se aseguraron de apagar unas cámaras para pegarle y que no quedara evidencia. Otro de los agentes le puso la pistola en la frente.
A José le fracturaron el brazo y Alfredo tuvo heridas en los hombros. Los liberaron después de varias horas de tortura. Las radiografías no mienten, muestran golpes y lesiones.
José y Alfredo fueron liberados el mismo día. La policía no encontró qué delitos imputar. Otros salvadoreños no han tenido la misma suerte de ser liberados una vez son arrestados por la policía. Han sido encarcelados y más de 200 han fallecido sin haber sido condenados.
22 prórrogas para una medida temporal
Han pasado más de 20 meses desde el 27 de marzo de 2022, más de 600 días, desde que El Salvador aprobó el régimen de excepción. Una medida que sería temporal y que se ha prorrogado 22 veces. Hasta el 31 de diciembre de 2023, 220 personas fallecieron en este período, según el registro del Socorro Jurídico Humanitario.
Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, fue de los primeros que murieron. Falleció el 19 de abril de 2022 a solo 16 días de su detención y a menos de un mes de aprobado el régimen de excepción. Fue capturado el 3 de abril, cuando se dirigía a ver un partido de fútbol con un amigo.
Elvin era músico, le gustaba tocar la guitarra y el saxofón. Su caso ha sido uno de los que más conmovió a la sociedad salvadoreña por las irregularidades que lo rodearon. A la familia le entregaron el cuerpo en una caja sellada porque supuestamente había muerto a causa del covid-19, pero no hubo una prueba que confirmara que tuvo esa enfermedad.
El Instituto de Medicina Legal no realizó una autopsia, sólo informaron que falleció por covid-19, pero el hospital registró la causa de muerte como hipertensión y muerte súbita.
El cuerpo de Elvin tenía hematomas. Signos de tortura.
Elvin es de los 27 jóvenes menores de 30 años fallecidos hasta noviembre de 2023. Las autoridades salvadoreñas, como en muchos casos, nunca comprobaron que perteneciera a las pandillas.
Los cuerpos de seguridad del Estado han capturado durante el régimen de excepción, en su mayoría, a personas jóvenes. Siete organizaciones defensoras de derechos humanos atendieron entre marzo de 2022 y septiembre de 2023 a 5,775 personas que se consideran víctimas, más del 50% son menores de 30 años.
Las duras condiciones en las cárceles de El Salvador también provocaron el fallecimiento de personas de la tercera edad, entre ellos Víctor de 72 años.
Eran las 11 de la mañana del 19 de septiembre de 2022, Víctor trabajaba en su milpa, cuando policías, sin mayores argumentos lo arrestaron y lo trasladaron a la delegación del 911 de Sonsonate, departamento ubicado en el occidente de El Salvador. Le imputaron el delito de agrupaciones ilícitas; sin embargo, su familia asegura que nunca estuvo involucrado con estructuras criminales.
Víctor falleció ocho meses después, el 6 de mayo de 2023, en el Hospital Rosales, luego de ser trasladado desde el penal de Quezaltepeque por complicaciones en su salud. Pero la oficina de Centros Penales notificó a la familia hasta el 20 de septiembre, es decir, 137 días después.
«Nos dijeron que había fallecido hacía tres días», dice su sobrina quien omitió su nombre. Sin embargo, cuando fueron a reconocerlo a la morgue les informaron que tenía cuatro meses de fallecido. En Medicina Legal les advirtieron que no abrieran el ataúd, que lo enterraran de inmediato, pero la familia decidió verlo por última vez. «Su piel ya se estaba desprendiendo», dice su familiar.
Víctor falleció por insuficiencia renal, una enfermedad que no tenía antes de ser arrestado. «Es una injusticia, es gente trabajadora, agricultora, a la que andan molestando», agrega la sobrina del fallecido.
Pese a que ya había muerto, desde centros penales le llamaron a la esposa para que fuera a dejar el paquete que cada mes se le debe entregar a los privados de libertad (alimentación, medicamentos, objetos de higiene personal). Le dijeron que necesitaba los productos, pero en esa fecha tenía un mes de haber muerto.
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Por falta de recursos económicos a los dos o tres meses le iban a dejar un paquete: «Debemos rebuscarnos con unos centavos para ver qué le podemos pasar, ellos también necesitan», dice la sobrina del fallecido, quien también tiene a su padre en prisión desde hace más de un año. Teme que tenga el mismo fin que su tío.
