En 2013, el juicio por genocidio ofreció el escenario para que los acusados procuraran el apoyo de la élite empresarial guatemalteca. Como sabemos, fue la Corte de Constitucionalidad la que descarriló un proceso judicial histórico, pero los engranajes del poder se activaron gracias al temor construido en momentos clave en actores específicos. La amenaza de juzgar a empresarios por su participación en actos de genocidio o el riesgo de una reforma agraria fueron implantados en quienes reaccionaron de forma aparentemente granítica.
No se trata solamente del racismo, el anticomunismo y la ideología neopentecostal articulados. El miedo se construye también a partir de mitos que florecen en mentes poco educadas, pero controladoras de riqueza y poder. De esa cuenta es viable preguntarnos: ¿cómo han conseguido los golpistas mantener apoyo económico después de que Bernardo Arévalo asumió como presidente? ¿Quiénes pueden estar financiando a grupos que claramente han fracasado una y otra vez desde junio de 2023?
Sin duda algunos actores, como la Fiscal General y sus adláteres, están implicados en lo personal y están conscientes de las posibles consecuencias de sus actos. No dudo tampoco que haya cuadros con un plan de fuga y la claridad de que ya no tienen el control que mostraban con arrogancia hace unas semanas, cuando aseguraban que no habría toma de posesión. Pero en este momento no me interesan los y las golpistas en la Fiscalía o en la Corte de Constitucionalidad. Esas personas tienen razones para experimentar temor, en palabras llanas: miedo a perder poder, prestigio, bienes y libertad; miedo a que sus familias también sufran las consecuencias de sus actos.
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En este caso me interesa preguntar de qué manera los vividores del miedo, quienes operan visiblemente o en las redes, han conseguido mantener un flujo de recursos para operar, porque claramente las acciones golpistas requieren financiamiento. Esos vividores, en mi opinión, saben que han perdido demasiadas batallas y saben también que posiblemente fracasarán nuevamente, una y otra vez. Sin embargo, siguen operando y eso significa que han encontrado sectores dispuestos a pagar por protección. Algo muy similar a lo que haría el mafioso del barrio o un criminal con autoridad: mostrar un riesgo inminente, ofrecerse como protector o destructor de la amenaza y cobrar por el servicio.
¿Qué sectores pueden financiar a los vividores del miedo? Es una pregunta que no puedo responder, pero conjeturo que entre quienes pagan están personas que se enriquecieron ilícitamente en los gobiernos anteriores, grupos que se beneficiaron de privilegios fiscales como los narcoganaderos, narcopalmeros y otros sectores que temen que se construya un Estado que ordene el uso del territorio, el agua, que cobre impuestos de forma justa y un largo etcétera. No creo que haya gente suficientemente estúpida para creer que el Gobierno de Arévalo impulsará una reforma agraria, pero en Guatemala solo se necesita que la ley se aplique parejo para que la élite depredadora reaccione en defensa de privilegios históricos que ellos y ellas seguramente contemplan como derechos.
Los vividores del miedo siguen operando porque todavía se mueven a sus anchas en el MP y en ciertos juzgados, promueven antejuicios y procesos judiciales espurios para perseguir a quienes han construido como el enemigo de sus financistas. Ojalá entre las élites haya gente con algo de sensatez para comprender que mantener a esos vividores no les ha resultado útil, porque fueron precisamente esas personas las que articularon la exclusión de candidaturas e indirectamente volcaron un caudal electoral insatisfecho hacia el proyecto de Semilla. Eso se los agradezco, y espero que sigan cometiendo errores similares mientras haya burros con pisto que los continúen manteniendo.
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