Enrique Ríos Sosa, hijo del exjefe de Estado de Guatemala Efraín Ríos Mont, y exjefe del departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa (Mindef), así como otros siete militares de alto rango, continúan con un proceso abierto por un desvío millonario dentro del Ministerio de la Defensa ocurrido entre 2001 y 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo.
El pasado 26 de febrero la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, aceptó una acción legal interpuesta por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Con ésta se revierte la decisión emitida por el Juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, quien en septiembre de 2013 desestimó las acusaciones en contra de los sindicados y determinó sobreseer el caso.
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Los ocho militares son acusados por la CICIG y el Ministerio Público de los delitos de peculado y falsedad ideológica, por supuestamente haberse aprovechado de la figura del secreto militar para erogar sin documentos de respaldo Q471.585,965.35 de las arcas del Ministerio de la Defensa.
El expresidente Alfonso Portillo, fue señalado por la CICIG del desvío de Q120 millones de este mismo fondo, pero el exmandatario fue absuelto por estos delitos antes de ser extraditado a Estados Unidos.
Un largo proceso
El proceso inició el 26 de marzo de 2006 con la orden de captura contra Enrique Ríos Sosa. Se trataba de una investigación de la entidad internacional encargada de desmantelar los cuerpos paralelos que operan dentro de las estructuras del Estado.
Además de Ríos Sosa, fueron capturados Pedro Adolfo Catalán Muñoz y Miguel Ángel Salguero Torres. Los otros acusados en este caso son Luis Alberto Gómez Guillermo, Sergio Hugo Cárdenas Sagastume y Randolfo Leonel Chacón Álvarez.
En enero de 2010, la CICIG solicitó que el caso se unificara con una querella contra otros dos exfuncionarios del Ministerio de la Defensa: Luis Catarino Estrada Valenzuela y Moisés Eduardo Galindo Ruíz, este último exjefe de la División Presupuestaria y Financiera del Departamento de Finanzas. Según la Comisión “Galindo junto con otros militares, conformaron una estructura al interior del Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional”, a través de la cual sustrajeron el dinero de manera ilegal.
Galindo, quien fue uno de los abogados defensores de Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio, niega los cargos y asegura que sólo trabajó unos días en ese Departamento, en el cual laboraban 65 personas más, por lo que considera que se escogió su nombre y el de los otros siete imputados de manera arbitraria.
Sin embargo, esta unificación de casos constituyó uno de los atrasos en el proceso. La razón es que la Fiscalía recusó a la jueza a cargo, Silvia Morales, por su amistad con Estrada en abril de 2011. La jueza también manifestó su interés por no seguir con el proceso, por lo que en mayo de 2012, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, la separó del caso.
En agosto de ese mismo año, Villatoro, como juez a cargo del caso, anunció el inicio del debate para finales del mes siguiente. Sin embargo, el proceso continuó atrasándose y fue hasta el año siguiente cuando hubo una resolución.
Tras más de cuatro años de espera para la resolución del caso, el 27 de septiembre de 2013, Villatoro decidió que el Ministerio Público no había sido convincente, y que se había manipulado los elementos de prueba por lo que desestimó el proceso. Villatoro también expresó que no hubo un proceso controlado desde la recolección de los elementos de prueba hasta su análisis por las autoridades responsables.
Las inconformidades
La resolución del lunes pasado de la Sala Primera hace referencia a que después de escuchar el audio de la sentencia, se determinó que la decisión de Villatoro “no se encuentra ajustada a derecho ni a las constancias procesales”, pues no coincide con los motivos para un sobreseimiento según lo establece el Código Procesal Penal. La resolución también hace mención a que el fallo del juez implicaría consecuencias irreparables, pues el caso quedaría cerrado definitivamente.
Aura Marina Mancilla Solares, Miriam Elizabeth Méndez Méndez de Blanco y Paola Leonor Pardo Palacios, integrantes de la Sala Primera desde octubre pasado, resolvieron en favor de la CICIG y el Ministerio Público, y le dieron a Villatoro un plazo de tres días para que dicte una sentencia con base en lo analizado en el documento.
Pero las acciones legales aún están por venir. La presencia de la CICIG fue un motivo de descontento entre los acusados desde el inicio del proceso. El 17 de junio de 2013, el Juzgado Noveno de Instancia Penal rechazó una petición de Ríos Sosa, para que la Comisión dejara de formar parte en el proceso como querellante adhesivo.
En esta ocasión el acusado Galindo señala que no fue coincidencia que la resolución de la Sala Primera se emitiera al mismo tiempo que el vicepresidente estadounidense Joe Biden, abogaba por la permanencia de la CICIG en el país, sino una forma de ejercer presión por la prolongación de su mandato.
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Galindo señala que en los próximos días interpondrá un amparo en contra del fallo de la Sala, pues considera ilegal la resolución emitida el lunes, entre otros motivos, por lo referente al manejo de las pruebas. El abogado y militar asegura que “la legislación de ningún país permitiría continuar con un proceso después de que se demostrara que se faltó a la cadena de custodia”.
Hasta ver si Galindo obtiene o no el resultado que busca, la CICIG logró darle vida a un caso de varios años que parecía ya sepultado. La Comisión enfrenta el riesgo de que se decida no prolongar su mandato, pero si logra su objetivo con este caso, podría convertirse en uno de sus últimos trofeos o, por el contrario, en una amarga segunda derrota.