Víctor forma parte de la lista de 220 fallecidos que el Socorro Jurídico Humanitario registró hasta el 31 de diciembre de 2023, entre ellos 218 adultos y dos bebés. De los adultos, 206 son hombres y 12 mujeres.
Según registros del Socorro Jurídico Humanitario, 61 fallecieron al interior de una prisión, 138 en un hospital —luego de ser llevados de emergencia desde un centro penal—, ocho murieron en su casa, luego de ser liberados y en 11 casos se desconoce el lugar de su deceso.
La mayoría fallecieron en hospitales. Esto es así porque: «No se saca a nadie de la celda, hasta que está a punto de morir», relató un custodio, quien prefirió no dar su nombre y que trabaja para un penal.
En 91 casos, el Socorro Jurídico Humanitario cataloga los casos como posible homicidio, debido a los rasgos de violencia en su cuerpo, 68 habrían fallecido por falta de atención médica y el resto por otras causas.
Únicamente en 12 casos de los 218 adultos se comprobó que el fallecido era pandillero activo o retirado, el resto eran taxistas, agricultores, molineros, un pastor evangélico, comerciantes, un pescador y un mecánico, entre otras ocupaciones.
Para el Socorro Jurídico sólo el 8% de los fallecidos estaba perfilado como pandillero, el 92% no tenía vinculación a estructuras criminales. Esto lo demuestran los arraigos entregados por sus familiares y las constancias que evidencian que no tenían antecedentes penales.
Autoridades niegan muertes y torturas
«Hay gente que está falleciendo en los centros penales, que padecen hasta cuatro morbilidades y (hay) quienes se niegan a recibir sus tratamientos de quimioterapia», dijo el director de centros penales, Osiris Luna, en octubre de 2022, para justificar las muertes al interior de las cárceles.
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Un mes después, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el 7 de noviembre del 2022, confirmó la existencia de 90 muertos en centros penales, en el marco del régimen de excepción. En ese momento dijo que todas las muertes estaban siendo investigadas por la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal.
En junio de 2023, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó la existencia de 142 casos de fallecidos en el interior de centros penales durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
«142 casos no constituyen delito, de acuerdo con nuestras investigaciones», dijo el fiscal general en una entrevista televisiva en junio de 2023. Aseguró que realizaron pesquisas “técnicamente cada uno de los hechos”. Sin embargo, la fiscalía no publicó ningún documento sobre las investigaciones realizadas, ni las familias de los fallecidos fueron notificados sobre dichas investigaciones.
El comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión, Andres Guzmán, en más de una ocasión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), negó que ocurran muertes y torturas en los centros penales de El Salvador.
En la audiencia de noviembre de 2023, el comisionado presidencial defendió las políticas de seguridad del gobierno y dijo que las oenegés buscan atacar los planes de seguridad del Gobierno porque «son efectivos» y lo hacen con «fines electorales».
Los funcionarios salvadoreños no hablan de muertes violentas, ni de las visibles torturas en los rostros y cuerpos de los fallecidos. Los casos documentados por el Movimiento de las Víctimas del Régimen (Movir) evidencian los golpes, cortes y hasta quebraduras en los cadáveres. Pero los fallecimientos quedan consignados como consecuencia de neumonía, anemia, infarto, insuficiencia renal, hemorragia cerebral, tuberculosis, edema pulmonar, entre otras.
«Pensé en quitarme la vida»
César agacha su mirada y habla bajo. Mueve sus piernas nervioso, pero con mucha convicción en sus palabras. Estar en el penal fue muy triste, dice. Al ingresar lo hincaron en grava, lo desnudaron y lo golpearon con macanas. Al siguiente día no podía ni sentarse. Los malos tratos no fueron solo físicos, también psicológicos, pues les decían que ahí se iban a morir. “¿Qué estoy pagando si no debo nada?”, se preguntaba a sí mismo.
En las celdas no hay energía eléctrica, recuerda. «Las noches son tristes, cada noche era un infierno para mí», dice César; mientras recordaba que en su casa tenía una buena cama y en la prisión debía dormir en el piso. La depresión fue tanta que pensó en quitarse la vida. Muchos lo piensan, otros han intentado cortarse las venas, añade César.
«Me siento manchado, han violentado mis derechos, todo eso el Gobierno no me lo va a reconocer, todo lo que han hecho en mi vida como joven», reflexiona. César estaba entusiasmado porque iría a la universidad, estaba apunto de pagar la matrícula, cuando lo capturaron.
