Lidiar con la especulación en los precios es una tarea de cada gobierno desde siempre. La desarticulación del Estado para dejar todo en manos del mercado dejó cualquier gobierno prácticamente con las manos atadas. Fue así desde siempre –en el siglo XX rondábamos el 7 por ciento de recaudación fiscal–, pero con más ímpetu durante la década de los noventa –en 2013 seguimos siendo el que menos porcentaje recauda del continente, entre el 10 y el 12 por ciento–.
Con decisiones impopulares para sus financistas –otra de las promesas de campaña–, el gobierno de Pérez y Baldetti podría hacer algo para revertir este aumento de los precios de la canasta básica. Una vía sería atajar la especulación en los combustibles por medio de empoderar a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). Actualmente la Diaco es parte del Ministerio de Economía –controlado durante las últimas décadas por el sector privado– y se limita a monitorear los aumentos de la gasolina y el diésel.
El Gobierno podría liderar al Congreso para convertirla en una Procuraduría con poderes de sanción y no sólo monitorear los aumentos sino compararlos con los precios internacionales. Nunca hubo una reducción de precios después del boom que hizo explotar la burbuja petrolera en 2008 cuando llegó a cotizarse a casi US$150 el barril; hoy ronda los US$100 y tenemos precios más elevados que entonces. ¿Hacia dónde van esos excedentes?
Si se abarata el combustible, el mercado debería hacer bajar también los precios que han subido por el aumento del costo de ese suministro.
Otra herramienta –utilizada como Estado y no como partido político– es la alternativa de Petrocaribe. La empresa pública que se creará podría optar por vender el combustible a precios más bajos que los actuales “de mercado” para obligar a las gasolineras que especulan a bajar sus precios también. La tentación de corrupción y clientelismo es enorme, pero otros países latinoamericanos han demostrado que las empresas públicas pueden ser viables. Petrobras y Empresas Públicas de Medellín son dos ejemplos.
Otra herramienta también podría ser la renegociación de la concesión petrolera a Perenco, por las ilegalidades en su aprobación. Esto dotaría al Estado de muchos recursos para apoyar a los empresarios que pueden ser más competitivos sin necesidad de especular con los precios. O para la economía familiar que garantice un suministro de alimentos a la población. El Ministerio de Economía no está realizando esa labor de “inteligencia” para el Estado y la sociedad.
Las opciones son diversas y alejadas del modelo libertario que persiguen nuestras élites, pero requieren de decisiones, de gobernantes a los que –en palabras de antaño del presidente Pérez Molina– “no les tiemble el pulso” de cara a sus financistas de campaña o a las reacciones ideológicas. Mientras tanto, la clase media y la clase baja sufrirán en sus bolsillos y su futuro de la carencia de políticos y políticas públicas de Estado.
