Las transferencias monetarias condicionadas son una de las herramientas más exitosas del continente para el objetivo, pero el pago de salarios dignos y seguridad social, que compete especialmente al sector privado, es el otro riel de esta locomotora que en Guatemala todavía marcha desesperadamente lento.
En Plaza Pública queremos fiscalizar tanto la ejecución del gasto público, la relación entre financistas y políticos o la economía política, tres de los pilares del desarrollo o del subdesarrollo, tradicionalmente observados por los periódicos en las democracias. Pero hay otro pilar que hemos incluido en nuestra línea editorial: la responsabilidad empresarial en romper o perpetuar este círculo de la pobreza y la injusticia.
Por esto hemos publicado dos reportajes extensos este año sobre industrias agrícolas en el país, industrias que son de las principales proveedoras de empleo para los guatemaltecos y que pueden aliviar la extrema pobreza o incluso la pobreza. Se trata del azúcar y de la palma africana, aunque bien puede tratarse de otras agroindustrias o de otras fuentes de empleo masivo, en especial en el campo.
Si bien hay avances en materia de justicia laboral en otras plantaciones de ingenios de azúcar, descubrimos en enero en Retalhuleu una finca del expresidente de la Cámara del Agro en la había niños trabajando y explotación laboral. Como explotación laboral incluimos el impago del salario mínimo, prestaciones o seguridad social, como manda la ley y los convenios internacionales de los que Guatemala es signataria.
También fuimos también a Sayaxché, Petén, para conocer las condiciones de los trabajadores de la palma africana, materia prima para el aceite vegetal, que vive un auténtico boom a nivel mundial. Publicamos el reportaje este junio. Si bien al menos no habían niños trabajando, la situación de los trabajadores no es envidiable. Rozan el salario mínimo diario (Q68), pero no tienen un sueldo mensual, ni menos prestaciones, seguridad social o vacaciones pagadas. Y nos encontramos con casos en los que sus tierras tienen que venderlas, por las buenas o por malas, para estas plantaciones.
Con un ingreso de Q1,700 por cada 25 días trabajados nadie puede salir de la pobreza. Sin un sueldo seguro al mes, un contrato, seguridad social o la certeza de que no dejaran a sus hijos en la miseria si les ocurre un accidente laboral, nadie puede tampoco vivir con dignidad y tranquilidad. Si a esto se suma que los impuestos pagados por las empresas son porcentajes reducidísimos, los hijos de estos trabajadores tampoco podrán contar nunca con educación de calidad, salud, espacios públicos para recrearse o acceso a créditos blandos para convertirse en pequeños empresarios en el futuro.
Parece obvio entonces que esta industria, como tantas otras en Guatemala y Centroamérica, no sacará de la pobreza a los habitantes de Sayaxché.
Es correcta la premisa que advierte que para salir de la pobreza se necesita del sector privado, de una economía dinámica y productiva. Pero en Guatemala este sector del sector privado (como tantos otros) no está haciendo su parte. Y cumplir con la ley y con políticas empresariales más éticas no sólo no los llevará a la ruina, sino que probablemente los hará vivir en un país más justo, más armónico y más próspero.