«Es bien crítico todo lo que le han hecho a la sociedad», se lamenta el joven quien asegura que el régimen de excepción le cambió la vida.
Las torturas en las cárceles de El Salvador
- Joven, 23 años: falleció el 18 de abril de 2022. El cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos, llagas en la espalda en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura. El cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado. El Instituto de Medicina Legal determinó que se trató de «muerte súbita».
- Hombre, 30 años: murió a consecuencia de «asfixia mecánica por estrangulación». El cadáver tenía una especie de protuberancia y hematomas, posiblemente perpetrados con un objeto rígido. Pudo ser estrangulado con un palo o macana.
- Mujer, 42 años: falleció en el Hospital San Juan de Dios de Sonsonate. Su cuerpo era irreconocible, bajó 40 libras de peso en las cárceles de «Ilopango» y «Apanteos». Su detención se produjo por denuncia anónima.
Los anteriores son casos que la organización de derechos humanos Cristosal documentó en el informe «Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos». El texto recopila los casos de torturas en los centros penales y quienes han estado ahí lo confirman.
El ambiente al interior de los penales es agobiante, las láminas se calientan demasiado. A partir de las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde el calor es insoportable. Así lo describe Dolores, quien estuvo presa. Las celdas estaban calculadas para 78 personas, pero con el régimen las han saturado hasta con 170.
Los custodios amenazan con echar gas pimienta y cuando las reclusas no se callan, cumplen su amenaza. A las 9 de la noche nadie debe pronunciar ni una palabra, “solo los grillos se deben escuchar”, dice. Si alguien habla o murmura puede ser golpeado por los custodios.
Otro castigo es no permitirles salir a los sanitarios. Les llevan una cubeta para que hagan sus necesidades. Hasta que la cubeta se llena la sacan de la celda, mientras tanto permanece en medio de las casi 200 detenidas que hay en las celdas.
«A algunas mujeres las guindan con esposas en una tela ciclón que tienen, ahí las tienen día y noche, a otras las llevan al calabozo», un lugar de castigo.
Sicariato y fosas en Mariona
Según el informe de Cristosal, quienes estuvieron en Mariona, Izalco y Quezaltepeque aseguran que hay ejecuciones al interior de las cárceles, «pero nadie habla de ello porque tienen miedo; en algunos casos se presume que son sicarios, pero también se afirma que muchos mueren a consecuencia de las palizas, golpes y choques eléctricos que les causan los custodios», cita una parte del documento.
Una fuente consultada por YSUCA da cuenta de eso. «Los sicariatos internos tienen que ver mucho con arreglos de cuentas». «Hay gente que está pagada ahí para matar y para golpear». A muchos de los asesinados ya no los encuentran. Ha habido de entre 8 y 10 personas a las que no han podido encontrar en ese penal, «ya no están, nadie da paradero de ellos, en ningún centro penal y los familiares los buscan».
Los pandilleros de la MS tienen una estructura en cada celda. Ellos torturan y matan a cambio de beneficios. Es parte de la negociación del gobierno con las pandillas, sostiene. Esa negociación está provocando violaciones de todo tipo en la cárceles, incluyendo la violación sexual, según los testimonios.
Muchos de los cuerpos de personas asesinadas al interior de las cárceles estarían siendo enterradas en fosas hechas en los pisos de las mismas celdas. Los reos tienen conocimiento de por lo menos tres fosas. Hay períodos en los que se desocupan las celdas y luego vuelven a ser habilitadas. Al regresar a las mismas celdas se observan readecuaciones en el piso con cemento.
El Socorro Jurídico Humanitario documentó casos en los que los cuerpos fueron entregados a los familiares en ataúdes sellados. En ocasiones la familia optó por abrir los ataúdes y observaron que los cuerpos tenían señales de tortura.
Los familiares de algunos detenidos son amenazados si hablan al respecto. Incluso tienen sus números de teléfono vigilados para saber con quienes se comunican. Esta vigilancia fue confirmada por otra persona que recientemente quedó en libertad. No puede hablar sobre su caso a profundidad, teme represalias.
El régimen, recién nacidos y menores de edad
Dolores atestiguó cómo algunas mujeres embarazadas perdieron a sus bebés estando en prisión “debido a los golpes y las rociadas de gas”, expresó. Otras mujeres no soportaron la presión a las que son sometidas en el penal y pararon en el hospital psiquiátrico.
