Salarios bajo mínimos

El modelo de fijación de salarios ha sido una constante en la discusión de las temáticas económicas y laborales.  Desde hace unos años, las posiciones se han establecido en los extremos de quienes defienden el modelo de fijación actual, y el de aquellos que preconizan el fijar el salario con base a la productividad de los trabajadores. De hecho, en las labores agrícolas, el sistema parece haberse fijado en un punto medio: en algunas industrias agrícolas, el pago del salario mínimo se estaría condicionando al cumplimiento de metas mínimas, esto es, racimos cortados de palma africana o banano, quintales recogidos de café, etc.

El Código del Trabajo de Guatemala establece la obligatoriedad de fijar un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de los trabajadores y les permita cumplir con sus obligaciones. Determina también un procedimiento para su fijación, que como el lector podrá recordar,  no siempre ha resultado en conseguir acuerdos entre empleadores y trabajadores, dejando al Presidente de la República la responsabilidad final de fijar los salarios.

El pasado mes de octubre, el Gobierno de Guatemala, los sindicatos y el sector empresarial suscribieron un acuerdo para implementar un Programa Nacional de Trabajo Decente, el cual incluye como uno de sus componentes, el compromiso para definir una estrategia para la fijación del salario mínimo. Este acuerdo abre la puerta a la posibilidad de definir acuerdos multianuales o buscar otras alternativas, que inclusive pueden alcanzar a la posibilidad de establecer salarios diferenciados por zonas económicas, una de las últimas fórmulas, por cierto controversiales, que el Ministerio de Economía de Guatemala está promoviendo en su política de empleo.

Sin embargo, la fijación del salario mínimo es apenas la punta del iceberg.  El verdadero conjunto del problema viene dado por el incumplimiento generalizado del pago del salario mínimo, y la falta de capacidad de la institucionalidad, en este caso la Inspección General del Trabajo, para hacer cumplir la ley.  

Las cifras de la ENEI 2012, señalan que el salario promedio para las actividades agrícolas es de Q. 746, siendo este el caso del sector de menores ingresos.  Al nivel nacional, los asalariados perciben un salario promedio de Q. 1,879, y los trabajadores independientes Q. 1,586. Un estudio de ASIES  en materia de empleo,  presentado en septiembre de este año, señala que en el caso de los trabajadores agrícolas temporales, un 70% no alcanzaba un promedio de 1,000 quetzales al mes; mientras en los asalariados, un 66% no percibía el salario mínimo. Igualmente, este es el caso de un 85% de los trabajadores por cuenta propia. 

Esta realidad de ingresos precarios es el reflejo del fracaso de un modelo fundamentado en el diálogo social, que no logra alcanzar consensos y que se complica a niveles dramáticos por la falta de capacidad para hacer cumplir la ley, al extremo que cabe preguntarse, si algo cambiaría en el día a día de los  trabajadores, si el salario mínimo no fuera incrementado este año…