Es un hecho que en Guatemala se vive la crisis política más seria desde el serranazo en 1993. Ambas crisis comparten algunos elementos, como el rechazo ciudadano a la corrupción y al sistema político en su conjunto.
No nos sorprendamos de que el desenlace tenga también elementos en común.
Recordemos que en 1993 hubo un intento de pedir la renuncia del Congreso de la República. Hubo también clamor popular y, curiosamente, luego de un período de tensión y negociaciones, se promovió una reforma constitucional.
No perdamos de vista que la reforma constitucional de 1994 respondía a un pacto de dominación. Me atrevo a resumirla de esta forma: la oligarquía, con el coro de otros sectores, exigió al Estado que redujera su poder; y a cambio de impunidad el Congreso accedió, entre otros puntos, a reducir períodos constitucionales, algo absurdo y antitécnico. Pero lo peor de todo fue la negación al Estado del crédito del Banco de Guatemala y la pérdida de soberanía en lo monetario.
Al respecto, alguien podría argumentar que un Gobierno corrupto no debería tener el poder de emitir moneda y generar inflación, pero el problema no se resolvió. Lo que se logró es que ahora el Estado se endeude con la banca privada, que la corrupción continúe y que los accionistas de los bancos participen de la fiesta. Desde entonces, cada año el Estado paga miles de millones de quetzales solo en intereses a la banca privada.
Retomemos la crisis actual. El presidente de la República ha convocado a cuatro economistas para analizar una reforma de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Se trata de los exministros Juan Alberto Fuentes Knight, Raquel Zelaya y Richard Aitkenhead Castillo, así como del exintegrante de la Junta Monetaria y miembro del Banguat Mario García Lara.
Juan Alberto Fuentes Knight se negó a participar en esa instancia y, entre otras razones, argumentó en una entrevista (Canal Antigua, 30 de abril de 2015) que la comisión, tal y como está integrada, tiene sesgo conservador y es relativamente excluyente como mecanismo de análisis y propuesta de soluciones.
¿Qué cabe esperar en la coyuntura actual respecto a este asunto?
Más allá de que ocurran o no renuncias o destituciones en el Ejecutivo, más allá de quien ocupe la Presidencia en 2016, está en movimiento un engranaje que culminará acaso con una reforma a la política fiscal o que tal vez se circunscriba solo a la SAT como institución.
Lo que sí está claro es que hay actores visibles que aparentemente tendrán a su cargo una propuesta para el Congreso y que no hay garantía de que ese diálogo sea incluyente. Tampoco hay garantía de que ese proceso retome los compromisos plasmados en los acuerdos de paz, que permanecen olvidados.
En ese marco, es fácil asumir que habrá consensos en cuanto a la lógica organizativa de la SAT. Por ejemplo, un gobierno corporativo de la entidad debería ser responsable de pedir cuentas al superintendente. Del mismo modo, se espera la creación de una instancia de supervisión. Algo similar, dicho sea de paso, debería hacerse con la Contraloría General de Cuentas.
Sin restar pertinencia e importancia a lo anterior, es posible que en 2016 tengamos una nueva SAT, con una estructura coherente y acaso con mejores capacidades para combatir el contrabando. Sin embargo, tengo serias dudas en torno a las capacidades de una nueva SAT para recaudar el impuesto sobre la renta de los grandes capitales, cuyas cuentas están amparadas por el secreto bancario y otros mecanismos de evasión como la banca fuera de plaza. Tampoco tengo grandes expectativas de que se eliminen de una vez por todas los privilegios fiscales, como los otorgados a empresas que se disfrazan de maquilas. Y no perdamos de vista que la evasión fiscal tiene dos formas: la ilegal, que todo el mundo condena públicamente, y la legal, es decir, la evasión mediante la manipulación de la legislación a la medida de quienes financian las campañas políticas.
En otras palabras, ¿el problema es la organización criminal denominada La Línea o es en realidad la incapacidad de contar con una carga tributaria coherente con las condiciones y necesidades nacionales?
Estamos presenciando otra vez un río revuelto. En 1994, de ese río salieron beneficiados los banqueros, que se embolsan miles de millones cada año legalmente y sin esfuerzo. En 2015 se abrió de nuevo una ventana de oportunidad para combatir la corrupción, y espero que el asunto no se limite a combatir La Línea. La evasión fiscal es mucho más compleja y se basa también en privilegios. Esos privilegios pueden permanecer intactos y, lo que es peor, ampliarse para confirmar que en río revuelto gana siempre el pescador más grande.
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