Otras, en solo meses desarrollaron insuficiencia renal y taquicardias; también hubo quienes perdieron el conocimiento. Las madres, sobre todo, lloran al recordar a sus hijos, explica Dolores. Mientras narra la historia, sus ojos se llenan de lágrimas y un nudo en la garganta no la deja continuar el relato.
El Socorro Jurídico Humanitario tiene entre sus registros dos casos de bebés que nacieron en la cárcel y fallecieron luego de ser entregados a sus familiares. Los medios de comunicación de El Salvador documentaron los casos. Un bebé de cinco meses de nacido en el penal de Izalco, Sonsonate y Génesis, una niña de 17 meses, quien estuvo presa junto a su madre en el penal de Apanteos, Santa Ana.
La causa de muerte fue insuficiencia renal, insuficiencia hepática y neumonía, en el caso del bebé de cinco meses y bronconeumonía en la de 17.
El parlamento salvadoreño aprobó en agosto de 2021 la Ley Nacer con Cariño. La normativa propone un «nuevo modelo de atención que toma en cuenta las necesidades de cada mujer, desde la preconcepción hasta el nacimiento de su bebé. Heredamos un sistema deficiente y nuestra sociedad normalizó los maltratos (…) se ha marcado una ruta para un mejor futuro para la niñez», manifestó la diputada del partido Nuevas Ideas, Suecy Callejas, el día que la ley fue aprobada. Pero ni la diputada Callejas ni otros funcionarios se pronunciaron por los casos de niños fallecidos por haber estado en la prisión junto a sus madres.
Un médico confirmó a YSUCA la existencia de casos de mujeres embarazadas arrestadas en el régimen que han dado a luz en los centros penales. Otras son llevadas al hospital y regresan con sus bebés al penal de Izalco. Esta condición genera estrés en las madres, que es adquirido por los recién nacidos, señala el médico psiquiatra. «Pero, ¿quién responderá por la salud de estos niños? ¿Qué pasa con la Ley Nacer con Cariño?», cuestiona el médico.
Agrega que el Estado es responsable de tutelar los derechos de los recién nacidos en los penales, menores de edad que no han cometido ningún delito. «El Estado debería hacer públicas las condiciones en las que están las madres y sus hijos que a raíz del régimen de excepción están recluidos en los centros penales». «Qué va a ser de estos niños, quién responde por ellos (...) esto es el negativo de nacer con cariño. ¿Qué tiene por decir la primera dama al respecto? ¿Estas mujeres no son salvadoreñas, no tienen derechos, la ley es válida para todos menos para ellas?», cuestionó el médico.
Negocios en el régimen de excepción
En medio del dolor que provoca el régimen de excepción a las familias de los detenidos, debido a la falta de información sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encuentran en el centro penal donde están recluidos, se suma la especie de extorsión a la que son sometidos. Solo pueden saber sobre la condición de su familiar, quienes pueden pagar una cantidad de dinero. Es más, les pueden cambiar el expediente, por un costo mayor.
Se trata de una red que involucra a funcionarios del gobierno. Cobra 1,500 dólares a familiares de reos por permitir ver a los presos del régimen durante dos horas. En otros casos, piden hasta 2,000 dólares «por modificar las actas policiales y los informes ingresados al sistema informático de la Dirección General de Centros Penales (DGCP)» y retirar cualquier vinculación entre los detenidos y las pandillas.
«Arreglar» los expedientes de un detenido puede costar entre 5,000 y 7,000 dólares. Estos casos los documentó el medio digital Infobae.
Radio YSUCA conversó con una persona que pagó 35,000 dólares para salir por un día de la cárcel y visitar a su familia. Fueron detenidos por otros delitos y no forman parte de los arrestados durante el régimen, pero son víctimas de la misma red que opera en los penales.
Los detenidos y sus derechos
El artículo 11 de la Constitución de la República de El Salvador otorga el derecho a toda persona al hábeas corpus «cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad». El hábeas corpus también procede cuando «una autoridad competente atente contra la dignidad e integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas».
Sin embargo, en El Salvador, de 900 hábeas corpus interpuestos por el Socorro Jurídico Humanitario ninguno favoreció al detenido. «Declárese improcedente la petición de hábeas corpus», «debe declararse improcedente su petición», esas son las respuestas en la mayoría de las solicitudes. En escasas peticiones la Sala de lo Constitucional hizo prevenciones y en ningún caso resolvieron a favor del ciudadano.
Según registros de la organización Cristosal los hábeas corpus aumentaron desde que se aprobó el régimen de excepción. En 2018 y 2019 la Sala de lo Constitucional recibió 464 y 519 hábeas corpus, respectivamente. En 2022 aumentaron a 3,396 y en 2023 cuando el año aún no finaliza, se registran 2,694.
