Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
Se refuerza el Estado policía contra la población migrante
Ir

Se refuerza el Estado policía contra la población migrante

redes sidebar
Tipo de Nota: 
Opinión
27 11 15

Read time: 5 mins

En México, el 4 y el 5 de noviembre fui invitada a la conferencia internacional La Política Migratoria Mexicana hacia Centroamérica, organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef), todos centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México.

Allí presenté una ponencia sobre acceso a la justicia para las personas migrantes. En esta me referí a que la población sufre de inacceso a la justicia desde el mismo momento en que decide migrar, ya que no se le garantizan los derechos humanos de acceso al trabajo, mejores ingresos, salud, educación y seguridad, entre otros. Luego, durante el tránsito, sus derechos también son violentados con múltiples vejámenes contra sus cuerpos, su libertad y su dignidad humana.

Si hablamos de acceso a la justicia, sobre todo en los países centroamericanos, sigue primando el estado de impunidad, pues, aunque el derecho penal debería ser uno de los últimos eslabones en la aplicación de justicia, en nuestro caso se constituye en el primero. Por ello existe, en principio, una sobresaturación en el sistema carcelario. Y las causas de delito que implican largos períodos de encarcelamiento no son necesariamente las que deberían tener una mayor penalización. Las cárceles están llenas de gente descalza. Pero existe otro problema: que, aun siendo lo penal lo más privilegiado, este es también ineficaz, ya que hasta hace pocos años el 98 % de los casos denunciados no llegaban a resolución judicial, y menos a condena. Actualmente se puede hablar de que existen algunos avances en cuanto a las funciones investigativas del Ministerio Público y al acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Estas consideraciones sirven de marco para confirmar el rol cómplice del Organismo Legislativo en el fortalecimiento de un Estado policía al aprobar leyes incongruentes y poco efectivas para garantizar los derechos de las personas y el bien común, establecidos en nuestra carta magna. El actual Congreso de la República acaba de aprobar una ley conocida como anticoyotaje, que tipifica como delito el tráfico de personas indocumentadas y la penalización con años de cárcel por realizar esta actividad. No sabemos si esta eficiencia aquí marcada por los señores diputados se debe a su propia iniciativa, si se debe más bien a que les han torcido el brazo para cumplir con una externalización de la frontera de Estados Unidos a nuestros países o si ellos simplemente le están poniendo la alfombra roja a la Embajada para no ser producto de su escrutinio.

El caso es que los diputados aprobaron estas reformas sobre una Ley de Migraciones (95-98), que data de 1998 y que es ya obsoleta y caduca para regular un fenómeno social en el cual uno de los principales lastres es la violación de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo de quienes son reconocidos como trabajadores migrantes, derechos reconocidos por el Estado de Guatemala cuando este firmó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Incluso bajo esta ley, su órgano rector, la Dirección General de Migraciones, estuvo intervenida por más de una década, con lo cual existió un manejo discrecional, poco profesional y corrupto de la documentación de extranjeros y connacionales.

Se han hecho propuestas de iniciativas construidas con la sociedad civil en torno a una nueva ley de migraciones. Inicialmente, una importante fue presentada en 2009, la 41-26, que luego de un amplio consenso fue engavetada. Posteriormente, el presidente de la Comisión del Migrante, el diputado Jean Paul Briere, quien hoy defiende la Ley contra el Coyotaje, fue también impulsor hace apenas unos meses del Código Migratorio, que contó con apoyo internacional, recogió los aportes de la sociedad civil y sigue durmiendo el sueño de los justos.

Cuando se dio la llamada crisis humanitaria de la niñez migrante, los aparatos de justicia y el Organismo Legislativo se pusieron a trabajar. La primera idea surgida fue penalizar a los padres que permitían la migración de sus hijos. La segunda, penalizar a los llamados coyotes. La sociedad civil les salió al paso a estas propuestas y elaboró en consenso otra iniciativa de ley de protección a la niñez y adolescencia migrante no acompañada. Esta propuesta tampoco fue movilizada para su aprobación.

Por último, sigue pendiente que en muchas otras iniciativas legislativas se establezca un marco legal mínimo, pero con enfoque de derechos humanos, para hacer que este Estado responda a su responsabilidad frente a la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Otra de ellas son las modificaciones a la Ley de Conamigua. De igual manera se demanda la elección de una nueva secretaria y de un nuevo subsecretario de esta entidad, ya que las actuales autoridades están en sus cargos desde diciembre de 2010, a pesar de que la ley los mandata para tres años iniciales y no tenemos conocimiento de que el Congreso de la República haya renovado su designación.

El Estado como tal sigue sin tener una política pública sobre el tema, una institución acorde a la realidad migratoria y una atención consular que resguarde a las personas migrantes. Sin embargo, frente a todo este déficit, a los señores diputados solo se les ocurrió penalizar a un actor, a los coyotes (cuyos diferentes perfiles están en cuestión), dentro de muchos otros, mucho más letales y perversos, que violan los derechos de la población más vulnerable. Ustedes, señores legisladores, legislan para seguir construyendo un Estado policía para los problemas sociales y poco se preocupan por establecer un Estado de bienestar.

Autor

NOTA:
Las opiniones expresadas en este artículo sonresponsabilidad exclusiva del autor. Plaza Pública ofrece este espacio como una contribución al debate inteligente y sosegado de los asuntos que nos afectan como sociedad. La publicación de un artículo no supone que el medio valide una argumentación o una opinión como cierta, ni que ratifique sus premisas de partida, las teorías en las que se apoya, o la verdad de las conclusiones. De acuerdo con la intención de favorecer el debate y el entendimiento de nuestra sociedad, ningún artículo que satisfaga esas especificaciones será descartado por su contenido ideológico. Plaza Pública no acepta columnas que hagan apología de la violencia o discriminen por motivos de raza, sexo o religión
Autor
a
a
Plaza en 1 minuto (más o menos)
Si nos conoces pensarás que la síntesis no es nuestro fuerte
pero nos esforzamos por mandarte un resumen semanal. Casi siempre.