Para poder gobernar se necesita, por lo menos, si no una relación armoniosa, por lo menos funcional y legítima entre los tres poderes del Estado. Durante enero se realizaron esfuerzos importantes por lograr una relación eficaz mínima entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la conformación de una alianza multipartidaria. Al principio, el convenio funcionó relativamente bien; sin embargo, de manera inevitable y natural, algunos de sus miembros han priorizado sus intereses individuales. Esto ha llevado a que, en caso de no ser atendidos o satisfechos, decidan ya sea permanecer en el acuerdo o retirarse.
Esta es una situación muy difícil y compleja, por la interacción de incentivos y motivaciones de todo tipo. En los últimos gobiernos el factor más importante para mantener unidas estas alianzas era la corrupción, los contratos amañados, plazas fantasmas y otras dádivas y pagos ilegales. En la medida que el gobierno del Presidente Arévalo quiera mantener y honrar su promesa de oponerse a la corrupción, debe lograr jugar el juego de la negociación parlamentaria con incentivos distintos, legítimos y honestos. Pero ¿cómo competir con la magnitud del incentivo de los enormes caudales de dinero y recursos que generan la corrupción y el crimen organizado? Gran desafío.
El presidente Arévalo y el partido Movimiento Semilla están obligados, entonces, a operar políticamente con mucha pericia y prudencia, saber transitar por los intrincados laberintos de la negociación parlamentaria sin incurrir en las prácticas corruptas que todos exigimos que cesen. Esto es muy difícil lograrlo, y en la medida que los cuadros de Semilla demuestren desconocimiento, inexperiencia, arrogancia e inmadurez para estas tareas, las cosas solo se tornan más difíciles y complicadas.
El intento fallido ocurrido la semana pasada de lograr la ratificación por parte del Congreso del estado de calamidad decretado por el presidente Arévalo es un indicador, una advertencia muy seria de cómo están hoy las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo. La principal razón por la que las cosas no salieran bien, sin duda, es la oposición sistemática de las y los diputados que continúan obedeciendo las directrices del Pacto de Corruptos.
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Sin embargo, y posiblemente mucho más importante que esta razón obvia, es que fuerzas aliadas al oficialismo señalaron errores de forma y fondo en la propuesta del Ejecutivo. Primero, y sin duda la más grave, es que la propuesta de decreto no contenía normas para garantizar la transparencia y probidad en el uso de los recursos, un error garrafal, ante la sucesión de estados de calamidad decretados por Giammattei que solo sirvieron para abuso y corrupción. Y luego, que la Secretaría General de la Presidencia no publicó en el Diario Oficial el decreto, como está estipulado en la normativa vigente.
Estos errores, más propios de novatos y principiantes en el difícil arte de gobernar, podrían haberse corregido con el apoyo de los aliados, por lo que el problema principal es la oposición del pacto de corruptos. Pero, es una llamada de atención para el presidente Arévalo, porque esos errores evidencian que su equipo posiblemente no esté aún a la altura del desafío de operar políticamente en el Congreso actual.
La agenda legislativa de interés del Ejecutivo es larga y compleja. De interés fiscal, destacan la ampliación presupuestaria que aún no llega al Congreso; y en septiembre, el proyecto de presupuesto para 2025.
Este llamado de atención es serio, porque la realidad es que Arévalo no puede gobernar sin el Congreso. El gran desafío es encontrar la forma de operar políticamente, sin volver a caer en sobornar a diputados a cambio de cuotas de gobernabilidad.
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