De acuerdo con los informes sobre violaciones a derechos humanos, más de 50 mil personas fueron detenidas desaparecidas y sus familias no han tenido noticias de su paradero, en muchos casos, desde hace medio siglo.
La práctica de la desaparición forzada, que se inicia con la detención legal de las personas por parte de agentes del Estado o grupos vinculados a éste, ha sido señalada como una de las más crueles expresiones de la acción represiva del aparato estatal. La ausencia continuada que representa para la familia el no tener noticias del paradero de sus seres queridos, ha sido considerada un acto de tortura.
Por desgracia y pese a que Guatemala es suscriptora de convenios internacionales relativos a la eliminación de la tortura, al combate a la desaparición forzada y, en general, a la protección y defensa de los derechos humanos, poco o casi nada se avanza en suprimir esta práctica deleznable y en resarcir el dolor inflingido por la misma.
La ley encaminada a desarrollar los mecanismos para la instalación de un ente responsable desde el Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, duerme el sueño de los justos en un Congreso de la República más preocupado de la reelección y la instalación del clientelismo que de promulgar normas encaminadas a solventar los grandes problemas y las enormes tragedias que vive Guatemala. Al no existir estas normas, tampoco se ha dado avance a procesos encaminados a investigar a los grupos y estructuras comprometidos con esta actividad criminal. Menos todavía, depurar a las entidades del Estado que hubieran estado ligadas a esta política.
La inacción en esta línea ha significado que la tragedia continúa y se repite. En los años recientes, de acuerdo con registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), se han registrado más de dos mil desapariciones forzadas. Es decir, a las familias que ya sufrían la ausencia de un familiar, ahora se unen otras dos mil o más que carecen de información acerca del paradero de sus seres queridos.
La miopía política de las y los congresistas que se niegan a emitir la legislación necesaria para dotar de los recursos legales e institucionales que faciliten la búsqueda de personas desaparecidas es un valladar más para quienes han perdido a un pariente en los últimos años. No solo se trata de familias cuyos miembros pudieron estar relacionados con la izquierda o el movimiento social y popular que fueron perseguidos durante el conflicto armado interno. Se trata también de familias con personas comunes y corrientes o, también líderes sociales que han desaparecido sin que se tenga noticia de ellos.
Con esta situación, ahora alimentada por la indolencia parlamentaria, se acrecienta el drama que representa la ausencia inesperada y definitiva de un ser querido. Se acrecienta la agonía de caminar y deambular por hospitales, morgues y centros de detención sin obtener respuesta alguna. Se acrecienta el dolor profundo de ver pasar los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, sin que nadie tenga el valor de informar a dónde los llevaron.
Tiempo es ya de que el dolor y la agonía de las familias, tengan la oportunidad de cerrar sanamente con la certeza del destino de sus seres queridos, la identificación de los responsables de su tragedia y, sobre todo, el juzgamiento y sentencia procesal a quienes concibieron, ordenaron, toleraron o ejecutaron esta acción deleznable y carente del mínimo sentido de humanidad.
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