De manera que el caso en sí mismo, da para analizar en detalle los riesgos y a identificar las señales de lo que puede ser una relación controladora y agresiva.
Visto en su dimensión inmediata, el caso evidencia los rasgos indicados. Analizado en profundidad, resulta ser ni más ni menos que la prueba fehaciente del funcionamiento de los poderes paralelos en el sistema de justicia.
Uno a uno han sido revelados los caminos de la impunidad, libres de obstáculos y despejados cual autopista en la madrugada. En la primera fase, la que corresponde al “cleaner” (limpiador) de la escena, ingresó un militar en situación de retiro contratado para “negociar” lo que se presumía un secuestro. El exoficial castrense trabajó para Roberto Barreda de León y limpió el sitio que se sospecha es la escena del crimen, acción para la cual utilizó incluso amoniaco. La intención claramente era impedir la posibilidad de tomar muestras de ADN a fin de determinar a quién podría pertenecer la sangre cuya presencia reveló la prueba de luminol, practicada tardíamente.
Barreda también fue asesorado sobre cómo impedir que sus suegros, padres de Cristina, tuvieran contacto con los niños, probables testigos de la agresión. Barreda interpuso una queja judicial, misma que fue resuelta sospechosamente con una premura que no hemos observado en casos de agresión contra mujeres. Así, Barreda pasó de victimario a “víctima” al acusar a su padre político y lograr que un tribunal ordenara a Luis Siekavizza alejarse de sus nietos. Al dolor y la angustia por la desaparición de una hija, esta familia añadía el pesar por la imposibilidad de acersarse y ver a sus nietos los primeros días.
La orden de embargo a las cuentas de la familia Barreda de León fue anulada por una sala de apelaciones, en tanto la jueza Verónica Galicia, decidida a ordenar las diligencias necesarias para esclarecer el hecho, fue trasladada de manera sorpresiva.
Conforme han pasado los días, un variopinto desfile de personajes del zoológico político y judicial, se han aparecido en el proceso para contribuir a tender una nube de oscuridad sobre el caso. Militares (activos o retirados), políticos, funcionarios, empresarios de medio y alto calado, han metido sus manos en el caso. Con ello, como en su momento lo hizo Vito Corleone, El Padrino, ahora la madrina, Beatriz de León de Barreda, ha pasado la bandeja para pedir favores de vuelta. De León, madre de Roberto Barreda, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no ha vacilado en tender la red de influencias para atrapar en la telaraña de la impunidad las posibilidades de que el caso sea esclarecido.
De principio a fin, el proceso muestra en cada acto, la actuación de un tentáculo del pulpo de la impunidad. Visto como radiografía, desnuda a plenitud cómo funciona la red y cómo se articula, incluso en un caso que aparentemente no está relacionado con bandas de crimen organizado ni con estructuras de evasión fiscal o con violadores de derechos humanos. No obstante, la fiel servidora de estas, hoy necesitada de “un favor” para vestir de impunidad a su vástago, pasa la factura y recurre al funcionamiento de la maraña de impunidad.
De tal manera que, quiera o no, el doctor Francisco D´Allanese Ruiz, cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tiene ante sí un caso emblemático sobre los mecanismos de operación y articulación de estas estructuras. De involucrase la CICIG en este proceso, no solo aportaría al esclarecimiento de un hecho que ha conmovido a distintos niveles a esta sociedad, sino que también, tendría entre sus manos una herramienta valiosa para proceder a señalar las redes de impunidad en el Organismo Judicial, cuya depuración es determinante para romper la impunidad.
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