Según la CEPAL, el pacto fiscal es un acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social. Este esfuerzo marcó el diseño de muchas reformas fiscales recientes en Centroamérica y el resto del continente. Y Guatemala no ha sido la excepción.
Pero esto es como la impunidad. Es posible tener leyes vigentes, pero al no sancionar su violación, no sólo no son efectivas, sino que de alguna forma se abre la posibilidad que al hacer lo contrario a lo que dicen, no pase nada. La impunidad (violación no sancionada) al sobreestimar el presupuesto, descontrolar la deuda pública o violar los procedimientos legales, es actuar en contra del Pacto Fiscal, y con ello, alejada de una gestión responsable de las finanzas públicas.
Por ejemplo, en días anteriores las autoridades confirmaron que la recaudación tributaria en marzo quedó significativamente por debajo de la meta (una deficiencia de más de Q 600 millones, alrededor de 16% de la meta de marzo). ¿Qué pasó? Muchos ya especulan que se trata del fracaso de la reforma aprobada en 2012. Sin embargo, los datos muestran que al primer trimestre la recaudación del ISR creció 5.1%, dentro del cual la recaudación de los regímenes para empresas crecieron 4.8%, y los de personas naturales crecieron 21.9%, ambos respecto al primer trimestre del año pasado.
Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, una cosa es que la recaudación esté creciendo respecto a lo captado el año pasado, y otra cosa que, aún con este crecimiento, lo que se está recaudando no alcanza las metas establecidas, pero sobre todo, deja desfinanciado el gasto presupuestado. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la recaudación o de las metas? ¿Y cómo pudo haber pasado esto, que la recaudación crezca y la reforma está funcionando, pero no alcanza a financiar el gasto? Bueno, porque las metas y el gasto presupuestado están sobreestimados.
¿Y cómo se pudieron sobreestimar? ¿Quién y cuándo lo hizo? Quizá el factor principal de la crisis fiscal de este 2014 se desprende de la ampliación presupuestaria que el Ejecutivo logró que el Congreso aprobara en febrero, en la que se amplió el gasto, indicando que la fuente de financiamiento serían… ingresos tributarios adicionales. Una clara irresponsabilidad, dado que no se han tomado medidas para incrementar la recaudación. Se pudo haber discutido la legitimidad de elevar el presupuesto de gasto… pero fue irresponsable legislar que este gasto se iba a financiar con recaudación adicional de impuestos, que técnicamente se sabía que era imposible.
Y puesto que reducir el gasto es más fácil decirlo que hacerlo (especialmente porque rubros como sueldos y salarios o el servicio de la deuda pública son obligaciones legales ineludibles), con un boquete en el presupuesto de ingresos, tocará recurrir, de nuevo, a la deuda pública. Y allí, el Gobierno está en problemas, porque fue arrogante al colocar bonos del Tesoro sin pedirle autorización al Congreso… ¿Con qué solvencia se acercará de rodillas a suplicar ayuda a quien antes escupió al rostro?
Urge convocar a nueva comisión del Pacto Fiscal, que además de proponer, goce del reconocimiento y autoridad en materia de fiscalidad pública. Naturalmente, no se trata de reemplazar al Gobierno, pero sí necesitamos una voz con autoridad, respaldo y credibilidad suficiente y reconocida para evitar el colapso financiero de este Gobierno.
Urge retomar el esfuerzo ciudadano por cumplir el Pacto Fiscal.
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