Ese fue el caso inicial de Ricardo Méndez Ruiz hijo, secuestrado en 1982 por una organización revolucionaria. A pesar de que ya había indicios de que había trasfondo político en su denuncia en contra de 26 personas quienes habrían integrado –según él–, dos organizaciones responsables de su cautiverio. No fue sino hasta esta semana que la trama se ha develado en su totalidad.
De la misma voz de Méndez Ruiz, en entrevista publicada en ElPeriódico el día 29, ha salido la afirmación de que la denuncia se presenta “por la arremetida de la fiscal Claudia Paz y Paz”. Afirma que “ella decidió desatar la cacería contra los soldados”. Al hablar de su denuncia, asegura que: “No fue nada improvisado, lo trabajamos junto con oficiales retirados de inteligencia, de otras especialidades y en servicio activo”. Enfatiza en la misma entrevista que: “Sí es un asunto político. Es contra la fiscal general, por el amor de Dios, a ella le estoy apuntando”.
Como parte del guión establecido en la reunión de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), realizada el 20 de octubre, la mañana del 30 de noviembre se presenta una nueva denuncia contra integrantes de organizaciones revolucionarias. Esta vez se incluye a los ya señalados por Méndez Ruiz y se agrega a otras personas, entre ellas el fallecido padre de Claudia Paz y Paz Bailey, Fiscal General de la República.
En la nueva demanda, promovida por una llamada Asociación de Viudas de Militares y Especialistas de Guatemala (ASOMILGUA), se incorpora también a la activista por los derechos de las mujeres Sandra Morán, así como a otros familiares de la jefa del Ministerio Público. Según Estela de Matta viudad de Furlán, cara visible de la ASOMILGUA: “Basta ya de capturas a hombres de la tercera edad que hacían su trabajo en el marco de la ley y contra oficiales que están retirados y enfermos. Ellos ya no están para eso: sobre todo quienes están enfermos en intensivo y los quieren llevar a la cárcel”.
En definitiva, no hay un móvil de verdad y justicia, como en las organizaciones de familiares y víctimas de la acción contrainsurgente del Estado. Personas que no necesariamente fueron miembros de las organizaciones revolucionarias sino pobladores y pobladoras de aldeas que fueron arrasadas brutalmente, mujeres y hombres que fueron secuestrados y luego desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente, en flagrante violación de la ley.
De manera que, no es sano pretender obviar las acciones de brutalidad masiva y despiadada del Estado contra la población que debió proteger, intentando chantajear para impedir la aplicación de justicia contra los responsables de estos hechos. La norma jurídica vigente ofrece un marco legal para atender y esclarecer los hechos ocurridos y atribuidos a los bandos armados en el conflicto. Tratamiento legal que habrá de pasar por el reconocimiento por parte del Estado, de una guerra que siempre se negó a aceptar para evitar ser vigilada en cuanto al cumplimiento de las normas internacionales en la materia.
Buscar la verdad y demandar justicia es una cosa. Atropellar el ordenamiento jurídico y señalar falsamente a una o varias personas inocentes de la comisión de un delito, está penado por la ley. Además de que significa un trato banalizado de la justicia y una vulgarización de la calidad de víctima de un hecho delictivo.
No se vale masacrar la ley para buscar venganza ni manosearla para que sirva de moneda de cambio para obtener impunidad.
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