En campaña y durante los primeros meses, mantuvieron el antifaz. Entonces, como cantos de sirena, las declaraciones del PP y la rosca dirigente, adormecieron conciencias, incluso en la raquítica izquierda chapina. Sedujeron o hipnotizaron recodos de la comunidad internacional y cooptaron o promovieron la exfiltración de sus peones en el movimiento social.
Sin embargo, como bien dicen las abuelitas, “gallina que come maíz...”. De manera que, con una composición genética de ultraderecha fascista profundamente arraigada, el PP no podía pasar de zope a gavilán y mucho menos, dejar de ser lo que su naturaleza le marca: un partido que ejerce, bajo el liderazgo de sus principales figuras, un gobierno que camina, mejor dicho, corre, hacia la tiranía.
Poco a poco las uñas dejaron de ser tales para transformarse en filosas garras de control social; al tiempo que las sonrisas de figurín pasaron a mostrar los afilados colmillos de la corrupción voraz, desmedida y carente de la mínima vergüenza. Ya ni siquiera sienten la necesidad de guardar las formas y van con todo, contra todo y casi contra todos.
En el período y −salvo honrosas excepciones−, en medio de un casi total silencio mediático se utilizó la maquinaria estatal para perseguir y criminalizar (demandar judicialmente y llevar a prisión), a varias decenas de líderes comunitarios que defienden el territorio de la irracional e insaciable ambición de las empresas extractivas. Amén de que el Ejecutivo no movió un dedo para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, de los ataques sostenidos desde grupos neo fascistas, conformados para procurar impunidad por delitos de lesa humanidad.
Más bien, el despliegue estatal de las fuerzas de seguridad, fue desarrollado para tener dominio territorial de la sociedad y los movimientos locales −tal el caso de Nebaj ahora en crisis electoral. Los estados de excepción fueron la regla, como vía de control de las comunidades y como mecanismo para desalentar las acciones de resistencia a la imposición del modelo extractivo.
La seguridad ciudadana entonces, más que estar garantizada, se convirtió en un pretexto para militarizar el país, ampliar la influencia política del estamento militar y gobernar con los pies entre las botas antes que con la cabeza. De esa cuenta, paso a paso, se fue cerrando el remedo de libertad disponible, hasta que la máscara se levantó por completo.
Al final del año concluido, la segunda del gobierno, la vicepresidenta Roxana Baldetti, a su mejor estilo autoritario, tuerce el propósito de la Ley contra Femicidio, llamada a ser un instrumento de protección contra la violencia, para solventar sus diferencias con el presidente del diario elPeriódico, José Rubén Zamora. Previamente, aunque solo se conoció más de un mes después, el propio presidente Otto Pérez Molina había enderezado una acción judicial de arraigo en el país, contra el mismo periodista.
Mientras Baldetti argumentó desequilibrios mentales provocados por lo que consideró insultos proferidos por Zamora, Pérez señaló al juez que los escritos del periodista encajaban en la figura de sedición y traición a la patria, contemplados en el Código Militar, que impone por el mismo la pena de muerte.
Si contra la columnista Francisca Gómez se intenta imponer una mordaza de cemento por parte de una empresa extractiva, contra la sociedad en general, se cierne la amenaza de persecución contra toda voz crítica del accionar gubernamental.
De prosperar judicialmente las acciones de Baldetti y Pérez Molina, las bayonetas y no las plumas, serán las herramientas con que se escriba la historia. De esta sociedad depende tolerar la implantación de una dictadura o expresar organizadamente su rechazo a la tiranía.
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