Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables (Guatemala), Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad (Costa Rica), cursos de Economía Ecológica (Holanda) y Estudios Doctorales en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Pontificia de Salamanca). 20 años de experiencia en labores de extensión, investigación, docencia y gerencia de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en las áreas de gestión ambiental, manejo forestal, planificación regional, desarrollo rural y otras relacionadas. Expositor invitado en más de 13 países; varias distinciones académicas y reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo distinciones de varios Gobiernos durante su gestión al frente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala. Impulsor y coordinador de la iniciativa del Perfil Ambiental de Guatemala reconocida por Naciones Unidas como una de las mejores prácticas de evaluación ambiental en América Latina. Impulsor y fundador del Observatorio Ambiental de Guatemala; coordinador de más de 30 investigaciones académicas en los últimos años. Ha sido miembro y coordinador de al menos 10 instancias colegiadas de dirección nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente en la Universidad Rafael Landivar.

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El nuevo contexto de la gestión ambiental

La disfuncionalidad del Estado muestra, cada vez con más evidencia, la imposibilidad de éste para garantizar el bien común y en un sentido más global, la viabilidad de la nación.

Frente a esta realidad, a algunos les parecerá imprudente reivindicar la “conservación y restauración ambiental” como elementos ejemplares e inequívocos del bien común, cuando nos ahogamos en un mar de carencias en ámbitos que, por afectarnos directamente, son más perceptibles, como la seguridad pública, la justicia, la salud, la educación e incluso, la infraestructura pública. A otros, inspirados por el refrán “en río revuelto, ganancia de pescadores”, este tiempo difícil y convulso les ofrece una excelente oportunidad para nuevas y más audaces formas de explotar, la ya, grotescamente mermada, base natural guatemalteca.

Este razonamiento llevó a un grupo de personas impulsoras de iniciáticas “pro-ambientales” a (i) cuestionar la pertinencia y el alcance de las actuales modalidades de “formación de opinión pública e incidencia política” a favor del ambiente natural; y consecuentemente a (ii) revisar el “nuevo contexto político, económico y social” que afecta o determina la calidad de la gestión ambiental.

Con este proceso, llevado a cabo bajo la coordinación de URL-Iarna, el apoyo profesional de Patricia Orantes y los aportes de representantes del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), la Fundación para el Eco-desarrollo y la Conservación (Fundaeco), la Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (Calmecac), el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), el Instituto de Incidencia Ambiental (IIA) y la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (Redfia), se busca diseñar e impulsar una estrategia mejorada que “promueva transformaciones económicas, sociales e institucionales que favorezcan la gestión ambiental como medio para revertir los problemas de agotamiento, deterioro y contaminación, varios de los cuales son fuente de ingobernabilidad en varios territorios”.

Según el informe producido, en el marco de este proceso, “los elementos destacables que se conjugan para perfilar un nuevo contexto que modifica, no solo las condiciones sino también los medios para incidir a favor del ambiente, desde la sociedad civil son: (i) la crisis de estatalidad, (ii) la fragmentación de las élites, (iii) la transformación de varios actores sociales en nuevos actores políticos, (iv) el despertar ambiental de grupos altamente afectados por el cambio climático y la degradación ambiental, (v) el recrudecimiento de la conflictividad socio-ambiental y (vi) los cambios de prioridades de la comunidad internacional hacia Centroamérica” .

De manera paralela al reconocimiento y tratamiento de barreras inherentes a las modalidades de trabajo de las organizaciones proambiente, en el informe del proceso también se citan barreras extrínsecas, tales como “la persistencia de un ambiente hostil para las organizaciones de incidencia ambiental; la inexistencia de interlocutores válidos o interesados para debatir acerca de la realidad ambiental; una baja valoración de la naturaleza vinculada a una pobre conciencia ambiental; la falta de efectividad de las instituciones públicas con mandatos en materia ambiental; el poder de veto de facto que ejercen grupos económicos y políticos que en contubernio frenan iniciativas socialmente deseables de gestión ambiental —tales como la ley de aguas, los cambios a la Ley de Minería, la regulación de las emisiones al transporte vehicular o el reglamento de aguas residuales— y las objetivas limitaciones fiscales del Estado guatemalteco”.

El informe también señala nuevos rasgos que podrían caracterizar al movimiento ambiental en su nueva etapa de incidencia, destacando “priorizar la unidad al interior de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor del ambiente; contribuir a re-pensar y a construir el nuevo Estado de la era global, volviéndose parte del movimiento ciudadano por la transformación política; promover alianzas estratégicas con otros actores pro-cambio para transitar de la incidencia ambiental a la incidencia socio-política a favor del ambiente; promover el acondicionamiento del sector productivo e identificar nuevas alternativas, privilegiando aquellas que no contradicen la legislación nacional e internacional aplicable y que no afectan la propia capacidad de renovación de la naturaleza; combinar el diálogo, la negociación y los acuerdos sociales, con las acciones legales y las protestas sociales como vías para cultivar la transformación con gobernabilidad; incorporar la incidencia territorial en sinergia a la incidencia nacional, reconociendo que los territorios deben ser el escenario para mejorar la gestión y revertir los problemas ambientales; hablar más y mejor con la población, innovando con el uso de las tecnologías modernas de la información y la comunicación, principalmente”.

Los promotores de este ejercicio de análisis y reflexión deseamos reivindicar el valor de la unidad para enfrentar los graves problemas que aquejan a la población guatemalteca y demandamos acciones claras a los líderes políticos, como bien dijo el sacerdote jesuita Gonzalo de Villa, “en el más noble y necesario sentido de la palabra, el que lucha para representar al país en la búsqueda del bien común” (Prensa Libre, 4 de junio de 2011).

Puntualmente, reivindicamos la necesidad imprescindible de retomar el debate fiscal para mejorar la base impositiva, no como un fin en sí mismo, sino como el medio para corregir las carencias humanas, físicas y financieras, base de una adecuada provisión de bienes públicos esenciales y la promoción del bien común. Estos propósitos deben ser superiores a otros que promueven gastos superfluos o con intenciones electoreras.

 

Deseamos reivindicar el valor de la unidad para enfrentar los graves problemas que aquejan a la población guatemalteca.