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, la Sala de lo Constitucional había recibido 5,198 hábeas corpus, de los cuales ninguno había sido resuelto de manera favorable y, apenas, cinco habían sido admitidos.
Para Cristosal «la ineficacia o la ausencia de respuestas a estos procesos constitucionales minan los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia judicial».
Cooptar el órgano judicial en El Salvador implicó la «pérdida de independencia judicial, impunidad, violación de derechos humanos y desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia».
Régimen aumentó hacinamiento en las cárceles
Estas detenciones bajo el régimen de excepción ocurren cuando las organizaciones de derechos humanos registran un hacinamiento del 236.57%. Si se usara la capacidad maxima del nuevo Centro Contra el Terrorismo (Cecot), el hacinamiento aún sería del 144.87%.
El Cecot alberga en la actualidad a 12,500 privados de libertad y fue construido para 40,000, lo que significa que la cifra de reos podría aumentar.
El 6 de diciembre de 2021 el director de Centros Penales escribió en sus redes sociales que en ese año se tenía prevista la reducción del hacinamiento carcelario del 350% al 7% en el penal de Mariona; sin embargo, con los detenidos en el régimen de excepción que rondan los 100,000, el hacinamiento en todas las cárceles ha aumentado.
Con ello El Salvador es el país con la tasa más alta de personas privadas de libertad con 1,620 personas presas por cada 100,000 habitantes.
Para Verónica Reyna, directora del servicio Social Pasionista (SPASS), es preocupante que haya tantas personas en las cárceles, pues parece que hay una aceptación de dejar morir a las personas en prisión.
Al inicio del régimen los capturados pasaban hasta 15 días detenidos, pues se amplió el plazo de 72 horas de detención administrativa, estipulado en el artículo 13 de la Constitución de la República.
En cuanto a la privación de libertad, el inciso segundo del artículo 8 del Código Procesal salvadoreño señala: «La privación de libertad podrá extenderse mediante resolución fundada por doce meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria». En agosto de 2022 una reforma al código estableció: «No será aplicable el máximo previsto en el inciso segundo del presente artículo, estando su duración supeditada a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme».
Según datos de la Corte Suprema de Justicia, las más de 44,000 personas que estaban presas a esa fecha estarían en prisión preventiva de manera indefinida.
Muchos llevan más de un año detenidos sin que la Fiscalía General de la República haya podido probar su culpabilidad. Mientras eso pasa, más de 200 han muerto sin haber sido condenados.
Las más de 200 muertes documentadas por las organizaciones salvadoreñas no serán investigadas. Así lo decidió el fiscal general Rodolfo Delgado, al asegurar que los casos se han archivado porque no encontraron delito que perseguir.
En 22 meses del régimen de excepción, la mayoría de fallecidos estaba en fase de investigación, no habían sido condenados. Algunos tenían carta de libertad, pero la Dirección de Centros Penales les negó la salida, pese a tener el aval de un juez para quedar libres. Murieron bajo custodia del Estado.
El 22 de diciembre de 2022 el Socorro Jurídico Humanitario informó que dos salvadoreños: Juan de Jesús Orellana y Luis Rodríguez fallecieron en prisión. Ambos tenían carta de libertad. Un juez había decidido que siguieran su proceso judicial fuera de la cárcel, pero autoridades de Centros Penales no acataron la orden judicial.
El régimen de Bukele continúa provocando muertes. Un promedio de 10 salvadoreños cada mes han fallecido estando en prisión en los 21 meses del régimen de excepción.
Los hermanos José y Alfredo que se salvaron de la cárcel intentan olvidar la golpiza que recibieron en una delegación a manos de policías. «No podía caminar, mi mamá me sacó con mi otro hermano agarrado (...) sentía que me habían destrozado el hueso. Pujaba dentro de la comandancia y ellos más golpeaban (...) sentí la muerte».
César, estando en prisión, pensó en quitarse la vida. «Caía en depresión, cada noche era un infierno para mí», y recuerda el camarote sin colchón donde aguantó frío. Lo recuerda como una pesadilla.
Víctor no volverá a cultivar su milpa y Elvin no volvió a tocar el saxofón.
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Este es un reportaje colaborativo entre Radio Progreso (Honduras) y Radio YSUCA (El Salvador) con apoyo de Plaza Pública (Guatemala). Miembros de la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (CCAM).
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